Elia Flores Arreguín

Expediente 785/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
785/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • Elia Flores Arreguín

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ******************** contra actos del Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 785/2023-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 3. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:"********************"(...)"********************"XIV. Contra normas generales o actos consenti******************** tácitamente, entendién********************e por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ********************No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. ********************Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. ********************Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" Del citado numeral se desprende, en lo que interesa, que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos legales. Por su parte, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo establecen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, conta a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios menciona; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico para la presentación de la demanda es de quince días, con excepción de las cuatro hipótesis que prevé el primero de los numerales, y dicho plazo correrá a partir del día siguiente al en que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Esto es, conforme al artículo 18 de la ley de la materia el juicio de amparo debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución e, incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Asimismo, se advierte que las referidas hipótesis se encuentran relacionadas mediante la conjunción 'o', que 'indica exclusión, alternativa o contraposición' (Diccionario de la Lengua Española Larousse, ediciones Larousse, primera edición, página 465), de lo que válidamente se concluye, que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia entre ellos, pues de haberlo querido así, el legislador hubiese señalado su orden de prelación. Por tanto, la esencia del referido artículo 17 se sustenta en el conocimiento del acto reclamado y no en la formalidad de la notificación, puesto que es suficiente que en la demanda de amparo el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que tal fecha constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. Pues bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende que ******************** esencialmente reclama: La falta de llamamiento, en su calidad de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********************, al ******************** ********************de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, promovido por ********************, en el que mediante sentencia de ********************, se determinó que tenía mejor derecho para poseer el solar número ********************, manzana ********************, con una superficie de ******************** y ******************** metros cuadra********************, ubicado en el ejido ******************** -inmueble que arguye la quejosa formó parte de caudal hereditario a bienes de ********************-. Acto reclamado que, bajo protesta de decir verdad, la solicitante del amparo manifestó tuvo conocimiento el veintiocho de agosto de ******************** mil veintitrés, con motivo del emplazamiento que se le practicó al juicio de amparo indirecto ********************de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, que promovió ********************, ya que de la copia de la demanda de amparo que le fue entregada advirtió que el antes nombrado promovió el juicio ********************de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, respecto del que arguye no fue llamada en su calidad de albacea. Sin embargo, de las constancias que anexó a su demanda de amparo, específicamente del emplazamiento que se le practicó al referido juicio de amparo indirecto ********************de la estadística del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, se advierte que la demanda en estudio es extemporánea. Lo anterior se afirma, dado que el emplazamiento al juicio constitucional en comento, que se llevó a cabo por conducto del Juzgado Menor Mixto de Salvatierra, Guanajuato, se le practicó de forma personal el cinco de agosto de ******************** mil veintitrés, como a continuación se evidencia: Por ello, contrariamente a lo señalado por la parte quejosa, se asevera que a partir del cinco de agosto de ******************** mil veintitrés, en que se le emplazó de forma personal al indicado juicio constitucional y se le corrió traslado, entre otras, con copia de la demanda de amparo, así como de la sentencia de ********************, emitida en el juicio agrario ********************de la estadística del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 de esta ciudad, tuvo conocimiento directo, exacto y completo de la tramitación del juicio agrario de origen y no el veintiocho del mismo mes y año, como lo señaló en su escrito de demanda. Máxime que fue pleno el conocimiento que tuvo del acto reclamado, como lo confesó en el apartado de los antecedentes del acto reclamado, pues señaló que del escrito de demanda advirtió que no fue llamada al referido juicio agrario, como enseguida se reproduce: Por ende, el término de quince días que establece el mencionado arábigo 17 de la ley de la materia transcurrió del siete al veinticinco de agosto del año en curso, dado que: El aludido plazo se computó a partir del día siguiente hábil de que tuvo conocimiento del acto de autoridad, a saber, el siete de agosto del año que trascurre. II. Fueron inhábiles los días seis, doce, trece, diecinueve y veinte de agosto, por ser sábados y domingos. Entonces, como el acto que reclama la parte quejosa no es un caso de excepción para presentar la demanda en un término distinto al genérico establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, ya que no se ubica en ninguna de las hipótesis que prevé dicho numeral, pues no reclama una norma general autoaplicativa, no se trata de un procedimiento de extradición, tampoco de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, no es un acto privativo de la posesión, propiedad o disfrute de derechos agrarios y además no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación, destierro, proscripción o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, y se presentó la demanda que se estudia hasta el veinte de septiembre del año en curso; es inconcuso que lo hizo con marcada posterioridad al término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo y, ante lo cual, resulta manifiesta e indudable que se actualice la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, que se estime que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la peticionario del amparo. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 3 de la legislación en consulta. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ********************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase a la parte quejosa autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y a ********************, al no contar con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzga******************** de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 3, 7, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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