Efrén Duque Castillo
Expediente 594/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Efrén Duque Castillo
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, nueve de septiembre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atendiendo al contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que el artículo 98 de la Ley de Amparo establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo segundo, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Efrén Duque Castillo, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, capital, y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 8 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 594/2022-II-F. IMPROCEDENCIA. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ACTO RECLAMADO. Ahora, la parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca número 514-2022, por el que confirmó el diverso de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 323/2021, del índice del Juzgado Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, relativo al juicio extraordinario civil promovido por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga contra Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque. ANTECEDENTES. De los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que bajo protesta de decir verdad refiere la quejosa, se desprende lo siguiente: a) Ma. Magdalena Jiménez Lárraga demandó en la vía extraordinaria civil a Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, por la rescisión de contrato verbal de arrendamiento celebrado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, respecto de la finca con el número 1825 de la calle Chad del fraccionamiento Valle Alto de esta ciudad, la entrega materia y física del inmueble, el pago inmediato de las rentas adeudadas, y el pago de las costas y gasto que se originen con motivo de la tramitación del respectivo juicio. b) Por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, admitió la demanda en la vía extraordinaria civil, promovida por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga en contra de Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, la registró bajo el número de expediente 323/2021; requirió a los demandados por la exhibición del contrato de arrendamiento por escrito, el pago de las prestaciones reclamadas, los previno para que de no dar cumplimiento dentro del término de cuarenta y cinco días, desocuparan el inmueble arrendado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se llevaría a cabo el lanzamiento a su costa. c) Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, mediante resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca número 514-2022, que confirmó el auto recurrido. DESECHAMIENTO. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada se duele de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca 514-2022, a través de la cual la Sala responsable confirmó el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por el que admitió la demanda en la vía extraordinaria civil, promovida por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga en contra de Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, la registró bajo el número de expediente 323/2021; requirió a los demandados por la exhibición del contrato de arrendamiento por escrito, el pago de las prestaciones reclamadas, los previno para que de no dar cumplimiento dentro del término de cuarenta y cinco días, desocuparan el inmueble arrendado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se llevaría a cabo el lanzamiento a su costa. Sin embargo, pese a lo sostenido por el promovente, con la emisión de la determinación impugnada no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos fundamentales establecidos en la carta magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena, sino que simplemente son actuaciones que son parte del juicio de origen, o sea, esos actos exclusivamente se relacionan con las etapas del juicio natural, mas no con derechos sustantivos, lo que genera que los efectos de los actos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Así, la parte quejosa aun con los actos reclamados en este juicio de amparo, está en aptitud de intervenir en el juicio con todas las oportunidades que la ley de la materia le otorga para la exposición y la prueba de sus derechos, pues, en el caso, no se ha dictado la sentencia definitiva. Inclusive, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el tribunal responsable dictara fallo a su favor, o en su defecto, podrá hacer valer como conceptos de violación los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Amparo. Luego, si los actos reclamados en este juicio de amparo, por su naturaleza legal, solo se relacionan con las etapas del juicio natural, o sea, con derechos adjetivos y no sustantivos, es inconcuso que en caso de pronunciarse un fallo favorable a la parte impetrante, cualquier violación de tal índole quedaría reparada, pues a pesar de haberse realizado la parte inconforme vería satisfecha su pretensión en el propio juicio, de ahí que, se insiste, en este caso no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 128/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil seiscientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, relativo a enero de dos mil doce, que dice así: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS, SI ES HASTA ESE MOMENTO QUE LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, cuando durante la secuela del procedimiento se emite un acto considerado contrario a las reglas que lo rigen -con excepción de aquellos respecto de los que procede el amparo indirecto-, la parte que considere que el acto fue violatorio debe esperar a que el perjuicio se materialice en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio que sea contrario a sus intereses para promover el amparo, sin que sea óbice que la sentencia en que se materializa el perjuicio se hubiere dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías. Lo anterior es así, porque si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de amparo directo se materializa contra una de las partes el perjuicio para impugnar una violación a las leyes del procedimiento, ésta puede impugnar la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia, pero sólo por violaciones cometidas durante el procedimiento, sin que esto sea atentatorio de la cosa juzgada, pues sólo se revisaría la violación alegada y, de concederse el amparo, sería para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane la violación cometida, sin que esto implique volver a revisar lo determinado en cuanto al fondo por el tribunal de amparo en el primer juicio de garantías. En efecto, si al reponerse el juicio y subsanarse la violación se llegare a dictar sentencia en sentido contrario a la que fue dictada en vías de cumplimiento, no se afectaría la cosa juzgada, ya que el tribunal colegiado sólo habría determinado que con los elementos aportados a juicio debía resolverse en determinado sentido; empero, si los elementos cambian en virtud de la violación procesal que se subsana, lo analizado por el tribunal colegiado en el primer amparo es distinto." Por ello, en caso de que la parte impetrante no llegue a obtener fallo favorable en el juicio de origen, el vicio contenido en los actos reclamados sí puede ser materia de examen constitucional por conducto de la vía directa, lo cual se torna lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, en términos de los artículos 107 de la carta magna, 170 y 171 de la ley de la materia, el amparo directo procede no solo en los supuestos previstos en esos numerales, sino en todos aquellos semejantes en relación con violaciones procesales. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia cuarenta y ocho, sustentada también por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, Común, Parte SCJN, que dice así: "AMPARO DIRECTO. CUANDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES. Si la violación al procedimiento se encuentra en alguna de las fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso análogo a los que en ellas se contemplan en los términos de la fracción XI del propio precepto, la correcta interpretación de dicho artículo debe hacerse a la luz del artículo 107 constitucional y en relación con el artículo 158 de su ley reglamentaria ya mencionada. En efecto, hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Y si se cumplen tales requisitos, el amparo directo debe considerarse procedente para hacer valer dicha violación procesal. Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración ejemplificativa, de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso. Por tanto, por lo que dispone la fracción XI del artículo 159, como por el texto y el sentido del artículo 107 constitucional y del artículo 158 de la propia Ley de Amparo, no puede interpretarse limitativamente el referido artículo 159, sosteniendo que sólo en esos casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias a los allí mencionados, procede hacer valer el amparo directo para combatir la violación, con la finalidad de que siempre se cumpla la regla general, lo que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efectos, según aparezcan en autos." En conclusión, los actos atacados en este juicio no constituyen actuaciones de imposible reparación que justifiquen la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque los actos reclamados en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que producen, carecen de una ejecución de imposible reparación que actualice la procedencia de esta vía. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Mario Alberto Castillo Rocha, Ana Reyna Díaz López, Eder Alberto Castillo Huerta, Sarahí Izaguirre Sánchez y Clarisa Paz Izaguirre, por así haber sido solicitado. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, se le tiene proporcionando como dato de contacto la dirección electrónica que refiere en su ocurso de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 21/2020. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista al quejoso...la determinación de veintitrés de agosto del año en cuso que dice:"Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Efrén Duque Castillo, contra actos de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, capital, y otra autoridad, por trasgresión que estima de los artículos 8 y 17 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 594/2022-II-F. IMPROCEDENCIA. Es importante precisar que del artículo 113 de la Ley de Amparo, se advierte la facultad del Juzgador para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia opere en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no es factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes; es decir, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. ACTO RECLAMADO. Ahora, la parte quejosa reclama de la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca número 514-2022, por el que confirmó el diverso de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 323/2021, del índice del Juzgado Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, relativo al juicio extraordinario civil promovido por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga contra Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque. ANTECEDENTES. De los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que bajo protesta de decir verdad refiere la quejosa, se desprende lo siguiente: a) Ma. Magdalena Jiménez Lárraga demandó en la vía extraordinaria civil a Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, por la rescisión de contrato verbal de arrendamiento celebrado el dieciséis de marzo de dos mil veintidós, respecto de la finca con el número 1825 de la calle Chad del fraccionamiento Valle Alto de esta ciudad, la entrega materia y física del inmueble, el pago inmediato de las rentas adeudadas, y el pago de las costas y gasto que se originen con motivo de la tramitación del respectivo juicio. b) Por auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, el Juez Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, admitió la demanda en la vía extraordinaria civil, promovida por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga en contra de Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, la registró bajo el número de expediente 323/2021; requirió a los demandados por la exhibición del contrato de arrendamiento por escrito, el pago de las prestaciones reclamadas, los previno para que de no dar cumplimiento dentro del término de cuarenta y cinco días, desocuparan el inmueble arrendado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se llevaría a cabo el lanzamiento a su costa. c) Inconforme con dicha determinación, la parte demandada interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por la Tercera Sala del Supremo Tribunal del Estado de San Luis Potosí, mediante resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, emitida en el toca número 514-2022, que confirmó el auto recurrido. DESECHAMIENTO. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación. El motivo de improcedencia analizado radica en que cuando a través del juicio de amparo indirecto se reclaman actos emitidos dentro de un procedimiento jurisdiccional, por regla general, el juicio de amparo resulta improcedente, por tratarse de actos intraprocesales que son susceptibles de ser reparados al momento de dictarse la sentencia de fondo correspondiente o, en su caso, reclamables a través del juicio de amparo directo. Sin embargo, el caso de excepción a la citada regla de improcedencia se presenta cuando se reclama un acto emitido dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, los cuales deben entenderse como aquéllos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la propiedad, la libertad, la vida, entre otros. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación", ya que determinó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de leyes adjetivas. El Alto Tribunal del país enfatizó que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo cual equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivos, ya que en éstos últimos, la afectación que pueden llegar a causar no es actual, a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como quedó apuntado, la parte agraviada se duele de la resolución de diecisiete de agosto de dos mil veintidós, dentro del toca 514-2022, a través de la cual la Sala responsable confirmó el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Civil de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por el que admitió la demanda en la vía extraordinaria civil, promovida por Ma. Magdalena Jiménez Lárraga en contra de Efrén Duque Castillo y Edith Sánchez de Duque, la registró bajo el número de expediente 323/2021; requirió a los demandados por la exhibición del contrato de arrendamiento por escrito, el pago de las prestaciones reclamadas, los previno para que de no dar cumplimiento dentro del término de cuarenta y cinco días, desocuparan el inmueble arrendado, bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término concedido, se llevaría a cabo el lanzamiento a su costa. Sin embargo, pese a lo sostenido por el promovente, con la emisión de la determinación impugnada no se afecta materialmente, de manera directa e inmediata, alguno de los derechos fundamentales establecidos en la carta magna, pues de ninguna forma son constitutivos de derechos ni de condena, sino que simplemente son actuaciones que son parte del juicio de origen, o sea, esos actos exclusivamente se relacionan con las etapas del juicio natural, mas no con derechos sustantivos, lo que genera que los efectos de los actos no se identifiquen con el artículo 107, fracción V, de la ley de la materia. Así, la parte quejosa aun con los actos reclamados en este juicio de amparo, está en aptitud de intervenir en el juicio con todas las oportunidades que la ley de la materia le otorga para la exposición y la prueba de sus derechos, pues, en el caso, no se ha dictado la sentencia definitiva. Inclusive, los perjuicios que pudiera irrogar la determinación combatida podrán ser reparados en la sentencia que llegue a dictarse en el juicio de origen, en el cual se pondrá de manifiesto, en todo caso, si las infracciones que ahora argumenta la parte impetrante le deparan o no algún perjuicio, pues pudiera darse el caso que el tribunal responsable dictara fallo a su favor, o en su defecto, podrá hacer valer como conceptos de violación los actos procesales que aquí reclama al momento de impugnar dicha resolución en amparo directo, conforme lo establecido por el artículo 172 de la Ley de Amparo. Luego, si los actos reclamados en este juicio de amparo, por su naturaleza legal, solo se relacionan con las etapas del juicio natural, o sea, con derechos adjetivos y no sustantivos, es inconcuso que en caso de pronunciarse un fallo favorable a la parte impetrante, cualquier violación de tal índole quedaría reparada, pues a pesar de haberse realizado la parte inconforme vería satisfecha su pretensión en el propio juicio, de ahí que, se insiste, en este caso no se está en presencia de un acto de imposible reparación. Al efecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia 1a./J. 128/2011 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página dos mil seiscientos setenta y nueve del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, relativo a enero de dos mil doce, que dice así: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS, SI ES HASTA ESE MOMENTO QUE LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, cuando durante la secuela del procedimiento se emite un acto considerado contrario a las reglas que lo rigen -con excepción de aquellos respecto de los que procede el amparo indirecto-, la parte que considere que el acto fue violatorio debe esperar a que el perjuicio se materialice en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio que sea contrario a sus intereses para promover el amparo, sin que sea óbice que la sentencia en que se materializa el perjuicio se hubiere dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías. Lo anterior es así, porque si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de amparo directo se materializa contra una de las partes el perjuicio para impugnar una violación a las leyes del procedimiento, ésta puede impugnar la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia, pero sólo por violaciones cometidas durante el procedimiento, sin que esto sea atentatorio de la cosa juzgada, pues sólo se revisaría la violación alegada y, de concederse el amparo, sería para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane la violación cometida, sin que esto implique volver a revisar lo determinado en cuanto al fondo por el tribunal de amparo en el primer juicio de garantías. En efecto, si al reponerse el juicio y subsanarse la violación se llegare a dictar sentencia en sentido contrario a la que fue dictada en vías de cumplimiento, no se afectaría la cosa juzgada, ya que el tribunal colegiado sólo habría determinado que con los elementos aportados a juicio debía resolverse en determinado sentido; empero, si los elementos cambian en virtud de la violación procesal que se subsana, lo analizado por el tribunal colegiado en el primer amparo es distinto." Por ello, en caso de que la parte impetrante no llegue a obtener fallo favorable en el juicio de origen, el vicio contenido en los actos reclamados sí puede ser materia de examen constitucional por conducto de la vía directa, lo cual se torna lógico y jurídicamente razonable sobre todo si se toma en cuenta que, en términos de los artículos 107 de la carta magna, 170 y 171 de la ley de la materia, el amparo directo procede no solo en los supuestos previstos en esos numerales, sino en todos aquellos semejantes en relación con violaciones procesales. Sobre ese particular, cabe invocar la tesis de jurisprudencia cuarenta y ocho, sustentada también por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página treinta del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, tomo VI, Común, Parte SCJN, que dice así: "AMPARO DIRECTO. CUANDO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES PROCEDIMENTALES. Si la violación al procedimiento se encuentra en alguna de las fracciones I a X del artículo 159 de la Ley de Amparo, o si se trata de un caso análogo a los que en ellas se contemplan en los términos de la fracción XI del propio precepto, la correcta interpretación de dicho artículo debe hacerse a la luz del artículo 107 constitucional y en relación con el artículo 158 de su ley reglamentaria ya mencionada. En efecto, hay que tener presente que la regla general para la procedencia del amparo directo tratándose de violaciones a las leyes del procedimiento, consiste en que las mismas son impugnables si se cometieron durante la secuela del mismo, siempre que afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Por eso, cuando en una demanda de garantías se reclama una violación procesal, los Tribunales Colegiados deben examinar si se cumplen los requisitos previstos en la regla general apuntada. Y si se cumplen tales requisitos, el amparo directo debe considerarse procedente para hacer valer dicha violación procesal. Ahora bien, el artículo 159 de la Ley de Amparo hace una enumeración ejemplificativa, de diversos casos en los que se considera que se violan las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso. Por tanto, por lo que dispone la fracción XI del artículo 159, como por el texto y el sentido del artículo 107 constitucional y del artículo 158 de la propia Ley de Amparo, no puede interpretarse limitativamente el referido artículo 159, sosteniendo que sólo en esos casos se dan los supuestos de procedencia del amparo directo, por lo que se refiere a las violaciones procesales, sino que debe concluirse que en todos aquellos casos semejantes, por su gravedad y por sus consecuencias a los allí mencionados, procede hacer valer el amparo directo para combatir la violación, con la finalidad de que siempre se cumpla la regla general, lo que debe calificarse por la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en su caso, atendiendo a las actuaciones procesales y a sus efectos, según aparezcan en autos." En conclusión, los actos atacados en este juicio no constituyen actuaciones de imposible reparación que justifiquen la procedencia de esta vía, porque sus consecuencias no afectan de forma material, inmediata y cierta uno de los derechos fundamentales previstos en nuestra carta magna, ni ocasionan a la parte quejosa un perjuicio actual, real y presente. Así, las razones anteriores conducen a estimar que, en el caso, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario, precisamente, porque los actos reclamados en este juicio de amparo, atento a su naturaleza jurídica, los efectos y las consecuencias que producen, carecen de una ejecución de imposible reparación que actualice la procedencia de esta vía. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Mario Alberto Castillo Rocha, Ana Reyna Díaz López, Eder Alberto Castillo Huerta, Sarahí Izaguirre Sánchez y Clarisa Paz Izaguirre, por así haber sido solicitado. DATOS DE CONTACTO. Por otra parte, se le tiene proporcionando como dato de contacto la dirección electrónica que refiere en su ocurso de demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, fracción XIX, del Acuerdo General 21/2020. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente."
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