Edwin Daniel Guerra Córdova

Expediente 1522/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1522/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • Edwin Daniel Guerra Córdova
  • Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México
  • EDWIN DANIEL GUERRA CÓRDOVA y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda los oficios electrónicos enviados por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al que anexa diversa promoción, toda vez que este juicio de amparo se encuentra totalmente concluido y archivado...

  2. Principal

    ...agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio electrónico de la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Civil y de Trabajado en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, al que adjunta diversa promoción, toda vez que este expediente causo estado, el dieciocho de agosto actual.Cúmplase...

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que la resolución en que se sobreseyó en este juicio, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se hace constar que en este asunto no existen documentos originales importantes o de valor.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez PérezFaustino Gutierrez Perez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza MontemayorRodolfo de Leon Sanchez, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    ...téngase por recibido el oficio 22010/2022, enviado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil y de Trabajo en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, remitiendo los autos del juicio de amparo... mediante el cual declina la competencia para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida... se acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto... se advierte que los actos reclamados versan sobre reubicación, condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, contra lo cual resulta improcedente el juicio de amparo, conforme al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de la materia... se actualiza la citada causal de improcedencia porque como lo ha determinado la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, proveen un medio de defensa idóneo para combatir traslados carcelarios sin previa autorización judicial, así como de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el citado numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. Por su parte, el numeral 116, de la citada norma en materia de ejecución, contempla la figura jurídica de controversias jurisdiccionales, conforme a las cuales los jueces de ejecución han de conocer conflictos relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. De tal manera, que el control judicial se reserva para después de la ejecución del traslado, por lo que sin perjuicio de los supuestos mencionados, cuando la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se ha materializado, o cuando se trate de orden verbal del supuesto traslado, el afectado debe promover la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, conforme a los artículos 122 y 124, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. Luego, la controversia judicial sobre las cuestiones que reclaman en la demanda de amparo que nos ocupa, es el medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado, reubicación y demás condiciones de internamiento, así como las cuestiones relacionadas con las mismas, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, prevé el recurso de apelación entre otros supuestos, contra de las resoluciones que se pronuncien en las controversias judiciales sobre medidas de seguridad, ejecución de las sanciones disciplinarias, traslados, afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, De ahí que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. ... se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y coagraviados... gírese exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, comisione quien corresponda, con objeto de notificar personalmente este proveído al citado representante común de la parte quejosa, en la Penitenciaria de la Ciudad de México, acompañándole copia autorizada para que se imponga de su contenido... indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales...

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