Efraín Hernández Méndez
Expediente 619/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Efraín Hernández Méndez
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de febrero de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que hubiere lugar el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, a través del cual acusa recibo del diverso oficio por el cual este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, e informa que mediante proveído de siete de enero del año en curso, aceptó la competencia declinada por este juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, radicándolo bajo el número estadístico 14/2022-VIII. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, una vez transcurrido el plazo de tres años a que refiere dicho punto, destrúyase este expediente, dado que no existen documentos originales y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. ANOTACIÓN DE VALORACIÓN DOCUMENTAL Y FECHA DE ARCHIVO EN CARÁTULA DE EXPEDIENTE. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es destruible, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma. Guadalupe Torres García, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, quien actúa con Rosalba Izaguirre Arellano, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós. ESTADO DE AUTOS. Visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, este juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer el presente asunto y declinó competencia a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, en turno, ordenándose la remisión del expediente a través de mensajería acelerada Estafeta, la cual fue recibida en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en la ciudad de San Luis Potosí, el seis de enero del año en curso, como se advierte de la constancia de recibo de la mensajería antes mencionada. Posteriormente, el presente expediente fue turnado al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, capital, sin que a la fecha la indicada autoridad haya informado lo relativo a la incompetencia referida. En tal virtud, mediante oficio que al respecto se gire a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, solicítese a la autoridad en cita, informe si aceptó la competencia planteada, ello para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda que promueve ..., contra actos del Juzgado Primero Civil del Sexto Distrito Judicial en esta ciudad y otras autoridades, por transgresión que estima de los artículos 13, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 619/2021-I-B. DETERMINACIÓN DE INCOMPETENCIA. En el caso, del análisis integral de la demanda se advierte que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer de los actos reclamados por el promovente del amparo, conforme con lo dispuesto en el artículo 38, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." En principio, el artículo 38, de la Ley de Amparo establece que la autoridad judicial competente para conocer de actos atribuidos a un Juez de Distrito, será otro de la misma categoría que resida dentro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Cabe destacar, que si bien el artículo referido en el párrafo precedente, no establece la hipótesis de que el juicio de amparo se promueva contra todos los Jueces de Distrito del mismo ámbito territorial, es lógico establecer que debe aplicarse la regla relativa a que la competencia debe fincarse en el homólogo más próximo a la residencia de los jueces señalados como autoridad responsable. El escrito de demanda revela que el quejoso señala como autoridades responsables entre otras, a este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, así como al Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, y como acto reclamado la orden de embargo y cateo de los bienes e inmuebles que se ubican en el domicilio ubicado en calle Fortunato Nales, número 122, del fraccionamiento Media Luna del municipio de Tamuín, San Luis Potosí. Entonces, al encontrarse este Juzgado Federal señalado como autoridad responsable, resulta incuestionable que no se surte la competencia legal para conocer de la referida demanda, sino que ésta se actualiza a favor del Juzgado de Distrito residente con mayor proximidad a este órgano judicial, conforme al artículo 38 de la Ley de Amparo y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Luego, conforme con la citada normativa, el Juzgado con mayor proximidad es el Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, perteneciente a este Noveno Circuito, en turno. Por ende, este Juzgado declina competencia para conocer de la demanda que promueve Efraín Hernández Méndez, contra actos de este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado y otras autoridades, a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno. En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, se ordena remitir la demanda de que se trata al Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en turno, para que resuelva lo que estime procedente; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis 97, visible en la página 132, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la citada ley al licenciado Margarito Rodríguez Díaz, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los presentes autos a Libne Guadalupe Alonso Zamora, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia.
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