Eleazar Murillo Ramírez

Expediente 973/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
973/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Eleazar Murillo Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la resolución constitucional dictada en el presente sumario; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 933/2022, de su índice. Vinculación de expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Interpone recurso de revisión. Glósese a los autos el escrito de cuenta presentado electrónicamente por el autorizado de la parte quejosa, y atento a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución constitucional emitida en este sumario. Distribúyase entre las partes copia del escrito de expresión de agravios respectivo, en su oportunidad, remítanse los autos originales al Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que corresponda, para el trámite correspondiente del medio de impugnación interpuesto, acompañándole el original y copia del escrito de expresión de agravios. Se hace la acotación que no se dejará para consulta, copia de las constancias que integran el sumario, toda vez que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes una versión digital de este, la cual puede ser consultada por el órgano y las partes, de conformidad con la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal; lo dispuesto por el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo; y, en atención al contenido del oficio CJF/VJ/6052/2011 del visitador general del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que hágase la certificación correspondiente en el cuaderno de antecedentes. Notifíquese personalmente al agente del ministerio público de la federación de la adscripción, por oficio a la autoridad responsable y por lista a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución Constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de agosto de dos mil veintidós, en audiencia pública Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria encargada del despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Jesús Emmanuel Trejo Michel, diverso secretario con quien actúa, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a las partes y el informe justificado rendido por la autoridad responsable. La secretaria encargada del despacho acuerda: Téngase por hecha la certificación anterior para los efectos legales a que haya lugar. Revisado el estado de autos, se advierte que en auto de radicación, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales anexas al informe rendido por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. La secretaria encargada del despacho acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza las citadas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que ninguna de las partes los formuló. La secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para expresarlos; se cierra esta fase y al no existir cuestión pendiente por proveer, se procede a dictar la resolución que conforme a derecho corresponda. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 973/2020; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Escrito de ampliación de demanda. Por escrito presentado en la Oficialía de Partes Común de este juzgado, y dirigido al juicio de amparo 628/2020 del propio índice, Eleazar Murillo Ramírez solicitó la ampliación de su escrito de demanda respecto de nuevo acto y conceptos de violación, mismo que por auto de treinta de noviembre de dos mil veinte se determinó que no guardaba vinculación con los actos inicialmente reclamados en dicho sumario, por lo que se ordenó remitir el referido escrito de ampliación a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Sonora, a fin de que ésta lo turnara al órgano correspondiente para su conocimiento. Demanda. Por oficio presentado el quince de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y remitido por razón de turno a este órgano jurisdiccional, el mismo día, Eleazar Murillo Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora. Se admite la presente demanda. El dieciocho siguiente, se admitió a trámite la demanda; se solicitó a la autoridad responsable informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Por auto de quince de enero de dos mil veintiuno, se hizo constar que de acuerdo a lo establecido en la Circular CAP/3/2020, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del citado Consejo, a fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, también se determinó que los asuntos tramitados bajo el esquema de juicio en línea o aquellos catalogados como urgentes, se continuaría con su tramitación, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, misma que previo diferimiento se llevó a cabo el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, fecha en la que se emitió la resolución constitucional respectiva. Inconforme con dicho fallo, la parte quejosa interpuso recurso de revisión en su contra, el cual fue radicado con el número de toca 244/2021, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito. Posteriormente, el seis de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo en la que el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito con sede en Victoria de Durango, Durango, en auxilio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, revocó la sentencia recurrida y ordenó reponer el procedimiento, por lo que en acatamiento a lo determinado por el tribunal de alzada se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda en relación con un nuevo acto, consistente en el contenido del acta de sesión número 708, emitida el treinta de septiembre de dos mil veinte por la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, apercibida que de no realizarlo se continuaría el juicio únicamente por los actos y autoridades precisadas en su escrito inicial de demanda, el cual se le hizo efectivo en auto de tres de agosto de la anualidad que transcurre. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se reclama un acto de autoridad que tiene su residencia dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado Federal. Precisión del acto reclamado Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para el año dos mil diecinueve. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado por conducto del jefe de la Unidad Jurídica de dicho instituto. Lo anterior, se corrobora con la copia auténtica de los documentos relativos al acta del Acuerdo N°5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, el quince de julio de dos mil veinte, relativo a la corrección del incremento para dos mil diecinueve, que adquieren el carácter de documentales públicas y, por tanto, con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo autoriza su artículo 2º. Causas de improcedencia En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, quien resuelve se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." La autoridad responsable Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto del jefe de la Unidad Jurídica, señala que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al argumentar que los conceptos de violación expresados en el escrito de demanda son materia de diverso juicio de amparo tramitado ante diverso juzgador. Contrario a lo que aduce la autoridad responsable, no se advierte que se actualice la causa de improcedencia por litispendencia que aduce en relación con diverso sumario, pues ésta se actualiza cuando existe identidad de partes y actos respecto de otro juicio, lo que en la especie no acontece. Habida cuenta que lo que manifiesta la autoridad, no hace referencia a los elementos anteriormente precisados, si no a los conceptos de violación, los cuales, en todo caso, serán analizados y calificados al realizar el estudio de fondo del asunto. No se omite precisar que si bien es cierto, de las constancias que obran en autos, se advierte que el escrito que dio origen a este biinstancial fue presentado como libelo de ampliación de derechos respecto de un nuevo acto y conceptos de violación, en el diverso juicio 628/2020 tramitado ante este órgano jurisdiccional, en el que se determinó remitir a la Oficina de Correspondencia Común respectiva dado que no se encontró vinculación con los actos reclamados en el citado sumario, dicha circunstancia en manera alguna demuestra por sí misma la actualización de la causal invocada por la autoridad responsable. Por otro lado, la autoridad responsable manifiesta que también se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVII, de la ley de la materia, según refiere, en consideración a que con la emisión del acta de sesión número 708 de fecha treinta de septiembre de dos mil veinte, se dio un cambio de situación jurídica. Que lo anterior es así, pues con la emisión de la citada acta se regularizó y actualizaron las diferencias de pensión en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en concordancia con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo que dio como consecuencia que la quejosa se encuentre gozando de un incremento en su pensión del 5%, debidamente actualizada. Tal causal deviene infundada por los motivos que a continuación se exponen: En principio cabe señalar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que invoca la responsable, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." De lo antes trascrito, se advierte que para que opere la improcedencia por cambio de situación jurídica deben concurrir los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Precisado lo anterior, y como se anticipó, se considera infundado lo argumentado por la Junta Directiva del Instituto responsable, en primer orden porque los actos reclamados en el presente juicio de derechos humanos no emanan de un procedimiento judicial y tampoco de uno administrativo seguido en forma de juicio. Además, cabe señalar que el acuerdo contenido en el acta de sesión número 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte que invoca la autoridad responsable mencionada, contiene las mismas consideraciones que la parte quejosa impugna en sus conceptos de violación, es decir, su inconformidad estriba en que el incremento en la pensión para el ejercicio dos mil diecinueve, debe ser del 5%, cuestión que sigue siendo idéntico en ambos acuerdos, por lo tanto no constituyen actos que actualicen un cambio de situación jurídica. Aunado a lo anterior, contrario a lo manifestado por el Instituto responsable, al concluir la citada sesión se asentó como único punto de acuerdo lo relativo al ejercicio dos mil diecinueve, en los términos siguientes: ".En el desahogo del punto ocho punto once, se solicita autorización para realizar Ajuste de pago de pensión derivado del incremento aplicable 2019. Con la finalidad de dar cumplimiento al acuerdo de la junta directiva de 30 de Junio del presente año, en el cual se autorizó un incremento del 5% para todos los pensionados y jubilados del Instituto, esta Subdirección procedió en dos pasos para dar cumplimiento a dicho acuerdo en función de la disponibilidad presupuestal realizándolo de la siguiente forma: 1.-En el mes de Agosto del presente año, se pagó el retroactivo correspondiente al periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre de 2019, para todos aquellos pensionados y jubilados que tuvieran derecho a este. 2.- Se realizarán las adecuaciones en los montos de las pensiones y jubilaciones en el próximo mes de Octubre, con la finalidad de incrementarlas en los términos que marca el acuerdo. El profesor José Castillo, manifiesta que en esta sesión se autoriza el pago para el mes de octubre para ajustar la nómina a cómo debe ser, asimismo solicita se realicen los cálculos para determinar el impacto financiero del incremento de pensiones y jubilaciones en 2020. Specto(sic) del último punto el Director General del Instituto señala que se realizará el análisis financiero y presupuestal para programar el pago correspondiente. ACUERDO N8°.XI-2020-SO-708. La Junta Directiva, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 104, fracciones III y XIV de la Ley 38, toma conocimiento y autoriza por unanimidad de sus integrantes, se realice el pago del punto cincuenta y cinco por ciento de los pensionados y jubilados del magisterio, así como del uno por ciento de los demás pensionados y jubilados del Instituto por concepto de ajuste de la nómina del ejercicio 2019, por el periodo de enero a septiembre de 2020. ." De lo anterior, se advierte que en el acuerdo invocado por la autoridad responsable no se solucionó lo abordado en el acuerdo N°7.III.Bis-2020-S0-700, adoptado durante la sesión ordinaria de siete de febrero de dos mil veinte, concerniente al incremento para el año dos mil veinte; de ahí que es indudable que no puede actualizarse la causa de improcedencia que invoca la responsable con apoyo en la existencia del referido acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veinte. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis 2a. CXI/96 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 219, Tomo IV, correspondiente al mes de Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Dado que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia del juicio de amparo, este juzgado de Distrito procederá a examinar la constitucionalidad de los actos reclamados, y los conceptos de violación respectivos. Conceptos de violación y estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación que hace valer la quejosa en la demanda de garantías no se trascriben con apoyo en la tesis jurisprudencial número 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, previo a dar respuesta a la litis planteada dentro del presente juicio, cabe destacar que la quejosa reclama la determinación del incremento pensionario -en lo que interesa-, que autorizó en el año dos mil diecinueve, contenida en el acuerdo siguiente: El acuerdo N° 5.1-2020-SE-705, adoptado durante la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva del ISSSTESON, el quince de julio de dos mil veinte. Atinente a la corrección del incremento para el año dos mil diecinueve. En vía de conceptos de violación la quejosa aduce sustancialmente que el Instituto responsable tomó determinaciones incorrectas de los incrementos pensionarios para el año dos mil diecinueve. Es preponderante realizar la delimitación del marco económico legal para la actualización de los montos de las pensiones y análisis del procedimiento llevado a cabo por la autoridad responsable para tales efectos. De conformidad con lo previsto en el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, así como el artículo 26 del Reglamento de pensiones del referido Instituto, el incremento anual al monto de pensión debe otorgarse considerando el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora. Así, los numerales cuya inobservancia delata la quejosa, disponen: LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA TRANSITORIOS DEL DECRETO 211: "ARTÍCULO QUINTO. Los montos de las pensiones y jubilaciones que actualmente cubre el Instituto y las que se autoricen en el futuro a los trabajadores que conforman a las generaciones actuales, se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora o, en su caso, conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores del Estado con éste, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento." REGLAMENTO DE PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA: "Artículo 26. Los incrementos en los montos de las pensiones otorgadas por el Instituto, serán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, para las generaciones futuras; para las generaciones actuales o con derechos adquiridos será en los mismos términos o conforme al aumento derivado de la negociación de los trabajadores con el Estado u los Organismos afiliados, el que sea mayor. El incremento en el salario mínimo se aplicará al monto de las pensiones a partir del día primero de enero del año correspondiente, debiéndose actualizar en los casos en que se acredite ante el Instituto un incremento mayor, en los precisos términos del acuerdo correspondiente." Como se observa, de acuerdo con los dispositivos legales recién transcritos, en relación con el artículo 59 de la Ley 38 de ISSSTESON, el derecho a la obtención de una pensión por jubilación, vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera a favor del trabajador o sus familiares derechohabientes, cuando se colman determinadas exigencias legalmente previstas para tal efecto. Además, conforme al transcrito transitorio, existen dos clases de generaciones de pensionados, las actuales y las futuras, las primeras incluyen a las personas que iniciaron su prestación laboral al servicio del Estado previo a la emisión del decreto 211, en tanto que las segundas son las que ingresaron a trabajar con posterioridad al inicio de vigencia del referido decreto (veintinueve de junio de dos mil cinco); siendo que las señaladas en primer término se incrementarán conforme al salario mínimo general vigente en esta Entidad Federativa o a la negociación de trabajadores con el Estado; el que sea mayor. Luego, a efecto de poner en contexto con la mecánica disyuntiva que prevén los numerales en cita y principalmente para poder atender con suficiente información el problema jurídico planteado en el presente juicio, debemos definir la figura denominada "salario mínimo". En ese sentido, la figura económica del salario mínimo, se puede definir como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por los trabajos que estos realizan durante un periodo determinado, misma que no puede verse disminuida ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual. La finalidad de que se establezca un salario mínimo es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones escasas y que con ello se garantice el mínimo vital de la clase trabajadora. En el sistema jurídico mexicano, la figura del salario mínimo encuentra su fundamento en el artículo 123, segundo párrafo, apartado A, fracciones VI y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los diversos 90 y 94 de la Ley Federal del Trabajo. En consonancia con tales disposiciones fundamentales y, en atención a la satisfacción de necesidades normales de un jefe de familia, cada año el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, previa realización de los estudios correspondientes, efectúa la actualización del valor del salario mínimo general y profesionales su misión es fijar y revisar los salarios mínimos generales y profesionales, procurando asegurar la congruencia entre lo que establece la Constitución Federal y las condiciones económicas y sociales del país, en un contexto de derecho del trabajador a una vida digna. Aquí, es importante hacer hincapié que la CONASAMI es un órgano constituido en la Carta Magna, cuya función, por mandato constitucional, consiste en determinar los incrementos a los salarios mínimos de acuerdo con los estudios y análisis que realice, y puede auxiliarse de comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. Por otra parte y para dar lugar a los incrementos del salario mínimo correspondientes a los años 2017, 2018, 2019 y 2020, es trascendente remitirse a la "Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por la que se crea la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales", publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil catorce, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales, en la que se creó la Comisión Consultiva para la Recuperación gradual y sostenida de los Salarios Mínimos Generales y Profesionales. Dentro de los objetivos de esta comisión destacan los siguientes: a. Proponer las bases o elementos de una política salarial que haga posible la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos generales y profesionales, en un contexto de crecimiento de la economía nacional, sustentado en el incremento de la productividad, una vez que el poder legislativo haya resuelto, en lo procedente, la desvinculación de la figura del salario mínimo de las disposiciones legales en que se le utiliza como unidad de cuenta, base o medida de referencia, lo que ha constituido una de las ataduras más importantes para que el salario mínimo avance en el cumplimiento del mandato constitucional. b. Promover la desvinculación del salario mínimo como unidad de cuenta, base o medida de referencia en las legislaciones vigentes creadas por los Congresos de las Entidades Federativas, al tener en cuenta que una nueva política para la recuperación gradual y sostenida de los salarios mínimos se establecerá a partir de haberse dado dicha desvinculación en la legislación federal; de no llevarse a cabo podría generar efectos no deseados que afecten a los trabajadores, a las empresas y a las finanzas del Estado en sus tres niveles. En la misma concordancia, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que incorporaron la utilización de la Unidad de Medida y Actualización que serviría como parámetro de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del entonces Distrito Federal, así como en cualquier otra disposición en el país. Posteriormente, para determinar los salarios mínimos para 2017, el Consejo de Representantes de la CONASAMI señaló en el considerando sexto de la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2017": "Sexto. Los estudios elaborados en el seno de la Comisión Consultiva que señalan la posibilidad de que se incrementen los salarios mínimos son los siguientes: Salario mínimo e inflación de la autoría del Banco de México, en sus consideraciones finales señala: "...requiere que la interpretación que los agentes económicos den al incremento en el salario mínimo no tenga efectos negativos sobre la formación de expectativas. Para ello, es necesario que dichos incrementos, de adoptarse, sean moderados e interpretados no como un ajuste en el costo de vida, sino como un cambio en el precio relativo de la fuerza laboral con menores percepciones." Resumen Ejecutivo de los estudios sobre Salario Mínimo y Empleo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el que se específica: "No hemos detectado efectos (ni positivos ni negativos) del salario mínimo en la distribución salarial de México. Esto no es de extrañar puesto que el salario mínimo no se ha movido de su valor real en los últimos diez años, manteniéndose a niveles muy por debajo de lo que se consideraría un salario bajo (dos tercios de la mediana). Hay por lo tanto margen para incrementar el nivel del salario mínimo en el país. Y aunque no sabemos (en agregado para la economía) el efecto que esto puede tener en el empleo, las evidencias que arrojan la reforma laboral son alentadoras: un incremento del salario mínimo, junto con políticas que palien posibles efectos negativos, pueden ser positivas para reducir la desigualdad y a la vez incrementar el empleo." Efectos del Salario Mínimo sobre la Sustentabilidad de las Empresas en México. Reporte de Investigación. Este reporte fue realizado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en él se concluye: "Lo anterior permite establecer conclusiones acotadas de acuerdo a la estimación del modelo econométrico. Primero, resulta factible un ajuste controlado del ingreso real de los trabajadores mediante la revisión del salario mínimo pero sujeto a una vigilancia y revisión permanente de la evolución de los otros factores que afectan la rentabilidad económica de las empresas." "El Informe Final, que contiene los Resultados de las Investigaciones y Estudios Efectuados y las sugerencias y estudios de los trabajadores y patrones" y sus Anexos (Estudios Técnicos), así como los Anexos Normativo y Operativo se entregaron a los solicitantes de esta información por instrucciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); por su parte, el Consejo de Representantes resolvió que toda la información señalada se hiciera del conocimiento público mediante su instalación en la página web de la Entidad. Desde el mes de noviembre del presente la información se ubicó en el siguiente sitio web de la Entidad: http:www.conasami.gob.mx" También indicó que en junio de dos mil dieciséis, el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal aseguró que - dadas las condiciones existentes, como estabilidad macroeconómica, aumento en la productividad laboral y una baja sensible en la informalidad- era posible un incremento al salario, sin embargo, no se concretó. Debido a ello, con el fin de recuperar de manera gradual y sostenida el poder adquisitivo de los trabajadores, se otorgaron dos incrementos al salario mínimo: uno denominado "Monto Independiente de Recuperación" de $4.00 pesos y otro consistente en un "incremento de fijación" de 3.9%. En relación con ello, la comisión enfatizó que el incremento del MIR de $4.00 pesos diarios correspondía al proceso de recuperación gradual y sostenido del salario mínimo general aplicable única y exclusivamente para beneficio de los trabajadores asalariados, inaplicable para los salarios mínimos profesionales, a quienes únicamente les correspondía el 3.9% denominado "incremento de fijación". También acentuó que el propósito del MIR era que los trabajadores asalariados que percibían un salario mínimo general recuperaran el poder adquisitivo; lo que únicamente se cumplía cuando tenían un aumento adicional que no repercutiera en los precios de los bienes y servicios que consumen las familias en las que existe por lo menos un trabajador que percibe el salario mínimo general. A su vez, dentro de la misma resolución, los sectores obrero y empresarial reiteraron que el incremento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial, no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país. Por tanto, las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad de las partes, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos productivos, de manera tal que los incrementos otorgados no sean ni techo ni piso para la determinación de los salarios de los mexicanos. Finalmente, en el resolutivo segundo la CONASAMI concluyó: "SEGUNDO. El salario mínimo general que tendrá vigencia a partir del 1o. de enero de 2017 en el área geográfica a que se refiere el punto resolutorio anterior, se integra por tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente en 2016, $73.04 pesos diarios; segundo, el Monto Independiente de Recuperación (MIR), $4.00 pesos diarios y, tercero, el incremento de 3.9% sobre la suma de los dos componentes anteriores, $3.00 pesos diarios, lo que arroja un monto de $80.04 pesos diarios como cantidad mínima que deben recibir en efectivo los trabajadores por jornada diaria de trabajo." Un año después, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1o. de enero de 2018" se reiteraron los factores del MIR y el porcentaje de aumento de la fijación salarial, tal como se expuso en el considerando cuarto: "CUARTO. De acuerdo con la Resolución del H. Consejo de Representantes de esta Comisión Nacional que revisa los salarios mínimos generales y profesionales vigentes desde el 1o. de enero de 2017 y establece los que habrán de regir a partir del 1o. de diciembre de 2017, el Consejo determinó actualizar el monto del salario mínimo general, otorgándole un incremento mediante el mecanismo de Monto Independiente de Recuperación (MIR) de $5.00 pesos diarios, para llevar el salario mínimo general a un monto de $85.04 pesos diarios, sobre el cual se otorgó de manera anticipada el incremento correspondiente a la fijación salarial que entrará en vigor el 1o. de enero de 2018 de 3.9%, con lo cual el salario mínimo general que estará vigente a partir del 1o. de diciembre de 2017 será de $88.36 pesos diarios." En dicha resolución se insistió que el MIR es una cantidad absoluta en pesos, cuyo objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general; y bajo ninguna circunstancia debía servir, ni en términos absolutos ni de manera proporcional, de referente para determinar los incrementos de los salarios mínimos profesionales, contractuales o de cualquier otro salario vigente en el mercado laboral. Asimismo, los sectores obrero y empresarial resaltaron que el aumento al salario mínimo general, tanto en lo que corresponde al MIR como al porcentaje de incremento de la fijación salarial no debía ser referente para definir los aumentos de los demás trabajadores asalariados del país y que las negociaciones de los salarios contractuales debían realizarse con la mayor libertad, dentro de las condiciones específicas de cada empresa, tomando en cuenta su productividad, competitividad y la imperiosa necesidad de generar empleos remunerados. Asimismo, para el año dos mil dos mil diecinueve, en la "Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos general y profesionales vigentes a partir del 1 de enero de 2019.", en relación con la tabla de salarios mínimos publicados, se conoció que el salario mínimo para la zona general se compondría de un MIR por la cantidad de $9.43, y un porcentaje fijo del 5%. Luego mediante el dictado de la resolución que se difunde a través del Diario Oficial de la Federación, para el año dos mil veinte, se divulgó a través del mencionado medio de difusión oficial, esencialmente lo que a continuación se transcribe: "SE RESUELVE: PRIMERO. Para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá dos áreas geográficas:  El área geográfica de la "Zona Libre de la Frontera Norte", integrada por los siguientes municipios: Ensenada, Playas de Rosarito, Mexicali, Tecate y Tijuana, en el Estado de Baja California; San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales, Santa Cruz, Cananea, Naco y Agua Prieta, en el Estado de Sonora; Janos, Ascensión, Juárez, Práxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, en el Estado de Chihuahua; Ocampo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Piedras Negras, Nava, Guerrero e Hidalgo, en el Estado de Coahuila de Zaragoza; Anáhuac, en el Estado de Nuevo León; y Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros, en el Estado de Tamaulipas.  El área geográfica del "Resto del país", integrada por el resto de los municipios del país y las alcaldías de la Ciudad de México que no fueron listadas en el punto anterior y conforman la República Mexicana. SEGUNDO. En esta ocasión en términos generales para efectos de la fijación del salario mínimo se integran tres componentes: primero, el monto del salario mínimo general vigente a partir del 1° de enero de 2019; segundo, un Monto Independiente de Recuperación que se suma al monto del salario mínimo vigente anterior; y, tercero, un factor de aumento por fijación igual a 5% que se aplica a la suma del salario mínimo vigente anterior y al MIR; en la fijación del salario mínimo de la Zona Libre de la Frontera Norte no se aplicó el identificado como Monto Independiente de Recuperación. TERCERO. Los salarios mínimos generales que tendrán vigencia a partir del 1° de enero de 2020 será de 185.56 pesos diarios por jornada diaria de trabajo en el área geográfica de la Zona Libre de la Frontera Norte, cuyo incremento corresponde únicamente a la fijación del 5%. Para el Resto del país el salario mínimo general será de 123.22 pesos diarios por jornada diaria de trabajo, cuyo incremento corresponde a 14.67 pesos de MIR más 5% de incremento por fijación. Éstos serán los que figuren en la Resolución de esta Comisión que serán publicados en el Diario Oficial de la Federación como cantidad mínima que deberán recibir en efectivo las y los trabajadores." Así, lo resuelto en la resolución en cita, relativo a los incrementos de los últimos cuatro años, se resume de la manera siguiente: Año Salario Anterior MIR Salario Mínimo + MIR Incremento de fijación salarial Nuevo Salario Publicación en el Diario Oficial de la Federación 2017 $73.04 + $77.04 (x) = 19/12/2016 $4.00 3.90% $80.04 2018 $80.04 + $85.04 (x) = 21/12/2017 $5.00 3.90% $88.36 2019 $88.36 + $97.79 (x) = 26/12/2018 $9.43 5.00% $102.68 2020 $102.68 + $117.35 (x) = 23/12/2019 $14.67 5.00% $123.22 De la mecánica de los cuatro años mencionados, se advierte que al salario mínimo del año anterior, se le suma el MIR que la CONASAMI determinó, y la cantidad resultante se multiplica por el porcentaje de incremento salarial, cantidad que se adiciona y resulta en un nuevo salario final. Así, a diferencia de años previos, las resoluciones que fijaron el salario mínimo general vigente para los años 2017, 2018, 2019 y 2020, innovaron en la forma de cuantificarlos, pues incorporaron previo al porcentaje habitual, un monto fijo en pesos que se le denominó MIR. Ciertamente, la CONASAMI determinó que el MIR: 1) Es una cantidad absoluta en pesos. 2) Su objetivo es única y exclusivamente contribuir a la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo general. 3) No debe ser utilizado como referente para fijar incrementos de los demás salarios vigentes en el mercado laboral (salarios contractuales, federales y de la jurisdicción local; salarios diferentes a los mínimos y a los contractuales; salarios para servidores públicos federales, estatales y municipales; y demás salarios del sector informal). 4) Podrá ser aplicado en los procedimientos de revisión salarial o fijación salarial, en términos del artículo 570 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, una vez delineado el marco económico legal del valor referente que de acuerdo con el quinto transitorio del Decreto 211 de la Ley 38 que rige al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, debe tomarse en cuenta para la actualización de los montos de las pensiones, procede atender los conceptos de violación expresados por la parte quejosa en relación a la constitucionalidad de los incrementos en la pensión. En primer orden se consideran infundados los conceptos de violación que plantea la parte quejosa en relación con el acuerdo N°5.1-2020-SE-705, emitido durante la sesión extraordinaria celebrada con fecha quince de julio de dos mil veinte (corrección al incremento de la pensión del año dos mil diecinueve). En efecto, en vía de concepto de violación la quejosa aduce sustancialmente que el Instituto responsable omitió incrementar el monto pensionario aplicando los parámetros establecidos en el artículo quinto transitorio del Decreto 211, conforme a la interpretación más favorable. Tal motivo de disenso resulta infundado en la parte en la que aduce que en el acuerdo reclamado la autoridad responsable no actualizó conforme al porcentaje de aumento correspondiente al salario mínimo, para emitir el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte; sin embargo, el incremento autorizado en el citado acuerdo es el correcto, como a continuación se verá. En efecto, la autoridad responsable tomó como fundamento principal para determinar el monto en el que se incrementaría la pensión a los jubilados del magisterio para el ejercicio de dos mil diecinueve, las diversas sentencias que han sido emitidas por los Juzgados de Amparo y por los Tribunales Colegiados de este Quinto Circuito al resolver los juicios y recursos de revisión interpuestos en relación al tema, en las que se estableció que posterior a realizar el análisis conducente, el incremento para el ejercicio mencionado sería de 5%. No obstante lo anterior, se arriba a la conclusión que su motivo de inconformidad, es infundado, en virtud de que como se analizó en el considerando que antecede, el incremento que corresponde al ejercicio de dos mil diecinueve, se determinó en un 5% y no el pretendido por la parte quejosa. Lo anterior, pues la parte quejosa sustancialmente reclama que la autoridad responsable no estuvo en lo correcto al emitir el acuerdo reclamado, al considerar que el aumento del salario mínimo -para el año dos mil diecinueve- sólo fue del cinco por ciento (5%), puesto que no refleja el concepto real en que aumentó el concepto para ese año, con relación al anterior, pues el incremento al salario mínimo era del dieciséis punto veinte por ciento (16.20%). En esencia, en sus conceptos de violación indica que el problema en el acuerdo adoptado por la autoridad responsable radica en que fue emitido dotando de un alcance restringido al parámetro del salario mínimo vigente en Hermosillo, pues el considerar que el porcentaje en que éste había aumentado era el equivalente sólo a uno de sus tres componentes que integran el concepto de salario mínimo general, excluyendo de esa manera lo relativo al monto del salario mínimo general vigente en el año inmediato anterior y al Monto Independiente de Recuperación (MIR). Sin embargo, contrario a lo que la parte quejosa plantea, el elemento - porcentaje-, se obtiene de las propias Resoluciones del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, donde se fijan los salarios mínimos general y profesionales para el año que corresponda o en las tablas de dicha comisión, en las que se publican tales aumentos, y en los cuales se señala el porcentaje específico de incremento al salario mínimo. En la resolución que fijó el salario mínimo general para el año 2019, la CONASAMI únicamente autorizó - en proporción a la inflación- un aumento al salario mínimo general para todo el país - incluyendo Hermosillo- del 5%. De esta manera, el porcentaje en que aumentó el salario mínimo general en la zona de Hermosillo para el ejercicio dos mil diecinueve, fue del 5%, y no del 16.20% como refiere la parte quejosa en la demanda, por tal razón, acorde a los artículos 59 y quinto transitorio de la Ley del ISSSTESON, el porcentaje que debe considerarse en que incrementó el salario mínimo general para la zona de Hermosillo es del 5%. Porcentaje que como se observa del propio acuerdo de quince de julio de dos mil veinte (reclamado en el presente juicio de derechos humanos), fue el que se ordenó aplicar de forma general como incremento a los pensionados para el ejercicio de dos mil diecinueve y que se reitera en el acuerdo celebrado en la diversa sesión ordinaria número 708 de treinta de septiembre de dos mil veinte, en la que se acordó la forma de pago retroactivo en relación al ejercicio de 2019, tomando como base el 5%, lo que se advierte del acta que obra en autos correspondiente a dicha sesión. Por ende, la autoridad responsable regularizó lo relativo al porcentaje que corresponde respecto del incremento a la pensión de la parte quejosa, aplicándole el 5% que corresponde, atendido formalmente los parámetros establecidos por el legislador estatal en los artículos 59 y quinto transitorio del decreto 211 de la Ley del ISSSTESON, habida cuenta que lo realizó al especificar en el acta de quince de julio de dos mil vente, que emitía la adecuación del incremento atendiendo al sentido de las múltiples ejecutorias de amparo, en las que se realizó el análisis conducente y donde se especificó el incrementó que correspondería para ese año. Considerar lo contario implicaría aceptar de facto que la cuota pensionaria diaria se eleve en función del MIR, y una vez actualizada, podría aplicarse el porcentaje de aumento del salario mínimo, lo que es jurídicamente inaceptable. Bajo ese contexto resulta inexacto el planteamiento en el que la parte quejosa afirma que el salario mínimo aumentó el 16.20%, pues como se vio, el incremento relativo sólo fue del 5%, en la inteligencia que lo demás corresponde al concepto denominado MIR, cuya naturaleza y reglas de operatividad son incompatibles con el sistema pensionario elegido por el legislador sonorense. Por ello, el acuerdo de quince de julio de dos mil veinte, donde se regularizó el incremento para el ejercicio 2019, arribando al porcentaje ya indicado (5%) está ajustado a las cantidades que se encuentran plenamente establecidas para el tema en particular. En virtud de lo expuesto, resulta infundado el concepto de violación en la parte en la que se establece que en el acuerdo impugnado no se atendieron las previsiones establecidas en los artículos 59 y quinto transitorio del decreto 211 de la Ley del ISSSTESON, para arribar a la cantidad que corresponde al incremento en la pensión para el año dos mil diecinueve, pues con independencia de los motivos que tomó la autoridad responsable para concluir que el porcentaje que debe considerarse para el incremento de la pensión es el 5%, es ese el porcentaje correcto que se debe considerar para el año dos mil diecinueve, y no el 16.20% como lo refiere la parte quejosa. Consecuentemente, ante lo infundado del concepto de violación expresado por la quejosa con relación al acuerdo N°5.1- 2020-SE-705 de fecha quince de julio de dos mil veinte, lo que procede es negar a la parte quejosa el amparo solicitado. En otro aspecto, cabe destacar que, contrario a lo que pretende el quejoso, la interpretación de las normas que derivan del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene por efecto soslayar las reglas que imperan en el juicio de amparo o lo previsto en la legislación aplicable en cuanto al fondo del asunto. En efecto, si bien la reforma a los artículos 1 y 103, fracción I, de la Constitución Federal, en relación a los derechos humanos y a la interpretación más favorable a la persona, implicó un cambio en el sistema jurídico mexicano; también lo es que dicha circunstancia no tiene el alcance de que los juzgadores soslayen las reglas que rigen el juicio de amparo o la inobservancia de las normas jurídicas en cuanto al fondo del asunto, es decir, que dejen de cumplir con sus atribuciones y facultades. Por tanto, al no encontrar sustento jurídico lo argumentado por la parte quejosa, pues como ya se dijo, no hay en el ordenamiento jurídico estatal precepto normativo alguno que permita la variación de la pensión en los términos que pretende la peticionaria de amparo, ello no significa que se transgreda en su perjuicio los derechos de legalidad y previsión social. En atención a la jurisprudencia 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, página 906, Décima Época, materias Constitucional, Común, con registro digital 2004748, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." En otro aspecto, se hace la acotación de que la parte quejosa se duele de que las autoridades responsables efectuaron el pago de las diferencias derivadas del incremento pensionario autorizado en el ejercicio fiscal contenido en el acuerdo que reclama y las describe como incorrectas, partiendo de la premisa de que el incremento que se le realizó a su pensión es menor al que en su opinión le corresponde. Sin embargo, atendiendo a lo arribado en la presente sentencia, al determinarse que no le agravian los porcentajes acordados por la autoridad como incremento para el ejercicio 2019, es que deviene ineficaz el argumento vertido en ese aspecto. En cuanto a ello expone que el pago de las citadas diferencias le fueron realizados sin estar debidamente actualizadas. En apoyo a sus manifestaciones cita la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS." Ahora, en este criterio que invoca la parte quejosa en apoyo a sus manifestaciones, se hace referencia a que cuando el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas. En el caso particular, no se advierte que la parte quejosa se hubiera inconformado, en principio, ante el propio Instituto, por no haber recibido el pago por concepto de "retroactivo" y de lo cual tuvo conocimiento, y no fue debatido con las probanzas idóneas por la impetrante, salvo con las manifestaciones plasmadas en la demanda. Sobre ese particular, no debe perderse de vista que los actos de autoridad se presumen legales salvo prueba en contrario. Por lo tanto, si la parte quejosa afirma que los porcentajes que en derecho le corresponde son distintos a los considerados y entregados por la autoridad, pues a su parecer no fueron entregados de forma actualizada; entonces a ella le correspondía demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por el Instituto demandado, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba sea compartida. De ahí lo ineficaz de sus argumentos en relación a ese tópico. En lo conducente, se invoca el criterio contenido en la tesis I.5o.A.15 A (10a.) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 68, correspondiente al mes de Julio de 2019, Tomo III, página 2138, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PENSIONES OTORGADAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS DEBE SER COMPARTIDA ANTE LA INSISTENCIA DEL ACTOR EN CUANTO A QUE EXISTE UN CÁLCULO INCORRECTO. De conformidad con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 2a./J. 93/2013 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN DEL ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA DE SUS INCREMENTOS EN EL JUICIO DE NULIDAD.", corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado probar los hechos en que motiva el contenido de la resolución expresa o de la que originó la negativa ficta impugnada, respecto del cálculo correcto y pago de los incrementos a la pensión jubilatoria, cuando el pensionado lo niegue lisa y llanamente; no obstante, si de las pruebas exhibidas por el instituto demandado se colige que éste aplicó los incrementos pensionarios respectivos conforme al régimen legal aplicable, y el actor insiste en que existe un cálculo incorrecto, al afirmar que los porcentajes que en derecho le corresponden son distintos a los considerados por la autoridad, entonces a aquél corresponde demostrar sus aseveraciones, a fin de desestimar la veracidad de los porcentajes reportados por ésta, lo que trae como consecuencia que la carga de la prueba en ese caso sea compartida." Decisión En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados por la quejosa en relación con el acuerdo N°5.1-2020-SE-705 de fecha quince de julio de dos mil veinte, concerniente al incremento de la pensión para el año dos mil diecinueve, lo que procede es negar al quejoso el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Eleazar Murillo Ramírez, respecto del acto reclamado a la autoridad señalada en los considerandos II y III del presente fallo, por las razones expuestas en el apartado V. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, autorizada en términos del oficio CCJ/ST/3437/2022, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, tres de agosto de dos mil veintidós. Culminación del plazo de ampliación. Visto lo de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa en auto de seis de julio del año en curso, para que ampliara la demanda respecto de un nuevo acto reclamado, sin que realizara manifestación alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la determinación de referencia y se continúa el juicio por la autoridad responsable y acto señalado en su escrito inicial de demanda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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