Elías Alejandro Guerrero Flores
Expediente 50/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elías Alejandro Guerrero Flores
Actuaciones
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por *****************, representante legal de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo con el requerimiento que se le hizo en proveído de veintiocho de enero del presente año. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso acude a esta instancia constitucional, reclamando: El ilegal emplazamiento a juicio de *************, autora de la sucesión y demandada en el juicio de origen *****************, del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia invocada, es necesario apuntar que de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)."; se desprende que: El quejoso se duele del ilegal emplazamiento a juicio de ***************, autora de la sucesión y demandada en el juicio sumario hipotecario C-972/2011, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido, con sede en esta ciudad. En proveídos de tres de julio y cuatro de diciembre ambos de dos mil dieciocho, dictados en el juicio sucesorio 94/2018, el Juez Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, tuvo apersonándose a las partes actora y adjudicataria del juicio sumario hipotecario C-972/2011. El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se nombró como albacea en el juicio sucesorio 94/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, a ******************, determinación que causó estado el siete de diciembre de esa misma anualidad. Ahora, a fin de determinar la fecha a partir de la cual debe computarse el plazo para promover la demanda de amparo, debe precisarse que de acuerdo con los antecedentes expuestos por el gestionante: ****************, poderdante del promovente, tuvo conocimiento de que la persona moral actora y el adjudicatario del expediente 972/2011-C, de donde emana el acto reclamado, se apersonaron al juicio sucesorio 94/2018-C de la estadística del Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, el cuatro de julio y el tres de diciembre de dos mil dieciocho, respectivamente. En la junta de herederos celebrada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, se designó a ************ como albacea de la sucesión a bienes de ***********************, nombramiento que se declaró que causó estado mediante auto de siete de diciembre del mismo año. Por tanto, tomando en consideración que el albacea estuvo en posibilidad de promover lo pertinente para la defensa de los intereses de la sucesión, desde el siete de diciembre de dos mil dieciocho en que quedó firme su nombramiento, pues ya tenía conocimiento de la tramitación del juicio de origen en virtud de que sabía que se habían apersonado la actora y el adjudicatario de tal controvertido, esa fecha se tomará como punto de partida para realizar el cómputo de que se trata. De lo anterior se advierte que en el caso concreto, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto ante el Juez de Distrito, comenzó a partir del diez de diciembre de dos mil dieciocho, y le feneció el dieciséis de enero del año en curso, sin contar los días del quince al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, así como el uno, dos, cinco, seis, doce y trece de enero del año en curso, que incluyen días inhábiles, así como el periodo vacacional de la autoridad responsable, en términos del artículo 18 de la ley de la materia. Consecuentemente, se reitera que el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, feneció con anterioridad a la presentación de su demanda. De ahí que si la demanda de amparo se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por la quejosa fue consentido tácitamente por la recurrente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por el quejoso ************, mediante el cual aduce cumplir con la prevención efectuada el veintiocho de enero del año en curso, en la que se le requirió para que por escrito y con copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes: Manifiestara bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado, específicamente, la fecha en que le fue notificado o bien tuvo conocimiento del auto emitido dentro del expediente C-94/2018, por el cual el Juez Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, tuvo apersonándose a las partes actora y adjudicataria del juicio sumario hipotecario C-972/2011 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. Ahora, del escrito de cuenta se desprende que el promovente, con el afán de cumplir con dicho requerimiento indicó: "La persona moral denominada ***************, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso denominado "Fondos Guanajuato de Financiamiento"(antes "Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad para el Estado de Guanajuato" (FOFIES), a través de su apoderada legal, licenciada *************, le fue reconocida su personalidad como acreedora de la sucesión, en auto de fecha 3 de julio del 2018, notificado por lista el día 4 de julio de 2018. El **********, en su calidad de adjudicatario del inmueble que forma parte del acervo hereditario, se apersono al sucesorio y le fue reconocida dicha personalidad, en el auto de fecha 30 de noviembre de 2018, auto que le fue notificado por lista el día 3 de diciembre de 2018." De lo anterior, se puede advertir que si bien, la parte quejosa manifiesta que a la persona moral denominada Nacional Financiera Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso denominado "Fondos Guanajuato de Financiamiento"(antes "Fondo para el Financiamiento de las Empresas de Solidaridad para el Estado de Guanajuato" (FOFIES), le fue reconocida la personalidad como acreedora de la sucesión dentro del juicio sucesorio 94/2018, mediante auto de tres de julio de dos mil dieciocho el cual se notificó por lista el cuatro de ese mismo mes y año, mientras por lo que hace a ************, en su calidad de adjudicatario del bien inmueble que forma parte del acervo hereditario, le fue reconocido tal carácter en el juicio sucesorio en proveído de treinta de noviembre del año próximo pasado, el que se notificó por lista el tres de diciembre de dos mil dieciocho, cierto también lo es, que el promovente omite señalar la fecha en que le fue notificado o bien tuvo conocimiento de tales determinaciones. Es decir, la prevención efectuada el veintiocho de enero pasado fue para que indicara la fecha en que al quejoso le fueron notificados, o bien tuvo conocimiento, de los autos emitidos en el juicio sucesorio 94/2018 en los que el Juez Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, tuvo apersonándose a las partes actora y adjudicataria del juicio sumario hipotecario C-972/2011, no así la fecha en que dichos proveídos se notificaron por lista. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, no se tiene por desahogada la prevención de que se trata, por la que subsiste el apercibimiento decretado en el referido auto de veintiocho de agosto del año en curso. Toda vez que el escrito lo presentó el cuarto día del plazo que se le concedió, hágasele saber que le queda un día para dar cumplimiento a lo solicitado; el plazo restante se computará a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este auto. En el entendido de que continúa vigente el apercibimiento formulado en el auto aludido.
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POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ************, en su carácter de apoderado legal de ************ albacea de la sucesión a bienes de*************, calidad que acredita en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, con copia certificada de diversas constancias del juicio sucesorio intestamentario C94/2018 del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, contra actos del Juez Primero Civil de Partido de esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 50/2019-IV. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. Por las razones que informa, ilustra lo anterior la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 990, Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, y al manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía, indicó: "(.) Bajo protesta de decir verdad manifiesto que del acto reclamado nos enteramos el día 10 de enero de 2019, día en que se reconoció la personalidad de mi poderdante en el proceso como albacea de la sucesión." Asimismo, en el apartado de antecedentes del acto reclamado manifestó que en el juicio sucesorio intestamentario *************, del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato: "(.) 6.- Los terceros perjudicados se apersonaron al juicio sucesorio, como acreedor la persona moral, y como adjudicatario de inmueble que constituye el acervo hereditario la persona física, por lo que al tener conocimiento del juicio radicado en la ciudad de Celaya, Guanajuato, fuente del acto reclamado en el presente demanda de amparo, se apersono el albacea *************, en el expediente ************* del juzgado civil de partido de la ciudad de Celaya, Guanajuato, reconociéndose la personalidad de la albacea en el auto de fecha 9 de enero del 2019, notificado por lista el día 10 del mismo mes y año, y a partir de ese día tuvimos acceso al expediente y nos dimos cuenta del ilegal emplazamiento a la de cujus. " Sin embargo, ni del escrito de demanda ni de los anexos que acompaña, se advierte la fecha en que le fue notificado o bien conoció del auto por el cual el Juzgado Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, tuvo apersonándose al juicio *********** de su índice, a la actora y el adjudicatario del juicio sumario hipotecario************. Dato que al constituir antecedente del acto que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resulta determinante para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por la parte quejosa, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con siete copias de su líbelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, específicamente, la fecha en que le fue notificado o bien tuvo conocimiento del auto emitido dentro del expediente **********, por el cual el Juez Cuarto Civil de Partido de León, Guanajuato, tuvo apersonándose a las partes actora y adjudicataria del juicio sumario hipotecario *********** del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo promovente debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Tiene aplicación a lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la tesis de jurisprudencia 50/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, Materia Común, Tomo I, libro 9 agosto de 2014, página 210, del tenor literal siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Como lo solicita el promovente, téngasele autorizando en términos limitados del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gilberto Valeriano Hernández Puente, toda vez que tiene registrada su cedula profesional número 3609686 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, tomando en consideración que solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
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