Elder Ruiz Velasquez y Otros.

Expediente 1015/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1015/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
17/01/2018

Partes del expediente

  • Elder Ruiz Velasquez y Otros.
  • Elder Ruiz Velasquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA III A "... Visto el estado de autos y la certificación de cuenta; toda vez que por resolución de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, se sobreseyó el presente juicio de amparo (fojas 84 a 89), la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por reenvío de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA II-A "... SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por ELDER RUIZ VELÁSQUEZ, JULIA VENUS ANDRÉS REYES, EDGARDO CAMACHO VILLACAÑA y MIREYA SOLEDAD LÓPEZ SANTIAGO, contra los actos precisados en la consideración segunda, en términos de la diversa quinta de esta sentencia. SEGUNDO. Se ordena al secretario supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY..."

  3. Principal

    MESA III A "... Vistos; se aprecia que no se ha notificado personalmente a la parte quejosa el proveído de veinte de octubre de dos mil diecisiete (fojas 71-75), donde se determinó que no era procedente darle vista para que ampliara su demanda de amparo contra la determinación de cinco de octubre de esta anualidad (fojas 57-58), dictada en el expediente laboral 43/2014(2), del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. Es así, dado que no obstante que dicho proveído fue notificado por lista, atendiendo a la naturaleza de éste, debe ser notificado personalmente a los justiciables; por tanto, toda vez que en auto de inicio se ordenó practicar las notificaciones a la parte quejosa en la vía electrónica (foja 14), se encomienda al Actuario encargado del asunto que notifique personalmente a la parte quejosa por dicha vía, a efecto de no dejarla en estado de indefensión. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las DIEZ HORAS VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese el oficio del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten la documental que ofrece la responsable citada; probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Cabe precisar que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; en consecuencia, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con las constancias que remitió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando... En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo... Ahora, en contra del auto de cinco de octubre presente año, por el cual el Presidente de la junta responsable comisionó al actuario adscrito, para que le requiera al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, el pago de las cantidades indicadas, así como también señaló fecha para que dicho actuario, en diligencia formal dicho Instituto reinstale material y jurídicamente a los quejosos -cuya omisión reclaman-, procede el recurso de revisión de los actos de ejecución previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, dicho dispositivo legal establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos -en la etapa de ejecución del laudo- por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, en el cinco de octubre de dos mil diecisiete, fue emitido por el Presidente de la junta responsable, dentro de la etapa de ejecución, en el expediente laboral 43/2014 (2). Entonces, antes de acudir al amparo, es menester que la parte quejosa agote el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señala la fracción II, del artículo 618, de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial. Asimismo, respecto a dicho auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo...ue disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley"... "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". (Jurisprudencia 1ª./J.29/2003, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, XVII, Junio de 2003, página 11, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, el proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el presidente ejecutor de la junta responsable realiza las gestiones encaminadas a cumplir con el laudo dictado dentro del expediente laboral 43/2014 (2), que sigue la parte quejosa en contra del Organismo público Descentralizado del Gobierno del Estado denominado Instituto Tecnológico Superior de Teposculula, lo que se desprende que se encuentra en el periodo de ejecución, y dicho auto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el citado juicio laboral, pues no se ha determinado el cumplimiento total del laudo ni tampoco se determinó que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo, casos en los cuales, el amparo indirecto resulta procedente. Conforme terior, para la impugnación de los actos u omisiones en ejecución de un laudo, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta..."

  4. Principal

    MESA III "... Agréguese el oficio del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia, se admiten la documental que ofrece la responsable citada; probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. Cabe precisar que en el caso resulta improcedente la ampliación de la demanda contra el proveído de cinco de octubre del año en curso, dictado por el Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; en consecuencia, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con las constancias que remitió, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 111, último párrafo, de la Ley de Amparo. "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando... En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Lo anterior es así, toda vez que contra dicha actuación el juicio de amparo indirecto deviene improcedente, de conformidad con la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo... Ahora, en contra del auto de cinco de octubre presente año, por el cual el Presidente de la junta responsable comisionó al actuario adscrito, para que le requiera al Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula, el pago de las cantidades indicadas, así como también señaló fecha para que dicho actuario, en diligencia formal dicho Instituto reinstale material y jurídicamente a los quejosos -cuya omisión reclaman-, procede el recurso de revisión de los actos de ejecución previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo. En efecto, dicho dispositivo legal establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos -en la etapa de ejecución del laudo- por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, en el cinco de octubre de dos mil diecisiete, fue emitido por el Presidente de la junta responsable, dentro de la etapa de ejecución, en el expediente laboral 43/2014 (2). Entonces, antes de acudir al amparo, es menester que la parte quejosa agote el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señala la fracción II, del artículo 618, de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación puede revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial. Asimismo, respecto a dicho auto de cinco de octubre de dos mil diecisiete, también se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo...ue disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley"... "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.-De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías". (Jurisprudencia 1ª./J.29/2003, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, XVII, Junio de 2003, página 11, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época). Los artículos, jurisprudencia y tesis transcritos revelan que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En la especie, el proveído de cinco de octubre de dos mil diecisiete, el presidente ejecutor de la junta responsable realiza las gestiones encaminadas a cumplir con el laudo dictado dentro del expediente laboral 43/2014 (2), que sigue la parte quejosa en contra del Organismo público Descentralizado del Gobierno del Estado denominado Instituto Tecnológico Superior de Teposculula, lo que se desprende que se encuentra en el periodo de ejecución, y dicho auto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el citado juicio laboral, pues no se ha determinado el cumplimiento total del laudo ni tampoco se determinó que hubiera imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al mismo, casos en los cuales, el amparo indirecto resulta procedente. Conforme terior, para la impugnación de los actos u omisiones en ejecución de un laudo, es necesario que se reclame "la última resolución", como presupuesto de procedencia de la vía indirecta..."

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