Eleazar Fontes Moreno

Expediente 1350/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1350/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
24/02/2023

Partes del expediente

  • Eleazar Fontes Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el secretario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en sesión de diez de febrero de dos mil veintitrés, de la que se advierte que en la materia de la queja civil ********************, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el auto de once de octubre de dos mil veintidós, emitido por el Juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, en el juicio de amparo indirecto ********************." Acúsese el recibo de estilo del testimonio de ejecutoria pronunciado en la queja civil ********************, del control del oficiante, así como los autos originales del juicio de amparo ******************** del propio índice. Glósense las constancias originales que formen parte del expedientillo formado con motivo del recurso de queja y, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio vía interconexión al órgano plenario. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Admite recurso de queja. Glósese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, con el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja, interpuesto en contra del auto de once de octubre pasado dictado en el presente sumario; asimismo, comunica que dicho medio de impugnación fue radicado con el toca 150/2022, de su índice. Vinculación de expediente. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, a fin de que vincule el presente asunto con el toca del órgano colegiado de referencia, para privilegiar el trámite electrónico. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Violeta Ybarra Escalante, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veinte de octubre de dos mil veintidós. Admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, mediante el cual se informa que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, por conducto de su autorizado legal, en contra de la sentencia dictada en el presente asunto; asimismo, que dicho medio de impugnación fue radicado con el número de toca 961/2022. Por otro lado, se comisiona a la oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, a fin de que efectúe la revisión correspondiente en el sistema electrónico y, en caso de que no se encuentre vinculado el presente asunto con el toca del tribunal de alzada, efectúe el trámite respectivo en el expediente electrónico, para los efectos legales del caso. Cúmplase. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintidós. 1. Recepción. Visto el escrito de demanda con el que se da cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Eleazar Fontes Moreno, se observa que acude ante esta instancia constitucional contra actos que atribuye al juez Segundo Oral de lo Mercantil "A", de esta ciudad, consistente en la determinación de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente 953/2020, de su índice, con la cual proveyó respecto de la declaración de la caducidad de la instancia solicitada por el aquí quejoso en autos del juicio de origen. Del examen del escrito de demanda de derechos humanos y su aclaración, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los citados numerales relacionados a su vez con los diversos artículos 61 fracción XXIII, y 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se advierte que debe desecharse por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En ese tenor, los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (...) --- b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y (...)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que se refieren al juicio de amparo promovido contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, además establecen que el juicio de amparo indirecto procede contra actos dictados dentro de dicho procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.2o.C.18 K, que dice; JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. En efecto, se considera que en la legislación existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior. Sin embargo, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente. Es así, pues de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en su artículo 107, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Es decir, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo contra la sentencia definitiva, que es donde estas pueden producir una afectación. En esos términos, el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, los actos intraprocesales o violaciones procesales, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no reúnen los requisitos que establece el ordinal 107, fracción III, inciso b) de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales para poder considerarlos como una cuestión de imposible reparación. Ahora bien, la interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, que tutela la Constitución, como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, entre otros, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. En tanto que los actos de ejecución reparable, o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tutela para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la jurisprudencia I.A.E.J/5 (10ª), registro 2011338, en Materia Común, visible en la página 1902, Libro 29, Abril de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPRABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución." Asimismo la diversa tesis jurisprudencial IV.2o.C. J/2 (10ª), registro 2006338, en Materia Común, visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De lo anterior, se evidencia que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Al dictar el auto de veintiuno de septiembre del presente año, en el juicio oral mercantil 953/2020, del índice del juez responsable, en el que dicha autoridad negó declarar la caducidad de la instancia solicitada por la parte demandada -aquí quejosa-, sólo puede afectar derechos procesales del promovente, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, pues si el acto reclamado, ocasionó que no se decretara la caducidad de la instancia y por ende, se continúe con la substanciación del juicio de origen, es evidente que los efectos de tal determinación no se traducen al exterior del procedimiento en el que se dictó, pues como se dijo, sus consecuencias se relacionan con permitir la prosecución procesal de la contienda natural, para que en su caso, el juez responsable dicte en el momento procesal oportuno la resolución definitiva correspondiente, en la cual podría incluso abordar nuevamente el estudio relativo a la caducidad en el procedimiento. Robustece lo anterior la tesis III.2o.C.42 K (10ª), registro 2022858, en Materia Común, visible en la página 2973, Libro 84, Marzo de 2021, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que textualmente dice: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE SI SE RECLAMA LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO DE ORIGEN EN TODAS SUS ETAPAS PROCEDIMENTALES Y LA QUEJOSA ARGUMENTA QUE ES ADULTA MAYOR, CUYA EDAD SUPERA LA ESPERANZA DE VIDA PROMEDIO. De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio, cuando sus efectos sean de imposible reparación. En este sentido, si lo que se cuestiona no es propiamente la sentencia de segunda instancia que revoca la de primer grado que declaró la caducidad de la instancia, sino su consecuencia, es decir, la continuación del juicio de origen en todas sus etapas procedimentales hasta que se dicte la resolución correspondiente, entonces, el juicio de amparo es improcedente en términos de dicho precepto, por incidir en cuestiones meramente adjetivas o intraprocesales y no sustantivas. Lo anterior, aunado a lo argumentado por la quejosa en el sentido de que se transgreden sus derechos sustantivos, porque como adulta mayor, con una edad superior a la esperanza de vida promedio en México de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el hecho de someterla a la continuación de la contienda implica una alta probabilidad de morir antes de la resolución definitiva. Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por ésta, el acto reclamado carece de una ejecución susceptible de afectar en lo material, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General. Por otro lado, la naturaleza y efectos adjetivos del acto reclamado analizados por el Juez de Distrito en el auto recurrido y, por consiguiente, las reglas de procedencia del juicio de amparo no cambian por la circunstancia de ostentarse la recurrente como una adulta mayor de edad y haber rebasado la edad de vida promedio de las mujeres de acuerdo con el portal del INEGI, pues no puede considerarse el tiempo invertido para la tramitación del juicio por todas sus etapas como un acto de imposible reparación, antes bien, la regulación del sistema procesal del juicio de amparo implica fijar plazos, requisitos, momentos de oportunidad, entre otros, que no deben estimarse como una mera formalidad, sino como una necesidad operativa insoslayable, porque permiten que dicho sistema no se sature y cumpla con su función: salvaguardar los derechos de quienes acuden ante los tribunales para solucionar sus disputas mediante un trato imparcial e igualitario, lo cual abona al orden y la paz social. Sobre esta base, el "desgaste" de las partes durante la tramitación del juicio no impacta en derechos sustantivos porque, de hacerlo, toda controversia produciría ese tipo de afectación, pues en todas ellas se presenta este fenómeno y a pesar de existir mayor probabilidad de que una persona cuya edad supera la esperanza de vida fallezca antes que un adulto joven, ello constituye una suposición de índole subjetiva, lo cual no debe incidir en la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción V, citado, ni puede influir en lo sustantivo o no de los efectos intraprocesales de un acto analizado objetivamente, so pena de impactar negativamente en el principio de justicia igualitaria, rector del juicio de amparo." (Énfasis propio) Así las cosas, el acto reclamado no causa a la parte quejosa, un perjuicio de imposible reparación, para los efectos del amparo, ya que la sentencia que se pronuncie en el juicio oral mercantil 953/2020, puede serle favorable, y las violaciones procesales desaparecerán sin dejar huella en su esfera jurídica, y sólo trascenderán en el caso de que la sentencia fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele, deberá de combatirla mediante el juicio de amparo correspondiente. Consecuentemente, en la especie se actualiza, de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el dispositivo 113 transcrito, se desecha el escrito de demanda en estudio. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Domicilio. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. 5. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda el promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. Además, como lo solicita, se tiene por autorizado a la persona que señala en último término en la demanda que se atiende, para los efectos que señala. 6. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 7. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 8. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 9. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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