Elena Cuellar Cuellar y/o Elena Cuellar
Expediente 500/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 18 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 500/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Elena Cuellar Cuellar y/o Elena Cuellar
- Lic Homero Gonzalez Saure, Tutor legal de la quejosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 500/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) (fojas 12 a 16 y 28 a 32) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe. " En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) (fojas 12 a 16 y 28 a 32) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.Así lo proveyó y firma electrónicamente el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva) (fojas 12 a 16 y 28 a 32) respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo al Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en Veracruz, Veracruz, remitiendo diversas constancias vía informe justificado; por tanto, toda vez que este juzgado estima innecesario conservar dichas documentales, devuélvase a su lugar de origen el tomo I que se formó, para los efectos legales conducentes. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte tercera interesada Isabel Cristina, María Teresa y Sonia todas de apellidos Martínez Cuellar, la sentencia autorizada de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que a la letra dice: "...Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 500/2022, y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado ese mismo día a este juzgado Cuarto de Distrito, Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras; actos que quedarán precisados en el considerando segundo de esta sentencia, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción l, de la ley de la materia. SEGUNDO. Admisión. Por auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 10-16) se acordó admitir la demanda de amparo; solicitar a las autoridades responsables su informe justificado; dar la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se designó como representante especial de la directa quejosa al promovente del presente juicio, esto es, a Pedro Hernández Sandoval; se requirió al Fiscal Regional Zona Centro Veracruz, a fin de que nombrara tutor especial de la directa quejosa -designación que fue cumplida y admitida en auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 38) por el licenciado Homero González Saure, quien aceptó el cargo mediante comparecencia de veintiuno de junio del mismo año (foja 53)- y finalmente se fijó fecha y hora para celebrar audiencia constitucional. TERCERO. Terceras interesadas. Mediante auto de trece de julio de dos mil veintidós (foja 59) se tuvo como terceras interesadas a Isabel Cristina, María Teresa y Sonia de apellidos Martínez Cuellar, a quienes se ordenó emplazar al presente juicio; lo que así se hizo (fojas 64-65) sin que hubieran comparecido al mismo. Finalmente, la audiencia constitucional tuvo verificativo el día y hora señalado para tal fin, al haber quedado debidamente integrado el presente asunto con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 22-27, 41 y 50) y que quedaron emplazadas las tercero interesadas (fojas 64-65) sin que hasta la fecha obre constancia en el sentido de que las partes hayan dado su consentimiento para la publicación de sus datos personales, y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII, y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo, del Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, por cuestión de la vía, en virtud de que se reclama la falta de llamamiento a juicio sucesorio, por parte de quien se ostenta como tercera extraña por equiparación; lo cual es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Así también, este juzgado es competente por cuestión de la materia, toda vez que este Juzgado es Mixto, esto es, actúa como Órgano de instrucción en las materias penal, civil y administrativa, y también como Órgano de Control Constitucional, al conocer del amparo indirecto en primera instancia en todas las materias. Finalmente, por cuestión del territorio, toda vez que el acto reclamado no requiere de ejecución y, por ello, la competencia deviene por decisión de la parte quejosa, haber presentado su demanda de amparo ante este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. En aplicación del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y luego de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa a la autoridad responsable es: La falta de llamamiento y todo lo actuado dentro de los autos del proceso sucesorio 772/2020 del índice administrativo del Juzgado Responsable. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. El 3. Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Segunda Zona Registral del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad (foja 50) negó el acto que se le atribuye. Por ende, tomando en consideración que la parte quejosa no aportó medio de convicción alguno con el cual desvirtuara la negativa de la mencionada autoridad responsable, siendo que a ésta corresponde acreditar la existencia del acto que le atribuye, es procedente SOBRESEER en el presente juicio de amparo en relación con dicho acto reclamado, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, además con apoyo en la jurisprudencia VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados que se atribuyen al 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar (foja 41) y 2. Encargado del Registro Público de la Propiedad de la Segunda Zona Registral del Estado de Veracruz (foja 64-65) ambos con sede en Veracruz, Veracruz. Lo anterior, puesto que así se desprende del contenido de los oficios mediante los cuales las autoridades responsables rindieron sus respectivos informes justificados. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Además, lo anterior se corrobora con las copias certificadas que fueron remitidas por dichas autoridades en justificación de sus actos (cuaderno de pruebas anexo a constancias y fojas 29-27 de autos) pues de ellas se advierte que la aquí quejosa no conforma parte del procedimiento sucesorio de origen y del que considera que tiene derecho a intervenir. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley en su numeral 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que les asigna la ley. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia del rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Procedencia del juicio. Por ser las causas de improcedencia de orden público y de preferente análisis al del fondo del asunto, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las que se advierten de oficio por quien aquí resuelve. En ese orden de ideas, se advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia que se desprende de la interpretación armónica de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5º, fracción I, y 6º, todos de la ley de Amparo, puesto que se estima que el promovente del presente juicio no acreditó tener la representación de la directa quejosa a quien ubica como una persona mayor de edad con discapacidad. MARCO NORMATIVO Los dispositivos legales citados son del contenido siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; (.) "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previsto en esta Ley. (.)." Del contenido de los numerales trascritos se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual, o colectivo; siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así también, se destaca bajo el aludido principio general de procedencia del juicio de amparo que es el de agravio personal y directo, y que implica, como se dijo, que sólo se encuentran procesalmente legitimadas para promover juicio de garantías, las personas físicas o morales directamente agraviadas por la ley o el acto reclamado, pero ello lo podrán hacer por sí; por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previsto en la ley de amparo. Ahora bien, considerando que la demanda de amparo fue promovida por Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, a quien ubica como una persona mayor de edad y quien por su edad transita con cierta "discapacidad mental", resulta conveniente hacer las precisiones vinculadas con la temática de los adultos mayores. Al respeto, en sendos criterios de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. En alcance a dicho criterio, diversos Tribunales Colegiados también han establecido que, conforme lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia, que establece la obligación de suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, entre otros casos, cuando se trata de menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, se colige que los adultos mayores, al igual que los menores de edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo vulnerable; de ahí que la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la queja deficiente en su favor, para atender a la mayor protección de ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional. Las consideraciones anteriores tienen sustento en las tesis aisladas de la citada Primera Sala, y del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que son del contenido siguiente: ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO. Del contenido de los artículos 25, párrafo 1, de la Declaración Universal de Derechos Humanos; así como del artículo 17 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador", se desprende la especial protección de los derechos de las personas mayores. Por su parte, las declaraciones y compromisos internacionales como los Principios de las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1991 en la Resolución 46/91; la Declaración sobre los Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1992 o los debates y conclusiones en foros como la Asamblea Mundial del Envejecimiento en Viena en 1982, la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos en 1993 (de la que emanó la Declaración citada), la Conferencia Mundial sobre Población de El Cairo en 1994, y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague en 1995, llevan a concluir que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece especial protección por parte de los órganos del Estado, ya que su avanzada edad los coloca con frecuencia en una situación de dependencia familiar, discriminación e incluso abandono. Lo anterior no implica, sin embargo, que en todos los casos en los que intervengan deba suplirse la deficiencia de la queja. ADULTOS MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN GRUPO VULNERABLE QUE MERECE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIAL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CCXXIV/2015 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 2015, página 573, de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.", determinó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de los órganos del Estado. Por su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: ...II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia.". En estas condiciones, de la interpretación conforme de esa porción normativa con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los menores de edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo vulnerable. Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe suplir la queja deficiente en su favor, para atender a la mayor protección de ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional. No obstante, la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también precisó que el benefició que otorga la suplencia de la queja en toda su amplitud no aplica de tal modo al grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad, aun cuando ésta puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. De ahí que el solo hecho de manifestar que el directo quejoso es un adulto mayor, resulta insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos, y por lo cual los hace merecedores de una especial protección; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada. De ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja, sino que, para que opere la suplencia de la queja deficiente en favor de un adulto mayor, debe demostrarse que el envejecimiento que conlleva pertenecer a la adultez mayor le ha colocado en un estado de vulnerabilidad y que, además, ésta realmente le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su defensa. Lo anterior se desprende de las diversas tesis aisladas de la citada Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia dela Nación y del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con Residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, que son del contenido siguiente: ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. No se puede negar que cada vez es más amplia la gama de grupos que se ven beneficiados por esa institución, pero en esa gama no se encuentra el grupo relativo a los adultos mayores, porque el envejecimiento no necesariamente conduce a un estado de vulnerabilidad; y cuando ello acontece, es necesario advertir que la vulnerabilidad puede obedecer a diversos aspectos, como son la disminución de la capacidad motora y la disminución de la capacidad intelectual, que a su vez puede conducir a una discriminación social, familiar, laboral y económica. En ese orden de ideas, el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva el ser un adulto mayor, ha colocado a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que esa vulnerabilidad realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia, pues aunque es innegable el hecho de que en su gran mayoría, los adultos mayores enfrentan problemas económicos, de trabajo, seguridad social y maltrato, y que ello los coloca en desventaja respecto del resto de la población, lo cual ha llevado a considerar que los adultos mayores son vulnerables porque en un alto porcentaje son sujetos de desempleo o de condiciones de trabajo precarias y sufren, muy frecuentemente, carencias económicas y de seguridad social, lo que los convierte en personas dependientes y víctimas de un comportamiento adverso social hacia ellos; y que debido a esa vulnerabilidad merecen una especial protección, lo cual incluso se ve robustecido por el hecho de que los instrumentos internacionales y los regímenes jurídicos modernos han venido marcando una línea de protección especial a los adultos mayores, con el objeto de procurarles mejores condiciones en el entramado social, lo que pretende lograrse garantizándoles el derecho a: i) un estándar de vida adecuado, incluyendo alimentación, vivienda y vestimenta; ii) seguro social, asistencia y protección; iii) no discriminación en tratándose de empleo, acceso a vivienda, cuidado de la salud y servicios sociales; iv) servicios de salud; v) ser tratado con dignidad; vi) protección ante el rechazo o el abuso mental; vii) participar en los espacios sociales, económicos, políticos y culturales; y viii) participar enteramente en la toma de decisiones concernientes a su bienestar; se debe dejar en claro que la protección especial que se busca, debe ser a partir de un modelo social, en el que se tome conciencia de que la vulnerabilidad en que pueden encontrarse los adultos mayores, en su gran mayoría, obedece a las propias barreras que la organización social genera al no atender de manera adecuada la situación en que se encuentran; sin embargo, ello no conduce a considerar que por el simple hecho de ser un adulto mayor debe operar en su beneficio la suplencia de la queja, pues no todos los adultos mayores son vulnerables y la vulnerabilidad a que pueden enfrentarse, en especial desde el ámbito social, puede ser muy variada; de ahí que no basta con alegar que se es un adulto mayor para opere la suplencia de la queja. ADULTOS MAYORES. PARA QUE PROCEDA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DEMOSTRARSE QUE, POR ESTAR EN ESA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD, SE LES IMPOSIBILITA ACCEDER EN FORMA EFECTIVA AL SISTEMA DE JUSTICIA. El artículo 107, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Por su parte, el artículo 79 de la Ley de Amparo señala a diversos grupos de la sociedad respecto de los cuales opera el beneficio de la suplencia en la deficiencia de la queja. En este contexto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. CXXXIV/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ADULTOS MAYORES. EL ENVEJECIMIENTO NO NECESARIAMENTE CONDUCE A UN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE HAGA PROCEDENTE EL BENEFICIO DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.", estableció que el solo hecho de manifestar que se es un adulto mayor, es insuficiente para considerar que en automático opera la suplencia de la queja, pues ello sólo acontece cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un adulto mayor, coloca a la persona en un estado de vulnerabilidad, y que ésta realmente le imposibilita acceder de forma efectiva al sistema de justicia. En estas condiciones, para que opere la suplencia de la queja deficiente en favor de un adulto mayor, debe demostrarse que el envejecimiento que conlleva pertenecer a la adultez mayor le ha colocado en un estado de vulnerabilidad y que, además, ésta realmente le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta la demanda o su defensa. Consecuentemente, el hecho de que el adulto mayor cuente con una cantidad considerable de inversión en una institución bancaria, presume indiciariamente, que cuenta con recursos económicos, esto es, que no se trata de una desventaja que lo deje en estado de vulnerabilidad. Finalmente importante precisar que lo anterior es acorde a la consideración que se contiene en la tesis aislada que se citó al momento de admitir la demanda del presente juicio, conforme a la cual se precisó que si quien se ostenta como representante de una persona que manifiesta en la demanda, bajo protesta de decir verdad, que aquélla es incapaz para promoverlo, sin aportar prueba alguna que lo acredite, debe atender dicho señalamiento y admitirla en atención al derecho humano a la no discriminación y al principio de acceso efectivo a la justicia, pero ello sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio se aporten las constancias correspondientes. La referida tesis aislada del Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito es del contenido siguiente: AMPARO PEDIDO POR UNA PERSONA CON DISCAPACIDAD. SI QUIEN SE OSTENTA COMO SU REPRESENTANTE MANIFIESTA EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE AQUÉLLA ES INCAPAZ PARA PROMOVERLO, SIN APORTAR PRUEBA ALGUNA QUE LO ACREDITE, EL JUEZ DE DISTRITO, EN ATENCIÓN AL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN Y AL PRINCIPIO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, DEBE ATENDER DICHO SEÑALAMIENTO Y ADMITIRLA SIN PERJUICIO DE QUE DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO SE APORTEN LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES. El artículo 8o. de la Ley de Amparo establece: "El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. ...". Por su parte, el diverso 13, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dispone que los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes de procedimiento, y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas. En ese sentido, si quien se ostenta como representante de una persona con discapacidad, al promover la demanda de amparo, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que aquélla es incapaz para instar la tutela constitucional, sin aportar prueba alguna que lo acredite, el Juez de Distrito, en atención al derecho humano a la no discriminación, contenido en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio de acceso efectivo a la justicia, establecido en el artículo 13 de la mencionada Convención, debe atender dicho señalamiento y admitirla a trámite sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio se aporten las constancias correspondientes. Lo anterior, porque de lo manifestado en el escrito inicial de demanda por quien se dijo representante, en el sentido de que su representada cuenta con una edad avanzada y mal estado de salud, se advierte un indicio de que ésta pudiera tener la referida discapacidad; de ahí que, conforme a la etapa preliminar del juicio y a fin de respetar y salvaguardar el derecho humano y principio citados en igualdad de condiciones que los demás, lo procedente sea admitir la demanda de amparo sin exigir en esta etapa procesal el documento que acredite la representación legal correspondiente, estimar lo contrario, pugnaría con el derecho y principio aludidos en perjuicio de las personas con discapacidad. ANTECEDENTES Enseguida, a efecto de exponer las consideraciones que sustentan el presente fallo, se estima necesario hacer referencia a los antecedentes del acto reclamado, mismas que se desprenden de las copias certificadas que se allegaron por las autoridades responsables (cuaderno de pruebas anexo a constancias y fojas 29-27 de autos) cuyo valor probatorio ya ha sido asignado y que esencialmente son de la relatoría siguiente: a).- Por escrito presentado el treinta de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, y turnado ese mismo día a este juzgado Cuarto de Distrito, Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, promovió juicio de amparo contra actos del 1. Juez Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz, y otras, en el cual, como también se precisó, reclama la falta de llamamiento y todo lo actuado dentro de los autos del proceso sucesorio 772/2020 del índice administrativo del Juzgado Responsable. b).- Mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós (fojas 10-16) se acordó admitir la demanda de amparo y, atendiendo a que el promovente adujo que la aquí quejosa es una persona mayor de edad y quien por su edad transita con cierta "discapacidad mental", entonces a ese momento se acordó admitir la citada demanda de amparo; se designó al citado Pedro Hernández Sandoval como representante especial de la directa quejosa, y se requirió al Fiscal Regional Zona Centro Veracruz, a fin de que nombrara tutor especial de aquella -lo que así se cumplió y admitió en auto de dieciséis de junio de dos mil veintidós (foja 38) por el licenciado Homero González Saure, quien aceptó el cargo mediante comparecencia de veintiuno de junio del mismo año (foja 53)-. c).- Ahora bien, de las constancias que integran el juicio natural de origen 772/2020 del índice del 1. Juzgado Décimo Cuarto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Veracruz, Veracruz (cuaderno de pruebas anexo a constancias) se advierte que las aquí terceras interesadas, Isabel Cristina, María Teresa y Sonia de apellidos Martínez Cuellar, promovieron el citado juicio sucesorio intestamentario a bienes de sus padres, Diego Martínez Hernández y Teresa Cuellar -esta última que el promovente del presente juicio de amparo reconoce como hija de la directa quejosa-. d).- Mediante interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil veintiuno (fojas 43-44 del Tomo de pruebas anexo a constancias) el juez responsable declaró a las promoventes del citado juicio sucesorio, como únicas y universales herederas de los de cujus, por ser hijas de estos. e).- Finalmente, mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintidós (foja 65 del Tomo de pruebas anexo a constancias) se autorizó a las promoventes de dicho juicio sucesorio, la separación del mismo, a fin de continuar su tramitación ante el Notario Público de su elección. El juicio sucesorio a que se refieren los tres últimos puntos de la relatoría anterior, conforman el procedimiento sucesorio que constituye el acto reclamado en el presente juicio y hasta aquí la relatoría de antecedentes que conciernen al presente asunto. SUBSUNCIÓN Ahora, para determinar si en el caso se encuentra acreditada la condición especifica de adulto mayor con padecimiento de una eventual discapacidad mental, resulta necesario analizar las pruebas que se hayan exhibido, puesto que, como ya se dijo, no se puede partir de la sola afirmación de que se tiene tal condición, sino que tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro del juicio de amparo, por recaer en la parte quejosa la carga para acreditarlo. Máxime que la parte quejosa no puede considerarse liberada por tenerse acreditada la existencia del acto reclamado, aun cuando ello ocurre en forma presunta; pues esa circunstancia no la exime para acreditar su condición, dado que ésta debe estar acreditada en forma plena y fehaciente. Bajo ese contexto, se tiene que a la fecha de la emisión de la presente sentencia, Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, promovente del presente juicio, no aportó las constancias correspondientes con las cuales acreditara que la directa quejosa padece de una disminución o discapacidad mental, parcial o total, y que por ello, aquel podía promover el presente juicio de amparo en su favor. Lo anterior se afirma de tal manera, en virtud de que de las documentales que dicha parte quejosa acompañó a su escrito de demanda de amparo, se advierte que esas sólo acreditan el nacimiento de la primera y el estado civil de matrimonio que los une a ambos entre sí (foja 10 bis). Sin embargo, no existe constancia alguna que acredite que la directa quejosa ha sido declarada incapaz por algún especialista del ramo de neurología o judicialmente. Máxime que tal condición tampoco se desprende de las constancias que remitió el Juez responsable como justificación de sus actos (Tomo de pruebas anexo a constancias) pues de éstas se acredita a lo sumo la relación que la citada quejosa tuvo con la autora de la sucesión intestamentaria que se promovió, pues aparece mencionada como madre de aquella en el acta de nacimiento de la citada de cujus (foja 8 del Tomo de pruebas anexo a constancias). De ahí que si no se encuentra acreditada la mencionada discapacidad, total o parcial, de la directa quejosa, entonces debe atenderse si el promovente, Pedro Hernández Sandoval, es representante legal o apoderado de ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, para promover juicio de amparo a favor de ésta última, en términos de los artículos 6º y 8º de la Ley de Amparo; sin embargo, en la especie tampoco se desprende y acredita tal condición de las constancias de autos. Por tanto, ante la falta de justificación de la personalidad derivada o representación de la citada promovente Pedro Hernández Sandoval, quien acudió al juicio de amparo en favor de la quejosa ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, directamente agraviada, ello trae como consecuencia el sobreseimiento del juicio de amparo. CONCLUSIÓN En mérito de lo anterior, al no acreditar Pedro Hernández Sandoval, ser representante legal o apoderada de ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, y que tampoco se ha declarado un estado parcial o total de discapacidad de ésta última que determine la supletoriedad de la queja en su favor, con toda amplitud, entonces se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6º, de la Ley de Amparo, y por ende, procede sobreseer en el juicio, en observancia a lo estipulado por la fracción V, del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo. En congruencia con lo anterior, no se analizaran los argumentos planteados en la demanda, pues la actualización de una causa de sobreseimiento impide entrar al estudio de las cuestiones de fondo, según criterio contenido en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, además por lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, 2º, 5º, fracción I, 61, fracción XXIII, 6º, 8º, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, contra los actos y autoridades precisados en esta sentencia, por los motivos y razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución..."
- Principal
Con ésta fecha se notifica a la parte quejosa, la sentencia de treinta de septiembre del año en curso, que en sus puntos resolutivos dice: Por lo expuesto y fundado, además por lo dispuesto en los artículos 1º, fracción I, 2º, 5º, fracción I, 61, fracción XXIII, 6º, 8º, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Pedro Hernández Sandoval, en representación de su esposa, ELENA CUELLAR CUELLAR o ELENA CUELLAR, contra los actos y autoridades precisados en esta sentencia, por los motivos y razones precisadas en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el último considerando de esta resolución..."
Quedan 14 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · 8,839 expedientes
- Elda María Oliva Bermudez930/2014
- Eleazar Deceano Olvera708/2019
- Eleazar Garcia Zamudio996/2018
- Eleazar Montes Capetillo701/2014
- Elena Arellano Hermida384/2021
- Elena Candelaria Avila Bautista900/2019
- Eleuterio Martínez Moctezuma292/2022
- Eleuterio Martínez Moctezuma109/2023
- Eleuterio Martínez Moctezuma1129/2023
- Eleuterio Rodríguez Esteban779/2016
- Eli Omar Vargas López1198/2015
- Eli Omar Vargas López538/2021