Eleazar Carmona Cruz

Expediente 900/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
900/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
22/09/2016

Partes del expediente

  • Eleazar Carmona Cruz y Otros.
  • Eleazar Carmona Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    MESA I "... Agréguese la comunicación del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, donde acusa recibo del oficio 34164 del índice de este Juzgado y anexos, e informa que aceptó seguir conociendo del presente juicio. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido; el cual se estima carece de relevancia documental, por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ello en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, hágase las anotaciones correspondientes en la carátula de este cuaderno de antecedentes y en el libro de gobierno respectivo..."

  2. Principal

    MESA I "... Agréguese el oficio y anexo del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; mediante el cual remite el informe justificado del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia de Juquila, Oaxaca, con residencia en Puerto Escondido. Ahora bien vistas las constancias que anexa la autoridad oficiante, se advierte que, en la especie, resulta oportuno analizar si este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, es legalmente competente, por razón de territorio, para hacer pronunciamiento, vía dictado de la SENTENCIA, acerca de actualización o no, de causa de improcedencia en este juicio o, de ser el caso, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado por el quejoso ELEAZAR CARMONA CRUZ; en razón de que ello, es presupuesto procesal, de orden público y de examen preferente al estudio de la cuestión de legalidad de los actos de autoridad. Ahora, los artículos 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente" (.)". El artículo Constitucional, transcrito inicialmente, se ha interpretado de la manera siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 97, Tomo Informe 1972, Parte II, Séptima Época). Por su parte, el artículo 36 de la Ley de Amparo derogada, cuyo texto es similar al del 37 de la ley en la materia vigente, se interpretó: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO, AUN CUANDO ESTE PENDIENTE DE EJECUTARSE, SE ESTE EJECUTANDO O SE HAYA EJECUTADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 36 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE AMPARO. Dentro de la reglamentación de la materia en la Ley de Amparo, el artículo 36 prevé las diversas hipótesis de competencia de los Jueces de Distrito, misma que se surte capitalmente en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en la controversia constitucional; ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material, y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna- (párrafo tercero) y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad (párrafo primero). De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo". (Sustentado por la Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 88, Tomo 217-228, Séptima Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). La intelección de los normativos, tesis y jurisprudencia apuntados, permiten desprender la existencia de tres supuestos para definir la competencia de los Juzgados de Distrito: a) La primera regla se encuentra contenida en el numeral 37 párrafo primero, de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; lo cual presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución. b) La segunda previsión normativa constituye un matiz de la primera, sobre el mismo criterio, para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, establece que si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) La tercera hipótesis, cuando el acto reclamado en el juicio constitucional, no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiere emitido esa resolución. En el caso, de las constancias de autos se advierte que el quejoso reclama el auto de formal prisión de dos de mayo de dos mil dieciséis, dictado por el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, residente en Santa Catarina Juquila, Oaxaca, en la causa penal 177/1993 y su acumulado 239/1996. Luego, del informe agregado en párrafos que anteceden, deducido de los autos incidentales formados con motivo de la tramitación del presente juicio, se aprecia que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, reconoció la existencia del acto reclamado (foja 65); y al efecto la autoridad judicial manifestó: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO, TODA VEZ QUE ESTA AUTORIDAD EN LA CAUSA PENAL 177/1993 Y 239/1996 ACUMULADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA DOS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, DICTÓ EN CONTRA DEL QUEJOSO ELEAZAR CARMONA O ELEAZAR CARMONA FLORES O ELEAZAR CARMONA CRUZ, AUTO DE FORMAL PRISIÓN, COMO PROBABLE RESPONSABLE EN LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO (.)" Dichas constancias, revelan que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, no es legalmente competente, por razón de TERRITORIO, para resolver la litis constitucional. En efecto, si bien es cierto, inicialmente este órgano Jurisdiccional admitió la competencia declinada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, dando trámite la demanda, en razón de que el quejoso señaló que la responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, tenía su residencia en el municipio de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, territorio donde es competente este Órgano Jurisdiccional, de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; también lo es que de la constancia de cuenta se aprecia que el Juez Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Juquila, tiene su residencia en Puerto Escondido, Oaxaca, el cual es una Agencia del Municipio de San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Por tal motivo, con fundamento en los artículos 37 párrafo primero, y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 citado; corresponde a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conocer de los juicios de amparo donde los actos reclamados tengan ejecución en San Pedro Mixtepec, Oaxaca. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Época: Décima Época; Registro: 160608; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3; Materia(s): Común; Tesis: 1a./J. 118/2011 (9a.);Página: 2183). En consecuencia, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, resulta legalmente incompetente para conocer de este juicio de garantías; en consecuencia, se declina competencia, POR RAZÓN DE TERRITORIO, al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz, en turno. Con fundamento en el numeral 48 de la Ley de Amparo, aplicado en lo conducente, se dispone remitir el presente juicio de amparo 900/2016 y anexos (original y duplicado del cuaderno incidental), a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, para que, por su conducto, la remita al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, en turno, residente en esa ciudad, a quien corresponde resolver la litis planteada. Se solicita acuse de recibo y se informe si acepta o no la competencia declinada. Fórmese cuadernos de antecedentes con copia certificada de las constancias necesarias para la comprensión del asunto. Por lo que se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (foja 63). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..." (SE NOTIFICA POR ESTRADOS AL QUEJOSO. PREVIO AVISO. CONSTE.)

  3. Principal

    MESA I "... Agréguese el oficio del Juzgado Primero Mixto del Distrito Judicial de Juquila, Oaxaca, con sede Puerto Escondido; mediante el cual rinde su informe justificado; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, por el plazo de ocho días, se da vista a las partes..."

  4. Principal

    MESA I "... Vistos los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días concedido a la autoridad responsable Juez Primero Mixto de Primera Instancia de Juquila, con sede en Puerto Escondido, Oaxaca, a efecto de que rinda su informe justificado; lo anterior, tomando en consideración que el oficio 2911 (foja 38), mediante el cual se le solicitó le fue notificado el veintidós de julio del año en curso (foja 60). En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las NUEVE HORAS CINCUENTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo..."

Quedan 17 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 12,074 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano