Elba Erendira Rodriguez Herrera
Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1124/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Elba Erendira Rodriguez Herrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.****************************************Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria.******************** ********************En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo.****************************************Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio.****************************************Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.****************************************Finalmente, como en autos obra un documento original exhibido por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlo, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo será destruido.****************************************Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.****************************************Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1124/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que obran las documentales anexadas por la parte quejosa al escrito inicial de demanda y las allegadas por las autoridades responsables. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada al diecisiete siguiente a este órgano jurisdiccional Elba Eréndira Rodríguez Herrera, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán; 2. Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación en el Estado; 3. Dirección de Educación Elemental de la Secretaría de Educación en el Estado; y, 4. Subdirección de la Educación Especial de la Secretaría de Educación en el Estado. Acto reclamado: - La omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa, dirigido al Subdirector de Educación Especial, con copia para la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Básica y Directora de Educación Elemental, el uno y cuatro de abril, así como uno de junio de dos mil veintidós, respectivamente. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1124/2022, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción, el cual es de naturaleza omisiva. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: - La omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa, dirigido al Subdirector de Educación Especial, con copia para la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Básica y Directora de Educación Elemental, el uno y cuatro de abril, así como uno de junio de dos mil veintidós, respectivamente. Tercera. Existencia del acto reclamado. De los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas en los puntos 2, 3 y 4, se advierte que son ciertos los actos reclamados. Lo que se robustece con las documentales que adjuntaron las autoridades al rendir su informe justificado, las cuales adquieren valor probatorio pleno respecto de los hechos enumerados en su contenido, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, en razón de su naturaleza de públicas. Por otra parte, por lo que respecta a la diversa autoridad señalada en el punto 1, se advierte que ésta no rindió su informe pese a que fue debidamente notificada del auto admisorio, por lo que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le presume cierto el acto que la parte quejosa le reclama, ya que el escrito respectivo le fue entregado el tres de noviembre de dos mil veintidós, como se advierte del acuse respectivo que obra en autos. Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Por tanto, en la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, se advierte que al momento de promover la demanda de amparo -catorce de octubre de dos mil veintidós-, existía el acto reclamado consistente en la omisión de dar contestación al escrito presentado por la quejosa, dirigido al Subdirector de Educación Especial, con copia para la Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Básica y Directora de Educación Elemental, el uno y cuatro de abril, así como uno de junio de dos mil veintidós, respectivamente. Posteriormente, en el informe rendido por la Subdirectora de Educación Especial, Órgano adscrito a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, se hizo referencia de que se dio contestación el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, al escrito presentado por la parte quejosa, lo cual le fue notificado el veintidós siguiente, tal como se advierte del sello del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por otra parte, en el informe rendido por la Subsecretaría de Educación Básica en el Estado de Michoacán, se refirió que el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se dio contestación al escrito presentado por la parte peticionaria de amparo, lo cual le fue notificado el veinticinco de enero del presente año, tal como se advierte del sello del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable Educación Especial, Órgano adscrito a la Secretaría de Educación del Estado de Michoacán, se pronunció respecto del escrito presentado ante ésta (toda vez que fue a la autoridad a la que se dirigió el mismo), quien dio contestación el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, lo cual le fue notificado a la parte quejosa el veintidós siguiente, tal como se advierte del sello del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo cual destruye en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos al quejoso como si se le hubiera concedido la protección constitucional. Lo que se robustece con las documentales que adjuntaron las autoridades al rendir su informe justificado, las cuales ya fueron valoradas con antelación. Por tanto, de lo anterior se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que de acuerdo con el artículo 63 de la misma ley, se sobresee en el juicio. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Elba Eréndira Rodríguez Herrera, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito de Ricardo Guzmán Mercado autorizado en términos amplios de la parte quejosa y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por formulados los alegatos vertidos por la parte promovente. Por otra parte, respecto a lo que refiere que reitera las pruebas documentales ofrecidas en autos, dígasele que las mismas ya fueron admitidas y desahogadas con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo. Hágase nueva relación de lo anterior en la audiencia constitucional respectiva. En otro aspecto como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas a petición verbal de las partes, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos para constancia. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que mediante proveído de tres de los actuales, se requirió a la autoridad responsable Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computado legalmente, remitiera copia certificada íntegra y perfectamente legible de la totalidad de constancias relacionadas con el acto reclamado, o en su caso, informe la imposibilidad que tenga para ello, lo que se encuentra en proceso de serle notificado. En ese sentido, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, para su verificativo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.ERR
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