Efren Ponce Vargas
Expediente 401/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 401/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Efren Ponce Vargas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Sentencia causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En razón de lo anterior, toda vez que en acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina por analogía, la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este órgano jurisdiccional así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es conservable íntegramente. c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Documentos originales. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 401/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, Rubén Josué Díaz Lara y Rubí Monserrat Díaz Lara, a nombre de **************************, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, y Director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que estimaron violatorios de los derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16, 18 y 22 de la Constitución General de la República. SEGUNDO. Suspensión de plano. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Federal, el cual se radicó con el número de juicio de amparo 401/2023, y en auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de plano al referido quejoso, contra los actos reclamados, a quien se ordenó requerir, vía despacho, la ratificación de la demanda presentada en su nombre. TERCERO. Admisión de la demanda. En diligencia actuarial de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, el quejoso ratificó la demanda de amparo. En auto de once de mayo de dos mil veintitrés, se previno al quejoso para que aclarara los actos reclamados; lo que realizó en diligencia de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés (foja 79), en la que también manifestó su voluntad de ser representado en este juicio constitucional, por conducto de Rubén Josué Díaz Lara y Rubí Monserrat Díaz Lara. En proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió la demanda, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 96-97). CUARTO. Tramite del juicio de amparo. Seguido el trámite respectivo, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 37, 107 y 108 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; tomando en consideración que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener "(.) La fijación clara y precisa del acto reclamado; (.)", es necesario delimitar los actos combatidos que se desprenden de la demanda: Del Órgano Administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, y Director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca: La falta de atención médica especializada en psiquiatría. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social, con sede en Ciudad de México, negó la existencia del acto reclamado argumentando que la autoridad obligada a brindar atención médica es el Director General del Centro Federal en que se encuentre privado de la libertad el quejoso. En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio al tenor del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Director del Centro Federal de Readaptación Social Trece "CPS-Oaxaca", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no rindió informe justificado, no obstante haber sido notificado de su solicitud el diez de julio de dos mil veintitrés, como se advierte de la constancia respectiva (foja 102); por tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. QUINTO. Causa de Improcedencia fundada. Antes de estudiar la materia de fondo de la litis constitucional, se debe analizar la procedencia del juicio de amparo, ya que de advertir que se actualiza una causa de improcedencia que impida la resolución de la contienda en el fondo, se debe sobreseer; tópico que es de obligado examen lo invoquen o no las partes, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, las autoridades responsables, ni la Representación Social adscrita a este Juzgado Federal, hicieron valer la existencia de alguna causa de improcedencia; sin embargo, este Juzgado Federal considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior." El citado numeral dispone que el juicio de amparo es improcedente, contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la referida legislación. Como preámbulo, conviene precisar que de conformidad con el artículo 3, fracción I, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, autoridad penitenciaria es toda aquella autoridad administrativa que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los poderes ejecutivos de las entidades federativas encargada de operar el sistema penitenciario. El artículo 5 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social establece que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social organizará, operará y administrará el Sistema Federal Penitenciario. Así, son autoridades penitenciarias de cada Centro Federal: I. El Comisionado -titular del dicho órgano-; II. El Coordinador General de los Centros Federales; III. El Director General; IV. El Consejo, y V. Los Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de las áreas Jurídica, Técnica, de Seguridad y Custodia, de Seguridad y Guarda, y Administrativa, según lo dispone el diverso numeral 12 del citado reglamento. En la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, página 230, con registro digital 2024545, de rubro: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que las condiciones de internamiento son cualquier medio u acto que garantice una vida digna y segura a la persona privada de su libertad, entre otras, las relacionadas con: I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana; II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; III. Recibir alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, adecuada para la protección de su salud. IV. Permanecer en estancias designadas conforme a la ubicación establecida en el artículo 5 de esta Ley; V. Ser informada de sus derechos y deberes, desde el momento en que sea internada en el Centro, de manera que se garantice el entendimiento acerca de su situación; VI. Recibir un suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal; VII. Recibir un suministro de artículos de aseo diario necesarios; VIII. Acceder al régimen de visitas; IX. Efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; y, X. La garantía de su integridad moral, física, sexual y psicológica. Por su parte, los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contemplan un mecanismo de control denominado peticiones administrativas. a) A través de ellas, las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. b) El mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio. c) Si la petición no se resuelve en el plazo previsto en la ley, los peticionarios podrán acudir ante el juez correspondiente a demandar la omisión. d) También prevé la posibilidad de que el interno impugne la respuesta, si estima que ésta es contraria a sus intereses, ante el juez de ejecución o control, según corresponda. e) En el caso de que el acto sea urgente, la Ley Nacional de Ejecución Penal concede al interno la posibilidad de acudir directamente ante el juez correspondiente, quien previamente a resolver en definitiva, suspenderá de oficio y de inmediato el acto de ser positivo, o bien, si es omisivo ordenará a la autoridad penitenciaria, también de oficio y de inmediato, que realice las acciones correspondientes. f) Por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. g) De manera que, si el interno promueve la acción constitucional contra actos inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, en atención al principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. En el caso concreto, en su calidad de persona privada de su libertad, el quejoso Efrén Ponce Vargas, reclama del Director General del Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, la falta de atención médica especializada en psiquiatría, de la que, bajo protesta de decir verdad, manifestó que ya interpuso controversia relativa ante el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca. Por tanto, al estar en trámite el citado mecanismo de control judicial, y derivado que su reclamo está relacionado con condiciones de su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social número trece "CPS-Oaxaca"; la falta de atención médica que refiere, es impugnable a través del procedimiento administrativo ante el juez de ejecución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que enseguida se transcribe: "Artículo 129. Ejecución de la resolución La resolución definitiva se ejecutará una vez que quede firme. Transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma cuando la autoridad penitenciaria manifieste haber cumplido con la resolución respectiva, el Juez de Ejecución notificará tal circunstancia al promovente, para que dentro del término de tres días manifieste lo que a su interés convenga; transcurrido dicho término sin que hubiese objeción, el Juez de Ejecución dará por cumplida la resolución y ordenará el archivo del asunto. Cuando el interesado manifieste su inconformidad en el cumplimiento de la resolución, el Juez de Ejecución notificará a la autoridad Penitenciaria tal inconformidad por el término de tres días para que manifieste lo que conforme a derecho corresponda y transcurrido el mismo, se resolverá sobre el cumplimiento o no de la resolución. Cuando la autoridad informe que la resolución sólo fue cumplida parcialmente o que es de imposible cumplimiento, el juez, si considera que las razones no son fundadas ni motivadas, dará a la autoridad penitenciaria un término que no podrá exceder de tres días para que dé cumplimiento a la resolución, de no hacerlo se aplicarán las medidas de apremio que correspondan. Cuando la autoridad penitenciaria alegue imposibilidad material o económica para el cumplimiento total o parcial de la resolución, el Juez de Ejecución, escuchando a las partes, fijará un plazo razonable para el cumplimiento. Cuando la autoridad penitenciaria responsable del Centro no cumpliere dentro del plazo establecido, el juez requerirá a sus superiores jerárquicos por su cumplimiento aplicando, en su caso, las medidas de apremio conducentes." En efecto, del precepto transcrito se desprende que transcurrido el término para el cumplimiento de la resolución por parte de la autoridad penitenciaria, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad el cumplimiento de la misma. Entonces, la persona privada de su libertad antes de acudir al juicio de amparo para reclamar la falta de cumplimiento de la resolución emitida en el procedimiento de ejecución, por la autoridad penitenciaria, debe agotar el procedimiento administrativo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, conforme a lo establecido en el artículo 129 del citado ordenamiento legal, el cual precisa que transcurrido el término para el cumplimiento de la misma, el Juez de Ejecución, de oficio o a petición de parte, requerirá a la autoridad su cumplimiento. En ese entendido el Juez de Distrito adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con sede en esta localidad, tiene medidas de apremio a su alcance que puede hacer efectivas en caso de incumplimiento por parte de la autoridad penitenciaria. Sin que en el caso concreto, se actualice el supuesto de excepción para no agotar previamente el mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, ya que el quejoso no manifestó que la falta de atención médica en la especialidad de psiquiatría, comprometa gravemente su integridad personal al grado de equipararse a un tormento, y tampoco de autos del presente expediente se advierte que así suceda. Por lo que al actualizarse la citada causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República, se; R E S U E L V E : ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 401/2023, promovido por **************************; en términos de los considerandos tercero y quinto de esta resolución. Notifíquese y personalmente al quejoso en el lugar de su reclusión y a sus autorizados.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio firmado por el Director de Área, por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos, éste último en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, respecto a los delegados y domicilio que menciona, dígasele que tal autorización fue acordada de conformidad mediante auto de veintiocho de abril del año en curso. En otro aspecto, téngasele haciéndole valer las causales de improcedencia que refiere, mismas que serán analizadas al dictarse sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Admisión de demanda Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta de la cual se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedidos a la parte quejosa y a los defensores del quejoso, a fin de que aclararan la demanda de amparo, sin que lo haya realizado; sin embargo, de la notificación personal realizada al quejoso el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se advierte lo siguiente: En mérito de lo anterior, se tiene por hechas sus manifestaciones y con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida teniendo como acto reclamado únicamente la atención medica especialidad Psiquiatría y por las autoridades señaladas en su escrito inicial de demanda, -Comisionado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con sede en la Ciudad de México y otra autoridad. - Sin que sea necesario tramitarse incidente de suspensión, en atención a que mediante auto de veinticinco de abril del año en curso, se concedió de oficio y de plano la suspensión de los actos reclamados. Requerimiento de informes. Pídase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención al fiscal federal. Se otorga a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Se ordena notificaciones por lista. Ahora, en atención a ni la parte quejosa ni sus autorizados, señalaron domicilio para recibir notificaciones, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a, de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, las demás notificaciones que se dicten, practíquense por lista de acuerdos. Otras providencias precautorias. Finalmente, respecto de la exhortación a tramitar el asunto en línea, habilitación de horas, uso de medios electrónicos, protección de datos, integración del expediente físico y electrónico y consulta del expediente electrónico; no es el caso realizar pronunciamiento al respecto, dado que en auto de radicación de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
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