Elia Cano Panamá

Expediente 912/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
912/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Elia Cano Panamá

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio y anexos enviados por la Jefa de la Unidad Jurídica de la 3. Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; en atención a su contenido, ténganseles informando las medidas adoptadas respecto a la suspensión definitiva concedida en autos a favor del quejoso y remite las constancias con las que acredita el cumplimiento; lo anterior, atento al requerimiento efectuado en interlocutoria de seis de noviembre de la presente anualidad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en representación del Jefe de la Oficina Operadora en Piedras Negras de la 3. Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase por rendido su INFORME JUSTIFICADO, y con el mismo, dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tiene por anunciada la PRUEBA DOCUMENTAL que anexa la autoridad responsable a su informe, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese en términos de ley.

  3. Incidental

    En Boca del Río, Veracruz, a las diez horas con veinticinco minutos del seis de noviembre de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública presidida por el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, quien actúa asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, quien autoriza y da fe, procede a llevar a cabo la audiencia incidental a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, dentro del incidente de suspensión 912/2023, promovido por Elia Cano Panamá, sin comparecencia de ninguna de las partes ni persona alguna que legalmente les represente. Abierta la audiencia de ley, la secretaria hace una relación de las constancias que obran en los presentes autos y que fueron ordenadas agregar con vista a las partes. A continuación, el juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos. Ahora, en relación a los alegatos y pruebas ofrecidas, se reserva el acuerdo respectivo para ser dictado en la fase correspondiente de la presente audiencia. Abierto el período de pruebas, la secretaria da cuenta con los siguientes medios de prueba: De la parte quejosa, las documentales anexas a su escrito de demanda. Así como las constancias remitidas por la 1. Presidenta y por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Tlalixcoyan, Veracruz, en representación del 2. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tlalixcoyan, Veracruz, que ofrecieron las responsables junto con su informe previo. También con las remitidas por la Jefa de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en representación del Jefe de la Oficina Operadora en Piedras Negras de la 3. Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, anexas a su informe previo. Asimismo, la secretaria hace constar que las demás partes no las ofrecieron. A lo anterior, el Juez acuerda: con fundamento en los artículos 143, segundo párrafo y 144 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas documentales de referencia de acuerdo a su propia y especial naturaleza. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no los formularon, ni el agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado formuló pedimento, por lo que se cierra este período, y el juez procede a dictar la siguiente resolución:Vistos, para resolver sobre la suspensión definitiva, los presentes autos incidentales relativos al juicio de amparo 912/2023; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Elia Cano Panamá, promovió amparo contra actos de las autoridades responsables que enseguida se enuncian, junto al sentido de su informe previo y la foja en la que se ubican en autos: AUTORIDADES RESPONSABLESFOJASENTIDO1. Presidente Municipal de Tlalixcoyan, Veracruz.21-22Niega2. Cabildo del Ayuntamiento de Tlalixcoyan, Veracruz.23-32Niega3. Comisión del Agua del Estado de Veracruz 35 a 39 Cierto Tlalixcoyan, Veracruz. De las que reclama: a) El corte de suministro de agua potable en el domicilio ubicado en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz. b) La omisión y negativa de proporcionar suministro de agua potable en el domicilio ubicado en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz. c) La omisión de dar respuesta a la solicitud realizada por escrito de cuatro de junio de dos mil veintitrés, presentado ante la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, en Tlalixcoyan, el cinco de junio siguiente. d) Las consecuencias y efectos materiales y jurídicos que deriven de la falta de agua potable en el domicilio ubicado en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés (foja 11 a 16) este Juzgado concedió la suspensión provisional de los referidos actos, solicitó informe previo a las autoridades responsables, y fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Ahora, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, este juzgador procede a resolver; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción X, de la Constitución General de la República; 1°, 6°, 37, 128 y 144 de la Ley de Amparo, por ser aplicable, en virtud que este órgano jurisdiccional está conociendo del juicio de amparo indirecto del que deriva el presente incidente. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. De la lectura total de la demanda de amparo y constancias de autos, se advierte que los actos reclamados en esta instancia son los que han quedado precisados en líneas anteriores. TERCERO. Valoración de las pruebas admitidas y desahogadas. En primer término, con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se otorga valor indiciario a las documentales exhibidas por la parte quejosa, al tratarse de copias fotostáticas simples que no fueron objetadas por las partes. Por otro lado, también con fundamento en lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 140 y 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por las autoridades responsables, en virtud de haber sido expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, lo cual les confiere el carácter de documento público, por lo que tiene valor de prueba plena. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Presidenta y 2. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tlalixcoyan, Veracruz. La inexistencia referida, deriva de que las autoridades mencionadas, al rendir sus informes previos, negaron la certeza de los actos a ellas reclamados, sin que la parte solicitante de la protección constitucional, hubiere aportado pruebas para desvirtuar su negativa. Además, no existe en el expediente del incidente de suspensión que se resuelve, constancia o dato alguno del que deriven indicios sobre la existencia de dichos actos reclamados, por tanto, no existe razón fundada para estimar lo contrario a lo manifestado por las autoridades responsables. En consecuencia, ante la negativa expresa de las autoridades responsables mencionadas, respecto de los actos señalados como reclamados, sin que exista prueba en contrario, es inconcuso que debe negarse la medida cautelar solicitada en definitiva. Al caso, es aplicable la tesis de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, cuya publicación consta en la página 3754, del Tomo XLIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "ACTOS INEXISTENTES, CONTRA ELLOS NO PROCEDE LA SUSPENSION. Si las autoridades señaladas como responsables, niegan tener participación en el acto reclamado y esa negativa no está contradicha por prueba alguna en contrario, procede negar la suspensión por falta de materia". QUINTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable 3. Comisión del Agua del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, reconoció y negó la existencia de los actos reclamados, como se advierte de su informe previo. Sin embargo, por cuanto hace de aquellos actos que negó, debe decirse que, al tener además el carácter de autoridad ejecutora, y por la naturaleza jurídica de las funciones que tienen encomendadas, debe tenerse el acto como de inminente ejecución, pues en cualquier momento puede llevar a cabo la ejecución de los actos que le son reclamados, en este caso específico, el corte del suministro de agua. De ahí que esa negativa queda desvirtuada, lo anterior, en observancia además a la tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. SEXTO. Pronunciamiento de la suspensión. Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En primer término conviene señalar que la parte quejosa solicita la suspensión, para el efecto de que se reestablezca el servicio de agua potable en el inmueble ubicado en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz. En esas condiciones, sin pasar por alto el contenido del artículo 131, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que señala que el otorgamiento de la medida cautelar no es constitutiva de derechos que el quejoso no haya tenido antes de la presentación de la demanda de amparo, lo cierto es que no puede soslayarse la naturaleza de la violación alegada, esto es, la afectación de un derecho fundamental del vital líquido que tutela el artículo 4° Constitucional a favor de todo ser humano. En esa medida, debe tenerse por satisfecho el segundo de los requisitos que prevé el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, en razón de que a juicio del suscrito no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones del orden público, en atención especial al derecho fundamental que se pretende se tutele en sede constitucional. Lo anterior, nos obliga a remitirnos a lo dispuesto por el artículo 4°, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es del contenido literal siguiente: "Artículo 4. (.) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. (.)." El numeral antes trascrito establece el derecho humano de acceso al agua para consumo personal y doméstico, y establece que ese acceso debe ser en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como que el Estado debe garantizarlo y que la ley definirá las bases, apoyos y modalidades correspondientes. En esas condiciones, si la intención última que persigue la quejosa al solicitar la suspensión del acto reclamado, es para el efecto de que no se restrinja el abasto suficiente del agua a que tiene derecho; tal medida no puede producir una afectación al interés social y al orden público, justamente al estar sustentado en un derecho constitucional del acceso al agua para consumo humano y doméstico; y en cambio, se le causarían notorios perjuicios, si se restringiera el suministro de agua en su vivienda, porque se estaría en riesgo no sólo la higiene personal de la parte quejosa, sino también la salubridad pública se resentiría, si se prolongara la falta del servicio de agua, al generar posibles focos de infección o epidemias, que se propagarían a las fincas contiguas; lo cual desde luego, trae como consecuencia la protección a un interés social. Máxime que en caso que nos ocupa, la quejosa alega ser una mujer en estado de especial vulnerabilidad, ello, porque manifiesta haber contraído en matrimonio con Marco Antonio Enrique Montane, lo cual se encuentra acreditado de manera preliminar con el acta de matrimonio -que si bien es expedida en copia simple, al no haber sido objetada de falsa y que la quejosa manifiesta los hechos de su demanda bajo protesta de decir verdad, con fundamento en el artículo 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se le otorga valor indiciario- y que su domicilio conyugal es el ubicado en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz, mismo que se encuentra registrado a nombre del citado cónyuge. Refiere que por diversos motivos, su cónyuge abandonó el domicilio conyugal, acudió a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz y, entre otro, canceló el contrato de suministro de agua potable del domicilio. Citó que ante el corte del suministro, acudió a la referida Comisión para celebrar un nuevo contrato, ante lo cual, reseña le fue negado celebrarlo. Entonces, ante ello, manifiesta que hasta el momento no cuenta con el servicio de agua potable en su domicilio, lo que pone en riesgo su subsistencia. Consecuentemente, en concordancia con la contradicción de tesis 146/2019, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que sostuvo que conforme a la Ley de Amparo, la suspensión puede tener dos clases de efectos: a) conservativo (medida conservativa); o, b) de tutela anticipada o anticipatoria; es decir, puede restablecerse al quejoso en el goce de la garantía o derecho afectado con el acto reclamado (decisión o tutela anticipada), conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, al quedar justificado que con el otorgamiento de la suspensión provisional no se violan disposiciones de orden público ni se produce una afectación al interés social, en términos de lo dispuesto por los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, lo procedente es CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a la parte quejosa, para el efecto de que se proporcione dentro de su domicilio el suministro de agua, en un mínimo vital, que de conformidad con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 50 L de agua (cincuenta litros de agua) por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico, para lo cual se encuentran en aptitud de emplear los medios técnicamente adecuados para esa finalidad, esto es, la autoridad responsable al suministrar el vital líquido debe implementar los medios o mecanismos ordinarios con los que cuente el inmueble en donde vive la quejosa y que se ubica en callejón Antonio Pérez Rivera, sin número, colonia La Aurora, Piedras Negras, Tlalixcoyan, Veracruz, incluso a través de un medidor de agua, durante toda la vigencia de la presente medida cautelar, o en su caso, reconectarlo de manera inmediata; lo anterior, sin que sea necesario fijar garantía alguna; hasta que se resuelva en definitiva el juicio principal a que este incidente se contrae. Se cita como apoyo a la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE REQUISITO DE EFECTIVIDAD ALGUNO, PARA EL EFECTO DE QUE SE OTORGUE EL MÍNIMO VITAL. De conformidad con lo previsto en la Ley de Amparo, el parámetro de control de regularidad constitucional conformado por los artículos 1o. y 4o. constitucionales; así como por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Observación General Número Quince del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que protegen el acceso al derecho humano al agua, al concederse la medida cautelar contra la suspensión del servicio del agua potable, saneamiento, drenaje y/o alcantarillado de uso doméstico, proporcionado por un particular concesionario, no debe exigirse ningún requisito de efectividad porque el acto reclamado está vinculado con los derechos humanos al agua y al saneamiento; de modo que, al suspenderse los servicios públicos relacionados con éstos, se pone en riesgo la vida, salud y otros derechos humanos que le son interdependientes. Además, cuando se decrete la medida cautelar por la suspensión del servicio del agua potable, saneamiento, drenaje y/o alcantarillado de USO DOMÉSTICO, proporcionado por un particular concesionario, el efecto de tal medida no puede ser para que no se suspenda el servicio público de agua potable sino para que se siga prestando aquél pero, de manera restringida, esto es, que se otorgue el mínimo vital que, de conformidad con lo determinado por la Organización Mundial de la Salud, corresponde a 50 L de agua (cincuenta litros de agua) por persona al día en el supuesto de uso personal y doméstico". Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se NIEGA a Elia Cano Panamá, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos que ahí se exponen. SEGUNDO. Se CONCEDE a Elia Cano Panamá, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a la autoridad citada en el considerando quinto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando sexto. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados por la 1. Presidenta y por los integrantes del 2. Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Tlalixcoyan, Veracruz; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos sus INFORMES JUSTIFICADOS, y con los mismos dese vista a las partes por el plazo de OCHO DÍAS, para que manifiesten lo que a derecho corresponda, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional como lo ordena el artículo 124 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119 de la ley antes citada, se tienen por anunciadas las pruebas consistentes en la instrumental de actuaciones del presente juicio de amparo y la presuncional legal, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre, en términos del citado artículo 124 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y DELEGADOS Asimismo, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita en su informe y designando como delegados de su parte a las personas que alude en el mismo, en términos del numeral 9 de la citada ley de la materia. Notifíquese en términos de ley.

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