Edwin Francisco Baylón Ortiz

Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 7 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
194/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
19/05/2022

Partes del expediente

  • Edwin Francisco Baylón Ortiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, y advirtiéndose que la parte quejosa ni su autorizado, interpusieron dentro del plazo legal recurso de revisión, en contra de la determinación judicial de veintiséis de abril de dos mil veintidós, en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo vigésimo primero, inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firmó Jesús Cortez Sandoval, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistido por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiséis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 75 del Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio que remite el la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1, con residencia en esta ciudad, quien en cumplimiento al requerimiento formulado el once de abril de dos mil veintidós, remite copia autenticada de la determinación de doce de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte, entre otros temas, que de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimiento Penales, decretó la libertad durante la investigación del quejoso Edwin Francisco Bailón Ortiz; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Ahora bien, del contenido de la certificación secretarial de cuenta y de las constancias que integran el presente juicio, en específico de las constancias que remitió la responsable el catorce de marzo del año en curso, así como del comunicado de cuenta, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo, se hacen consistir en: La desaparición forzada. Peligro de privación de la vida Ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Incomunicación. Deportación o expulsión. Proscripción o destierro, Extradición, e Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En ese tenor, respecto a dichos actos reclamados la autoridad responsable al rendir su informe de acatamiento a la suspensión de plano negó la existencia de los citados actos; sin que la parte quejosa exhibiera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa. Lo anterior, se corrobora con las constancias que obran agregadas en autos, entre las cuales se encuentran: La constancia de notificación de once de marzo de dos mil veintidós, de la que se advierte que el fedatario judicial de la adscripción, al constituirse en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y trasladarse al área de separos, localizó a una persona quien bajo protesta de decir verdad, manifestó llamarse Edwin Francisco Baylón Ortiz, y le indicó estar en buen estado de salud, sin alguna lesión visible. Copia autenticada de la constancia de lectura de derechos del imputado, realizada a Edwin Francisco Baylón Ortiz a las quince horas con veinte minutos del once de marzo de dos mil veintidós, en la cual entre otras cosas, se advierte que a las seis horas con treinta y tres minutos del once de marzo de dos mil veintidós, oficiales de la Policía Federal Ministerial adscritos a la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, bajo la conducción y mando del agente del Ministerio Público de la Federación, dieron cumplimiento a la técnica de investigación 39/2022, relativa a la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/000517/2022, consistente en la orden de cateo a realizarse en el domicilio ubicado en Miraluna número 1807, fraccionamiento Alta Brisa, en esta ciudad, en el cual se localizaron artefactos bélicos; por lo anterior en ese domicilio a las nueve horas con treinta y cuatro minutos de esa fecha se dio lectura de derechos al quejoso Edwin Francisco Bailón Ortiz y a las nueve horas con cincuenta y siete minutos de esa data, por instrucciones del fiscal de la federación se procedió a poner a disposición al citado quejoso. Además en dicha constancia, se asentó que el referido quejoso designó como su defensor al licenciado Ashley Isai Salgado Lara, quien en esa misma fecha aceptó y protesto el cargo conferido. Dictamen médico realizado a las diez horas con treinta minutos del once de marzo de dos mil veintidós, practicado a Edwin Francisco Bailón Ortiz, de la cual se advierte la existencia de lesiones consistentes en equimosis de color rojizo con halo violáceo de 0.8 centímetros por 0.8 centímetros, localizado en cara anterior de tercio distal de antebrazo izquierdo, por colocación de candados de seguridad personal. Determinación ministerial de doce de marzo del año en curso, en la cual la representación social de la federación, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimiento Penales, decretó la libertad durante la investigación del quejoso Edwin Francisco Bailón Ortiz. Las referidas documentales, cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2261 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese contexto, es inconcuso que los actos reclamados en favor del impetrante del amparo consistentes en la desaparición forzada; peligro de privación de la vida; incomunicación, deportación o expulsión; proscripción o destierro, extradición, e Incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales y/o cualquier otro prohibido por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultaron inexistentes pues como quedó precisado en párrafos que anteceden, se advierte que el quejoso fue localizado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, y que no fue objeto de lesiones ni de ninguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, pues además el fedatario de la adscripción asentó que el directo agraviado se encontraba en buen estado de salud físico, sin alguna lesión visible, consciente y coherente al hablar. Por ende, en el caso se actualiza la hipótesis de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, que refiere: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Lo anterior, toda vez que como se adelantó, la autoridad responsable negó categóricamente la existencia de los actos antes indicados, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario, por lo cual, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Igual consideración procede respecto del acto que se reclamó en su favor consistente en la detención fuera de procedimiento, pues de las constancias allegadas se advierte de igual forma inexiste de dicho acto. Ello en razón de que el quejoso fue puesto a disposición de la autoridad ministerial el once de marzo de dos mil veintidós, por su probable participación en el hecho que la ley señala como delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y otro, dando inicio la carpeta de investigación FED/BC/TIJ/000517/2022, respecto de la cual el doce de marzo de dos mil veintidós, se decretó la libertad en términos del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo anterior se concluye que, contrario a lo indicado en el escrito de demanda los actos reclamados en favor del quejoso mismos que quedaron precisados en párrafos que anteceden resultaron inexistentes, en razón de las consideraciones vertidas en párrafos que anteceden. En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo; fuera de audiencia. No es obstáculo para decretar el sobreseimiento, que se haga fuera de la audiencia constitucional, pues al ser manifiestas y evidentes las hipótesis de sobreseimiento mencionadas, al momento de celebrarse la audiencia constitucional conduciría al mismo resultado apuntado, pues se reitera, aun esperando a celebrar la audiencia, la conclusión sería la misma y nada puede impedir el mencionado resultado, de manera que atendiendo al principio de celeridad procesal previsto por el artículo 17 constitucional, carece de objeto esperar la audiencia para resolver en el mismo sentido lo que desde ahora es factible. Sirve de apoyo a lo anterior por identidad de razón jurídica la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tanto, se hace innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional, programada para las doce horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, once de abril de dos mil veintidós. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, no ha sido notificada del proveído de quince de marzo de dos mil veintidós. Por tanto, a fin de evitar dilaciones innecesarias, de conformidad con el numeral 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada, legible y completa de las constancias que integran la carpeta de investigación FED/BC/TIJ000517/2022, o en su caso, de la determinación por la que se decretó la libertad del quejoso Edwin Francisco Baylon Ortiz. Se apercibe a dicha responsable que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las doce horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a quince de marzo de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial para notificar al quejoso Edwin Francisco Baylon Ortiz, el proveído de once de marzo del año en curso, en virtud que al constituirse en las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República, con sede en esta ciudad, fue informado por el licenciado Víctor Manuel Brisuelas Arroyo, agente del Ministerio Público de la Federación de la Mesa V-1, que el quejoso fue puesto en libertad el doce de marzo del año en curso. Por otra parte, de autos se advierte que en proveído de catorce del mes y año en curso, se agregaron a los autos los oficios y anexos enviados por la responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1 Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por el cual rindió el informe respecto al cumplimiento a la suspensión de plano decretada a favor del quejoso En consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquensele los proveídos de once y catorce, ambos del mes y año en curso, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. En diverso tenor, atendiendo a la constancia actuarial de cuenta, con la finalidad de contar con las constancias necesarias para resolver el presente juicio; con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, solicítese a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-1, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, remita copia certificada, legible y completa de las constancias que acrediten que el quejoso Edwin Francisco Baylon Ortiz. Se apercibe a dicha responsable que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 259, ambos de la Ley de Amparo; en relación con los numerales Primero, Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese, y por lista al quejoso Edwin Francisco Baylon Ortiz, y cúmplase.

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