Edwin Daniel Silva Elvira
Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/10/2021
Partes del expediente
- Edwin Daniel Silva Elvira
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, once de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte quejosa recurso de queja, en contra del proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo; comuníquese lo anterior a las autoridades correspondientes; háganse las anotaciones relativas en el libro de Gobierno respectivo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción, en un plazo de tres años, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo; por lo que se establece como fecha probable para tal evento a partir del trece de octubre de dos mil veinticuatro. Al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Luis Arturo Alvarado Romero, Martín Octavio Návar Rivera y Yesica Yaneth Alemán Monrreal; quienes se ostentan como defensores particulares de Edwin Daniel Silva Elvira, contra actos de la licenciada Anna Guillermina Bravo López, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía General del Estado, como Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro, de esta ciudad; regístrese con el número 697/2021-E, y fórmense los expedientes físico y electrónico. Ahora bien, de la demanda de amparo promovida por Luis Arturo Alvarado Romero, Martín Octavio Návar Rivera y Yesica Yaneth Alemán Monrreal; quienes se ostentan como defensores particulares de Edwin Daniel Silva Elvira, se desprende que reclaman la respuesta que sobre su petición de que se les oferte un procedimiento abreviado en términos del artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales en vigor, a favor de su representado; realizó el diecinueve de agosto de la presente anualidad, la licenciada Anna Guillermina Bravo López, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía General de Justicia del Estado, como Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos, Zona Centro, de esta ciudad, en el sentido de que, por el momento no se encontraba en posibilidad de ofertar el procedimiento abreviado en relación al delito de robo con violencia, en la causa penal 1987/2021. Acto respecto del cual se estima actualizado de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II de la Ley de Amparo, así como el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 5. Son parte en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, acto u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Esto es así, porque no puede considerarse que en el presente juicio de amparo le asista el carácter de autoridad responsable a la fiscal señalada. A fin de realizar el análisis correspondiente, es indispensable señalar que el legislador únicamente ejemplificó las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, acorde a los artículos 103 y 107 constitucionales, así como 1 y 5 de su ley reglamentaria; sin abordar las características que deben reunir éstos para ser considerados como tales, para efectos de la procedencia de dicho juicio. Ciertamente, el concepto de autoridad responsable ha quedado a cargo de los Tribunales Federales, en esa medida, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, emitió la tesis P.XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo V, febrero de 1997, página 118, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". A su vez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a las consideraciones plasmadas en esa ejecutoria, estimó que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. De modo que, las características de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, son: I. Que tenga características de órgano público; II. Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; III. Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados; y, IV. Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Institución que se encuentra plasmada en la tesis 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Materia Común, página 1089, que se transcribe: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En ese contexto, cabe señalar que de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, también pueden ser autoridades para los efectos del juicio de amparo indirecto, los particulares, sólo en los casos que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, en los términos antes señalados. Las relaciones jurídicas se pueden clasificar -desde el punto en el que se encuentre el justiciable frente al ente o persona con el que se da el acto o hecho jurídico- en relaciones de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación, las cuales deben atenderse a fin de determinar si un acto pudiera reputarse de autoridad. Es importante apuntar, con fines ilustrativos, que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Así que, en términos de lo que importa al juicio de amparo, para definir el concepto de autoridad responsable, debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tienen como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Por ello, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que prevé el artículo 105, fracciones I y II, constitucional. En ese contexto, el acto destacado que se atribuye a la fiscalía aludida, no son actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que la determinación que la fiscalía realizó respecto a que diera su anuencia y fijara las bases conclusivas, para que la causa penal 1987/2021, instaurada contra, se tramite mediante el procedimiento abreviado, no constituyen genuinos actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. De esa forma, debe concluirse que si en el caso concreto la fiscalía se sitúo en el mismo plano que el quejoso, puesto que como lo manifestaron los promoventes en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, se está instruyendo en contra de Edwin Daniel Silva Elvira el proceso penal 1987/2021, para los efectos que menciona, es patente que la representación social se encuentra en el supuesto previsto por el invocado 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales el cual dispone que son sujetos del procedimiento penal acusatorio, entre otros: el ministerio público. "Artículo 105. Sujetos de Procedimiento Penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: (.) V. El Ministerio Público (.)" Por tanto, la licenciada Anna Guillermina Bravo López, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrita la Fiscalía General de Justicia del Estado, como Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos, Zona Centro, de esta ciudad, señalada como autoridad carece de la calidad de responsable, pues el acto que se le reclama no lo desplegó con el carácter de una autoridad susceptible de control constitucional. Sirve como apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 34/2020 (10a.), Materias: Penal, Común, Décima Época, Instancia: Primera Sala, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, visible en la página: 239, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Aunado a que los argumentos vertidos por este juzgador, han sido confirmados en la sentencia de uno de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, en el recurso de queja penal 66/2021-I, en la cual, se declaró infundado el recurso de queja hecho valer por la parte quejosa en contra del auto que desechó parcialmente la demanda de amparo 102-2021-E, del índice de este órgano jurisdiccional, promovida en contra de la Titular de la Unidad de Investigación de Delitos de Violencia Familiar de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, en esencia, porque no le asiste el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional; es decir, se trata de un precedente, que tiene similitud en cuanto al acto reclamado y respecto a la autoridad que el quejoso señala como responsable. Por todo lo antes expuesto, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia abordada, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo planteada, conforme al numeral 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se les tiene señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refieren en el escrito de cuenta y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 12 del referido ordenamiento legal, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Arturo Alvarado Romero, Martín Octavio Návar Rivera y Yesica Yaneth Alemán Monrreal, ya que cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales; y únicamente, en términos limitados, es decir, para oír y recibir notificaciones a Kyle Demetri Secor González y Jennifer Joanna Ambriz López, dado que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el citado sistema. Acceso electrónico. Dado que los promoventes solicitan se autorice el acceso electrónico al expediente y al efecto proporcionan los usuarios "LAALVARADOR" y "mnavar", los cuales sí se encuentran dados de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en concordancia con los artículos 21, 35, 36 y 39 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO , que derogó el Titulo Cuarto Denominado "De los servicios electrónicos del CJF.", del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el acceso al expediente electrónico. Por tanto, se instruye a la Oficial Jurídico "A" del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "LAALVARADOR" y "mnavar", únicamente por el juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a los promoventes.
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