Elia del Carmen Moreno Ibarra

Expediente 1459/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1459/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Elia del Carmen Moreno Ibarra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dos de junio de dos mil veintidós. I. Estado de autos. De la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que feneció el plazo otorgado a la parte quejosa para manifestar lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se procede a verificar el acatamiento dado. II. Relación de constancias. Consta en autos, que el veintidós de marzo de dos mil veintidós, se dictó resolución constitucional, en la que se concedió el amparo solicitado, para efecto de que la autoridad responsable: "Se deje insubsistente el oficio DAVD-324-2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista". III. Declaración de ejecutoria. El cuatro de mayo de dos mil veintidós, se declaró que causó ejecutoria el fallo protector, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la resolución constitucional. IV. Calificativo de cumplimiento. El dieciséis de mayo de dos mil veintidós, la responsable remitió diversas constancias, entre las que se encuentra, copia simple que acredita que dejó insubsistente el oficio DAVD-324-2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, emitió otro con los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. V. Vista cumplimiento. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las anteriores actuaciones; quien fue notificada, sin que hubiere realizado manifestaciones al respecto. VI. Decisión del juzgado en torno al cumplimiento de la ejecutoria. De lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso o defecto. VII. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. VIII. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio y anexos de cuenta presentados por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, a través de los cuales informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo este Órgano Jurisdiccional se pronunciara sobre dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el expediente y datos aportados por las autoridades. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. Del estado de los autos se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la resolución emitida en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que la responsable: "Se deje insubsistente el oficio DAVD-324-2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista" Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el cumplimiento del fallo protector. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a la responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Audiencia y resolución constitucional. En Hermosillo, Sonora, a las once horas con nueve minutos del veintidós de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario con quien actúa y da fe declaró abierta la presente audiencia en el juicio de amparo 1459/2021, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el Secretario hace una relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran: a) Escrito inicial de demanda; b) Auto de admisión; e c) Informes justificados rendidos por las siguientes autoridades responsables: Congreso del Estado de Sonora; Boletín Oficial del Estado de Sonora; y, Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, todos con residencia en esta ciudad; d) Con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -quejosa, autoridades responsables y fiscal federal adscrita-; y, e) Se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Asimismo, el Secretario hace constar que entre la notificación de la vista relativa al último informe justificado rendido en el presente juicio y la fecha de la presente audiencia, ha mediado el término de ocho días a que hace referencia el artículo 117 de la Ley de Amparo, para imponerse del informe justificado. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. A continuación, se declara abierta la etapa de pruebas, el secretario certifica que la parte quejosa exhibió pruebas documentales, las cuales obran agregadas en autos; por otro lado, la autoridad responsable jefa del Departamento de Afiliación y vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora, ofreció la confesional expresa, presuncional e instrumental. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por exhibidas, admitidas y desahogadas en virtud a su propia naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa; asimismo, por lo que hace a las diversas probanzas relativas a la confesional expresa ofrecida a cargo de la parte quejosa, consistente en todo lo manifestado por ella en el escrito de demanda que favorezca a los intereses del aludido instituto, así como la instrumental de actuaciones y presuncional, en términos del aludido precepto 119 de la citada legislación, se tienen por admitidas, toda vez que las dos primeras se traducen en prueba documental y la última en un análisis lógico jurídico que el juzgador está obligado a realizar. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Ténganse por perdido el derecho a las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos que integran el juicio de amparo 1459/2021, y; Resultando Único. Antecedentes y trámite del juicio de amparo 1. Por escrito de demanda presentado el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, remitido a este juzgado el mismo día, Elia del Carmen Moreno Ibarra, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Sonora y otras autoridades. 2. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado conocer de la demanda de amparo en comento, por lo que en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se ordenó formar expediente y su registro bajo número 1459/2021, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le compete, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede la que ahora se resuelve; y, Considerandos I. Competencia. 3. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se impugnan actos de autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal, circunstancia que lo dota de competencia. II. Precisión de actos reclamados. 4. Conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que el acto reclamado. De las constancias que integran el expediente se concluye que los actos reclamados son: Del Congreso y Gobernadora, ambos del Estado de Sonora: La aprobación, promulgación y orden de publicación de la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, específicamente el artículo 24, fracción V y del decreto por el cual esta se expide. Del Director del Boletín Oficial del Estado de Sonora: La publicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como las consecuencias jurídicas de su publicación, en virtud de que se publica la Ley que resulta contener el artículo 24, fracción V, que resulta ser inconstitucional pues contraviene lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Constitución. Del Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos; así como del Subdirector de Prestaciones Económicas y Sociales, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora: La emisión del oficio DAVD-324-2021, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, por el que negó la afiliación al Instituto de Roberto Quiroga Borchardt cónyuge de la quejosa Elia del Carmen Moreno Ibarra; y La aplicación del artículo 24, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. III. Existencia del acto reclamado. 5. Son ciertos los actos reclamados al Congreso y Director del Boletín Oficial, ambos del Estado de Sonora, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado, máxime que la existencia de la norma general que se les atribuye es un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. 6. Asimismo, resulta cierto el acto reclamado al Gobernador del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, pues omitió rendir informe justificado, actualizándose así la presunción de su certeza, a que alude el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. 7. Lo anterior, aunado a que en relación a la existencia del dispositivo legal que la parte quejosa tilda de inconstitucional, no debe perderse de vista que las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar por el suscrito como hecho notorio, de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral 2. 8. También, se tiene por cierto el acto que se le atribuye al Jefe del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos y a la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; porque del informe rendido por la primera de las responsables en mención, se advierte la confesión expresa de su parte, al aceptar que no era posible brindar el servicio médico al cónyuge de la aquí quejosa, al no acreditar su afiliación conforme a lo dispuesto en el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; y, respecto a la segunda de las autoridades en cuestión, por haber omitido rendir su informe justificado, se actualizó la presunción de su certeza, conforme a lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. 9. Además, que la existencia del acto que se les atribuye se corrobora con la documental presentada por la parte quejosa, consistente en el oficio DAVD-324-2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, que exhibió adjunto a la demanda; documental ésta, a la que se le asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. IV. Causas de improcedencia. 10. En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. 11. En relación con el acto reclamado al director del Boletín Oficial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, consistente substancialmente en la publicación de la Ley del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, que contiene la porción normativa que se impugna a través del presente juicio, este juzgador advierte de manera oficiosa actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. 12. En efecto, el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece la obligación de quien promueve el juicio de derechos, para que en el escrito inicial de demanda señale a la autoridad responsable a quien atribuya el acto reclamado; además, precisa que cuando se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; finalmente, dispone que tratándose de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. 13. Además, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de derechos es improcedente en casos diversos a los previstos en las distintas fracciones de dicho numeral, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de dicha Ley. 14. Como se advierte, cuando el quejoso reclame el refrendo o la publicación de alguna norma general, deberá señalar a la autoridad o autoridades que realicen dichos actos únicamente cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente. 15. En el particular, de la lectura a la demanda de amparo no se desprende que el quejoso haya formulado algún concepto de violación en contra de la publicación de la norma reclamada, a saber, la Ley número 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico el numeral 24, fracción V; por tanto, es evidente y queda de manifiesto que respecto al acto reclamado a la autoridad que nos ocupa, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, al no haberse cumplido con el requisito previsto en el numeral invocado en último término. 16. En consecuencia, al advertirse actualizada la causa de improcedencia en mención, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio por lo que hace a la publicación de la norma reclamada, atribuida al Director del Boletín Oficial, ambos del Gobierno del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. 17. En esa medida, como las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia, ni que se advierta de manera oficiosa la existencia de alguna, por tanto, este juzgador procede enseguida a analizar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 24, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, cuya aplicación se efectuó mediante el oficio DAVD-324-2021, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. V. Conceptos de violación. 18. Lo constituyen todos aquellos argumentos que aparecen en el escrito de demanda y no sólo en el capítulo respectivo, por medio de los cuales se expresan los agravios o lesiones que causa el acto reclamado o acto recurrido, así como los motivos que lo originaron; es decir, lo que jurisprudencialmente el máximo tribunal de la Nación ha definido como "causa de pedir"; los cuales resulta innecesario realizar su transcripción ya que la ley que rige el juicio de amparo no obliga al juzgador a realizarlos; sin que tal circunstancia se traduzca en una violación a los principios de congruencia y exhaustividad, que rigen las sentencias de amparo, cuenta habida que dichos principios se satisfacen al realizar un estudio completo y exhaustivo de la controversia que se plantea por las partes. VI. Estudio de fondo. 19. En lo que interesa destacar para su análisis, de la lectura de la demanda se advierte que la quejosa aduce al exponer sus conceptos de violación, en esencia, que las autoridades por las que se resuelve en este apartado, infringen los derechos humanos reconocidos en los artículos 1°, 4° y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración la porción normativa resulta discriminatoria y transgrede el derecho de igualdad de género, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. 20. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado, en la forma que habrá de exponerse enseguida. 21. Ciertamente, en el asunto que nos ocupa, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del oficio DAVD-324-2021, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto responsable le negó a la quejosa su petición de afiliar a su esposo ante ese instituto de seguridad social, bajo el argumento de que dicha la ley no contempla la afiliación del cónyuge, cuando no se está en los supuestos de que éste se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. 22. Del análisis de dicho numeral, como sostiene la quejosa, es cierto que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Federal, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que al de un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. 23. A fin de justificar tal aserto, se toma en cuenta el contenido del artículo 1° de la Carta Magna, que señala: "Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. (.) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." 24. El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. 25. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). 26. Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 27. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. 28. A su vez, el artículo 4 de nuestra Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, en lo que interesa, señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]" 29. Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." 30. Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. 31. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. 32. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en nuestra Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. 33. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado - en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-; máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. 34. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. 35. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. 36. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento 37. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley". [...] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. [.]" 38. Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato, pues al referirse a los "familiares de los trabajadores", se determina en un sentido abstracto, que incluye a aquéllos familiares -in génere- de trabajadoras y trabajadores, que tienen derecho a la asistencia médica. 39. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. 40. Establecido el marco constitucional aplicable al asunto que nos ocupa, es conveniente citar el dispositivo que regula la prestación de los servicios que brinda el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes y que aquí interesa como es el artículo 24, fracciones I y V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. En caso de fallecimiento de la trabajadora o pensionista, únicamente continuará recibiendo el servicio médico el esposo o concubinario que esté incapacitado física o psíquicamente y haya dependido económicamente de ella; II. Los hijos menores de 18 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción y la precedente, tendrán el derecho antes establecido cuando el trabajador o el pensionista tengan derecho a las prestaciones señaladas en la fracción I del artículo 23 de esta Ley y cuando dichos familiares no tengan por sí mismos derechos propios a las prestaciones otorgadas por esta Ley o por la Ley del Seguro Social o la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dependientes de la Federación. III. Los hijos mayores de 18 años y hasta 25 años. Los familiares que se mencionan en esta fracción, tendrán el derecho establecido si reúnen además de los requisitos que se señalan en la fracción anterior, los siguientes: A). Que esté cursando estudios a nivel medio superior o subsecuentes. B). Que a satisfacción del Instituto compruebe periódicamente tanto la inscripción como el promedio de la calificación aprobatoria IV. Los hijos mayores de 18 años, incapacitados física o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su subsistencia, lo que se comprobará mediante certificado médico expedido por el Instituto y por los medio legales procedentes. V. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. VI. Los padres del trabajador. (.)" 41. De lo transcrito, y en lo que aquí interesa destacar, se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionista sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. 42. Entonces, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género; situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. 43. En ese tenor, se advierte que la ley cuestionada hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base a distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionista, por ser mujer, pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establecen una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se le exigen, ésto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora (mujer), lo cual constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley y ambos deben tener iguales derechos de acceso a servicios médicos, en relación con los que deriven del respectivo cónyuge trabajador o pensionista. 44. Bajo esos razonamientos, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que el otorgamiento de asistencia médica y medicinas, es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, empero, sin distinción de género. 45. Ahora, en la redacción del precepto cuestionado, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge, de acuerdo con el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, únicamente tendrá que acreditar tal hecho (ser cónyuge o persona que hubiere vivido como tal con el derechohabiente trabajador o pensionista). 46. Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien pretende afiliar a su cónyuge, se exige que se acredite que éste se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella; lo que denota un trato desigual entre un trabajador y una trabajadora. 47. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad y no discriminación, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. 48. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. 49. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo para este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que ordena que tanto el hombre como la mujer, serán iguales ante la ley. 50. Además, si se toma en consideración que igualmente el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, pueden desempeñar la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón; de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho humano a recibir asistencia médica y medicina. 51. Por ende, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionistas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen; por tanto, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. 52. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico en trato, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, como se dijo, el Pacto Federal en su artículo 4 establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y/o a la esposa de la trabajadora o trabajador, en su caso, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges, por lo que no debe dispensárseles un trato desigualitario. 53. Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a ésta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. 54. Aunado a lo anterior, el estudio del presente asunto representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues ésta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. 55. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto y modo de vida, en virtud de lo cual las obligaciones propias de una familia pueden ser una responsabilidad compartida en la que ambos cónyuges participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia o visceversa. 56. Por ello, al plasmarse en el texto vigente de la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un trabajador o pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una mujer; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso de que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. 57. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. 58. Sobre esa base, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tener la misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. 59. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. 60. Bajo esa tesitura, este juzgador considera que por igual, la mujer y el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora les exija mayores requisitos a uno que a otro. 61. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, reclamado, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123, Constitucionales, por lo que en el caso lo procedente será conceder la protección constitucional solicitada. 62. Concesión que surge derivada de la aplicación del acto reclamado, consistente en el oficio DAVD-324-2021, de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en el cual negó la respuesta favorable a la aquí quejosa, en relación con la solicitud de la afiliación del cónyuge de dicha impetrante, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional. 63. No pasa inadvertido para este juzgador, que al rendir su informe justificado, la referida autoridad responsable en mención, citó también como fundamento de su decisión el diverso numeral 15, fracción VI, del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora; no obstante, dicha disposición tiene el mismo sentido de afectación que el artículo declarado inconstitucional; de ahí que resulta ineficaz para sustentar la regularidad constitucional de la determinación cuestionada; amén, de que únicamente se trata de una norma secundaria que, en atención al principio de subordinación jerárquica, solo busca proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de lo ordenado por el legislador local. VII. Decisión. 64. En las relatadas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación enderezado contra los actos reclamados al gobernador, Congreso del Estado, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora y a la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del propio instituto, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Elia del Carmen Moreno Ibarra, para los efectos siguientes: Se deje insubsistente el oficio DAVD-324-2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno y, en su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, al igual que el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. 65. Cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de expedición de la ley combatida, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. 66. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION." 67. Por lo expuesto, fundado y, con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 80 y 217 de la Ley de Amparo, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se Resuelve 68. Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Elia del Carmen Moreno Ibarra, en relación con el acto reclamado y autoridad, que se precisan en el considerando IV de esta resolución. 69. Segundo. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Elia del Carmen Moreno Ibarra, respecto de los actos reclamados a las autoridades tratadas en el considerando VI, por los argumentos, fundamentos y motivos, expuestos en dicho apartado y para los efectos precisados en el considerando VII, de esta sentencia. 70. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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