Elena Montoya Silva
Expediente 135/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 135/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Elena Montoya Silva
Actuaciones
- Principal
Agréguese en autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ****************; en atención a su contenido dígasele que, respecto a su solicitud de devolución de documentos, deberá estarse a lo acordado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual ya se acordó de manera favorable su petición.
- Principal
Visto el escrito de cuenta, como lo solicita la quejosa **************, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolverle los documentos a que alude, previo desglose y certificación que en su lugar se deje, así como recibo que se firme en autos de su entrega; se autoriza para recibirlos a la persona que indica.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por **************, apoderado legal de ****************, calidad que acredita, en términos del artículo 6 de la Ley de Amparo, con copia certificada del poder notarial número dieciséis mil setecientos dieciséis, pasado ante la fe de la Titular de la Notaría Pública seis de la ciudad de Acámbaro, Guanajuato, contra actos del Juez Segundo Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato y otra autoridad, así como la certificación de cuenta, de la que se advierte que los plazos y términos suspendidos mediante circulares CAP/3/2020 suscrita por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, SECNO/12/2021 y SECNO/13/2021, firmadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se reanudaron a partir del cuatro de marzo del año en curso, con base en el punto 5 de la citada circular SECNO/13/2021 de veintisiete de febrero del año en curso; al respecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 2, fracciones I y VIII, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, fórmese expediente y anótese el ingreso de la demanda de cuenta en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 135/2021-II. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien del estudio integral de la demanda, se desprende que la quejosa acude a esta instancia constitucional, reclamando: 4. ACTO QUE SE RECLAMA. Del Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Acámbaro, Gto., el decretar por sentencia ejecutoriada la desocupación y entrega del inmueble marcado con el número UNO de la calle *********** en el centro de la comunidad de ***********, Municipio de ***********., en el Juicio Ordinario Civil número **********, radicado en el H. Juzgado Segundo Civil de la ciudad de Acámabaro, Gto., en contra de los C.C. **************, quienes son hermanos de mi poderdante, en donde dicho acto de entrega y desocupación se llevó a cabo el día 14 de Enero de este año 2021, en el inmueble propiedad de mi poderdante y me doy cuenta porque yo estuve presente en dicha diligencia acompañando a mi poderdante y solo para darle apoyo moral pues nada se podía hacer, ya que estaba llevando a cabo una orden judicial, en el que quedo claro que se llevó a cabo en contra de lo hermanos de mi poderdante de nombres ************ de apellidos *************, y nunca en contra de mi poderdante, los datos del juicio se los proporcionó su hermano de mi poderdante de nombre ************, así como el número de expediente y el juzgado donde se llevó a cabo dicho juicio..." Bajo ese contexto, el suscrito estima que respecto del citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 -fracción XIV- de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. De lo anterior se sigue que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que la parte quejosa se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso c es necesario que se esté acreditado fehacientemente que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto del que se duele, pues sólo de esta manera el término de quince días para presentar la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que se hizo sabedora. Pues bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista como hecho notorio los autos el juicio de amparo 270/2020-I del índice de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, y de la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", del que se obtienen los siguientes datos: I. Mediante escrito presentado el quince de julio de dos mil veinte, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito de conformidad con los artículos 107 y 109 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, la quejosa ****************, por conducto de su apoderado ***************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y el acto que a continuación se especifican: "3.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES: EL Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Acámbaro, Gto., en su carácter de Autoridad Ordenadora. El Juez Menor Mixto de la ciudad de Jerécuaro, Gto., como Autoridad Ejecutora " "4.- LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD RECLAMO: Del Juez Segundo de lo Civil de la ciudad de Acámbaro, Gto., el decretar por sentencia ejecutoriada la desocupación y entrega del inmueble marcado con el número UNO de la calle Manuel Doblado en el centro de la comunidad de Puruagua, Municipio de Jerécuaro, Gto., en el Juicio Ordinario Civil número C-744/2019, radicado en el H. Juzgado Segundo Civil de la ciudad de Acámabaro, Gto., en contra de los C.C. *****************, quienes son hermanos de mi poderdante, el decretar por Sentencia Ejecutoriada la desocupación y entrega del inmueble propiedad de mi poderdante." Manifestaciones vertidas por el apoderado legal de la propia quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). II. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este órgano jurisdiccional, la que en proveído de dieciséis de julio de dos mil veinte, se registró bajo el expediente 270/2020-I. III. En el citado proveído se desechó su demanda, decretándose su firmeza en auto de veintiocho del mismo mes y año. De lo anterior se advierte que la quejosa tuvo conocimiento directo, exacto y completo sobre el acto que reclama en esta instancia constitucional desde el quince de julio de dos mil veinte, fecha en la que interpuso el juicio de amparo 270/2020-I, de la estadística de este órgano jurisdiccional, ya que como se puede advertir de las transcripciones que anteceden, el acto que reclama en la demanda que se acuerda es idéntico al reclamado en el diverso juicio 270/2020-I. Circunstancia que no deja lugar a dudas que la quejosa tuvo conocimiento del acto que reclama en esta instancia constitucional, con mucho tiempo de anticipación a la presentación del presente juicio de amparo; por lo que, el término de quince días que establece el mencionado artículo 17 de la Ley de Amparo, para instar el juicio constitucional, transcurrió en exceso. De ahí que si la quejosa presentó la demanda que se analiza el diez de marzo de dos mil veintiuno en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, y se hizo sabedora de los actos que reclama desde el quince de julio de dos mil veinte, fecha en que interpuso el diverso juicio de amparo 270/2020-I de la estadística de este órgano jurisdiccional, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado por la quejosa fue consentido tácitamente por la recurrente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, página 235, del tenor siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LOS.- Promovida la demanda de garantías fuera del término establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo, implica consentimiento del acto reclamado, por lo cual aquella resulta improcedente, conforme a la fracción XII del artículo 73, en relación con el 145 de la ley en cita". Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otro lado, tomando en consideración que la parte quejosa, manifestó su deseo de señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que, al no ser técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la ley de la materia, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado federal. Asimismo, se le tiene autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ****************, en virtud de obrar su cédula profesional número ********** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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