Edwin Adair Vásquez Sosa

Expediente 272/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
272/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
13/07/2017

Partes del expediente

  • Edwin Adair Vásquez Sosa

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio CJEO/JGP/J/902/2017 signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, dado que el tres de julio de dos mil diecisiete (foja 23), se proveyó lo conducente al haberse recibido vía fax.Por otra parte, vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto dictado el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes.Con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.Finalmente, mediante oficio que al efecto se gire, comuníquese el contenido de la presente determinación al Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, para los efectos legales consiguientes.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar el oficio .902/2017, signado por el Juez de Control del Distrito Judicial de Pochutla, Oaxaca, mediante el cual informa que la audiencia intermedia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, en la causa penal 248/2016, de su índice que se instruye en contra de Edwin Adair Vásquez Sosa, se suspendió, con motivo de la demanda de amparo indirecto que presentó el imputado aquí quejoso, hasta en tanto esa autoridad judicial tanga conocimiento sobre la procedencia o no de la demanda; en atención a su oficio, infórmese vía correo electrónico al Juez de Control referido, que mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se desechó la demanda de amparo; y a la fecha en que se actúa, se encuentra transcurriendo el plazo a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, por tanto, una vez que se acuerde lo procedente se le hará de su conocimiento.

  3. Principal

    Vista demanda de amparo promovida por Edwin Adair Vásquez Sosa, contra actos del Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca; fórmese y regístrese el expediente de amparo con el número que le corresponda y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que el acto reclamado por el quejoso consiste en la resolución dictada por el Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la audiencia intermedia de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 248/2016, en la cual declaró improcedente su petición para admitirle sus pruebas; determinación que fue confirmada al resolver el recurso de revocación interpuesto en su contra; negándole la admisión de pruebas. En el caso, se estima que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establecen: De lo anterior se colige que es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial, en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, así como en los tratados internacionales que el Estado Mexicano tenga suscritos y no que solamente tengan una consecuencia procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio. En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior, toda vez que el amparo indirecto, en tratándose de actos emitidos dentro de un juicio, solo será procedente contra actos de imposible reparación. Ahora, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener una resolución favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. El amparo indirecto procede, pues, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, aun obteniendo sentencia favorable, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante las llamadas garantías individuales o ahora, derechos humanos, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que el agraviado obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En esta tesitura, el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución dictada en la audiencia intermedia de fecha catorce de junio de dos mil diecisiete, en la causa penal 248/2016, del índice del Juzgado de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la cual se declaró improcedente su petición para admitirle sus pruebas, determinación que fue confirmada al resolver el recurso de revocación interpuesto, negándole la admisión de pruebas; lo que constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que esa decisión no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello, en su caso, únicamente se vulneran derechos adjetivos o procesales y, la parte quejosa puede obtener al finalizar una sentencia favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. En efecto, las resoluciones relativas a todos aquellos aspectos que versan sobre pruebas, tales como la admisión o desechamiento de los medios de prueba, por regla general, sólo pueden combatirse como conceptos de violación, al impugnar el fallo definitivo en vía de amparo directo, previa satisfacción del principio de definitividad, si para ello se considera que las violaciones de que se trate han trascendido al sentido del fallo, dado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se reitera, el amparo indirecto sólo procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; de cuya interpretación a contrario sensu, se obtiene que cuando dicho acto no sea susceptible de ocasionar una afectación material de "imposible reparación" respecto de un derecho sustantivo, el juicio de amparo indirecto será improcedente, y en ese supuesto se debe combatir el acto de que se trate por vía de concepto de violación en el juicio de amparo directo, que en su caso se promueva contra a la sentencia que se dicte en el juicio del cual emana el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 173, fracción X, de la Ley de Amparo que indica: De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, toda vez que no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa. En efecto, la resolución dictada por el Juez de Control de San Pedro Pochutla, Oaxaca, en la audiencia intermedia de catorce de junio de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 248/2016, en la cual se declaró improcedente su petición para admitirle sus pruebas, determinación que fue confirmada al resolver el recurso de revocación interpuesto, negándole la admisión de pruebas; constituye una violación que no es de imposible reparación, porque puede ser enmendada en sentencia definitiva, si la autoridad competente determina emitir fallo absolutorio en favor del peticionario de garantías, y por el contrario, si la resolución del juicio oral resulta adversa a sus intereses tanto en primera como en segunda instancia, podrá el quejoso combatir la decisión aquí impugnada, relativa a la negativa de otorgarle una prórroga para el desahogo de pruebas, como violación procesal, en el juicio de amparo directo que eventualmente promueva contra el fallo de segunda instancia. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el precepto legal 107, fracción V, de la invocada ley, esté último aplicado a contrario sensu, en el cual se establece que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Luego, al no actualizarse alguna excepción a la regla de procedencia del juicio de amparo contra actos dentro del juicio, se reitera que si el quejoso obtiene sentencia favorable, la violación no trascendería al resultado del fallo en su perjuicio, y si no fuera así, podrá impugnarla en el juicio de amparo directo, en términos de los artículos 170, 171 y 173 de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113, del propio ordenamiento legal, procede desechar la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágansele sus notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para recibir notificaciones; téngase como autorizados para tal efecto a las personas que refiere.

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