Elia Armenta Durán

Expediente 118/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
118/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Elia Armenta Durán
  • Congreso del Estado de Sonora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de mayo de dos mil veintitrés. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el oficio y anexo de cuenta suscrito por el delegado de autoridad Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución constitucional de trece de abril de dos mil veintitrés, dictada en el presente expediente; por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Distribúyase entre las partes copia del escrito de interposición y expresión de agravios. En su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite del citado recurso, acompañándole el original y copia del escrito de interposición y expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente a la representación social de la adscripción y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, siete de marzo de dos mil veintitrés. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que no ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes, se impongan del contenido de las constancias que integran el presente juicio de derechos; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con cincuenta y ocho minutos del trece de abril de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Informe justificado, pruebas y delegados. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexo que remite el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, mediante el cual, rinde su informe justificado, ofrece pruebas, señala domicilio y nombra delegados. Informe justificado. De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que exhibe el apoderado legal el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, dese vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas. De conformidad a lo establecido en el numeral 119 de la Ley de la materia, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa a su oficio de cuenta, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano que hace valer así como la que denomina como "confesional expresa"; sin perjuicio de hacer relación de ellas al resolverse el presente juicio. Domicilio y delegados. Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegadas a las personas que refiere en su informe y como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el oficio que se atiende. Notifíquese. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Abierta la audiencia. Se hace una relación de todas y cada una de las actuaciones que obran en los presentes autos y da cuenta con el informe previo rendido por las autoridades responsables director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora; secretario de Gobierno; apoderado legal y jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estado de Sonora; y Gobernador del Estado de Sonora, todos con sede en esta ciudad. Sin que obre el informe previo correspondiente a la autoridad responsable Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, no obstante de estar debidamente notificada para ello como se advierte del acuse de recibo del oficio 2833/2023, que obra agregado en autos; sin que sea necesario diferir la audiencia incidental por los motivos que en líneas adelante se precisarán. A lo que el juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes no ofrecieron medios de convicción; el juez acuerda: téngase por perdido el derecho de las partes para ofrecerlas. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos. Se hace constar que ninguna de las partes los expresó. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Cerrado el período de alegatos, se da por concluida la audiencia y se procede a dictar la siguiente resolución: Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 118/2023 AI; y I. Antecedentes Por acuerdo de treinta de enero de dos mi veintitrés, se ordenó tramitar el presente incidente de suspensión, solicitado por la parte quejosa ********************, en contra de los actos atribuidos al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y otras autoridades; se pidió a las responsables su respectivo informe previo, se resolvió sobre la suspensión provisional y se fijó fecha y hora para la audiencia incidental, la cual dio inicio conforme al acta que antecede; y, II. Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión conforme a lo dispuesto en el artículo 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. III. Fijación de los actos reclamados La parte quejosa reclama a las responsables en lo que interesa: Del gobernador, Congreso, secretario de Gobierno y director del Boletín Oficial, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de sus atribuciones, la aprobación, expedición, promulgación, autorización y publicación del artículo 25 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Del director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y del subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de dicho instituto el acto de aplicación y los subsiguientes del precepto legal impugnado, contenido en la constancia de percepciones y descuentos relativa al primer pago de su pensión. Asimismo, solicita la suspensión provisional para efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se abstenga de hacerle descuento en los pagos de su pensión mensual por concepto de servicio médico, el cual tiene fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley del mencionado Instituto. IV. Existencia de los actos reclamados Las autoridades señaladas como responsables director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora; secretario de Gobierno; apoderado legal y jefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; presidenta de la Mesa Directiva del Congreso Estado de Sonora; y gobernador del Estado de Sonora, todos con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo admitieron la existencia de los actos que se les reclama. Por su parte, la autoridad responsable Subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, de esta ciudad, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de haber quedado debidamente notificada de su solicitud, según se advierte del acuse de recibo del oficio 2833/2023, que obra agregado en autos; en tal razón, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, procede presumirle cierto el acto que se le reclama. V. Procedencia de la medida suspensiva Al respecto, debe tenerse en cuenta que la parte quejosa tiene el carácter de pensionada ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), y recibe una pensión mensual de la cual se le descuenta un porcentaje del mismo por concepto de servicio médico, la cual tiene fundamento en el artículo 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON). Ese tipo de cuotas a cargo del trabajador constituyen contribuciones para sufragar el sistema de seguridad social, el cual fue diseñado de modo tal que intervinieran en su financiación, no sólo el Estado-patrón, sino el propio trabajador en su calidad de beneficiario directo. Lo anterior queda evidenciado en la jurisprudencia 111/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1622 del Libro XIII, Tomo 3, correspondiente a Octubre de 2012, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "FONDO DE PENSIONES. LA APORTACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA ES DE SEGURIDAD SOCIAL Y, POR TANTO, CONSTITUYE UNA CONTRIBUCIÓN SUJETA A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE JUSTICIA FISCAL. El citado precepto, al establecer que quienes disfruten de una pensión o jubilación del Instituto referido aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual, prevé un aporte a la seguridad social destinado al patrimonio de dicho Fondo, para otorgar a los trabajadores del servicio civil local y de los organismos que por ley o por disposición legal del Ejecutivo se incorporen a su régimen, a los pensionistas del propio Estado y de organismos públicos incorporados, así como a los familiares derechohabientes tanto de los trabajadores como de los pensionistas mencionados, pensiones por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez, muerte, viudez y orfandad o pensiones a los ascendientes, las cuales se consideran prestaciones de seguridad social que tienen su origen en los riesgos de carácter natural a que el hombre está expuesto, como vejez, muerte e invalidez y que se otorgan mediante renta vitalicia, una vez satisfechos los requisitos legales. En ese sentido, tal aporte constituye una contribución, al tener la naturaleza jurídica de aportaciones de seguridad social y, por tanto, está sujeto a los principios de justicia fiscal contenidos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No obstante, como quedó establecido, la parte quejosa tiene el carácter de jubilada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aspecto que pone de relieve una evidente violación a los principios de igualdad y de previsión social. Lo anterior, básicamente, porque ese sistema de pensiones solidario por beneficio definido, obliga al pensionado a realizar aportaciones al fondo de pensiones del cual ya es beneficiario, empero su estatus no es el mismo al de un trabajador en activo. Ello, porque a nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como son: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. En tanto que a la parte pensionada, ya no se le atribuyen ninguna de estas características, porque su ingreso sólo dependerá de lo fijado por la ley y de los distintos índices para su actualización, pero ya no de los elementos que componen una relación de trabajo subordinada, de ahí que ya no puede esperar una mejora o cambio en sus prestaciones. Por ello, al aplicarse deducciones tanto a trabajadores en activo como a pensionados o pensionistas se les da un trato igual a categorías distintas, lo cual no está justificado constitucionalmente. Por tanto, bajo el principio de apariencia del buen derecho y al no contravenir disposiciones de orden público ni afectar el interes social, con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa, para efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, y la autoridad responsable no le descuente el concepto de "servicios médicos" al momento del pago de la pensión a que tiene derecho, hasta en tanto se notifique a las responsables lo que se resuelva con sentencia ejecutoriada o determinación firme en el juicio principal. En la inteligencia de que la suspensión surtirá sus efectos siempre que acredite que constituyó o haya constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, lo anterior con fundamento en el artículo 135 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, tomando en consideración que la resolución de determinación y calificación dictada en el expediente administrativo referido, impone diversos créditos fiscales a la parte quejosa, por lo que es dable considerar que la suspensión otorgada en un juicio de amparo contra su cobro, ha de regirse en cuanto a los requisitos de efectividad conforme a lo establecido por el citado artículo 135 de la Ley de Amparo, por lo que deben garantizarse los daños y perjuicios que con esa medida cautelar puedan causarse al Estado, que podría resentirlos en caso de que la parte quejosa no obtenga sentencia favorable en el juicio constitucional. De igual forma, se instruye a la autoridad responsable ejecutora la obligación de informar esa circunstancia a este órgano jurisdiccional, a fin de proveer lo conducente en cuanto a requisito de efectividad mencionados. Se trae a colación la jurisprudencia 2019202, publicada en la página 2123 del Libro 63, Tomo II, correspondiente a Febrero de 2019, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE OTORGARLA EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA RETENCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. La retención citada tiene la naturaleza de un acto positivo de tracto sucesivo, por lo que el hecho de conceder la suspensión provisional, no equivale a darle efectos restitutorios, propios de la sentencia de fondo, ya que el quejoso venía disfrutando de los servicios de salud que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora desde que era trabajador, y los sigue teniendo en su calidad de pensionado, lo cual evidencia que ese acto puede suspenderse. Además, con el otorgamiento de la suspensión provisional no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, cumpliendo la exigencia contenida en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, porque si bien con la suspensión del descuento de la cuota del 7% del seguro de enfermedad no profesional y de maternidad que corresponde cubrir al pensionado, se dejaría de enterar ese ingreso al patrimonio del Instituto mencionado, lo cierto es que no existe medio de prueba alguno que evidencie, aun de manera indiciaria, que esa medida cautelar impacte en la funcionalidad del Instituto o prive a la colectividad derechohabiente de la prestación de los servicios médicos inherente al derecho a la salud; lo anterior, con la salvedad de que esta medida debe otorgarse conforme a lo ordenado en los artículos 135, 136 y 148 de la Ley de Amparo, al constituir lo reclamado una contribución, por lo cual, el interés fiscal debe quedar garantizado." Por lo expuesto y fundado, se: VI. Resuelve Único. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ********************, contra los actos que reclama a las autoridades que se precisan en el apartado IV, por los motivos y para los efectos establecidos en el considerando V de la presente interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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