Eleazar Mora Martínez

Expediente 817/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
817/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
10/11/2023

Partes del expediente

  • Eleazar Mora Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Cumple requerimiento. Agréguese el oficio signado por la licenciada *****, en su carácter de apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, señalado como responsable en el presente juicio, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en auto de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, exhibe las copias que le fueron solicitadas del oficio de agravios, respecto al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en este asunto. Interpone recurso de revisión. Por tanto, por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia del escrito de expresión de agravios a este expediente, distribúyanse las otras entre las demás partes, y una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, remítanse estos autos al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, en turno, con residencia en esta localidad, para la substanciación del recurso. Fórmese cuaderno de antecedentes, a partir de este auto, no así con anteriores actuaciones, en virtud de que éstas pueden ser consultadas en el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE AL QUEJOSO.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Se requieren copias Visto el oficio signado por la licenciada ********************, en su carácter de apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, señalado como responsable en el presente juicio, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia pronunciada el trece de octubre de dos mil veintitrés. Ahora, a fin de proveer sobre el recurso de revisión, con fundamento en el artículo 88 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante, mediante oficio, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído exhiba TRES copias más del oficio de expresión de agravios, ya que una es para el presente expediente, una para la agente del Ministerio Público Federal adscrito a este órgano jurisdiccional, una para la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, y una más para la parte quejosa, y en la especie sólo exhibe una copia del oficio de que se trata, apercibida que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto dicho recurso. Delegados y domicilio. Se tiene a la citada autoridad señalado domicilio para recibir notificaciones y nombrando como sus delegados a las personas que refiere, en términos del artículo 9 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 817/2023; R E S U L T A N D O: PRIMERO. ********************, por conducto de su apoderada legal ********************, mediante escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil veintitrés, a través del Portal del Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que por razón de turno correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca y otra autoridad responsable, que estima violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y. SEGUNDO. En proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de mérito, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, y se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y domicilio, de los Juzgados de Distrito Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Octavo; de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa, en Materias Penal y Administrativa, y en Materias de Trabajo y Administrativa; y de los Tribunales Unitarios Primero y Segundo, todos en el Estado de Oaxaca, así como de las oficinas de correspondencia común que les prestan servicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con apoyo en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: "(.) la fijación clara y precisa del acto reclamado (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprende de la demanda de amparo los siguientes: Del Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La omisión de proveer respecto de los escritos presentados el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. La omisión de dictar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, del índice de la Junta responsable. Del Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca: La omisión de dar cumplimiento a cabalidad, el laudo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, del índice de la Junta responsable citada. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de la omisión que se le atribuye y que ha quedado precisado en el considerando que antecede. Inexistencia que se corrobora con las copias certificadas que remitió el Presidente de la Junta responsable relativas al juicio laboral ********************, de las que se advierte que la autoridad laboral no ha emitido el auto de requerimiento y embargo, dando inicio al procedimiento de ejecución forzosa; por tanto, al no haber requerimiento hecho a la parte demandada en el juicio de origen a efecto de cumplir el laudo que le fue desfavorable, no se le puede atribuir incumplimiento alguno. En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la omisión atribuida al Director General del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad señalada como responsable Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, pues al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman. Lo que se corrobora con la documental consistente en la copia certifica del laudo de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, dictado en el expediente ********************, de su índice que remitió como apoyo a su informe con justificación; medios de convicción que alcanzan pleno valor probatorio en términos de lo que establecen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. QUINTO. Causas de improcedencia. Resulta innecesario el análisis de la causa de improcedencia hecha valer por la apoderada y representante legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, respecto de que no le asiste el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, debido a que en el considerando tercero de esta sentencia, se sobreseyó en el juicio de amparo por inexistencia del acto de omisión reclamado a dicha autoridad. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las omisiones atribuidas al Presidente de la Junta Especial Cuatro Bis, de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca. La parte quejosa aduce que el Presidente de la Junta responsable no ha proveído respecto de los escritos presentados el veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; así como no haber dictado las acciones legales inmediatas y seguidas con la finalidad de que la autoridad demandada cumpla con el laudo dictado en el juicio laboral; lo anterior, en su concepto, transgrede el artículo 17 de la Constitución Federal. El quejoso aduce que la omisión reclamada, constituye una paralización al procedimiento de ejecución forzosa, pues si bien solicitó el despacho la ejecución del laudo con antelación a que fuera firme, esto es, por escrito de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, no menos cierto es, que la autoridad responsable ha omitido pronunciarse al respecto. Además, por escrito presentado el diecisiete mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa solicitó a la autoridad responsable que despachara el laudo a ejecución, atendiendo que ya había adquirido firmeza, en virtud de la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito en el juicio de amparo directo ********************de su estadística; la cual negó la protección ahí solicitada; sin que la responsable hubiera proveído respecto de la solicitud presentada. Por lo anterior, indica la parte quejosa que se constituye la omisión de la proveer el auto de ejecución de laudo, atribuida a la autoridad responsable, la cual genera una abierta dilación en el procedimiento de ejecución forzosa, ya que desde el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, hasta la presentación del escrito de demanda de amparo, ha trascurrido en exceso el plazo de quince días que la legislación laboral otorga para tal efecto, por lo tanto, se vulnera su derecho humano de acceso a una tutela judicial completa y efectiva. Los anteriores argumentos son fundados. Para dar respuesta a los planteamientos relativos, es importante tener en consideración lo que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé, y en ese sentido, se destaca que el derecho fundamental contenido en el aludido precepto, fue instituido por el constituyente a fin de que cualquier sujeto pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia en forma pronta y expedita, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la prohibición constitucional de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Dicho derecho fundamental individual o derecho subjetivo a la impartición de justicia, consigna en favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos relacionados con la administración de justicia, es decir, contiene dentro de sí, cuatro subgarantías, a saber: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de los órganos y las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, esto es, que la autoridad que conoce del asunto y va a resolver la controversia, emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, garantizando al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre la totalidad de los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; 3. Justicia imparcial, lo que implica que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no se desprenda favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en el sentido de la resolución; y 4. Justicia gratuita, lo que quiere decir que los órganos del Estado encargados de la impartición de justicia, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de dicho servicio público. Así, es patente afirmar que conforme a lo dispuesto por el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General, los gobernados tienen el derecho fundamental de acudir a tribunales para hacer valer lo que a su derecho conviene, a través de los medios de defensa previstos en ley, y con ello, propiciar que el Estado dirima la controversia en cuestión, haciendo efectivo, en ese orden de ideas, el derecho de acceso a la impartición de justicia, que debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita. A mayor abundancia, los artículos 8°, inciso 1, y 25, inciso 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la parte que interesan, son respectivamente del tenor literal siguiente: "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter." "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales." De los artículos 8°, inciso 1, y 25, inciso 1, ambos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende, medularmente, que toda persona, tiene derecho a ser oída y vencida en juicio por un juez o tribunal competente, independiente, imparcial y establecido con anterioridad a la ley, así como a la tramitación de un medio de defensa, que la proteja contra violaciones a los derechos constitucionales o convencionales que integran su esfera jurídica, cometidas por autoridades que realicen actos materialmente jurisdiccionales, en ejercicio de sus funciones. Las anteriores prerrogativas, previstas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, constituyen mecanismos y garantías judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, regulado constitucionalmente en el artículo 17, segundo párrafo, tal como se desprende de la tesis VI.1o.A.15 K (10a.), registro 2000697, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en su integración de la Décima Época, visible al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, mayo de dos mil doce, Tomo 2, página 1771, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas formalidades procesales y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier actuación para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia. También es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, registro 171257, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su integración de la Novena Época, visible al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI, octubre de dos mil siete, página 2089, que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De ahí, que deba considerarse que el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, en uno de sus aspectos, se traduce en que las autoridades que realizan una función jurisdiccional no pueden retardar su deber de administrar justicia, debido a que deben impartirla en forma rápida y expedita, lo cual implica que tienen la obligación de resolver los juicios que se ventilen ante ellas en los términos que establece la legislación aplicable al caso concreto. Se precisa, que la Ley Federal del Trabajo que resulta aplicable es la reformada mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación, de veintidós de junio de dos mil dieciocho, en atención a lo dispuesto por el artículo octavo transitorio de la reforma publicada en el diario oficial de la federación el uno de mayo de dos mil diecinueve. Asimismo, es importante precisar que, en relación al procedimiento de ejecución, desde el artículo 939 al 975, la Ley Federal del Trabajo, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Procedimientos de Ejecución CAPITULO I Sección Primera Disposiciones Generales Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante las Juntas. Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. (.) Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación. Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. Artículo 947. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el laudo pronunciado, la Junta: I. Dará por terminada la relación de trabajo; II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado 'A' de la Constitución. Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo. Sección Segunda Del procedimiento del embargo Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. Sección Tercera Remates Artículo 967. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, de conformidad con las normas contenidas en este Capítulo. Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas en el laudo y los gastos de ejecución." Por su parte, el artículo 772 del mismo ordenamiento legal, establece: "Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente." De los artículos transcritos que se refieren al procedimiento de ejecución, se advierte que los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación y que, una vez que transcurra dicho plazo, sin que la parte que haya resultado condenada cumpla con el mismo, el Presidente de la Junta, a petición de la parte que obtuvo sentencia favorable, dictará el auto de requerimiento y embargo. Pues, en el caso concreto, quedó acreditada la omisión reclamada, toda vez que, de las documentales que anexó la quejosa a su demanda de amparo, se advierte que, ante la falta de cumplimiento voluntario por parte del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, del laudo dictado en el expediente laboral ********************, ******************** por conducto de su apoderada ********************, solicitó al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante escrito presentado ante esa potestad el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se despachara la ejecución del laudo. El cual, se desprende que la responsable Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, ha omitido proveer al respecto la petición de la parte quejosa, esto es, no ha requerido a la parte demandada en el mencionado juicio laboral -Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca- el cumplimiento del laudo. En consecuencia, atento a la naturaleza omisiva reclamada, deviene incuestionable que el Presidente de la Junta responsable transgredió los preceptos de la Ley Federal de Trabajo citados en párrafos precedentes, conculcando los derechos humanos relativos al debido proceso legal y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 17 constitucional, pues al omitir proveer respecto de la solicitud de despacho a ejecución del laudo de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, así como la diversa de diecisiete de mayo de dos veintitrés, en el juicio laboral ********************, de su índice; con ello, dejó en estado de indefensión al accionante del amparo, al no respetar el derecho subjetivo que tienen las personas gobernadas y que impone a los tribunales la obligación de impartir justicia en la manera y los plazos que la ley -en este caso laboral-, señale. De modo que, para salvaguardar el espíritu del legislador constitucional, depositado en el artículo 17 de la constitución Federal, lo procedente es CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL solicitado, para el efecto de que, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, realice lo siguiente. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE AMPARO. Dicte proveído en atención a los escritos presentados por la parte quejosa de veintitrés de noviembre de dos mil veintidós y el diverso de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés de manera fundada y motivada acorde a lo expuesto en la presente sentencia; además notifique el referido proveído a las partes en el juicio laboral ******************** de su índice y, de manera inmediata adopte las medidas legales que a su juicio estime pertinentes para lograr el cumplimiento a cabalidad del laudo dictado en el expediente de origen, haciendo uso de los medios legales que tenga a su alcance para lograr el cumplimiento del laudo referido. Lo anterior, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos indebidamente afectados, en términos de lo dispuesto por el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, debiendo exhibir las constancias con las que acrediten tal circunstancia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada I.7o.A.20 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, de agosto de mil novecientos noventa y nueve, novena época, página 799, con registro digital 193495 cuyo rubro y texto es: "SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE. De acuerdo al contenido del artículo 17 constitucional, es una garantía la plena ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales; en razón de ello, quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación alegando alguna circunstancia ajena a la litis." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos señalados en el considerando segundo y por las razones, así como fundamentos expresados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, contra el acto y la autoridad precisado en el considerando segundo de este fallo, para los efectos indicados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR CONDUCTO DE LA ACTUARIA DANIELA SOLEDAD GUZMÁN CHÁVEZ.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese el oficio de cuenta, de **********************, con el carácter de apoderada y representante legal de la autoridad responsable Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, acreditando dicha personalidad con la documental que acompaña; mediante el cual rinde su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. NOTIFÍQUESE.

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