Efrain Gonzalez Garcia
Expediente 208/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 208/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Efrain Gonzalez Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo que se actúa, sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Destino Final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales Publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, destrúyase el juicio y el cuaderno original del incidente consérvese y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con residencia en esta ciudad, la documental que anexó como soporte a su informe justificado, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del diecisiete de julio de dos mil veintitrés, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 208/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida se da cuenta a la encargada del despacho con las constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que las ofreció la parte quejosa y autoridad responsable. La encargada del despacho provee: Se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las constancias ofrecidas por la parte quejosa y autoridad responsable y dado que no hay medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos el secretario da cuenta que ninguna de las partes formuló los de su intención. En relación con lo anterior la encargada del despacho acuerda: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la encargada del despacho para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. R E S U L T A N D O. Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés (foja 3), ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Efraín González García, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Seis, con sede en esta ciudad. Actos que estimó violatorios de los artículos 1, 2, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés (foja 33), se admitió a trámite la presente demanda de amparo, se registró en el libro de gobierno con el número 208/2023, se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete, se pidió el informe justificado al autoridad responsable y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el propio auto se reconoció el carácter de tercera interesada a Simona Huerta Segundo, por figurar como parte actora en la contienda agraria de origen. Finalmente, seguido el juicio por sus demás trámites legales, en auto de quince de junio de dos mil veintitrés (foja 112) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó en su fecha, con el resultado consignado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos son reclamados a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en donde este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados con antelación, el acto reclamado por la quejosa la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y seis, con sede en esta ciudad, consiste en: La falta de emplazamiento a juicio agrario 629/2019, y por ende todo lo actuado dentro de ese expediente relativo a la declaración de una servidumbre de paso en el terreno de riego ubicado en el lugar conocido como El Llano de la 2da y/o 3ra Manzana El Tigre, de la Comunidad Indígena de Crescencio Morales, Municipio de Zitácuaro, Michoacán. Tercero. Certeza de los actos reclamados. La Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y seis, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado señaló que no es cierto el acto reclamado (foja 53), sin embargo, de las constancias que adjuntó a su informe se advierte la existencia del acto reclamado; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado. Es aplicable al caso la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Registro 211004, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Certeza que se corrobora con la prueba documental que allegó al juicio el magistrado responsable, consistente en testimonio autorizado del expediente 629/2019; [el cual obra por separado en un tomo], promovido por la tercera interesada sobre reconocimiento de servidumbre legal de paso, ejercitada en contra de Federico González Villegas. Prueba con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2011, Tomo II Procesal-Constitucional 1, Común Primera Parte, Materia Común, Quinta Época, registro 1002815, la cual el del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como la diversa jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados en esta instancia constitucional. Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] II. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" La hipótesis citada, debe analizarse conjuntamente con lo que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De los artículos transcritos, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En el caso que nos ocupa, los actos reclamados derivan del expediente 629/2019, que sobre reconocimiento de servidumbre legal de paso ejerció la aquí tercera interesada en contra de Federico González Villegas; al efecto aduce el quejoso que es poseedor del bien inmueble materia del presente juicio; por ende debe acreditar el interés jurídico que tiene sobre éste, o dicho en otras palabras, la afectación a sus derechos sustantivos protegidos por la norma. Corrobora lo anterior, la tesis número I. 13º. C.12 C (10ª.), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2040 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materias Común-Civil, Décima Época, registro 2006503, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5º., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias". Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Enero de 2008, Materia Común, Novena Época, registro 170500, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4º. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Pues bien, para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; b) Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; c) Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, d) Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, existe interés jurídico cuando el peticionario acredita una afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), los cuales deben ser acreditados en forma fehaciente. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 2ª. LXXX/2013 (10ª.), visible a foja 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3, Materia Común, Décima Época, registro 2004501; que a continuación se transcribe, ha determinado que para acreditar el interés jurídico, debe demostrarse lo siguiente: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". En ese orden, en el caso que nos ocupa el quejoso debía acreditar fehacientemente el interés jurídico (y no de otra clase), que le asiste para reclamar el acto relacionado con el inmueble del cual aduce ser poseedor; y, refirió que es de su propiedad. Es así, porque tratándose de la posesión de muebles e inmuebles, para que ésta sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, pues sólo con dicho documento está en posibilidad de demostrar el derecho que le asiste para defender los muebles precisados y, por ende, el interés jurídico legalmente protegido. En efecto, el artículo 14 constitucional prevé, entre otras situaciones, que nadie puede ser privado de sus propiedades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El derecho de seguridad jurídica en comento es susceptible exigirse en aquellos casos en que el gobernado es afectado por un acto de autoridad en los derechos de propiedad o posesión de sus bienes, entre otros supuestos. Por tanto, una vez que el gobernado es privado de sus derechos de propiedad o posesión, tiene la facultad de exigir el cumplimiento de aquélla; sin embargo, ello no procede con la simple afirmación de que el bien afectado es de su propiedad o posesión, e incluso ser simple habitante del mismo, pues es necesario que se acrediten esos derechos, es decir, corresponde al particular demostrar con medios de prueba tales extremos. Esto es así, porque el interés jurídico está relacionado con el derecho afectado, por tal motivo no puede inferirse con base en presunciones, de ahí que el promovente del juicio debe demostrar a plenitud ser el titular de ese derecho, así como que los daños o perjuicios afectan real y efectivamente los bienes amparados en su favor. De ahí que no sea suficiente que el gobernado aduzca ser habitante, poseedor o propietario del inmueble, pues se encuentra obligado a demostrar, a través de los medios de convicción regulados en la legislación, que es titular de los derechos que refiere se ven afectados. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia VI.2º.C. J/227, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, página 1676 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, enero de 2003, del título y contenido siguientes: "POSESIÓN QUE AMPARA EL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. No es el simple hecho de la ocupación, sin título alguno en el que pueda apoyarse, la que tutela y protege el juicio constitucional, puesto que no basta la circunstancia de encontrarse una persona detentando un bien inmueble para presumir que por sí sola tiene la posesión, si no se allega para su fundamento algún título que conduzca a la protección constitucional del derecho de posesión correspondiente. Así, a reserva de que ante las autoridades comunes se dilucide si el derecho a la posesión que emana de un título es legítimo o no, el juicio de garantías, salvaguarda inquebrantable de respeto e inviolabilidad de los derechos del hombre, no puede proteger la simple ocupación sin título, porque esta detentación no debe estimarse como posesión.". Entonces, en el juicio de amparo se protege la posesión, ya sea originaria (la que se obtiene a través de un título por el cual se transfiere la propiedad) o derivada (que no proviene de un título traslativo de dominio pero que otorga el derecho a poseer el bien, como puede ser el arrendamiento, usufructo, la depositaría o cualquier otra análoga), siempre que se acredite la existencia de algún título, fundado ya sea en un precepto legal o en alguna figura jurídica que le genere el derecho a poseer; por tanto, resulta insuficiente, como se dijo, sólo demostrar la simple detentación material del bien o ser habitante del mismo. Las consideraciones precedentes también encuentran apoyo en la jurisprudencia P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 17/91 -Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito- publicada en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Civil, Novena Época, registro 187733, la cual es del tenor siguiente: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común". Expuesto el alcance del tópico "interés jurídico", se procede a estudiar si en el caso en particular, se acreditan los extremos necesarios a fin de considerar si la parte quejosa tiene interés jurídico para ocurrir al juicio de amparo en defensa de los derechos que dice tener. En la especie, el quejoso se ostenta como tercero extraño dentro del expediente 629/2019, relativo a la acción ejercida por la aquí tercera interesada Simona Huerta Segundo, consistente en el reconocimiento de una servidumbre legal de paso ejercida contra Federico González Villegas, sobre el terreno de riego ubicado en el lugar conocido como El Llano de la 2da y/o 3ra Manzana, el Tigre de la comunidad indígena de Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro, Michoacán. Al respecto aduce en sus conceptos de violación, que se encuentra en posesión, en calidad de dueño, de un terreno de riego, ubicado en el lugar conocido como El Llano de la 3ra Manzana el Tigre de la comunidad indígena de Crescencio Morales, municipio de Zitácuaro, Michoacán, con los siguientes linderos y colindancias: Asimismo, manifiesta que tiene la posesión del mismo, porque la adquirió de un contrato cesión de derechos que celebró con Federico González Villegas, demandado en la contienda agraria de origen, desde el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete. Documental consistente el contrato privado de cesión de derechos celebrado por el quejoso con Federico González Villegas, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, en el que al calce obra estampado un sello que dice: Comisariado de la comunidad de CRESCENCIO MORALES municipio de H. Zitácuaro, Mich. 2016-2019, así como la firma de quienes aparentemente son el Presidente, Secretario y Tesorero de dicho cuerpo colegiado (foja 8, juicio de amparo) y también la firma de dos testigos y del Presidente del Consejo de vigilancia, el cual es del tenor siguiente: Sin embargo, con dicho medio probatorio no acredita el interés jurídico necesario para ocurrir al presente juicio de amparo. Lo anterior, dado que dicho consenso de voluntades carece de fecha cierta y por tanto, no puede surtir efectos contra terceros. Sobre el tema de la fecha cierta, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2017, que dio origen a la jurisprudencia citada señaló que, tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta. La razón principal de ello, radica en dar legalidad y certeza jurídica a esas operaciones contractuales, evitando así que el juicio de amparo se use con fines desleales, pues si no se satisface el requisito de certeza, haría imposible determinar si el acto en el cual el quejoso funda sus pretensiones, es anterior o posterior a la adquisición del bien litigioso. Puntualizó que igual exigencia debe prevalecer tratándose de documentos que consignen contratos traslativos de uso, como lo es el contrato de donación; en virtud que, para que un documento privado produzca efectos contra terceros, es necesario que éste sea de fecha cierta. Sostuvo, que la fecha cierta de un documento privado, se da cuando se actualiza alguna de las hipótesis jurídicas siguientes: I. A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; II. Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, III. A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. En ese sentido, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Igualmente, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Es oportuno precisar que sólo la certificación que asiente el notario público en el sentido de que en una fecha determinada los suscriptores de un contrato privado acudieron ante su presencia a ratificar el contenido y firmas del documento relativo, es apta para conferirle la calidad de fecha cierta. También proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito, cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. Lo expuesto, permite concluir que dichos supuestos tienen como finalidad conceder eficacia probatoria a la fecha que consta en el documento privado que contiene un acto jurídico y con ello certeza jurídica, con la finalidad de evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en dicho acto asentaran una fecha que no corresponde a la data que corresponde a la celebración del acto. Lo anterior es así, pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, motivo por el cual, no pueden dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo y, por tanto, al ocurrir cualquiera de las eventualidades señaladas con antelación, surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 44/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 77, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, junio de dos mil cinco, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades." Consideraciones las anteriores con relación a la "fecha cierta" que también han sido aceptadas como válidas en el campo del derecho agrario, como se aprecia de los criterios que se insertan a continuación: Tesis aislada II.1o.16 A (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con Residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV, Materia Común, Administrativa, Décima Época, Registro 2011631, Página 2803, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AGRARIA. LOS DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA INCIERTA EXHIBIDOS POR QUIEN RECLAMA LA FALTA DE EMPLAZAMIENTO A JUICIO, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRARLO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que un documento privado sólo es apto para acreditar el interés o derecho pactado en él frente a terceros, desde que: 1) se presenta ante algún fedatario público o autoridad competente en ejercicio de sus atribuciones legales, 2) se inscribe en algún registro público, o 3) muere alguno de los firmantes (contratantes). De lo contrario, se refutará de fecha incierta y será jurídicamente ineficaz para demostrar, por sí, la existencia y certeza del acto jurídico ahí contenido, en cuya hipótesis ese documento no podrá ser oponible a terceros ajenos a él. Así, cuando en el amparo indirecto en materia agraria se reclama la falta de emplazamiento a juicio y el quejoso argumenta que se afectan sus derechos sobre alguna parcela o tierra ejidal y, para justificar ese pretendido interés jurídico, exhibe documentos privados de fecha incierta, éstos resultan insuficientes para acreditar, per se, los derechos alegados, en tanto que con esos documentos no se tiene certeza jurídica de la fecha genuina de su existencia para dilucidar -a partir de esa fecha-, si son o no oponibles a terceros ajenos a los actos ahí contenidos, pues al ser documentos privados de fecha incierta, sólo producen efectos jurídicos entre los mismos suscriptores. No es óbice a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 207/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, enero de 2005, página 575, de rubro: "PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EN MATERIA AGRARIA. PARA SU PROCEDENCIA NO SE REQUIERE DE JUSTO TÍTULO.", porque si bien es cierto que en dicho criterio jurisprudencial se precisa que en materia agraria no se requiere contar con justo título -porque "la ley no exige un 'justo título' para poseer, entendido éste como el que es, o el que fundadamente se cree, bastante para transferir derechos agrarios sobre la parcela o parte de ella, pues aun el poseedor de mala fe, que es el que entra en posesión sin título alguno o el que conoce los vicios de su título, puede adquirir la titularidad de tales derechos por prescripción"-, también lo es que se refiere exclusivamente a la procedencia de la prescripción adquisitiva de tierras parceladas, al precisarse que para su viabilidad es suficiente con demostrar la causa generadora de la posesión, esto es, la calidad con la cual se ejerce, si es originaria o derivada, si es de buena o mala fe y la fecha cierta a partir de la cual se debe computar el plazo legal para la configuración de la prescripción. Por tanto, ese criterio vinculante sólo tiene aplicación cuando en el juicio agrario se plantea la acción de prescripción adquisitiva, pero no para acreditar el interés jurídico en el amparo, en razón de que para ese fin se requiere de la exhibición de algún documento que, con independencia de si tenga o no la calidad de "justo título", sea de fecha cierta para tener certeza de ésta y, a partir de entonces determinar, válidamente, si es o no oponible a terceros ajenos a lo en él pactado, con miras a no afectar, retrasar o desconocer injustificadamente los derechos de éstos." Tesis aislada XVI.1o.A.127 A (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo III, Materia Administrativa, Página 1911, Décima Época, registro 2014254, que dice: "FECHA CIERTA DE LOS DOCUMENTOS PRIVADOS EN MATERIA AGRARIA. ES APLICABLE PARA DETERMINAR CUÁL DE LAS TRANSMISIONES DEBE PREVALECER, CUANDO UN PREDIO HA SIDO ENAJENADO POR SU TITULAR A DIVERSAS PERSONAS. Para resolver el conflicto agrario consistente en el mejor derecho a poseer un predio, suscitado entre diversas personas que afirman les fue enajenado por el titular y, para acreditar su dicho, exhiben un contrato privado de cesión de derechos, debe atenderse a lo dispuesto en los artículos 2264, 2265 y 2266 del Código Civil Federal, aplicable supletoriamente a la Ley Agraria en términos de su numeral 2o., en el sentido de que cuando un bien es enajenado por el mismo vendedor a diversas personas, debe prevalecer la transmisión realizada primero. Esto pone en evidencia la relevancia que reviste para dilucidar dicha controversia, la fecha en que fueron realizados los indicados acuerdos de voluntades y su fehaciente demostración, lo que hace necesario acudir al diverso 2034 del código citado y a la doctrina sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a que la fecha cierta de un documento privado se tiene: a partir del día en que se incorpore o inscriba en algún registro público; desde que se presente ante un funcionario público por razón de su oficio; y, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros, porque el cumplimiento de esa condición tiene como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en éste y, con ello, certeza jurídica para evitar actos fraudulentos o dolosos, como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento privado asentaran una data falsa, es decir, anterior o posterior a la verdadera." De acuerdo a lo anterior, como en el caso el quejoso reclama la falta de emplazamiento a la contienda de origen, argumentando que se afectan sus derechos parcelarios y para justificar su interés jurídico, exhibió un contrato privado de fecha incierta, debe establecerse que el mismo resulta insuficiente para acreditar por sí mismo, los derechos alegados, en tanto que con ese consenso de voluntades no se tiene certeza jurídica de la fecha genuina de su existencia para dilucidar -a partir de esa fecha-, si es o no oponible a terceros ajenos a los actos ahí contenidos, pues al ser un documento privado de fecha incierta, sólo produce efectos jurídicos entre los mismos suscriptores. Se realiza tal afirmación, en la medida que dicho contrato no fue incorporado o inscrito en algún registro público; tampoco presentado ante un funcionario público por razón de su oficio; y, en autos no está acreditado que Federico González Villegas haya fallecido; de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no pueda determinarse la fecha cierta del contrato referido, porque el cumplimiento de cualquiera de esas condiciones tiene como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en éste y, con ello, certeza jurídica para evitar actos fraudulentos o dolosos. En este punto es necesario establecer, que no pasa por alto para quien resuelve, que en el contrato privado de cesión de derechos celebrado por el quejoso con Federico González Villegas, el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, obra estampado un sello que dice: Comisariado de la comunidad de CRESCENCIO MORALES municipio de H. Zitácuaro, Mich. 2016-2019, así como la firma de quienes aparentemente son el Presidente, Secretario y Tesorero de dicho cuerpo colegiado y también la firma de dos testigos y el Presidente del Consejo de Vigilancia. Pese a ello, debe señalarse que el sello y firma de los miembros del comisariado ejidal no tornan a ese documento en un contrato de fecha cierta, en atención a que no es facultad del Comisariado Ejidal intervenir en cuestiones relativas a cesiones de derechos o posesión, como de advierte de los artículos 32 y 33 de la Ley Agraria, que dicen: "Artículo 32.- El comisariado ejidal es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como de la representación y gestión administrativa del ejido. Estará constituido por un Presidente, un Secretario y un Tesorero, propietarios y sus respectivos suplentes. Asimismo, contará en su caso con las comisiones y los secretarios auxiliares que señale el reglamento interno. Este habrá de contener la forma y extensión de las funciones de cada miembro del comisariado; si nada dispone, se entenderá que sus integrantes funcionarán conjuntamente. Artículo 33.- Son facultades y obligaciones del comisariado: I. Representar al núcleo de población ejidal y administrar los bienes comunes del ejido, en los términos que fije la asamblea, con las facultades de un apoderado general para actos de administración y pleitos y cobranzas; I. Procurar que se respeten estrictamente los derechos de los ejidatarios; III. Convocar a la asamblea en los términos de la ley, así como cumplir los acuerdos que dicten las mismas; IV. Dar cuenta a la asamblea de las labores efectuadas y del movimiento de fondos, así como informar a ésta sobre los trabajos de aprovechamiento de las tierras de uso común y el estado en que éstas se encuentren; V. Las demás que señalen la ley y el reglamento interno del ejido." Lo anterior se refuerza con la tesis aislada III.1o.A.133 A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que se invoca por analogía jurídica, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia Administrativa, página 1459, Novena Época, Registro 174051, que dice: "POSESIÓN DE PARCELAS EJIDALES. LA CONSTANCIA RELATIVA, EXPEDIDA POR EL COMISARIADO EJIDAL EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO POR LA ASAMBLEA DE EJIDATARIOS, CON LA CUAL SE PRETENDE ACREDITAR QUE ASISTE UN MEJOR DERECHO A UNA PERSONA RESPECTO DEL POSEEDOR REAL, CARECE DE VALOR PROBATORIO. La constancia de posesión expedida por los integrantes del comisariado ejidal, en cumplimiento a lo ordenado por la asamblea general de ejidatarios, con la que se pretende acreditar que asiste un mejor derecho a una persona a poseer una parcela, respecto de quien prueba ser el poseedor real no tiene valor probatorio, en razón de que de conformidad con los artículos 23 y 33 de la Ley Agraria, respectivamente, la asamblea de ejidatarios carece de facultades para otorgar la posesión de una parcela cuando se encuentra en posesión de persona diversa, y el comisariado ejidal para expedir las constancias relativas." Además, para dar sustento al sentido que se asume en esta decisión, debe considerarse la constancia expedida por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con sede en esta ciudad, de fecha doce de junio de dos mil veintitrés, de la que se advierte que no se encontraron antecedentes registrales a nombre de Efraín González García, como titular de certificado de derechos agrarios y/o parcelario y/o uso común y/o solar. De igual forma, no pasa desapercibido para esta Juzgadora que junto con el documento que exhibió la parte quejosa (contrato de cesión de derechos), obra una certificación notarial de fecha diez de febrero de dos mil veintitrés, en la que el Notario Público 108, con ejercicio y residencia en Zitácuaro, Michoacán, asentó que la copia fotostática concuerda fielmente con su original que tuvo a la vista, consistente en una foja útil tamaño oficio por su frente y vuelta, y que al efectuarse la citada certificación no se califica sobre la autenticidad, validez o licitud de los documentos exhibidos y de las firmas y sellos que en él aparecen, sino solo se contrae a certificar que concuerdan fiel y exactamente con los documentos que se tuvo a la vista; por tanto dicha certificación no es apta para considerar al documento que se certifica de fecha cierta, porque lo único que se puede advertir de la misma es que se trata de una copia que concuerda fielmente con su original, sin establecer mayores datos que permitan corroborar la identificación de cuál documento se cotejó o a cuál corresponde, y además, aun considerando que sea óptima esa certificación notarial para considerar que fuera de fecha cierta, el documento adquiriría fecha cierta a partir de su presentación ante el notario público, es decir, a partir del diez de febrero de dos mil veintitrés y por tanto sería inapta para considerarlo documento idóneo para incorporarlo al juicio agrario de origen, el cual inicio en el año dos mil diecinueve. Por lo anterior, no obstante que el quejoso manifieste ser poseedor del inmueble, no lo acreditó; por tanto, no se le puede atribuir un derecho suficiente para acudir al juicio de amparo en defensa del terreno multicitado, ya que no demuestra una posesión que pudiera ser garantizada por la ley; por lo que es evidente que no acreditó su interés jurídico, máxime el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, y no inferirse con base en presunciones, como lo establece el criterio 2ª./J. 16/94, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, Octubre de 1994, registro 206338, de título y tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". En consecuencia, como la parte quejosa no acreditó su interés jurídico de manera que evidenciara la existencia de la violación a su derecho subjetivo, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Efraín González García, en términos del considerando cuarto de esta determinación. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y por oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, anexas a sus oficios de cuenta, consistentes en las respuestas dadas a las peticiones con números de solicitud 162304493 y 16230004543. En ese sentido, para dar margen a que transcurra el término de ocho días que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan del contenido de las constancias antes indicadas, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y se fijan para su verificativo las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIECISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Apoya a lo anterior por analogía, la jurisprudencia 54/2000 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de veintiocho de marzo de dos mil, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, abril de dos mil, página 5, de la Novena Época, de rubro y contenido siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo (". el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado..") sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe deferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Es aplicable el criterio transcrito en virtud de que no se contrapone con la actual Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 6° transitorio. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de dieciocho de mayo de do mil veintitrés, la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos de la Delegación del Registro Agrario Nacional en Michoacán, informó la imposibilidad material que había tenido para remitir las respuestas dadas a las peticiones con números de registro ********************y ********************. En virtud de lo anterior, se le otorgó una prórroga de diez días, a efecto de que remitiera las constancias solicitadas, sin que a la fecha haya lo haya hecho, pese a haber sido notificada del auto de dieciocho de mayo del año en curso, desde el veintidós de mayo próximo pasado. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requiérase al Registro Agrario Nacional, Delegación Michoacán, para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de la notificación que se realice del presente proveído remita la respuesta dada a las peticiones con números de registro ********************y ********************. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá una multa por la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 237, fracción I y 258, todos de la Ley de Amparo. Finalmente, se conmina a la responsable que actúe con diligencia ya que con su actitud omisa y contumaz solo retrasa el trámite del juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
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