Elias Laborín Raymundo
Expediente 528/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 528/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 13/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Elias Laborín Raymundo
- -AUTORIDAD INEXISTENTE, NO GIRAR OFICIO- Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Donominada Unidad número Dos, ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, trece de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el número de toca 830/2022. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Reexpedición de oficios. Visto el estado de autos, de los que se advierte que no obran en el sumario constancia de notificación de la sentencia emitida el cuatro de mayo de dos mil veintidós, así como del recurso de revisión hecho valer por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, el cual se tuvo por interpuesto mediante auto de veintisiete de mayo del referido año, de las autoridades responsables siguientes: ? 10569/2022 y 13472/2022. Dirección de Finanzas Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; ? 13471/2022. Dirección de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; ? 13473/2022. Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento Delegacional, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; y, ? 10572/2022 y 13475/2022. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la Ciudad de México; En consecuencia, reexpídanse dichas comunicaciones a su destinatario por la vía acelerada estafeta, anexándole para tal efecto copia simple del escrito de agravios. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo 528/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con dieciocho minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables, con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional, ofrecidas por una de las autoridades responsables, mismas que obran agregadas en el presente sumario; asimismo, se hace constar que por auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, se tuvieron como inexistentes a las autoridades señaladas como responsables denominadas: Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, coordinador de Control de Abasto de la Dirección de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, director de Administración y Evaluación de Delegaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, director de Finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos, y director en Funciones de la Unidad de Medicina de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, denominada Unidad número Dos. Se hace constar también, que transcurrió a la parte quejosa el plazo de ley para imponerse de los informes justificados. Enseguida, el juez acuerda: Téngase por hecha la anterior certificación. A continuación, se declara abierto el periodo de pruebas y el secretario da cuenta con las documentales, instrumental de actuaciones y presuncional ofrecidas por una de las autoridades responsables, las cuales obran agregadas al presente sumario. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 528/2021; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el siete de mayo de dos mil veintiuno, ante el secretario de este órgano jurisdiccional, Raymundo Elías Laborín, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Mediante proveído de la misma fecha, se admitió a trámite la demanda de amparo, se registró bajo el número 528/2021; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: ? La omisión del otorgamiento de la atención médica integral y oportuna que en derecho corresponda. ? La omisión de realizar una operación específica. ? La omisión de aceptar donadores. ? La omisión de realizar los análisis requeridos para su tratamiento del padecimiento del miembro pélvico derecho e izquierdo, lasague y brague positivos, parestesias L5 y S1, así como disminución de fuerza y reflejos S1 bilateral, RX AP y lateral de colomna lumbar con disminución de espacio L5-S1 e Hipertrofia Facetaria bilateral mismo, TAC simple de columna lumbar, discopatía L5-S1 protusión anterior y posterior esta última circunferencias que disminuye recesos y forámenes contacto con ambas raíces hipertrofia facetaría moderada, electromiografía de miembros inferiores, llevando a cabo la cirugía especializada correspondiente y el tratamiento adecuado para atender dicho padecimiento. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado al Hospital General zona número dos, al departamento de Salud en el Trabajo de la Unidad de Medicina Familiar número 37, al director en funciones del Hospital General de la Unidad de Medicina Familiar, todos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, y al propio instituto, pues aun y cuando no confirman el mismo así se desprende de lo manifestado al rendir su informe justificado. Lo que se confirma con el expediente clínico remitido por una de las autoridades responsables, documento al que se le otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Estudio de fondo Toda vez que las partes no hicieron valer ninguna causa de improcedencia, y este juzgador de oficio no advierte que en el caso se configure alguna, procede el estudio de la cuestión constitucional efectivamente planteada. Los conceptos de violación aducidos son los visibles en el capítulo correspondiente del escrito inicial de demanda, sin que sea necesario transcribirlos ni reseñarlos, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción, ni por ello se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente asunto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, Novena Época, con número de registro electrónico 164618, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Medularmente, la parte quejosa aduce que se viola su derecho a la salud contenido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues refiere que las autoridades responsables no le han otorgado la atención médica integral oportuna a que tiene derecho, a pesar de ser derechohabiente en el instituto responsable. La causa de discrepancia esgrimida, analizada en su causa de pedir, es esencialmente fundada. En relación con el derecho fundamental a la salud, el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, textualmente establece que toda persona tiene derecho a la protección de la misma, de modo que las leyes definirán las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerán la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el derecho a la protección de la salud tiene, entre otras finalidades, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población; y que por servicios de salud se entienden las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona y de la colectividad. Además, la legislación nacional obliga a los entes de salud pública al acceso a la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. El derecho a la salud protegido constitucionalmente encuentra compatibilidad con varios instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y ratificados por el Estado Mexicano. Así se observa del párrafo 1 del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido también como "Protocolo de San Salvador". Los anteriores instrumentos, en lo que interesa destacar, postulan los siguientes derechos y sus correlativas obligaciones de los Estados: a) Que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. b) Que los Estados Parte en dichos Pactos, Tratados y Convenciones, reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental y social. c) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. d) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. En este orden de ideas, se observa que el derecho a la salud, entre varios elementos, comprende: el disfrute de servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo que sean apropiados médica y científicamente, esto es, que exista personal médico capacitado, medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado y condiciones sanitarias adecuadas. En concordancia con el artículo 4° constitucional y los diferentes ordenamientos internacionales que México ha suscrito, la prerrogativa a la salud constituye un derecho público subjetivo, regulado constitucionalmente como un derecho humano, mismo que se compone de la atención médica que comprende las actividades curativas, cuyo fin es efectuar un diagnóstico temprano de las afecciones a la salud y proporcionar un tratamiento integral oportuno, ya sea preventivo, curativo, paliativo o de rehabilitación; además de comprender también la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud. De esa forma, el derecho a la protección a la salud conlleva el derecho subjetivo a obtener los medicamentos que se le receten por el médico que la atiende, que sean necesarios y la recepción de los medicamentos básicos para el tratamiento de una enfermedad, como parte integrante del servicio básico de salud consistente en la atención médica, sin que obste a lo anterior que los medicamentos sean recientemente descubiertos; que sean de costo excesivo, o que existan otras enfermedades que merezcan igual o mayor atención médica por parte del Sector Salud, incluyendo los aspectos relacionados con la edad de los pacientes, pues éstas son cuestiones ajenas a esos derechos. Resulta aplicable la jurisprudencia 8/2019, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 486, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2019358, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Ahora, los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 56,57, 90, 91, 174, 175 y 176 de la Ley del Seguro Social, disponen: "Artículo 2. La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. Artículo 3. La realización de la seguridad social está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta Ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. Artículo 4. El Seguro Social es el instrumento básico de la seguridad social, establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta Ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Artículo 5. La organización y administración del Seguro Social, en los términos consignados en esta Ley, están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma concurren los sectores público, social y privado, denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. Artículo 8. Los derechohabientes para recibir o, en su caso, seguir disfrutando de las prestaciones que esta Ley otorga, deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto el Instituto expedirá a todos los derechohabientes, un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la Ley les confiere, según el caso. Artículo 10. Las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Sólo en los casos de obligaciones alimenticias a su cargo, pueden embargarse por la autoridad judicial las pensiones y subsidios hasta por el cincuenta por ciento de su monto. Artículo 11. El régimen obligatorio comprende los seguros de: Riesgos de trabajo; Enfermedades y maternidad; Invalidez y vida; Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y Guarderías y prestaciones sociales. Artículo 12. Son sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio: Las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones; Los socios de sociedades cooperativas; Las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del Decreto respectivo, bajo los términos y condiciones que señala esta Ley y los reglamentos correspondientes, y Las personas trabajadoras del hogar. Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; Servicio de hospitalización; Aparatos de prótesis y ortopedia, y Rehabilitación. Artículo 57. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se concederán de conformidad con las disposiciones previstas en esta Ley y en sus reglamentos. Artículo 90. El Instituto elaborará los cuadros básicos de medicamentos que considere necesarios, sujetos a permanente actualización, a fin de que los productos en ellos comprendidos sean los de mayor eficacia terapéutica. Artículo 91. En caso de enfermedad no profesional, el Instituto otorgará al asegurado la asistencia médico quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que sea necesaria, desde el comienzo de la enfermedad y durante el plazo de cincuenta y dos semanas para el mismo padecimiento. No se computará en el mencionado plazo, el tiempo que dure el tratamiento curativo que le permita continuar en el trabajo y seguir cubriendo las cuotas correspondientes. Artículo 174. Para los efectos de este seguro, es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, la que se integrará en los términos señalados en el artículo 159 fracción I de esta Ley. Artículo 175. La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro. Las Administradoras de Fondos para el Retiro deberán contar, para su constitución y funcionamiento, con autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sujetándose en cuanto a su contabilidad, información, sistemas de comercialización y publicidad a los términos de la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. En todo caso, dicha Ley dispondrá los requisitos de constitución, entre los que se incluirán las disposiciones relativas a impedir el conflicto de intereses sobre el manejo de los fondos respecto de la participación de las asociaciones gremiales del sector productivo y de las entidades financieras. Artículo 176. El trabajador asegurado tendrá, en los términos de las leyes respectivas, el derecho de elegir a la Administradora de Fondos para el Retiro que operará su cuenta individual. La Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro determinará los mecanismos, procedimientos y términos aplicables a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que no elijan la Administradora de Fondos para el Retiro que deba operar sus respectivas cuentas." Por su parte, los artículos 146 y 147 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, disponen: "Artículo 146. Las Unidades Médicas de Alta Especialidad para el eficaz desempeño de sus atribuciones, se integrarán por las áreas médicas y administrativas que sean necesarias. Éstas tendrán a su cargo el desempeño de las atribuciones que les señalen los manuales de organización respectivos. El nombramiento de los integrantes del Cuerpo de Gobierno de las Unidades Médicas de Alta Especialidad, lo hará el Director de la misma, con la aprobación del Director de Prestaciones Médicas y, en su caso, del Director del Órgano Normativo que corresponda". "Artículo 147. Las Unidades Médicas de Alta Especialidad ejercerán a nivel nacional las facultades siguientes: Proporcionar atención en consulta externa, hospitalización médico quirúrgica, farmacéutica, en auxiliares de diagnóstico y tratamiento, y servicios de admisión continua de alta especialidad, a los derechohabientes que les sean remitidos por otras unidades médicas del Instituto, así como a los no derechohabientes que estén amparados en virtud de los diferentes convenios que contempla la Ley, sin afectar la atención de los derechohabientes y hasta el límite de su capacidad instalada; Prestar servicios de salud en aspectos preventivos, médico quirúrgicos y de rehabilitación de alta complejidad en sus áreas de especialización a la población señalada en la fracción anterior; Promover acciones para la protección de la salud, en lo relativo a los padecimientos propios de sus especialidades; Realizar estudios e investigaciones clínicos, epidemiológicos, experimentales, de desarrollo tecnológico y en ciencias básicas, en las áreas biomédicas y sociomédicas en el campo de sus especialidades, para la comprensión, prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades y rehabilitación de los derechohabientes, así como para promover nuevas acciones en materia de salud; Coadyuvar en planes y programas de estudio, de formación y educación continua con instituciones educativas y de salud públicas y privadas, nacionales o extranjeras, de acuerdo con la normatividad vigente y de conformidad con los convenios que haya celebrado el Instituto; Coadyuvar en la vigilancia epidemiológica de las enfermedades infecciosas y crónico degenerativas, así como otros problemas en salud que enfrente el Instituto; Contribuir al desarrollo de la tecnología para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, crónico degenerativas y otros problemas en salud que enfrente el Instituto; Fungir como órgano de asesoría del Director de Prestaciones Médicas y de los centros especializados de investigación, enseñanza o atención médica del Instituto, así como de otras instituciones de cualquier naturaleza que estén facultados a requerirlos ya sea por disposiciones legales o en virtud de convenios; Someter a la aprobación del Director de Prestaciones Médicas sus proyectos de Programas Operativos Anuales; Administrar los ingresos y recursos derivados de los servicios que en ellas se ofrecen, en los términos de las disposiciones que emita el Consejo Técnico, y Las demás que señalen la Ley, sus reglamentos y acuerdos del Consejo Técnico, así como aquéllas que le encomiende el Director General". De la transcripción de los preceptos legales antes precisados, se obtiene, que las responsables, como lo solicita el aquí quejoso, efectivamente están obligadas a proporcionar la atención médica requerida a sus derechohabientes, de acuerdo con los requisitos que la propia ley exige al respecto. Ahora, de las constancias que obran en autos no se advierte que las autoridades responsables hayan cumplido cabalmente con proporcionar al quejoso dicha atención médica que refiere en su demanda y que se desprenden precisamente de lo informado por las mismas autoridades responsables, así como de su expediente clínico que remitieron al respecto, y de la propia declaración del quejoso en donde afirma que la unidad médica con sede en Ciudad Obregón, no ha realizado la cirugía respecto de sus padecimientos externos por el lumbago con ciática y trastorno de disco lumbar, a fin de darle continuidad al tratamiento de los padecimientos que presenta, a pesar de ser derechohabiente del instituto responsable. Esto, porque si bien es cierto que de acuerdo con lo informado por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social y el expediente clínico remitido por dicha autoridad, el quejoso fue atendido el siete de mayo de dos mil veintiuno en urgencias del Hospital General de Zona número 2, de esta ciudad, en donde fue dado de alta con tratamiento y le fue agendada una cita médica con el especialista de traumatología y ortopedia el diecisiete de mayo de dicha anualidad a las nueve horas, para su seguimiento médico, misma que efectivamente se llevó a cabo, así como otras posteriores en distintas fechas hasta que el dos de julio de dos mil veintiuno, ingresó el quejoso en su calidad de paciente con diagnóstico de lumbago con ciática y egresó con diagnóstico de lumbago no especificado, canal medular estrecho, con un plan de alta de urgencias adultos, con citas para control a traumatología, estudio de electromiografía, continuar valoración con su médico familiar, continuar medicamento establecido sin cambios y acudir a urgencias adultos al presentar sintomatología ya conocida; además, el citado representante legal de la institución responsable, también informó respecto a que el quejoso actualmente se encontraba en espera de resolución quirúrgica por parte de la Unidad Médica de Alta Especialidad del referido instituto en Ciudad Obregón, Sonora. Sin embargo, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2 (UMAE), con sede en Ciudad Obregón, Sonora, no proporcionó información en relación con el requerimiento que se le formuló por auto de veinticuatro de enero del año en curso, no obstante encontrarse debidamente notificada el veintidós de febrero anterior, mediante oficio 1353/2022 del índice de este juzgado, a fin de que informara si el quejoso Raymundo Elías Laborin fue atendido por la unidad médica correspondiente y en su caso sí había realizado la cirugía respecto a su padecimiento externo por el lumbago con ciática y trastornos de disco lumbar; lo cual se realizó en atención a la información proporcionada por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante oficio recibido en este juzgado el catorce de enero de dos mil veintidós. Sin que lo anterior esté en contravención con el hecho de que la Unidad Médica de Alta Especialidad número 2 (UMAE), con sede en Ciudad Obregón, Sonora, no haya sido designada como autoridad responsable, puesto que en términos del artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude el capítulo I del título tercero de la ley de la materia. De donde se obtiene que no se ha cumplido con el seguimiento del tratamiento y la cirugía en cuestión que la quejosa requiere para solventar su enfermedad, pues las responsables no aportaron ninguna constancia que acredite lo contrario, dado que la atención a la salud particular debe ser oportuna, permanente y constante, de ahí que resulten fundados los conceptos de violación expresados por el inconforme. Consecuentemente, al quedar evidenciado que las responsables no han dado seguimiento efectivo ni realizado la cirugía al quejoso en atención al padecimiento que le afecta, en detrimento de la prerrogativa fundamental que preconiza el artículo 4 constitucional, que se debe cumplir de manera oportuna, permanente y constante, por ser derechohabiente en el instituto responsable. De ahí que, ante el hecho de que el instituto responsable, no proporciona el tratamiento integral que requiere el quejoso, pone en riesgo su salud, al no cumplirse con la prescripción que hace el médico que lo atiende, acorde con los lineamientos antes referidos. Es aplicable la tesis 1a. XIV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2022888, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. CRITERIOS QUE DEBEN VALORARSE PARA SU EFECTIVA GARANTÍA (OBJETIVO, SUBJETIVO, TEMPORAL E INSTITUCIONAL). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades responsables de prestar asistencia médica y tratamiento a los pacientes usuarios de alguna institución que integre el Sistema Nacional de Salud, deben garantizar el derecho humano a la salud mediante la valoración de los criterios siguientes: 1) subjetivo, de acuerdo con el cual el Estado deberá actuar con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico del paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser diagnosticado con una enfermedad crónico y/o degenerativa, procurar la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud del paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; 2) objetivo, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento sea adecuado, de modo que si el paciente requiere algún medicamento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad; 3) temporal, conforme al cual el Estado deberá garantizar que el tratamiento del paciente se garantice de forma oportuna, permanente y constante; y, 4) institucional, de acuerdo con el cual el Estado debe garantizar que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Justificación: Los criterios aludidos deben evaluarse en la medida en que se trata de la garantía del derecho humano a la salud; derecho económico, social y cultural, cuyo cumplimiento es progresivo, y cuya efectividad depende de los medios de los que disponga el Estado para su satisfacción, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." También resulta aplicable la tesis 1a. XV/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2022889, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS DE QUE DISPONGA PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE SU PLENA EFECTIVIDAD. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece el cual, por su parte, se limitó a justificar esa falta de entrega por la inexistencia física del medicamento. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que en aras de garantizar el derecho humano a la salud, el Estado debe adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, su plena efectividad. En esa tesitura, tiene la carga de la prueba de demostrar que realizó el esfuerzo para utilizar todos los recursos que están a su disposición para satisfacer, con carácter prioritario, sus obligaciones mínimas requeridas en materia de salud. Justificación: Lo anterior, en virtud de la diferencia entre la "incapacidad" y la "renuencia" del Estado a cumplir con dicha garantía, en atención a que la "incapacidad" del Estado para garantizar el derecho humano a la salud parte de su obligación de adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos de que disponga, o bien, justificar que se ha hecho todo lo posible por utilizar todos los recursos de que dispone para garantizar ese derecho; mientras que la "renuencia" del Estado se presenta cuando no está dispuesto a utilizar el máximo de los recursos de que disponga para dar efectividad al derecho a la salud, violando entonces las obligaciones que ha contraído en virtud del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que las violaciones del derecho a la salud pueden producirse por no adoptar las medidas necesarias que emanan de las obligaciones legales, como no contar con políticas o legislación que favorezca el nivel más alto de salud posible, o no hacer cumplir las leyes existentes en la materia." De igual manera, es aplicable la tesis 1a. XIII/2021 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2022890, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA ASISTENCIA MÉDICA Y EL TRATAMIENTO A LOS PACIENTES USUARIOS DE ALGUNA INSTITUCIÓN QUE INTEGRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD, DEBEN GARANTIZARSE DE FORMA OPORTUNA, PERMANENTE Y CONSTANTE. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra de la omisión de un Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de entregarle oportunamente el medicamento que requiere para el control de la enfermedad que padece. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que las autoridades del Estado que se encuentren directamente obligadas a garantizar el derecho humano a la salud deben brindar asistencia médica y tratamiento a sus pacientes usuarios de forma oportuna, permanente y constante; este último, además, debe ser entregado tomando en cuenta su estado de salud, así como sus requerimientos médicos y clínicos, tomando particular importancia cuando se trata de padecimientos en los que el éxito del tratamiento dependa, principalmente, del óptimo cumplimiento en la toma de medicamentos, es decir, en aquellos casos en los que la adherencia deficiente al tratamiento sea determinante para la progresión de la enfermedad. Justificación: Ello, pues la lucha contra las enfermedades, en términos amplios, representa la práctica de esfuerzos individuales y colectivos del Estado para facilitar la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia y servicios médicos, lo cual no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino también al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. Esto como parte del estándar de protección del derecho humano a la salud, reconocido en los artículos 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 11 y 12 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño." Decisión Entonces, ante la falta de seguimiento en el tratamiento y cirugía que requiere el quejoso, las responsables violan en perjuicio de la parte quejosa el derecho a la salud contenido en el artículo 4º constitucional, por lo que procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Efectos de la concesión de amparo En esas condiciones, a fin de restituir al quejoso en el goce de los derechos fundamentales violados de acuerdo con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se concede el amparo para el siguiente efecto: Las autoridades responsables y en su caso la autoridad vinculada al respecto, deberán proporcionar al quejoso el tratamiento integral que requiere y que le fue prescrito en atención a la enfermedad que padece. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Raymundo Elías Laborín, contra el acto atribuido a las autoridades responsables señaladas en el apartado III, atendiendo a las razones y para los efectos plasmados en los considerandos V y VI de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta firmado por la parte quejosa, mediante el cual en atención al requerimiento efectuado por auto de siete de abril anterior, manifiesta que no se le ha realizado la cirugía respecto a su padecimiento externo por el lumbago con ciática y trastornos de disco lumbar que requiere, lo anterior se tomará en consideración al resolver el presente juicio de amparo Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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