Eleuterio Bárcenas Vázquez
Expediente 432/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 39 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 432/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 30/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Eleuterio Bárcenas Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de enero de dos mil veinte, se concedió al quejoso E***************, el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos en el presente sumario Constitucional, esto, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 inciso c), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió´ la PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIO´N, por lo que deberá conservarse por él término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y el acuerdo del archivo. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Terminado el proceso de depuración, se deberá solicitar la transferencia del expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, en el Sistema Integral de Seguimientos a expedientes -SISE- y en el libro de gobierno concerniente. Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Norma Elizabeth López Rodríguez, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, encargada del despacho, por encontrarse en su periodo vacacional el Titular del Juzgado en términos del artículo 141 de la Ley de Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de julio de dos mil veintiuno, comunicada mediante oficio CR./CJD./003/2730/2021 quien actúa ante el licenciado David Jorge Siu Huerta, Secretario del Juzgado que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)DJSH/oalf
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISOS B) Y C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE: Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que mediante proveído de diez de enero de dos mil veinte, se concedió al quejoso E***************, el plazo de noventa días naturales a efecto de que compareciera a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos en el presente sumario Constitucional, esto, lo anterior en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en la inteligencia que en caso de no comparecer en el término fijado dichos documentos serían destruidos con el presente expediente. En consecuencia, toda vez que ha fenecido el plazo otorgado mediante el proveído de referencia, sin que el quejoso acudiera a este órgano jurisdiccional para los fines citados con antelación, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo, esto es, los documentos exhibidos serán destruidos con el presente expediente. En razón de lo anterior, y toda vez que de autos se advierte que no existe trámite pendiente, se provee: Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese en el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el Artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18 inciso c), del acuerdo en cita, toda vez que se concedió´ la PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL en el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIO´N,
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se provee: Con fundamento en el párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver de acuerdo a las constancias que obran en autos, si el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este Juzgado Federal, con fecha veintidós de julio de dos mil diecinueve, emitió sentencia, en la que por una parte sobreseyó en el juicio y por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al peticionario de amparo (fojas 256 a 271). Posteriormente, mediante auto de catorce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 282 a 284), se declaró que la sentencia precisada en el párrafo anterior, había causado ejecutoria, razón por la cual se requirió a la autoridad responsable Director General del Hospital Ignacio Morones Prieto con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, el cumplimiento al fallo protector, de acuerdo a los lineamientos expuestos en la misma. Al respecto, es de precisarse que la protección de la Justicia Federal se concedió para el efecto siguiente: ".lo procedente es conceder la protección constitucional, para el efecto de que el Director General del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, en el ámbito de sus atribuciones: a) Tome todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud del quejoso, considerando el carcinoma epidermoide de cuerda vocal etapa II-III, motivo por el cual debe recibir con prontitud, de manera adecuada y completa el tratamiento médico continuo, especializado e integral, así como su rehabilitación. b) Acredite que se le programaron la fibrolaringoscopía, así como consulta médica y exámenes de laboratorio sugeridos por la doctora de oncología quirúrgica Virginia Canseco; además, vigile que las mismas se desahoguen y le sea efectuada la valoración que corresponda. c) Cabe precisar que en caso de que la autoridad médica estime necesario realizar algún diverso estudio y/o cirugía y/o suministrar medicamentos y/o llevar a cabo un diverso tratamiento en beneficio de la salud de la parte quejosa, así deberá hacerlo, debiendo informarlo a este órgano jurisdiccional y remitir las constancias conducentes. d) El cumplimiento de esta sentencia de amparo implica la posibilidad de que la responsable considere qué medidas resultan más adecuadas para poder brindar al peticionario de amparo atención continua de su padecimiento; hasta que se logre la rehabilitación y alta del paciente, en las condiciones adecuadas e idóneas, proporcionando la atención médica de forma integral e inmediata a efecto de garantizarle el nivel más alto posible de salud. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 197 de la Ley de Amparo, la presente determinación obliga a todas las autoridades involucradas en su observancia y, por tanto, a realizar los trámites necesarios para darle cabal cumplimiento, aun cuando éstas no estuvieran señaladas como responsables en el presente juicio de amparo." En acatamiento a lo anterior, mediante el oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado federal el nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 299 y 300), el director responsable de mérito informó que se practicaron al paciente (aquí quejoso) al tratamiento de teleterapia, en su primera etapa, comprendida entre el cinco de noviembre de noviembre y catorce de diciembre de dos mil dieciocho; asimismo indicó que *** no se había presentado en ese hospital Ignacio Morones Prieto, por lo que solicitaba de este órgano de control constitucional se requiriera a éste para que se apersonara en ese nosocomio, remitiendo para acreditar su dicho copia del expediente clínico del quejoso (fojas 308 a 342). Por lo que en acuerdo de nueve de octubre de dos mil diecinueve (fojas 301 y 302), se requirió al quejoso de mérito para que acudiera a las instalaciones del hospital Ignacio Morones Prieto, para que se le programara una cita y se le otorgara el servicio médico, de cuya omisión de proporcionarlo reclamó en este juicio de amparo; lo que se hizo de su conocimiento en notificación personal en diligencia de diez de octubre de dos mil diecinueve (foja 304). Después, en acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 349) se requirió a la responsable para que informara a este juzgado de distrito, si el quejoso se había presentado para continuar con su tratamiento médico; por lo que, con oficio presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este órgano de control constitucional (foja 359), el Director del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, informó que *** , no se había presentado en ese nosocomio para continuar el tratamiento médico a su padecimiento; por lo que en proveído de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve (foja 360), se dio vista al promovente de amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniese con respecto a las gestiones informadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, sin que el quejoso hay realizado manifestación alguna. Constancias que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2, tienen valor probatorio pleno dado su carácter de documentos públicos. Al respecto, se advierte que la autoridad responsable ha realizado los trámites pertinentes para otorgar al quejoso la atención médica que requiere a su padecimiento considerando el carcioma epidermoide de cuerda vocal etapa II-III, debiendo acreditar que se le programó para fibrolaringoscopía, consulta médica y exámenes de laboratorio; sin embargo, éste ha sido omiso en acudir al Hospital Central Ignacio Morones Prieto con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, con el fin de dar continuidad a los trámites necesarios para acceder al nivel de atención médica que requiere, lo que no es atribuible a la responsable. Máxime que el quejoso, también fue omiso a los requerimientos que este órgano de control constitucional le realizó (previo a darle vista contemplada por el artículo 196 de la Ley de Amparo), para que se manifestara respecto a las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, de acuerdo con el segundo párrafo, del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia, ya que la autoridad responsable en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se ajustó a los lineamientos establecidos en esta última, sin cambiar, modificar o limitar los efectos del amparo concedido. Conforme a lo anterior, es claro que se cumplieron los efectos de la concesión del amparo, sin existir un defecto o exceso en la misma; por lo tanto, ha lugar a tener por cumplimentada la ejecutoria de mérito, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 196, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se ordena realizar las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese, y personalmente al quejoso *** .
- Principal
CITATORIO.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO A LA PARTE QUEJOSA, QUE DICE:Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Director General del Hospital Central "Ignacio Morones Prieto", con sede en la ciudad de San Luis Potosí, por medio del cual, cumple con el requerimiento de veintitrés de octubre (foja 349) y reiterado en diverso proveído quince de noviembre del presente año (foja 354), pues al efecto informa que el quejoso *** no se ha presentado en las instalaciones del referido nosocomio a programar una cita para atender su padecimiento en el área de oncología. En consecuencia, previo a que este órgano de control constitucional se pronuncie si con las constancias que ha remitido la autoridad responsable, se ha dado cumplimiento al fallo protector, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, con las constancias de previa alusión, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que de este proveído se le haga, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto a dicho cumplimiento; apercibido que de no hacerlo, este Juzgado se pronunciará al respecto. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
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