Efraín Arreola Ortiz
Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con residencia en San Luis Potosí
- Efraín Arreola Ortiz
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es destruible y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ..., como miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, personalidad que se tiene por reconocida conforme con las documentales que anexa, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con residencia en San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 418/2021 DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el que se dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente, y por indudable que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Del análisis al escrito de demanda se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 7, de la Ley de Amparo, en virtud de que Efraín Arriola Ortiz, como miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, carece de legitimación para promover juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Asimismo, en el artículo 7° de dicho ordenamiento jurídico, se establece: "Artículo 7°.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." En la primera de las citadas disposiciones se establece que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, lo que implica que los órganos jurisdiccionales tienen la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de dichos ordenamientos jurídicos, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen. Por otra parte, en el segundo de los numerales invocados se prevé la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover juicio de garantías, bajo las condiciones que ahí se establecen. La regla general es que los órganos del Estado no están legitimados para promover juicio de amparo al no ser titulares de derechos humanos susceptibles de afectarse por la actuación de alguna autoridad; sin embargo, en el artículo 7° de la Ley de Amparo el legislador dispuso que las personas morales oficiales (Federación, Estados, Municipios o cualquier otra persona moral pública) podrán ocurrir, excepcionalmente, en demanda de amparo, cuando el acto reclamado afecte su interés patrimonial respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, esto es, cuando actúan desprovistas de imperio. Con relación a dicho tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades legales de que se hallan investidas; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Por tanto, el juicio de amparo no es la vía para impugnar actos de autoridad que afecten a otra autoridad o, dicho de otro modo, no es la instancia para dirimir conflictos entre autoridades respecto de las funciones públicas que éstas tienen encomendadas, al no estar prevista esa posibilidad en el artículo 1º de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que ..., promueve demanda de amparo en su carácter de miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, en la que señala como acto reclamado la indebida e ilegal conformación de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, de la cual refiere se enteró a través de una nota periodística, toda vez que aduce no haber sido convocado a formar parte de dicha Comisión Ejecutiva, con la calidad de miembro numerario que ostenta, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Al respecto, conviene citar el contenido de los artículos 7, 15, 16, 18, 22 y 23, fracción IV, de la Ley en cita, en los que se dispone: "Artículo 7°. El Sistema Estatal se integra por: I. Los miembros del Comité Coordinador; II. El Comité de Participación Ciudadana, y III. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización." "Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal." "Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos, de reconocida probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la mejora de la gestión pública, combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas, quienes durante el tiempo de su gestión, no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, o actividades que representen conflictos de intereses con el ejercicio del cargo. Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y solo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves." "Artículo 18. El cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana será de carácter honorifico por lo que no recibirán retribución alguna por su ejercicio, garantizando así la objetividad e imparcialidad en su desempeño. La Secretaria Ejecutiva les proveerá los recursos humanos y materiales indispensables para el desempeño de sus funciones. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y el artículo 29 de este Ordenamiento. En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservada y confidencial. En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se aplicará el principio de paridad de género." "Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión." "Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: (.) IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; (.)" De los numerales en cita se obtiene que el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, se integra, entre otros, por el Comité de Participación Ciudadana, el cual a su vez se encuentra integrado por cinco ciudadanos que duraran en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, cargo que además será honorifico, por lo que no recibirán retribución alguna por su ejercicio y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos. Se advierte también que el Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto, coadyuvar a los objetivos del Comité Coordinador, además ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí; así como participar en la Comisión Ejecutiva conforme a lo dispuesto en el ordenamiento en cita. De lo anterior, se colige que los actos que en esta vía impugna el promovente son derivados del ejercicio de sus funciones de derecho público, pues resulta evidente que la afectación que alega no se da dentro de una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad como particular. Consecuentemente, es indudable que no se actualiza la hipótesis normativa del artículo 7° de la Ley de Amparo, porque en realidad el promovente no acude a esta instancia como si se tratara de un particular, sino como ente público, pues su pretensión es que previo a la conformación de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, sea tomado en cuenta para formar parte de la misma, como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí. De ahí que, si en el caso no se surten las condicionantes establecidas en el numeral 7° de la Ley de Amparo, es evidente que la parte quejosa, con el carácter que ostenta, carece de legitimación para promover juicio de garantías, dado que éste no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, como lo pretende el promovente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017 Tomo II, página 1022, con registro digital 2015321, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a José de Jesús Sierra Acuña, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable tiene expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de seis de septiembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de septiembre de dos mil veintiuno. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ..., como miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, personalidad que se tiene por reconocida conforme con las documentales que anexa, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la Ley de Amparo, contra actos de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, con residencia en San Luis Potosí, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 418/2021 DESECHAMIENTO. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en el que se dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente de la demanda. Así, por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte meridiana y patentemente, y por indudable que no admite duda, esto es, que hay plena certeza y seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Del análisis al escrito de demanda se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 7, de la Ley de Amparo, en virtud de que Efraín Arriola Ortiz, como miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, carece de legitimación para promover juicio de amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Asimismo, en el artículo 7° de dicho ordenamiento jurídico, se establece: "Artículo 7°.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta Ley se exige a las partes." En la primera de las citadas disposiciones se establece que el juicio de garantías es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la Ley de Amparo, lo que implica que los órganos jurisdiccionales tienen la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de dichos ordenamientos jurídicos, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen. Por otra parte, en el segundo de los numerales invocados se prevé la posibilidad de que las personas morales públicas puedan promover juicio de garantías, bajo las condiciones que ahí se establecen. La regla general es que los órganos del Estado no están legitimados para promover juicio de amparo al no ser titulares de derechos humanos susceptibles de afectarse por la actuación de alguna autoridad; sin embargo, en el artículo 7° de la Ley de Amparo el legislador dispuso que las personas morales oficiales (Federación, Estados, Municipios o cualquier otra persona moral pública) podrán ocurrir, excepcionalmente, en demanda de amparo, cuando el acto reclamado afecte su interés patrimonial respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares, esto es, cuando actúan desprovistas de imperio. Con relación a dicho tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las personas morales oficiales pueden actuar con un doble carácter: como entes dotados de poder público y como personas morales de derecho privado. En el primer caso, su acción proviene del ejercicio de las facultades legales de que se hallan investidas; en la segunda situación, obran en condiciones similares que los particulares, esto es, contraen obligaciones y adquieren derechos de la misma naturaleza y en la misma forma que los individuos. Por tanto, el juicio de amparo no es la vía para impugnar actos de autoridad que afecten a otra autoridad o, dicho de otro modo, no es la instancia para dirimir conflictos entre autoridades respecto de las funciones públicas que éstas tienen encomendadas, al no estar prevista esa posibilidad en el artículo 1º de la Ley de Amparo. En el caso, se advierte que ..., promueve demanda de amparo en su carácter de miembro numerario del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, en la que señala como acto reclamado la indebida e ilegal conformación de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, de la cual refiere se enteró a través de una nota periodística, toda vez que aduce no haber sido convocado a formar parte de dicha Comisión Ejecutiva, con la calidad de miembro numerario que ostenta, en franca violación a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí. Al respecto, conviene citar el contenido de los artículos 7, 15, 16, 18, 22 y 23, fracción IV, de la Ley en cita, en los que se dispone: "Artículo 7°. El Sistema Estatal se integra por: I. Los miembros del Comité Coordinador; II. El Comité de Participación Ciudadana, y III. El Comité Rector del Sistema Estatal de Fiscalización." "Artículo 15. El Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto coadyuvar, en términos de esta Ley, al cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal." "Artículo 16. El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos, de reconocida probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la mejora de la gestión pública, combate a la corrupción, transparencia o rendición de cuentas, quienes durante el tiempo de su gestión, no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, o actividades que representen conflictos de intereses con el ejercicio del cargo. Durarán en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección y serán renovados de manera escalonada, y solo podrán ser removidos por alguna de las causas establecidas en la normatividad relativa a los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves." "Artículo 18. El cargo de integrante del Comité de Participación Ciudadana será de carácter honorifico por lo que no recibirán retribución alguna por su ejercicio, garantizando así la objetividad e imparcialidad en su desempeño. La Secretaria Ejecutiva les proveerá los recursos humanos y materiales indispensables para el desempeño de sus funciones. Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana estarán sujetos al régimen de responsabilidades que determina el artículo 124 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí; y el artículo 29 de este Ordenamiento. En relación con el párrafo anterior, le serán aplicables las obligaciones de confidencialidad, secrecía, resguardo de información, y demás aplicables por el acceso que llegaren a tener a las plataformas digitales de la Secretaría Ejecutiva y demás información de carácter reservada y confidencial. En la conformación del Comité de Participación Ciudadana se aplicará el principio de paridad de género." "Artículo 22. El Comité de Participación Ciudadana se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, cuando así se requiera a petición de la mayoría de sus integrantes. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes y en caso de empate, se volverá a someter a votación, y en caso de persistir el empate se enviará el asunto a la siguiente sesión." "Artículo 23. El Comité de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones: (.) IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta Ley; (.)" De los numerales en cita se obtiene que el Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, se integra, entre otros, por el Comité de Participación Ciudadana, el cual a su vez se encuentra integrado por cinco ciudadanos que duraran en su encargo cinco años, sin posibilidad de reelección, cargo que además será honorifico, por lo que no recibirán retribución alguna por su ejercicio y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos. Se advierte también que el Comité de Participación Ciudadana tiene como objeto, coadyuvar a los objetivos del Comité Coordinador, además ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las materias del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí; así como participar en la Comisión Ejecutiva conforme a lo dispuesto en el ordenamiento en cita. De lo anterior, se colige que los actos que en esta vía impugna el promovente son derivados del ejercicio de sus funciones de derecho público, pues resulta evidente que la afectación que alega no se da dentro de una situación jurídica en la que se encuentre en un plano de igualdad como particular. Consecuentemente, es indudable que no se actualiza la hipótesis normativa del artículo 7° de la Ley de Amparo, porque en realidad el promovente no acude a esta instancia como si se tratara de un particular, sino como ente público, pues su pretensión es que previo a la conformación de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí, sea tomado en cuenta para formar parte de la misma, como integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de San Luis Potosí. De ahí que, si en el caso no se surten las condicionantes establecidas en el numeral 7° de la Ley de Amparo, es evidente que la parte quejosa, con el carácter que ostenta, carece de legitimación para promover juicio de garantías, dado que éste no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, como lo pretende el promovente. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 128/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, octubre de 2017 Tomo II, página 1022, con registro digital 2015321, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS MORALES OFICIALES. CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, CON INDEPENDENCIA DE LAS VIOLACIONES QUE ADUZCAN. La excepción contenida en el artículo 7o. de la Ley de Amparo es de aplicación estricta y constituye el único fundamento para que las personas morales oficiales promuevan el juicio de amparo. En esa tesitura, si el objeto del juicio constitucional es resolver toda controversia suscitada por actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos, no puede hacerse extensivo a las personas de derecho público, sino cuando opere la excepción a esta regla, es decir, cuando actúan como cualquier particular y en defensa de su patrimonio; de ahí que cuando lo hacen en su carácter de autoridad carecen de legitimación para promover el amparo, con independencia de la naturaleza sustantiva o adjetiva de las violaciones que pretendan hacer valer ante el Juez o tribunal federal, pues el indicado medio de control constitucional no debe operar para resolver controversias entre organismos públicos, ni como un simple recurso de casación, sino para la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano; habida cuenta que, siendo en esencia los derechos humanos restricciones al poder público, queda al margen de toda discusión que la autoridad no goza de éstos." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a José de Jesús Sierra Acuña, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable tiene expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."
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