Eleodoro Angulo Tacho
Expediente 1395/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1395/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Eleodoro Angulo Tacho
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de enero de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cinco de diciembre de dos mil veintidós. Cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio y anexo remitidos por la presidente y el actuario, ambos adscritos a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, mediante los cuales atiende el requerimiento efectuado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tienen por ofrecidas las documentales que anexan dichas autoridades, a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las cuales se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de las documentales agregadas, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Por ende, la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por sustitución; y, b) Por revocación. El primer supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. El segundo supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. En el caso a estudio, respecto a los actos reclamados se actualizan ambas hipótesis antes reseñadas, cuestión que se expone a continuación. En el caso, con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa se hacen consistir en lo siguiente: En cuanto a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora se reclama lo siguiente: " A).- De la JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE SONORA, los acuerdos dictados por la responsable con motivo del nuevo señalamiento de fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en litigio, relativas a la CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS en principio, a cargo de ********************, ******************** (DE QUIEN SU NOMBRE REAL Y COMPLETO ES ********************) Y DE ********************, así como para la CONFESIONALES ofrecidos por ambas partes, LAS TESTIMONIALES y la INSPECCIÓN DE NUESTRA PARTE tanto de la parte actora como de la demandada en el juicio principal, y que se hacen consistir en los acuerdo del 4, 5 y 6 de octubre del año 2022 en curso, ya que señala de manera exagerada la fecha para el desahogo de las mismas para el día 09 y .10 de marzo del año 2023, acuerdos dictados dentro del expediente ******************** y que viene a constituir precisamente el acto reclamado." -Lo resaltado es de este juzgado- Por lo que se refiere al actuario adscrito a la Junta apenas mencionada se reclama lo siguiente: " (.) Del ACTUARIO NOTIFICADOR, la omisión o falta de notificación a las partes y los testigos en la causa laboral de origen, relativo a los acuerdos dictados por la responsable con motivo del nuevo señalamiento de fechas para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes en litigio, relativas a la CONFESIONAL PARA HECHOS PROPIOS a cargo de ********************, ******************** (DE QUIEN SU NOMBRE REAL Y COMPLETO ES ********************) Y DE ********************, así como para la CONFESIONALES ofrecidos por ambas partes, LAS TESTIMONIALES y la INSPECCIÓN DE NUESTRA PARTE tanto de la parte actora como de la demandada en el juicio principal (.)" -Lo resaltado es de este juzgado- En relación con el acto a) se provee lo siguiente: Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables, aceptaron la existencia del reclamo constitucional, pues así se advierte de dicho informe. No obstante lo anterior, estas exhibieron copia certificada del acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós, dictado en el juicio de origen, del que se denota que, señaló nueva fecha para el desahogo de los medios de prueba precisados con anterioridad, con lo que reemplazó dicha irregularidad; para mayor ilustración, se reproducen en la siguiente tabla las fechas designadas por la Junta responsable: Prueba admitida Autoridad o persona a cargo Fecha designada para su desahogo conforme al acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintidós Confesional por posiciones ******************** Ocho horas con treinta minutos del veinticinco de enero de dos mil veintitrés Confesional por posiciones ******************** Una vez llevada a cabo la diligencia que antecede Confesional por posiciones ******************** Una vez llevada a cabo la diligencia que antecede Confesional por posiciones ******************** Una vez llevada a cabo la diligencia que antecede Testimonial ******************** Ocho horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil veintitrés Testimonial ******************** Ocho horas con treinta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintitrés Testimonial ******************** Ocho horas con treinta minutos del treinta de enero de dos mil veintitrés Inspección y fe judicial ******************** Nueve horas con treinta minutos del treinta y uno de enero de dos mil veintitrés De ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (diecisiete de octubre de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejaron insubsistentes las datas fijadas para las aludidas probanzas, en los autos reclamados de cuatro, cinco y seis de octubre de dos mil veintidós, en los cuales, según las manifestaciones de la parte quejosa, fijó para su desahogo los días nueve y diez de marzo de dos mil veintitrés. Cuestiones que se corroboran del apéndice que acompañan al informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que las fechas determinadas en los autos reclamados de cuatro, cinco y seis de octubre de dos mil veintidós, fueron sustituidas por el acuerdo de treinta y uno de octubre del mismo año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de las multireferidas probanzas , sin prejuzgar sobre el acatamiento a lo dispuesto en dicho numeral, en relación con los plazos establecidos en la ley obrera, y que debe atender la Junta una vez recibida la demanda. Con respecto al acto indicado como b), se acuerda lo siguiente: Por lo que respecta al acto reclamado que aquí se analiza, este debe tenerse por cierto, toda vez que las notificaciones realizadas a los deponentes ********************, ******************** (de quien su nombre real y completo es ********************) y de ********************, fueron llevadas a cabo con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo; tal y como se relatará en seguida: Previo requerimiento de constancias, la presidente y el actuario, ambos adscritos a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, remitieron, en el oficio de cuenta, lo concerniente a las notificaciones efectuadas por el actuario a los testigos referidos en líneas anteriores, todas de treinta de noviembre de dos mil veintidós (posterior a la fecha de presentación de la demanda de amparo). Ahora bien, de todo lo anterior se colige que aquellos autos en los que se había señalado fechas lejanas para el desahogo de diversas probanzas, que irrogaba perjuicio al quejoso, fue sustituido procesalmente por un auto diverso, con el que se restituyó al peticionario en el goce del derecho conculcado; en tanto que la notificación de los atestes, el actuario responsable acató la orden de la Junta de trabajo y notificó a estos. De ahí, que con tales actuaciones efectuadas por las responsables, se actualiza la causal de improcedencia analizada, pues cesaron los efectos de los reclamos constitucionales precisados como a) y b), en los supuestos de sustitución y revocación, respectivamente. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI.2o. J/339, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Número 83, Noviembre 1994, Octava Época, página 70, que expresa: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando a resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Audiencia constitucional sin efectos. En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional en el juicio en que se actúa -once horas con cinco minutos del diecinueve de diciembre del año en curso-. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajusten a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado y anexos presentados por la presidente y el actuario, ambos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, dese vista a las partes con su contenido. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexan, sin perjuicio de relacionarlas durante la audiencia constitucional que se celebre en el presente juicio. Luego, de las constancias adjuntas a dicho informe, se denota que las autoridades responsables mencionadas, omitieron anexar las constancias relativas a la notificación de los atestes Gilberto Encinas Soto, Gisela Félix y Alfredo Santos, en el juicio laboral de origen 3274/18JE1 del índice de la Junta responsable. Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a las citadas autoridades responsables, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, exhiban las constancias mencionadas en el párrafo precedente. O bien, hagan saber a este juzgado la imposibilidad que tenga para ello, esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se les impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las once horas con cinco minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el secretario de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de treinta de septiembre de dos mil veintidós, de la que se advierte que en el amparo en revisión administrativo 440/2022, el órgano plenario, resolvió: "[.] Primero. Se confirma la sentencia pronunciada el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno, por el juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto 1316/2021. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Arcelia Placencia López contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisados en el resultando primero de esta ejecutoria [.]" Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria de mérito, así como los autos originales del juicio de amparo 1316/2021 del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de revisión. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, toda vez que mediante resolución constitucional emitida el veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus atribuciones: Provean los mecanismos para que de resultar procedente, realicen el pago inmediato de la cantidad autorizada por concepto de fondo de pensiones (indemnización global). Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento que hayan dado a la ejecutoria de amparo, esto es, remitan las constancias que acrediten el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente sumario -cuyos efectos se precisaron previamente-. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo sin causa justificada, se les impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la ley de la materia, y se remitirá el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Apoyan a lo anterior las tesis de rubros siguientes: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO." y "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese; por oficio al órgano colegiado, así como a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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