Efraín Amézquita Silva

Expediente 444/2020 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
444/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Efraín Amézquita Silva
  • Agente del Ministerio Público del Fuero Común Receptora de la Mesa. Tijuana Baja California

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, hora y fecha señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 444/2020-F, promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora La Mesa, Fiscalía Regional Tijuana, y de otras autoridades; ante la presencia de Karina Ivette Zepeda Pineda, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por la Secretaria Daniela Cecilia Félix Chávez, con quien actúa y da fe, sin la comparecencia personal de las partes, ni representante legítimo de ellas, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, declara abierta la audiencia. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: a) escrito inicial de demanda; b) auto de treinta y uno de julio de dos mil veinte por el que se admitió a trámite la demanda de amparo; c) constancias de notificación a las autoridades señaladas como responsables; d) informes justificados rendidos por las autoridades responsables y e) auto de veinte de agosto de dos mil veinte en el que se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado Segundo Sector, Tijuana Baja California, con residencia en esta ciudad. Enseguida, la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación que antecede para todos los efectos legales conducentes. A continuación, se abre la etapa probatoria y la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció pruebas. A lo que la Juez acuerda: Se tiene por precluído el derecho de las partes para ofrecer pruebas. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos, en el que el que la Secretaria hace constar que fueron formulados por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado. A lo que la Juez acuerda: se tienen por reproducidos los formulados por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, por lo que se declara igualmente cerrado. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponde. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 444/2020-F, promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora La Mesa, Fiscalía Regional Tijuana, y de otras autoridades; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el treinta y uno de julio del presente año, ante el Secretario de Guardia habilitado por este órgano jurisdiccional,********************, por propio derecho, solicitó el amparo contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora La Mesa, Fiscalía Regional Tijuana, y de otras autoridades, y de otras autoridades, lo que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADO: Reclamo de las Autoridades señaladas como responsables en primer término la ilegal ORDEN DE APREHENSIÓN, dictada en mi contra, dentro de la causa penal de la cual ignoro su número, por la supuesta comisión de un delito que ignoro y de las demás autoridades reclamo la ejecución que pretenden hacer de la ilegítima Orden de Aprehensión en contra del suscrito quejoso, ********************." Segundo. Derechos humanos y garantías cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de treinta y uno de julio de dos mil veinte, ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 444/2020-F; admitió la demanda de amparo; solicitó a la autoridad responsable el informe justificado; dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional; y, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Cuarto. Inexistencia de autoridad. Mediante proveído de veinte de agosto de dos mil veinte, se tuvo por inexistente a la autoridad que el quejoso señaló como responsable Comandante de la Policía Ministerial del Estado Segundo Sector, Tijuana Baja California, con residencia en esta ciudad, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a dicha autoridad. C O N S I D E R A N D O Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. Segundo. Fijación del acto reclamado. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual, es preciso efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, abril de 2004, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, del análisis de la demanda de amparo y de las constancias que obran en el expediente, se advierte que el quejoso señaló como reclamado: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Conforme a lo previsto en el artículo 75, de la Ley de la la materia, y la técnica que rige en el juicio de amparo, lo procedente ahora es determinar la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Por su aplicación, es de citarse la Jurisprudencia XVII.2º. J/10, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, página 68, registro 212775, de rubro "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." No. Autoridad responsable Sentido 1 Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora La Mesa, Fiscalía Regional Tijuana. Niega. 2 Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Orgánica de Delitos Sexuales y Violencia Familiar. Niega. 3 Jefe de Grupo de Aprehensiones Tijuana, de la Fiscalía General del Estado. Niega 4 Director Jurídico de lo Contencioso de la Consejería Jurídica de la Fiscalía General del Estado de Baja California. Niega En ese orden de ideas, no son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas con anterioridad -en sus denominaciones correctas-, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas, no obstante de que fue debidamente notificada de la vista concedida al haberse agregado los informes justificados. Conviene destacar, además, que no basta la presentación de la demanda de amparo para demostrar la existencia del acto reclamado, ni es suficiente que los argumentos vertidos en ellas se hayan expresado bajo protesta de decir verdad, porque es indispensable que la parte quejosa aporte pruebas idóneas dirigidas a corroborar tales argumentos y, con ello acreditar las afirmaciones. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Ello es así, dado que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hechos que debe acreditarse con las pruebas adecuadas e idóneas; de ahí que, cuando la autoridad responsable niega categóricamente el acto que se le imputa, en tal supuesto, la Juez no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo de la parte quejosa aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendentes a demostrar la certeza del acto de que se trata y, luego, aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; por tanto, es evidente que corresponde a la parte quejosa la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado haga la autoridad responsable, y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Es aplicable la jurisprudencia 308, consultable en la página 77, agosto de 1994, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Asimismo, apoya a lo anterior, la tesis número IX.1o.83 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 1714, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, al tenor del rubro y contenido que se textualmente dice: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables." Cuarto. Transparencia. Considerando que las partes en el presente juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 65, 73, 74, 75 y 76, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por********************, por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia del Ministerio Público Receptora La Mesa, Fiscalía Regional Tijuana, y de otras autoridades, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a siete de octubre de dos mil veinte. Agréguese al presente expediente el oficio de cuenta que remite el Fiscalía General del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, por conducto del Director Jurídico de lo Contencioso de la Consejería Jurídica de dicha fiscalía; en atención al contenido y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado que les fue requerido; con el contenido desde vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, ténganse como delegados de la autoridad oficiante a las personas que indica en su informe, de conformidad con el artículo 9 de la Ley de la materia. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de octubre de dos mil veinte, para la celebración. Lo anterior queda sustentado, por analogía, en la tesis VI. 3o.A. J/12, Novena Época, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XV, Pagina 667, Febrero 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: Notifíquese.

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