Eleazar Delgado Simon

Expediente 655/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
655/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
13/09/2021

Partes del expediente

  • Eleazar Delgado Simon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo III-655/2021-Dss, sin la comparecencia de las partes. Enseguida el secretario da cuenta al juez con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio de prueba alguno. El juez provee: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por precluído el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez provee: Se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda Mediante escrito presentado el treinta de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Eleazar Delgado Simón y/o Eleazar Delgado Limón a favor de los quejosos directos Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moisés Cobarrubias Antonio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Primera Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Segunda Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; 4. Agencia Tercera Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; 5. Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; 6. Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; 7. Fiscal General del Estado; 8. Fiscal Coordinador del Estado; y, 9. Coordinador General de la Policía de Investigación. Todos con residencia en esta ciudad. Actos reclamados. Privación ilegal de la libertad de Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moisés Cobarrubias Antonio; y, b) Incomunicación, actos que refiere el artículo 22 Constitucional y la posible desaparición forzada de dichos quejosos. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, previa ratificación de los quejosos directos de la demanda promovida a su favor, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número 655/2021, se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal; la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; y se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de naturaleza positiva y la demanda se presentó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: a) Privación ilegal de la libertad de Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moisés Cobarrubias Antonio; y, b) Incomunicación, actos que refiere el artículo 22 Constitucional y la posible desaparición forzada de dichos quejosos. Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, a excepción de la señalada en numeral 7, al rendir sus informes justificados manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, sin que haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa, atento al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión del acto reclamado precisado en esta consideración, es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que lo hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción XXI, en relación con el artículo 61, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo por la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Primera Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Segunda Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Tercera Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agencia Cuarta Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Agente del Ministerio Público Investigador de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán; Fiscal Coordinador del Estado; y Coordinador General de la Policía de Investigación, todos con residencia en esta ciudad. Cuarta. Cesación de actos. Ahora bien, con apoyo en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio que dentro del juicio de amparo 651/2021 del índice de este Juzgado, en auto de cinco de agosto del año en curso, se tuvo al Director de Amparos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad, informando que los quejosos directos se encontraban en el área de separos de la Dirección de la Policía de Investigación de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado, lo anterior, debido a la orden de localización y presentación girada dentro de la averiguación previa 061/2014-AEH-III-3; asimismo, que mediante oficio de treinta y uno de julio pasado se ordenó la inmediata libertad de los quejosos directos Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moisés Cobarrubias Antonio. Ahora bien, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la privación ilegal de la libertad, incomunicación, actos que refiere el artículo 22 Constitucional y la posible desaparición forzada en detrimento de los quejosos directos, como se expuso en párrafos precedentes, se advierte que el treinta y uno de julio del año en curso, el Fiscal General del Estado, con residencia en esta ciudad ordenó la inmediata libertad de los quejosos directos Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moisés Cobarrubias Antonio; lo anterior, trae como consecuencia que los actos reclamados cesen en sus efectos, pues ello constituye una situación jurídica que destruye la que dio origen al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, toda vez que el acto que les causaba agravio era la desaparición forzada, detención e incomunicación en que se encontraban a la fecha de presentación de la demanda. De ahí, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos del acto reclamado han desaparecido totalmente, sin que hayan dejado huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de especificar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, obligando a las autoridades responsables a obrar en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, lo que la misma garantía exija, cuando como en el caso, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 193758, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad, incomunicación, actos que refiere el artículo 22 Constitucional y la posible desaparición forzada en detrimento de los quejosos directos Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moises Casarrubias Antonio al Fiscal General del Estado, con sede en esta ciudad. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Daniel Delgado Simón, Pablo Hernández Hernández y Moises Casarrubias Antonio, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el resultando primero. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, doce de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el titular de la Unidad Especializada de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes con el informe justificado que rinde el Agente del Ministerio Público Investigador en apoyo de la Agencia Segunda Investigadora de la Unidad Especializada de combate al Secuestro de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Hágase nueva relación de dicho informe en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de julio de dos mil veintiuno, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CCJ/ST/1998/2021 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

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