Efraín García Ruiz
Expediente 1291/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/12/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Efraín García Ruiz
- Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio en que se actúa. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1291/2019, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El Juez de Distrito provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio se da cuenta al juez con las documentales ofertadas por la parte quejosa y por la autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales referidas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que únicamente el autorizado de la parte quejosa los formuló. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la parte quejosa; asimismo, a las demás partes se les tiene por precluído el derecho para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Efraín García Ruiz, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán; 2. Director de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán; y, 3. Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, todos con sede en esta ciudad. Actos reclamados: a) Del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, la omisión en emitir el acuerdo congruente a la petición realizada por escrito, presentada ante dicha responsable el veintiuno de junio de dos mil diecinueve; b) Del Director de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, pretender detenerlo al ir circulando en su vehículo y bajarlo de éste; y, c) Del Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, el pretender realizarle boletas de infracción, detenerlo al ir circulando en su vehículo y bajarlo de éste, así como a los posibles pasajeros. Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de veintisiete de noviembre de dos mi diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 1291/2019, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a las autoridades responsables y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus demás trámites legales, la sentencia respectiva se dictó el veintiocho de enero de dos mil veinte, de conformidad con los puntos resolutivos siguientes: "ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Efraín García Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando." Tercero. Revisión. Inconforme con dicha determinación, el autorizado de la parte quejosa -mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte- interpuso recurso de revisión. Medio de impugnación del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad (registró dicho expediente como 57/2020), órgano colegiado que lo resolvió en sesión de veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para que este juzgado realizara lo siguiente: ".con el único efecto de que se requiera a la parte quejosa para que manifieste si es su interés ampliar el escrito inicial de demanda, en relación con la contestación que la autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dio a su petición; hecho lo anterior, continúe con el procedimiento respectivo; y, en el momento procesal oportuno, señale nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, emitiendo la sentencia que conforme a derecho corresponda." Cuarto. En cumplimiento a dicha determinación, por auto de trece de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa por desinteresada en cumplir con la referida prevención, por lo que el sumario en que se actúa será resuelto únicamente respecto de las autoridades responsables y acto reclamado por el que se lleva el trámite del mismo y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos de autoridades que residen en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, los actos reclamados consisten en lo siguiente: a) Del Coordinador General de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, la omisión en emitir el acuerdo congruente a la petición realizada por escrito, presentada ante dicha responsable el veintiuno de junio de dos mil diecinueve; b) Del Director de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, pretender detenerlo al ir circulando en su vehículo y bajarlo de éste; y, c) Del Inspector de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, el pretender realizarle boletas de infracción, detenerlo al ir circulando en su vehículo y bajarlo de éste, así como a los posibles pasajeros. Tercera. Inexistencia de actos. Las autoridades responsables Director de Operación de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán así como Inspector adscrito a dicha Comisión Coordinadora, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que no son ciertos los actos reclamados que se les atribuyen. Por tanto, la carga probatoria corresponde a la parte quejosa, atentos al aforismo que reza el que afirma está obligado a probar, como en la especie, pues la emisión de los actos reclamados es de carácter positivo en tanto que implica una actividad desplegada por las autoridades responsables, la cual deja huella en el tiempo y en el espacio, lo que los hacía susceptible de prueba, sin que aportara alguna para desvirtuar tal negativa. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS." Cuarta. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público, al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es parcialmente cierto el acto que se le reclama, en virtud de que en relación con la solicitud que le fue presentada por escrito el veintiuno de junio de dos mil diecinueve, con posterioridad, es decir, el dieciocho de diciembre de ese mismo año, fue emitida la respuesta respectiva, la cual le notificó a la parte quejosa el día siguiente, de lo cual remitió copia certificada. Documental que adquiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, del Apéndice 1917-septiembre 2011, registro 1002815, que a la letra dispone: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el Juez de Distrito aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por tanto, en la especie, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, que durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección federal solicitada. En ese sentido, tenemos que la cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior revela que, al momento de promover la demanda de amparo (veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve), existía el acto reclamado consistente en la omisión de pronunciarse respecto al escrito presentado por la quejosa el veintiuno de junio de dos mil diecinueve. Posteriormente, la autoridad responsable dio contestación a la petición antes formulada el dieciocho de diciembre del propio año, anexando la constancia de notificación a la parte quejosa, practicada al día siguiente de su emisión. Lo anterior, permite sostener que al momento de presentar la demanda de amparo tenía vida jurídica el acto reclamado; sin embargo, el mismo dejó de tenerla en el momento en que la autoridad responsable dio contestación a la petición de veintiuno de junio de dos mil diecinueve, destruyendo en forma inmediata, total, incondicional y material sus efectos, restituyendo en el pleno goce de sus derechos a la quejosa como si le hubiera concedido la protección constitucional. Por tanto, resulta claro que al haber acordado el escrito de veintiuno de junio de dos mil diecinueve; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en el mes de febrero de 1998, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Sin que haya lugar a dar vista con la causal de improcedencia y con la promoción de cuenta a la parte quejosa, toda vez que en el presente asunto se reclama exclusivamente la falta de contestación a la petición formulada, que es a lo que se debe constreñir el presente asunto, y no así a la forma ni manera en que da contestación la autoridad responsable, toda vez que son dos supuestos diferentes. Sustenta lo anterior la jurisprudencia VI.1o.T. J/1, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, ubicada en el Libro 11, Tomo III, página 2421, de Octubre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007628, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO TIENE OBLIGACIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LAS CAUSALES QUE ADVIERTA DE OFICIO O QUE LE HAGAN SABER LAS PARTES (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De la exégesis del párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo, se advierte que la obligación de dar vista al quejoso con la causa de improcedencia, corresponde únicamente al órgano jurisdiccional de segunda instancia del juicio constitucional, es decir, a los Tribunales Colegiados de Circuito, puesto que es en este caso cuando se actualiza la hipótesis de "autoridad inferior" (Juez de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito); por tal razón, el Juez Federal no está obligado a cumplir con la referida vista, no obstante que el motivo de improcedencia lo advierta de oficio, o bien, lo haga saber cualquiera de las partes. Sirve de apoyo la tesis VII.2o.C.18K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, ubicada en el Libro 10, Tomo III, página 2376, de Septiembre de 2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2007520, de rubro y texto siguiente: "CAUSA DE IMPROCEDENCIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO LA ADVIERTE, DE OFICIO, EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ES INNECESARIO DAR VISTA A LA QUEJOSA (INTERPRETACIÓN GRAMATICAL DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO). En términos del artículo citado, la causa de improcedencia advertida oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo debe ser analizada por un órgano jurisdiccional "inferior", por ello, se concluye que dicho imperativo no vincula a los Jueces de Distrito ni a los Tribunales Unitarios de Circuito, dado que esas autoridades son las competentes para conocer del juicio de amparo indirecto en primera instancia y los actos que juzgan no provienen exclusivamente de órganos jurisdiccionales "inferiores", pues también conocen de actos de autoridades administrativas emitidos de manera unilateral, no dentro de un procedimiento jurisdiccional; por tanto, no hay forma de que esa obligación se actualice en un juicio de amparo seguido ante un Juez de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito. En esa tesitura, la interpretación gramatical del referido artículo 64 revela que la obligación de dar vista a la parte quejosa, únicamente vincula a los órganos jurisdiccionales de amparo que conocen del recurso de revisión (Suprema Corte de Justicia de la Nación-Pleno o Salas y Tribunales Colegiados de Circuito) y opera en la sustanciación de ese medio de impugnación, dado que constituye la segunda instancia del juicio de amparo indirecto y, necesariamente, el acto impugnado proviene de un órgano jurisdiccional inferior a saber: Jueces de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito. La interpretación también cobra sentido si se toma en cuenta que, en caso de que el órgano revisor de amparo detecte una causa de improcedencia no analizada por el Juez de Distrito ni alegada por las partes y sobresee en el juicio, produciría indefensión a la parte quejosa si previamente no le dio vista, dado que no existe ningún recurso contra lo resuelto en un recurso de revisión, por lo que al menos se le debió permitir que alegara lo que a su derecho conviniera en relación con la causa detectada. En cambio, si en la primera instancia del juicio de amparo indirecto se sobresee en el juicio con base en una causa de improcedencia advertida oficiosamente, sin dar vista a la parte quejosa, no constituye una violación irreparable en su esfera de derechos, pues en caso de considerar que no se actualizaba la causal por la que sobreseyó el Juez, está en posibilidad de interponer recurso de revisión y exponer los argumentos correspondientes, los cuales, de ser fundados, provocarían que el órgano revisor levante el sobreseimiento decretado y examine el fondo del asunto. Por ello, es que resulta lógico pensar que el legislador introdujo la vista que se ha analizado con la finalidad de que, en el recurso de revisión, la parte quejosa pueda cuando menos alegar lo que a su interés convenga cuando el órgano jurisdiccional de amparo, en la segunda instancia del juicio de control constitucional, advierta la actualización de una causa de improcedencia oficiosamente, no alegada por las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior. Bajo esta óptica, se concluye que el precepto legal en comento no vincula a los órganos jurisdiccionales que conocen en primera instancia del juicio de amparo indirecto, por tanto, no sería obligatorio que esas autoridades den vista a la quejosa respecto de alguna causa de improcedencia advertida de oficio, aun cuando no la haya alegado ninguna de las partes. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en las consideraciones tercera y cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Efraín García Ruiz, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veinte. Visto el estado de autos que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de seis de octubre del año en curso, en cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días para que manifestara si era su deseo ampliar el escrito inicial de demanda, en relación con la contestación que la autoridad responsable Coordinador de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, dio a su petición, sin que se advierta que haya hecho manifestación alguna en relación con lo anterior; plazo que además le fue notificado por lista el quince de octubre de dos mil veinte. Por tanto, se advierte que la parte quejosa no cumplió con la referida prevención, por lo que el sumario en que se actúa será resuelto únicamente respecto de la autoridad responsable y acto reclamado por el que se lleva el trámite del mismo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el proveído y/o resolución de 08 de octubre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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