Eleazar Varela Guevara

Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
548/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
29/12/2022

Partes del expediente

  • Eleazar Varela Guevara
  • Comisario General de Policía Preventiva y Tránsito, ciudad
  • Evelia Franco Martínez
  • Juez de Oralidad Penal del Distrito Judicial Uno, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintinueve de diciembre de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo como asunto concluido el juicio de amparo del cual deriva el presente incidente de suspensión; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Depúrese el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se concedieron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso (quien es el facultado para recurrirla) interpusiera recurso de revisión en contra en la que se sobreseyó por una parte y negó en otra, el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Sin requerimiento para devolución de documentos. Sin que haya necesidad de proveer en relación a devolución de documentos originales, toda vez que no se advierte que las partes hayan exhibido en este sumario. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Juicio de amparo 548/2021 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables y terceros interesados, y fiscal federal adscrito-, y el informe justificado rendido por las autoridades responsables; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse de los citados informes con justificación. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por el juez responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Eleazar Varela Guevara, contra el acto atribuido al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el once de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, al día siguiente a este juzgado de distrito, Eleazar Varela Guevara, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de doce de mayo del año en curso, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Después, por acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de terceros interesados a la licenciada Shelby Liray Velázquez Mendoza, agente del Ministerio Público comisionada en la Unidad de Tramitación Masiva de Causas, así como a Evelia Franco Martínez, por lo que se ordenó su emplazamiento a juicio, lo que ocurrió el veintiocho de mayo y veintisiete de octubre del año en curso, respectivamente. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de derechos, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en términos del quinto transitorio del decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto que se pretende ejecutar en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: La determinación de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, a través de la cual emitió orden de comparecencia en contra del quejoso de mérito. Orden de aprehensión, presentación o localización. Sobreseimiento del juicio por inexistencia de actos No son ciertos los actos relativos a las órdenes de aprehensión, presentación o localización, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado. Atento a lo anterior, toda vez que la parte inconforme no desvirtuó la negativa de las citadas autoridades, es evidente que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo y, por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, Tomo VI, (materia común) del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Bajo tales condiciones, ante la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el juicio de amparo, por los actos que han quedado precisados con antelación a las autoridades responsables. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto atribuido al juez Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora y al jefe de grupo de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, encargado de la base operativa Hermosillo, ambos residentes en esta localidad, consistente en la orden de comparecencia, pues así lo manifestaron en su informe con justificación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad del acto combatido se acredita con las documentales que al efecto acompañó el juez penal a su informe, consistente en copia certificada de las constancias que integran la causa penal 2772/2020, así como con el disco compacto que contiene audio y video de los antecedentes del acto reclamado; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobran aplicación las jurisprudencias 226 y 1a./J. 43/2013 (10a.), de rubros: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." y "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." V. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, sin que sea necesaria la transcripción de los conceptos de violación, dado que en la Ley de Amparo no existe ningún artículo que obligue a hacerlo. Para mejor comprensión de las consideraciones de esta sentencia, se estima pertinente realizar la siguiente reseña de antecedentes, a saber: Por auto de uno de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 2772/2020 -NUC. SON/HER/FGE/2017/014/68618-, del índice del Juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se programaron las catorce horas con veinticinco minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, ordenando la notificación y citación de las partes. Mediante constancia levantada en esa misma fecha por el actuario notificador adscrito al citado juzgado oral de lo penal, se hizo constar la imposibilidad de notificar al imputado Eleazar Varela Guevara. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, se comisionó al actuario notificador para que se constituyera en el domicilio proporcionado por el agente del Ministerio Público para ser notificado de la hora y fecha para la audiencia inicial de imputación. El diez de noviembre de dos mil veinte, el actuario notificador vuelve a levantar constancia respecto de la imposibilidad para notificar al imputado. Mediante proveído de once de noviembre de dos mil veinte, se fijan de nueva cuenta las catorce horas con veintiocho minutos del dieciocho del citado mes y año, para la audiencia inicial de formulación de imputación. Seguidamente, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se señalaron las ocho horas con quince minutos del veintisiete de enero de dos mil veintiuno, para la audiencia inicial de formulación de imputación. El diecisiete de diciembre de dos mil veinte, se notificó al imputado la hora y fecha señalada para la audiencia señalada. Por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se señalaron las once horas del veintidós de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación, ordenándose la notificación al imputado con el apercibimiento que en caso de no comparecer a la citada audiencia, y no tener causa justificada para ello, con fundamento en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, podrá ordenarse, a petición del Ministerio Público, su comparecencia por medio de la fuerza pública. El diez de febrero del año en curso, se notificó al imputado la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia inicial de formulación de imputación. Mediante escrito de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, la agente del Ministerio Público en la Unidad de Tramitación Masiva de Casos, solicitó orden de comparecencia en contra del imputado Eleazar Varela Guevara. Finalmente, el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, el juez Oral de lo Penal del Distrito Judicial Uno libró orden de comparecencia en contra de Eleazar Varela Guevara, por su posible participación en la ejecución de los hechos que la ley señala como el delito de violencia familiar, previsto y sancionado en el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, cometido en perjuicio de Evelia Franco Martínez. Determinación que constituye el acto reclamado en esta vía constitucional. Precisado lo anterior, debe decirse que los conceptos de violación resultan infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, y acorde a las consideraciones contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 94/2011, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL, EN SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, DEBE CONSIDERAR TODOS LOS ARGUMENTOS FORMULADOS POR EL IMPUTADO O SU DEFENSOR EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS O EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS TENDENTES A DESVIRTUAR LAS RAZONES QUE MOTIVARON SU DICTADO, AUN CUANDO NO SE HAYAN PLANTEADO EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE." Previo a exponer las razones por las que se estima lo infundado de los motivos de disenso expuestos por la parte quejosa, se estima pertinente destacar que el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." De dicho precepto constitucional derivan los requisitos que debe reunir cualquier acto autoritario que importe molestia a la esfera jurídica de los ciudadanos: a) Constar por escrito; b) Ser dictado por autoridad competente; y, c) Estar fundado y motivado. En relación con este último punto, por fundamentación debe entenderse que la autoridad, en el propio cuerpo del acto reclamado, ha de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso; y por motivación, el señalamiento preciso de las causas especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya tomado en consideración para la emisión del acto, debiendo existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que se configuren en el caso concreto las hipótesis normativas. Así se advierte de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De lo anterior resulta que en torno a satisfacer los requerimientos formales de adecuada fundamentación y motivación, son precisamente los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como la expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. Efectivamente, se reitera, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. El derecho fundamental de legalidad contenido en el precepto constitucional antes descrito, obliga a las autoridades, entre otras cosas, a fundar y motivar los actos por ellas emitidos, esto es: 1. citar los preceptos normativos en que apoya su actuar e, 2. indicar las consideraciones que la llevaron a resolver en un determinado sentido. Tales exigencias tienen como propósito que los gobernados tengan la posibilidad de atacar dichos fundamentos y motivos, si éstos no fueron los correctos, o bien, si no fueron acordes con la motivación citada; en otras palabras, tiende a evitar la emisión de actos arbitrarios. En estas circunstancias, puede afirmarse que fundar un acto de autoridad supone apoyar la procedencia de tal acto en razones legales que se encuentran establecidas en un cuerpo normativo aplicable al caso; y ese mismo acto estará motivado cuando la autoridad que lo emita explique o dé razón de los motivos o causas inmediatas que la condujeron a pronunciarlo, todo ello con la finalidad de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones de la autoridad, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar no solamente los fundamentos del acto, sino los razonamientos que lo rigen. Por su parte, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece lo siguiente: "Artículo 14. [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]" De lo transcrito, y por lo que hace a las formalidades esenciales del procedimiento, el Máximo Tribunal del país ha sostenido que son las que otorgan al indiciado la posibilidad de ser oído en la causa instruida en su contra, en la que se encuentre en aptitud de ofrecer pruebas y alegar lo que estime pertinente previo al acto privativo de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos. En otras palabras, por formalidades esenciales del procedimiento, amén de entenderse como el elemento primordial de la garantía de audiencia, también se comprende la observancia, entre otras, del requisito procesal consistente en ser llamado a juicio e informado de lo que va a ser materia de la afectación. Tales consideraciones quedaron plasmadas en la jurisprudencia P./J. 47/95, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Ahora bien, en relación con el acto reclamado conviene señalar que las etapas del procedimiento penal acorde al numeral 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, son las siguientes: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de Control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone las formas de conducción del imputado a proceso, en el que se deben cumplir ciertos requisitos que marca el código procesal nacional en materia penal, específicamente, ser debidamente citado, en el cual, se establezca el apercibimiento que se le haría efectivo en caso de incumplimiento sin causa justificada, acorde a lo señalado por el diverso numeral 91 de la citada codificación. De ahí que las formalidades esenciales del procedimiento se traducen en que, previamente a la emisión de la orden de comparecencia, debe apercibirse al interesado que en caso de incumplir injustificadamente con el mandato del juez penal, se ordenará su comparecencia con el uso de la fuerza pública. Dicha circunstancia implica necesariamente que se tenga que llamar de forma adecuada a quien se verá afectado en su esfera jurídica de derechos, lo cual no es otra cosa más que notificarle personalmente el requerimiento que de no atender, ameritaría la comparecencia por medio de la fuerza pública. En ese sentido, el actuario notificador le hará saber en el citatorio, el domicilio al que debe comparecer, así como la hora y el día de la diligencia; además, informarle el objeto de ésta y el procedimiento del que deriva, encontrarse firmado por el notificador correspondiente y hacerle el apercibimiento que de incumplir a lo anterior, se ordenará su comparecencia. En relación con lo anterior, el artículo 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé: "Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público." Numeral que, en lo que interesa -orden de comparecencia-, dispone que el juez de control resolverá la solicitud en audiencia, o a través del sistema informático dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud; con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. Criterio que enmarca justamente en la hipótesis del caso, pues se trata de un procedimiento penal, que por la naturaleza del acto, invariablemente, la autoridad responsable no debe otorgar al procesado audiencia previa antes de afectar sus intereses; en ese sentido, para librar la orden de comparecencia en contra del imputado no rige el derecho fundamental de previa audiencia. Es ilustrativa, por las consideraciones que la sustentan, la tesis XXXII.2 P (10a.), que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA DECRETADA POR EL JUEZ DE CONTROL POR EL SISTEMA INFORMÁTICO, NO CONTRAVIENE LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN QUE LO RIGEN, SI EXISTE NECESIDAD JUSTIFICADA DE CAUTELA. Los principios de oralidad e inmediación que rigen el sistema procesal penal acusatorio y oral, contenidos en el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señalan que todas las audiencias serán orales y deberán desarrollarse en presencia del órgano jurisdiccional y de las partes que deban intervenir en ellas, sin posibilidad de delegar a diversa persona la admisión, desahogo o valoración de pruebas, y la cual deberá realizarse de manera libre y lógica. Por su parte, los artículos 141, fracción III, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevén que las solicitudes, entre otras, de órdenes de aprehensión deben resolverse por el Juez de Control con la debida secrecía, inclusive, con el uso de sistemas informáticos, sin que para su dictado deba mediar la participación del interesado (audiencia oral), según puede inferirse de dichos preceptos. Por tanto, si el Juez de Control ordena la aprehensión del imputado por cualquier medio que garantice su autenticidad, como puede ser el sistema informático, cuando existe necesidad justificada de cautela por haber evidencia de la posibilidad de que se evada a la acción de la justicia, no transgrede los principios citados, pues acorde con el marco legal aludido, es innecesario, que en esos casos, exista cita previa u orden de comparecencia." Sobre estas bases, la determinación reclamada cumple con lo establecido en los numerales 14 y 16 Constitucionales, pues el juez responsable se ajustó a los parámetros contenidos en dichos preceptos para emitir la orden de comparecencia reclamada. En efecto, del contenido del proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, emitido en la causa penal de origen, se advierte sustancialmente que, en virtud de la incomparecencia del imputado Eleazar Varela Guevara, y que previamente el juez responsable verificó que había sido debidamente citado a la audiencia inicial de formulación de imputación, la fiscalía solicitó la orden de comparecencia y expuso datos de prueba, por lo que el juez responsable libró dicha orden contra el referido imputado -aquí quejoso-, por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, previsto y sancionado por el artículo 234-A del Código Penal para el Estado de Sonora, en perjuicio de Evelia Franco Martínez. Resulta relevante destacar también que para que procediera librar la orden de comparecencia de mérito, el imputado, al momento de la citación a la audiencia inicial de formulación de imputación, debió ser apercibido de las consecuencias en caso de incumplimiento; es decir, que de no presentarse injustificadamente a la hora y fecha señalada para la audiencia correspondiente, se ordenaría su comparecencia con auxilio de la fuerza pública, pues era la consecuencia lógica que hubiera permitido a la responsable obrar como lo hizo, lo que así aconteció. En otro orden, es infundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en cuanto a que el juez responsable transgredió en su perjuicio los garantías de seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cabe destacar, que los artículos 82, 83, 84, 85 y 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen lo siguiente: "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 83. Medios de notificación Los actos que requieran una intervención de las partes se podrán notificar mediante fax y correo electrónico, debiendo imprimirse copia de envío y recibido, y agregarse al registro, o bien se guardará en el sistema electrónico existente para tal efecto; asimismo, podrá notificarse a las partes por teléfono o cualquier otro medio, de conformidad con las disposiciones previstas en las leyes orgánicas o, en su caso, los acuerdos emitidos por los órganos competentes, debiendo dejarse constancia de ello. El uso de los medios a que hace referencia este artículo, deberá asegurar que las notificaciones se hagan en el tiempo establecido y se transmita con claridad, precisión y en forma completa el contenido de la resolución o de la diligencia ordenada. En la notificación de las resoluciones judiciales se podrá aceptar el uso de la firma digital." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." "Artículo 85. Lugar para las notificaciones Al comparecer en el procedimiento, las partes deberán señalar domicilio dentro del lugar en donde éste se sustancie y en su caso, manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en este Código. El Ministerio Público, Defensor y Asesor jurídico, cuando éstos últimos sean públicos, serán notificados en sus respectivas oficinas, siempre que éstas se encuentren dentro de la jurisdicción del Órgano jurisdiccional que ordene la notificación, salvo que hayan presentado solicitud de ser notificadas por fax, por correo electrónico, por teléfono o por cualquier otro medio. En caso de que las oficinas se encuentren fuera de la jurisdicción, deberán señalar domicilio dentro de dicha jurisdicción. Si el imputado estuviere detenido, será notificado en el lugar de su detención. Las partes que no señalaren domicilio o el medio para ser notificadas o no informen de su cambio, serán notificadas de conformidad con lo señalado en la fracción II del artículo 82 de este Código." "Artículo 87. Forma especial de notificación La notificación realizada por medios electrónicos surtirá efecto el mismo día a aquel en que por sistema se confirme que recibió el archivo electrónico correspondiente. Asimismo, podrá notificarse mediante otros sistemas autorizados en la ley de la materia, siempre que no causen indefensión. También podrá notificarse por correo certificado y el plazo correrá a partir del día siguiente hábil en que fue recibida la notificación." De la transcripción se advierte, que los artículos 82 y 83 remiten al diverso 87, esto es, que las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos; que personalmente podrá ser por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; que existe la obligación procesal que al comparecer en el procedimiento, las partes deberán manifestarse sobre la forma más conveniente para ser notificados conforme a los medios establecidos en el Código, incluso el asesor jurídico será notificado en su oficina, salvo que haya presentado solicitud de ser notificado por fax, correo electrónico, teléfono o cualquier otro medio. En el caso, si la notificación de la determinación de dos de febrero de la presente anualidad, dictada en el proceso penal 2772/2020, del índice del juzgado Oral Penal del Distrito Judicial Uno del Poder Judicial del Estado de Sonora -acto reclamado-, se ordenó que se realizara de manera personal y ésta se hizo en esa misma forma; lo que implica que se dio cumplimiento a lo ordenado por la responsable. En tal contexto, es incontrovertible que, en el caso, se colmaron los requisitos de los artículos 82, 83, 87, 91, párrafo quinto, fracción VI, 92 y 141, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Decisión En esa virtud, al resultar infundados los conceptos de violación, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Eleazar Varela Guevara, contra los actos y las autoridades que quedaron señaladas en el considerando III del presente fallo, por los motivos expuestos en el mismo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Eleazar Varela Guevara, por las razones plasmadas en el considerando V de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y tercera interesada, y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe. El suscrito José Enrique Ayala García, certifica y hace constar que esta es la parte final de la sentencia pronunciada en el juicio de amparo 548/2021, promovido por Eleazar Varela Guevara, a través de su defensor particular. Doy fe. SENTENCIA ANALISTA JURÍDICO SISE LIBRO DE GOBIERNO CONTROL INTERNO

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se advierte que no fue posible celebrar la audiencia constitucional fijada para hoy, en virtud de que no han mediado por lo menos ocho días entre la fecha en que se dio por emplazado a juicio a la referida tercera interesada y la celebración de la audiencia en comento. En consecuencia, a fin de dar margen a que se cumpla lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las doce horas con treinta y ocho minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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