Edwin Daniel Guerra Córdova

Expediente 835/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
835/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
24/11/2022

Partes del expediente

  • EDWIN DANIEL GUERRA CÓRDOVA y Otros.
  • Edwin Daniel Guerra Córdova

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    ...el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda promovida... se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Principal

    ...Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 5436/2022 del Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite testimonio de la ejecutoria dictada el seis de octubre del año en curso, en el recurso de queja 127/2022, cuyo punto resolutivo dice: "Único. Es fundado el recurso de queja". Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y dese noticia en la estadística. No obstante, visto nuevamente el escrito de demanda signado por ******************** y otros, se advierte diversa causa de improcedencia, en virtud que los actos reclamados versan sobre reubicación, condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, conforme al principio de definitividad contenido en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." Cierto, se actualiza la citada causal de improcedencia porque como lo ha determinado la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, proveen un medio de defensa idóneo para combatir traslados carcelarios sin previa autorización judicial, así como de las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Ello, porque el citado numeral 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. Por su parte, el numeral 116, de la citada norma en materia de ejecución, contempla la figura jurídica de controversias jurisdiccionales, conforme a las cuales los jueces de ejecución han de conocer conflictos relacionados con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. De tal manera, que el control judicial se reserva para después de la ejecución del traslado, por lo que sin perjuicio de los supuestos mencionados, cuando la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se ha materializado, o cuando se trate de orden verbal del supuesto traslado, el afectado debe promover la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, conforme a los artículos 122 y 124, de la propia Ley Nacional de Ejecución Penal, el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. Luego, la controversia judicial sobre las cuestiones que reclaman en la demanda de amparo que nos ocupa, es el medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado, reubicación y demás condiciones de internamiento, así como las cuestiones relacionadas con las mismas, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, prevé el recurso de apelación entre otros supuestos, contra de las resoluciones que se pronuncien en las controversias judiciales sobre medidas de seguridad, ejecución de las sanciones disciplinarias, traslados, afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras. De ahí que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional. Al respecto se invoca la tesis 1a. XXIV/2021 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, Materias Penal, registro digital 2023190, página 3506, de contenido: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. LA CONTROVERSIA JUDICIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 52 Y 117, FRACCIÓN III, DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ES EL MEDIO DE DEFENSA IDÓNEO PARA IMPUGNARLA, AUN CUANDO EL AFECTADO NO TENGA UNA RESOLUCIÓN TANGIBLE QUE RECURRIR Y, POR TANTO, DEBE AGOTARLO ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano, al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la controversia judicial, regulada en los artículos 52 y 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es el medio de defensa idóneo para combatir la orden de traslado que se emite sin autorización judicial previa, aun cuando el afectado alegue que sólo se le notificó verbalmente ese acto y no tenga una resolución tangible que recurrir, porque ese recurso tiene potencial para confirmar, modificar o revocar la determinación de traslado, sin rebasar los requisitos que la Ley de Amparo prevé en el artículo 61, fracción XX, y por ello, debe agotarse previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto. Justificación: El artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad penitenciaria tiene facultad para ordenar y ejecutar el traslado de un centro penitenciario a otro, sin autorización judicial previa, en los supuestos de urgencia y excepción que señala el primero de los preceptos citados, esto es, tratándose de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, ya que en esos supuestos se autoriza a la autoridad administrativa para que el control judicial se realice dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución del traslado. En ese contexto, dado que el control judicial se reserva para un momento posterior a que es ejecutado el traslado, es válido considerar que, sin perjuicio de las hipótesis enunciadas, cuando se presenten casos en que la persona privada de la libertad reclame una orden de traslado que no se materializó, ni se tenga certeza de la calificación que sobre su legalidad emite la autoridad jurisdiccional, como sucede cuando se alega que la autoridad administrativa sólo comunicó de forma verbal esa medida, lo procedente será que el afectado promueva la controversia judicial a que se refiere el precepto 52 en cita, ya que de conformidad con el artículo 117, fracción III y último párrafo, de la ley mencionada, la persona privada de la libertad puede intentar el aludido medio de defensa y hacer valer cualquier cuestión relacionada con la afectación a sus derechos en materia de traslado, en el momento de la notificación de ese acto, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando no hubiera sido notificado previamente. Asimismo, de los artículos 122 y 124, de la propia ley en cita, se destaca que el afectado puede solicitar la suspensión de la orden del traslado mediante petición simple en el escrito inicial de la controversia judicial y la autoridad judicial podrá, si lo considera pertinente, conceder la medida cautelar de manera inmediata hasta en tanto se resuelve en definitiva, o incluso, pronunciarse de oficio, con lo cual evitará que la controversia quede sin materia. De igual forma, se entiende que la referida orden de traslado sin autorización judicial previa no carece de fundamentación, ni se traduce en una violación directa a la Constitución General, porque las hipótesis en que puede ejecutarse están previstas en la citada ley especial, y se trata de un acto que emite una autoridad competente dentro del correspondiente procedimiento. Lo que lleva a concluir que la controversia judicial es un medio de defensa idóneo para impugnar y suspender los efectos de la orden de traslado urgente o excepcional cuando no se cuenta con la resolución en la que la autoridad judicial califique la legalidad del acto, ya que no rebasa las previsiones del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, sin soslayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé la procedencia del recurso de apelación en caso de inconformidad con la resolución que decida la controversia judicial, por lo que, el afectado tiene la obligación de agotar los referidos medios de defensa previamente a acudir a la instancia constitucional." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 52 y 117, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con fundamento en el ordinal 113 de la citada legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********************En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de la Materia, se ordena que la notificación de esta determinación y las subsecuentes, se realicen por medio de lista a ********************, quien se encuentra designado como representante común de la parte quejosa, esto hasta en tanto proporcione domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ...agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 4222/2022 signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual comunica que por proveído de veintidós de agosto del presente año, se admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos, en los autos del juicio de amparo 835/2022-2 del índice de este Juzgado, registrado ante ese Tribunal con el número 127/2022....

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintidós. Vista la cuenta; agréguense a los autos el oficio 14230 enviado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito de Amparo en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 336/2022-A2 y origen 271/2022-A2 de catorce de julio del año en curso, deducido del presente juicio de amparo, registrado en ese Juzgado como exhorto 506/2022, orden 534/2022-IV. Sin que sea necesario que acusar de recibo ya que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), expide dicha constancia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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