Eleuterio Martínez Moctezuma
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Eleuterio Martínez Moctezuma
- Nelson Marquez Grajales
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz a veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Atento al escrito de cuenta, signado por ********************, representante común de la parte quejosa, como lo solicita, en términos de lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y al no existir impedimento legal alguno, devuélvasele el instrumento notarial que menciona, previa razón que por su recibo se otorgue en autos. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación con que se me da cuenta, se obtiene que el dieciséis de marzo del año en curso feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de tres de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de dicha ley, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, de conformidad en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, respecto de la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
IV. Con esta fecha se notifica electrónicamente a la parte promovente el auto de tres de marzo de dos mil veintitrés, mismo que a la letra dice: Agréguese el escrito signado por los quejosos José Marcelino Muñiz Tinoco y Nelson Márquez Grajales, mediante el cual desahogan la prevención formulada por este juzgado en proveído de dieciséis de febrero del año en curso. Ahora bien, puesto que el escrito que se atiende fue presentado el día de ayer dos de marzo de este año, esto es, dentro del plazo conferido para ello, según se desprende de la certificación con la que se me da cuenta; en consecuencia, se tiene a los promoventes presentando en tiempo su desahogo a la prevención, por lo que, el suscrito provee: DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VIII. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ..." Como se ve, el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar y, en su caso, tener por actualizada alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. En relación con el segundo de los numerales reproducidos, es oportuno traer a colación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Precisado lo anterior, ahora corresponde señalar que los quejosos reclaman en esta instancia constitucional del Fiscal Regional de Procuración de Justicia zona centro Veracruz, el oficio número 007-2023-FRZCV de nueve de enero de dos mil veintitrés, en el que autoriza y convalida un excusa de la Fiscal Tercero de la Subunidad Integral de Procuración de Justicia y la designación en sustitución del Fiscal Primero adscrito a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia del XVII Distrito, con sede en Cardel, Veracruz. Esto pone de manifiesto que el auto que pretenden combatir en esta instancia los quejosos, no es un acto de imposible reparación, pues solo se trata de una actuación que afecta los derechos procesales de la parte quejosa. Lo anterior es así, ya que si bien, la excusa atiende un aspecto subjetivo que afecta la imparcialidad del servidor público, lo cierto es que no necesariamente habrá de materializarse una afectación a la esfera jurídica de las partes, pues si quien se vea afectado con la actuación del funcionario obtiene resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, dicha afectación quedará sin efectos. Por lo que, se itera, la circunstancia de que el fiscal de origen se excusara del conocimiento del procedimiento de investigación, trae únicamente como consecuencia que previa calificación de esa excusa, un diverso agente de su misma jerarquía y materia sea el que continuara con la integración de la carpeta de investigación. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito: "EXCUSA. NO ES ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. Cuando un Juez de primera instancia se excusa de conocer de una controversia jurisdiccional, y remite los autos a otro Juez para su conocimiento, esta actuación no puede incurrir en una afectación inmediata y directa del derecho fundamental a la jurisdicción, consignado en el artículo 17 constitucional, que redunde en perjuicio del quejoso, pues en el precepto constitucional sólo se dota al derecho a la jurisdicción de ciertas características esenciales, como: a) La expeditez de los tribunales para impartir justicia en los plazos y términos fijados en las leyes; b) La exigencia de que las resoluciones se emitan de manera pronta, completa e imparcial; c) La gratuidad del servicio, con la consecuente prohibición de costas judiciales; y d) El mandamiento a las leyes federales y locales para establecer los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Por tanto, la regulación de las causas de impedimento no se encuentra contemplada en la Constitución, sino en la normativa legal de los procedimientos judiciales, dentro del desarrollo del concepto términos que fijen las leyes, contenido en el citado artículo constitucional. Así, la posible infracción a las reglas atinentes a las excusas o a los impedimentos puede generar, en su caso, una infracción a las leyes del procedimiento, lo cual sólo aterrizaría en una violación mediata o indirecta del derecho a la jurisdicción. En esas condiciones, si el acto reclamado sólo es susceptible de conculcar indirectamente un derecho sustantivo de base constitucional y configuración y desarrollo legal, eso es suficiente para decidir la improcedencia del juicio de amparo indirecto, por no quedar comprendido en la definición de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación." Así como la tesis jurisprudencial de rubro y texto siguiente: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio este que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". Así, tenemos que la determinación combatida no es de aquellas que tienen consecuencias de imposible reparación, ya que no se trata de un acto que produzca una afectación material a derechos sustantivos, puesto que no conlleva una afectación de tal magnitud que le impida el ejercicio de un derecho, sino que se trata de una determinación de carácter adjetivo o procesal que podría o no trascender al resultado del fallo. De ahí que, en todo caso, implica una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, cuenta habida que esto podría subsanarse en caso de obtener una resolución favorable, con lo cual quedaría resarcida la violación que estima le causa el haberse excusado del juicio de origen. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo de cuenta por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y una vez que cause estado el presente acuerdo, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica a la parte quejosa lo siguiente:Boca del Río, Veracruz, dieciséis de febrero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida de manera conjunta por Nelson Márquez Grajales, Eleuterio Márquez Moctezuma, Fermín Márquez Gómez, Jorge Luis Grajales Hernández, Hilario Grajales Hernández, Emilio César Domínguez Utrera, Graciano Grajales Mercado, Salvador Gómez Márquez, Eliezer Márquez Gómez, José Muñiz Tinoco, Ignacio Izquierdo Hernández y José Marcelino Muñiz Tinoco, este último quien se ostenta como Presidente y representante legal de la persona moral denominada UNIDAD DE RIEGO PRODUCTORES Y USUARIOS DE SANTA ROSA ACTOPAN, VERACRUZ A. C., y el primero (Nelson Márquez Grajales) por propio derecho y en representación de Olivia Grajales Hernández y de Eliezer Márquez Gómez; contra actos del Fiscal Regional de Procuración de Justicia Zona Centro en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 109/2023, y provéase lo conducente. DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTE COMÚN Con apoyo en el primer párrafo del artículo 13 de la Ley de Amparo, y como lo solicitan, se tiene a Nelson Márquez Grajales, como representante común. PREVENCIÓN Ahora, el dispositivo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, establece lo siguiente: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [.] III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; [.] Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada [.]" Por su parte, el artículo 108, establece lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; [.]" De la interpretación armónica de los preceptos reproducidos, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional de analizar la demanda de amparo y, en caso de advertir alguna irregularidad, requerir al promovente a fin de que la aclare cuando, entre otros supuestos, hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de la ley de la materia; pero de no subsanarse las deficiencias, irregularidades u omisiones del libelo constitucional dentro del plazo de cinco días, ésta se tendrá por no presentada. Así pues, entre los requisitos de la demanda interesa destacar la fracción I del precepto en cita, que establece que la demanda deberá contener el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación, y de acuerdo además con lo establecido por los artículos 6 y 11 de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la Ley en comento, y que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la Ley en cita; a su vez, se establece que cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido, lo que en el caso no acontece. Así, en el caso, de la lectura de la demanda se aprecia que José Marcelino Muñiz Tinoco se ostenta como Presidente y representante legal de la persona moral denominada UNIDAD DE RIEGO PRODUCTORES Y USUARIOS DE SANTA ROSA ACTOPAN, VERACRUZ A. C., y Nelson Márquez Grajales en representación de Olivia Grajales Hernández y de Eliezer Márquez Gómez; sin embargo, omitieron acompañar las constancias originales o certificadas en las que expresamente conste el reconocimiento de su personalidad, del primero, como presidente o representante de la referida asociación civil quejosa, y del segundo, como representante de los mencionado quejosos Olivia Grajales Hernández y Eliezer Márquez Gómez. En esas condiciones, se impone, requerir a José Marcelino Muñiz Tinoco, así como a Nelson Márquez Grajales, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de la legal notificación de este auto, complementen el punto antes señalado, esto es, exhiban las constancias originales o certificadas en las que expresamente conste el reconocimiento de la personalidad con que se ostentan, en la inteligencia que deberá ser un mandato otorgado con antelación a la presentación de la demanda de amparo que dio origen a este juicio; asimismo, deberán acompañar las respectivas copias de los referidos documentos, para que se corra traslado con ellos a las partes. Sirve de apoyo a lo expuesto el criterio jurisprudencial 2a./J. 124/2016 (10a.) sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Se apercibe a los mencionados promoventes que en caso de no dar cabal cumplimiento al punto de prevención detallado, dentro del plazo concedido para ello, al que deberán acompañar las copias respectivas para correr traslado a las partes, se tendrá por no presentada la demanda únicamente por cuanto hace a la persona moral denominada UNIDAD DE RIEGO PRODUCTORES Y USUARIOS DE SANTA ROSA ACTOPAN, VERACRUZ A. C., y por Olivia Grajales Hernández, en términos del penúltimo párrafo del arábigo 114, de la Ley de Amparo, y se dará trámite, en su caso, respecto a las restantes personas que promueven por propio derecho y que sí firmaron la demanda que se atiende. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Téngase a Rogerio Arturo Ostos Cruz, Osbaldo López, Tania Galindo Hernández, Levi David Monzalvo Bautista y a Ángel Cruz Lagunés, como autorizados en términos amplios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ya que sí acreditaron contar con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito, y Juzgados de Distrito, de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene a las restantes personas como autorizadas en términos del segundo párrafo del invocado artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, exclusivamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, ya que no acreditaron el extremo anterior, es decir, no se encontró cédula profesional registrada a su nombre en el mencionado Sistema Computarizado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan para el efecto en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA En atención a su contenido, y como la parte quejosa solicita la autorización en juicio en línea; por ello, se le autoriza la consulta vía internet, por conducto de la persona que cuente con nombre de usuario rostos1970, registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que también podrá presentar escritos en línea; y de igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, las notificaciones se le practicarán por la vía electrónica. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL". LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Notifíquese en términos de ley.
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