ELDA LEON LOPEZ y Otros.
Expediente 401/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- ELDA LEON LOPEZ y Otros.
- Subdelegada de Prestaciones del I.S.S.S.T.E.
Actuaciones
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veintisiete de abril de dos mil dieciséis. Vistos los autos y la certificación de cuenta; toda vez que el auto de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, la cual no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo a través del recurso de revisión y dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en el normativo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que dicho auto, ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que este expediente, será conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional durante tres años y una vez cumplido este plazo, se transferirán al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal para su destrucción correspondiente, ello de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Hágase las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE. Lo provee y firma, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, Fidel Gallegos Figueroa, con la Secretaria, Virginia Francisca Maldonado Peralta, quien autoriza y da fe.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, y anexo, mediante el cual rinde informe justificado. Con apoyo en el numeral 119 de la ley de la materia se admite las documentales que ofrece y anexa la responsable citada; probanza que se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia la cual queda a disposición de las partes para su consulta. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra integrado con el informe de cuenta; asimismo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Cabe precisar que la causa de improcedencia en comento está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. Así, la interpretación del artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. En el caso, de las constancias de autos, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, en lo de interés se advierte: La parte peticionaria de amparo reclamó, como acto destacado, la omisión de darle respuesta a la solicitud de doce de mayo de dos mil quince. El Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado, Delegación Oaxaca, mediante oficio de veintinueve de este propio mes de marzo, informó y acreditó que ya fue debidamente contestada la solicitud de doce de mayo de dos mil quince, el cual se dejó cita de espera de fecha veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, en el domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, agotando todos los medios legales para la notificación correspondiente. Lo anterior, revela que han cesado los efectos de la omisión reclamada, en virtud de que el once de este propio mes de marzo, la responsable dio contestación a la solicitud de la quejosa de fecha doce de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio SP/DPSHT/795/2016. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, como se dijo, con el auto que dictó la autoridad responsable, quedaron insubsistentes sin dejar huella alguna en su esfera jurídica; máxime que la autoridad emitió un proveído en el que atendió su solicitud y se realizaron todos los medios legales para la notificación correspondiente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, en relación con el diverso 63 fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, fuera de audiencia en este juicio. De ahí que resulta innecesario esperar el DOCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE (foja 15), para resolver este juicio de garantías; ya que en el presente caso no se advierte que ello genere beneficio a la parte peticionaria de amparo, toda vez que el contenido del informe rendido por la responsable, permite establecer que el sentido de la sentencia que se dicte en este asunto, sería el mismo. Tiene aplicación, por su contenido, dado que no contraviene a la Ley de Amparo en vigor, la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."(Jurisprudencia 2ª./J.10/2003, página 386, XVII, marzo 2003, Segunda Sala, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación). Sin que obste que no se dio vista por el plazo de ocho días a que se refiere el numeral 117 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y anexo; pues, en la especie, no existe un fin práctico que pudiera favorecer a la parte quejosa, ya que como se advierte en párrafos precedentes cesaron los efectos de la omisión que aquí se reclama. Tampoco, se dio vista a la parte quejosa para que amplié su demanda contra tal determinación toda vez que contra dicha respuesta, previamente al juicio de amparo la quejosa debe agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, tal como lo prevé el artículo 14 fraccion VI, de la Ley Orgánica del órgano jurisdiccional citado.PREVIO AVISO MESA VIII
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, quince de marzo de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida ********************contra actos de la Subdelegada de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y anexos consistentes en copia de credencial para votar a favor de la quejosa expedida por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, y el acuse de recibo de su relación de solicitudes con sello de recepción de doce de mayo de dos mil quince, presentada el catorce de este propio mes de marzo, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, como en este Juzgado. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 401/2016. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, III, inciso b), y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de garantías de cuenta; tramítese SIN INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, por no haberse solicitado expresamente. Con apoyo en el normativo 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita y que, de ser cierto el acto reclamado, en el informe se expondrán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Apercibidas que de no rendir el informe justificado y remitir copia certificada, completa y legible de las constancias necesarias para resolver este juicio; en términos del artículo 237 fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá, multa de cincuenta a mil unidades de medida y de actualización, que asciende a un monto de $3,652.00 M.N. (tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos, cero centavos, moneda nacional) a $73,040.00 M.N. (setenta y tres mil cuarenta pesos, cero centavos, moneda nacional), atendiendo a que dicha medida asciende a $73.04 M.N. (setenta y tres pesos cuatro centavos moneda nacional), o su equivalente en términos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del Decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de febrero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. TAMBIÉN, cuando las partes tengan conocimiento de causa de sobreseimiento alguna, la comunicarán de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. Se fijan las DIEZ HORAS DIEZ MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS, para celebrar la audiencia constitucional. Dése la intervención que conforme al numeral 5°, fracción IV, de la ley de la materia, corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, haciéndole entrega de copia simple de la demanda de amparo. Asimismo, solicítese a la responsable, que en el plazo de tres días, en caso de aceptar la existencia de los actos reclamados, informe a este Juzgado, si se ha promovido juicio de garantías diverso contra el acto aquí reclamado o cualesquiera otra resolución que verse sobre los mismos hechos y, en su caso, remita copia certificada de las constancias relativas; de existir, exprese el Juzgado de Distrito que conoció o que esté conociendo, así como el número de juicio de amparo; y, de existir más partes donde tiene su origen el acto aquí reclamado, también informe, en su caso, la existencia de juicios de amparo diversos, el Juzgado de Distrito correspondiente, el número de expediente y, si ya fue resuelto o se encuentra en trámite. Hágase del conocimiento de la autoridad responsable que podrá remitir su informe respectivo a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 2jdo13cto@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envío se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (951) 51 55260, al cual también, en su caso, pueden mandar sus informes vía fax. Por otra parte, se requiere a la autoridad que, en su caso, convenga en la existencia del acto reclamado, precise si la constancia que remita como justificación a su informe, contiene información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo". (Jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época). Se autoriza al Actuario o empleado adscrito a este Juzgado, para el caso de ser necesario, en el acto de la notificación señalen la denominación correcta de la autoridad responsable. Se precisa a la autoridad responsable que está obligada a recibir el oficio que el Actuario o empleado adscrito a este órgano jurisdiccional les hace entrega, en términos del artículo 28 fracción I, de la Ley de Amparo; con apercibimiento que de no recibirlo, en términos del diverso numeral 245, se les impondrá una multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; lo anterior, sin perjuicio que al rendir su respectivo informe, precisen su denominación correcta o manifiesten la inexistencia de la autoridad responsable conforme a su organigrama y/o reglamento interno; con la precisión que la sustitución de funciones de la autoridad no constituye inexistencia de la autoridad. Se apercibe a la parte quejosa, que para el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista, conforme a lo que el destinatario del oficio manifieste al rendir su informe o devuelvan el oficio que se les dirija, en lo sucesivo se les tendrá aquí como inexistente y no se le dirigirá comunicación alguna; salvo prueba en contrario. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo; téngase por admitida y desahogada la prueba documental que la parte justiciable anexó a su demanda de garantías, misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de relacionarla en el momento procesal oportuno. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica; y por autorizados a las personas que refiere. De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de Conformidad con el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con apoyo en el precepto 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, mismo que entró en vigor el cinco de abril de dos mil cuatro, hágaseles saber el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo; en el entendido de que la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en el artículo 13, fracción IV, de la ley antes citada; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo. NOTIFÍQUESE." MESA VIII
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