Eleazar Escarcega Sabori
Expediente 806/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Eleazar Escarcega Sabori
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, tres de agosto de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la legitimada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Capturas. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a la parte promovente a fin de que solicite la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, misma que este juzgador le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 194/21JE1, en el que se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, negó la existencia del reclamo constitucional, sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues el presidente de la Junta de Trabajo, manifestó que desde el veintisiete de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se duele el quejoso, a saber, para las nueve horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de nueve de junio de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompaña el informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de nueve de junio de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de veintisiete del mismo mes y año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de la audiencia en comento. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la multicitada audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido en el arábigo 873 de la ley obrera, data que fue suplida como se plasmó con anterioridad, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable se sustituyó la violación reclamada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con cincuenta y seis minutos del once de julio del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de julio de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al expediente el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la referida legislación, se tiene por ofrecida la documental que anexa dicha autoridad, misma que este juzgador le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202, del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de la cual se advierte la actualización de una causal de improcedencia. Sobreseimiento por cesación de efectos. Del análisis del oficio recibido, así como de la documental agregada, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En efecto, dicha porción normativa dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]." En efecto, en el caso sobreviene la causa de inejercitibilidad prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos de los actos reclamados se destruyen en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelven al estado anterior de la violación de garantías, como si los actos no hubiesen irrumpido en la esfera jurídica del quejoso o, en su defecto, no hayan dejado huella alguna. De igual modo, el Máximo Tribunal del País sostuvo el criterio de que la cesación de efectos de los actos reclamados, puede suscitarse por haberse sustituido procesalmente por otro, que puede darse con motivo de un medio ordinario de defensa o de autocontrol, sea vertical u horizontal, que se traduce en la acción de una autoridad como facultad legal para modificar, confirmar o revocar la resolución reclamada, de modo que la resolución recaída a la impugnación sustituye al acto recurrido. En ese orden de ideas, de manera genérica la cesación de efectos consiste en la desafectación a la esfera jurídica del quejoso, generalmente realizada por las autoridades responsables, al detener su actuación o abstención, lo cual significa, no sólo la detención definitiva de los actos autoritarios, sino la desaparición de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto. Así, es factible considerar que la cesación de efectos de los actos reclamados en el juicio de amparo tiene lugar al actualizarse cualquiera de los supuestos siguientes: a) Por revocación; y, b) Por sustitución. El primer supuesto (revocación( se actualiza cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto, de manera tal que los efectos de este, se destruyan total e incondicionalmente, y por ende, las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; en otras palabras, que las cosas se restituyan tal como si se hubiera otorgado al quejoso el amparo que solicitó. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o bien habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la inconstitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos ni lo surtirá, y que tampoco dejó huella en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. El segundo supuesto (sustitución( se presenta por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. En el caso a estudio, respecto al acto reclamado se actualiza la segunda de las hipótesis antes reseñadas. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado por la parte quejosa se hace consistir en: El acuerdo de nueve de junio de dos mil veintidós dictado por la Junta responsable en el juicio laboral 194/21JE1, en el que se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Al rendir su informe justificado, el presidente de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, negó la existencia del reclamo constitucional, sin embargo, debe desvirtuarse dicha negativa y tenerse por cierto el reclamo de la parte quejosa, pues el presidente de la Junta de Trabajo, manifestó que desde el veintisiete de junio de dos mil veintidós dictó un auto, en el que se señaló nueva fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones que se duele el quejoso, a saber, para las nueve horas con treinta minutos del quince de agosto de dos mil veintidós, con lo que reemplazó dicha irregularidad; de ahí, que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (quince de junio de dos mil veintidós), existiera como cierto lo manifestado por el quejoso en su demanda. Por ende, se dejó insubsistente la data fijada para la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el citado auto reclamado de nueve de junio de dos mil veintidós. Cuestión que se corrobora del apéndice que acompaña el informe de cuenta. Sentado lo anterior, se concluye que en la especie se actualiza la causal de improcedencia en estudio, en virtud de que la fecha determinada en el auto reclamado de nueve de junio de dos mil veintidós, fue sustituida por el acuerdo de veintisiete del mismo mes y año, en el que se señaló distinto día y hora para el desahogo de la audiencia en comento. En ese orden de ideas, si la afectación aducida por la parte quejosa radicaba en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la multicitada audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo establecido en el arábigo 873 de la ley obrera, data que fue suplida como se plasmó con anterioridad, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad examinada, toda vez que con el actuar de la responsable se sustituyó la violación reclamada, lo que torna improcedente su estudio por esta vía. En ese orden de ideas, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la ley de la materia, procede sobreseer fuera de audiencia, al declararse improcedente el juicio de amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. Sustenta la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 2a./J.10/2003, visible a fojas 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente al mes de marzo dos mil tres, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En mérito de lo expuesto, se deja sin efecto el día y la hora señalada para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio -diez horas con cincuenta y seis minutos del once de julio del año en curso-. También, se exhorta a las autoridades encargadas del asunto, que se ajuste a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario, resultaría patente que la regularización del procedimiento, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del juicio, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que podría actualizar los elementos del delito previsto en el artículo 262, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio remitido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita prórroga para localizar los autos originales del expediente 4667/2010; dígasele que una vez que transcurra el plazo de tres días que se le concedió a la parte quejosa mediante proveído de diez de junio actual, se proveerá lo conducente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
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