Edwin Daniel Guerra Córdova

Expediente 279/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
279/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
14/02/2023

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Córdova
  • Carlos Alberto Angelino Barron

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes...Notifíquese.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de febrero de dos mil veintitrés. Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio 2030/2023, firmado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual remite la demanda de amparo registrada con el número de juicio de amparo 172/2023-III-B de su índice. Regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado, con el número 279/2023-2, por ser el ordinal progresivo que le corresponde, y fórmese expediente. En atención a las consideraciones expuestas en el oficio de referencia, este órgano de control constitucional acepta la competencia legal para conocer la demanda presentada por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, y como lo dispone el artículo 48 de la Ley de Amparo, comuníquese esta determinación al Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en vía de acuse de recibo y para los efectos legales correspondientes. No obstante, visto nuevamente el escrito de demanda signado por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández o Alan David Mendoza Serrano, Alejandro Díaz Madrid, Diego Issac Hernández González, Erick Adrián Rosas Gamiño, Demian Ricardo Cruz García, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Juan Manuel Espinosa, Astrid Abigail Benítez Santillán, Nayeli Itzel Carreón Cerón, Ivonne Alejandra López Hernández, Perla de la Garza Molina, María Guadalupe Guerrero y Wendy González Celaya, se advierte diversa causa de improcedencia, en virtud que los actos reclamados versan sobre reubicación, condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, conforme al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Cierto, se actualiza la citada causal de improcedencia porque como lo ha determinado la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, proveen un medio de defensa idóneo para combatir traslados carcelarios sin previa autorización judicial, así como de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el citado numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. Por su parte, el numeral 116, de la citada norma en materia de ejecución, contempla la figura jurídica de controversias jurisdiccionales, conforme a las cuales los jueces de ejecución han de conocer conflictos relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. De tal manera, que el control judicial se reserva para después de la ejecución del traslado, por lo que sin perjuicio de los supuestos mencionados, cuando la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se ha materializado, o cuando se trate de orden verbal del supuesto traslado, el afectado debe promover la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, conforme a los artículos 122 y 124, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. Luego, la controversia judicial sobre las cuestiones que reclaman en la demanda de amparo que nos ocupa, es el medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado, reubicación y demás condiciones de internamiento, así como las cuestiones relacionadas con las mismas, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, prevé el recurso de apelación entre otros supuestos, contra de las resoluciones que se pronuncien en las controversias judiciales sobre medidas de seguridad, ejecución de las sanciones disciplinarias, traslados, afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras. De ahí que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Al respecto se invoca la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Materias Penal, registro digital 2023190, página 3506, de contenido: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 52 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con fundamento en el ordinal 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Edwin Daniel Guerra Córdova, Iván García Mijares Hernández o Alan David Mendoza Serrano, Alejandro Díaz Madrid, Diego Issac Hernández González, Erick Adrián Rosas Gamiño, Demian Ricardo Cruz García, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Hugo Melchor Nieto, Juan Manuel Espinosa, Astrid Abigail Benítez Santillán, Nayeli Itzel Carreón Cerón, Ivonne Alejandra López Hernández, Perla de la Garza Molina, María Guadalupe Guerrero y Wendy González Celaya. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se ordena que la notificación de esta determinación y las subsecuentes, se realicen por medio de lista a Carlos Alberto Angelino Barrón, quien se encuentra designado como representante común de la parte quejosa, esto hasta en tanto proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora bien, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se pueden entablar comunicación no procesal. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Así como con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, que determinó que no existe inconveniente en que se permita a las partes y personas autorizadas el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. En otro aspecto, en obvio de dilaciones procesales innecesarias, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a este órgano de control constitucional para que procedan a practicar las diligencias encomendadas en este juicio de amparo en horas y días inhábiles si ello fuere necesario, circunstancia que inclusive guarda congruencia con el principio de pronta administración de justicia consagrada en el artículo 17 Constitucional. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, en cumplimiento del Reglamento para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobado en sesión conjunta por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga los Acuerdos Generales 9/2003 y 30/2003, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese.

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