Elda Gladys Reyes Gómez
Expediente 934/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 934/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Elda Gladys Reyes Gómez
- Presidente Municipal Constitucional de Santa Lucía del Camino, Oaxaca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que en las fojas nueve a dieciséis existen agregadas diversos documentos que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, los cuales revisten el carácter de originales; en consecuencia, se le requiere para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal para que le sean devueltos dichos documentos, con apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Oaxaca de Juárez, Oaxaca a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y al advertirse que se negó a la parte quejosa la medida cautelar solicitada, por tanto, con fundamento en lo establecido en el punto cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, este juzgador estima que por sus particularidades, el presente incidente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado, por lo que, procédase a la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese el original de este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos que les revista el carácter de originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Por otra parte, tomando en consideración que en las fojas nueve a dieciséis existen agregadas diversos documentos que exhibió la parte quejosa con su demanda de garantías, los cuales revisten el carácter de originales; en consecuencia, se le requiere para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal para que le sean devueltos dichos documentos, con apercibimiento que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el presente expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 934/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este órgano judicial, Elda Gladys Reyes Gómez demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados al presidente, tesorero, director de Comercio e Industrias, jefe de Inspectores adscrito a la Dirección de Comercio e Industria y director de la Policía, todos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, que hizo consistir en: La orden de clausura de la negociación de su propiedad denominada "CY6 JOYERÍA", que se ubica en el local 12, del centro comercial "Macroplaza", en Santa Lucía del Camino, Oaxaca y; La ejecución de tal acto. SEGUNDO. En proveído de veinte de mayo del presente año, este juzgado Federal admitió la demanda de referencia; solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. TERCERO. En acuerdo de dos de junio pasado se dejaron de tener como autoridades responsables a las designadas como: "Director de Comercio e Industrias, Jefe de Inspectores adscrito a la Dirección de Comercio e Industria y Director de la Policía Municipal de Santa Lucía del Camino, Oaxaca", por lo que no se hará pronunciamiento en relación a ellas en esta sentencia. CUARTO. Posteriormente, en auto de veintitrés de junio de este año, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo con el resultado del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo disponen los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6°, 37, 107, 108, 124 y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. El encargado de la Presidencia del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, negó categóricamente el acto reclamado -folio 36-, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna en contrario; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio constitucional en relación a dicha responsable. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 305, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN Segunda Sección- Improcedencia y sobreseimiento, Materia(s): Común, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-Septiembre 2011, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". CUARTO. En cambio, la tesorera del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, aceptó el acto reclamado -folios 38 y 39 -. Para corroborarlo remitió copia certificada de diversas actuaciones, a las que se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. QUINTO. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este juzgado de Distrito estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la ley en cita, cuyo texto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII.- Contra actos que no afecten los interese jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". En principio, debe tenerse en cuenta que de acuerdo al artículo 6 de la ley de la materia, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad, facultando a su titular para acudir al órgano jurisdiccional demandando el cese de esa transgresión y, tal derecho constituye el interés jurídico que la ley de la materia toma en cuenta para la procedencia del juicio de amparo, interés que desde luego debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número 321, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 216, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Conforme a lo expuesto, el interés jurídico que asiste a la parte quejosa en un juicio de amparo, requiere por una parte, de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, el perjuicio que el acto reclamado le ocasione. De ahí que, cuando un acto autoritario no afecte los intereses jurídicos, el amparo que en su contra se promueva será improcedente, según lo previene la fracción XII que se analiza. En el caso, la peticionaria del amparo reclama la orden de clausura de la negociación de su propiedad denominada "CY6 JOYERÍA", que se ubica en el local 12, del centro comercial "Macroplaza", en Santa Lucía del Camino, Oaxaca. Acto que, conforme a las actuaciones remitidas por la tesorera del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, acaeció en virtud de que la impetrante no cumplió con sus obligaciones consistentes en: pago de uso de suelo comercial, continuación de operaciones, anuncio publicitario, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, en términos de los artículos 85, fracción VI, inciso h) ultimo renglón, 88, fracción V, inciso I), número 22, 101, fracción I, inciso b), todos de la Ley de Ingresos de dicho municipio. Ahora bien, para demostrar su interés jurídico, la peticionaria del amparo acompañó a su demanda: 1) la licencia número 0005/2015/0011, de fecha veintisiete de enero de dos mil quince, signada por el Presidente Municipal Constitucional del citado Municipio, correspondiente al ejercicio fiscal 2015; 2) cuatro recibos de pago por los conceptos: inicio de operaciones y anuncio luminoso, pertenecientes al ejercicio fiscal 2015; 3) dos fotografías y, 4) acuse de recibo de un escrito presentado a las autoridades del citado municipio el diecisiete de mayo de este año, en el que solicita se le indiquen los montos y conceptos a cubrir para la continuación de operaciones de su negociación referente al ejercicio fiscal 2016. Dichas documentales, con valor probatorio pleno de conformidad con el numeral 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en el caso de las descritas en los números 1) y 2) -documentales públicas-, en tanto las restantes con valor de indicio en términos del numeral 217 del citado ordenamiento legal -documentales privadas-, carecen de idoneidad para demostrar el interés jurídico de la quejosa, pues al tratarse su negociación de un giro comercial que se encuentra reglamentado, debió exhibir la licencia de funcionamiento vigente para el ejercicio fiscal 2016, expedida por la autoridad competente, en términos de los numerales 1º y 68, fracción XVIII, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, puesto que la que exhibió pertenece al ejercicio fiscal 2015 y no se advierte haya sido renovada. El texto de los citados artículos es el siguiente: "Artículo 1.- Esta Ley es de orden público y de observancia general para los Municipios que conforman el territorio del Estado de Oaxaca; establece la competencia, facultades y deberes que corresponden al Gobierno Municipal y determina las bases para la integración, organización y funcionamiento de la administración pública municipal; es reglamentaria del artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. (.) Artículo 68.- El Presidente Municipal, es el representante político y responsable directo de la administración pública municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Ayuntamiento, con las siguientes facultades y obligaciones: (.) XVIII.- Expedir licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de comercios, espectáculos, bailes y diversiones públicas en general, previo dictamen de las comisiones respectivas, en la expedición de licencias para el funcionamiento de cualquier entidad financiera, esta deberá contar con la autorización correspondiente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En caso de no contar con esta autorización, se le negará la licencia para su instalación y se deberá notificar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que ejerza sus facultades de acuerdo a la legislación procedente". En tal virtud, al no haber aportado la impetrante la concesión vigente expedida por autoridad competente, no puede determinarse que el acto combatido le depare perjuicio alguno. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en el precepto 63, fracción V, de la ley de la materia. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página: 45, Volumen CXXXVIII, Tercera Parte, Materia(s): Administrativa, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CLAUSURA DE GIROS MERCANTILES REGLAMENTADOS. LA LICENCIA CORRESPONDIENTE ES REQUISITO NECESARIO PARA EL INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. Ante la falta de licencia, la orden de clausura y su ejecución, de un negocio comercial que se encuentra reglamentado y requiere de licencia que autorice su funcionamiento, no son actos que afecten intereses jurídicos del reclamante, aun cuando demuestre su propiedad sobre el mismo establecimiento, ya que la clausura no debe considerarse como un acto conculcatorio del derecho de propiedad, sino del de mantener abierto al público, en franco funcionamiento, el giro; facultad que sólo se tiene con la licencia correspondiente, que es la que engendra la titularidad de ese derecho y, por ende, un interés jurídico legalmente protegido". De igual forma, por las razones que la conforman, resulta aplicable al caso la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página: 1009, Tomo XXVIII, Diciembre de 2008, Materia(s): Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ESTABLECIMIENTO MERCANTIL REGLAMENTADO. PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CUANDO SE IMPUGNAN ORDENAMIENTOS QUE AFECTAN LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO DE AQUÉL, ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA REVALIDACIÓN DE LA LICENCIA RELATIVA O QUE DEMUESTRE QUE REALIZÓ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). De la interpretación sistemática de los artículos 9, fracción III, 29 y 77, fracción I, de la Ley para el Funcionamiento de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y 35 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la misma entidad, se colige que el titular de una licencia de funcionamiento debe revalidarla cada tres años, mediante un aviso por escrito que podrá presentarse dentro de los quince días hábiles previos a la conclusión de la vigencia, que contenga su manifestación, bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que las condiciones en que se le otorgó u obtuvo originalmente no han variado, y que la falta de revalidación obliga a la delegación competente a clausurar el establecimiento mercantil cuyo funcionamiento autoriza la licencia. En ese contexto, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo cuando se impugnan ordenamientos que afectan las condiciones de funcionamiento de un establecimiento mercantil reglamentado, por ejemplo, la legislación primeramente citada o la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del Distrito Federal, es necesario que el quejoso exhiba la revalidación de la licencia relativa o que demuestre que realizó el trámite correspondiente, en tanto que el ejercicio de la acción constitucional y, por ende, la tutela a la cual puede acogerse el peticionario de garantías, requiere el cumplimiento de las normas respectivas, que para los giros mercantiles exige la licencia de funcionamiento vigente, como un elemento indispensable para demostrar la existencia de un derecho jurídicamente tutelado, esto es, el de funcionar no sólo merced a la licencia sino a su revalidación, pues ésta es precisamente lo que da vigencia a aquélla. No es óbice a lo expuesto que en relación con el interés jurídico tratándose de los giros mercantiles comentados, la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya sostenido en tesis de jurisprudencia que para acreditarlo no es indispensable la revalidación de la licencia de funcionamiento respectiva, pues analizó una norma distinta a la inicialmente mencionada, como lo es el Reglamento General para Establecimientos Mercantiles y Espectáculos Públicos en el Distrito Federal". Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa Elda Gladys Reyes Gómez contra los actos reclamados al presidente y tesorera, ambos del Municipio de Santa Lucía del Camino, Oaxaca, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado José Alberto García Torres, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del Despacho, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el cinco de julio del presente año, por vacaciones del titular, quien actúa con el licenciado Ricardo Mendoza García, secretario que autoriza y da fe, hoy veintiséis de julio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron.
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