Eduardo Sergio Zárate Ochoa

Expediente 66/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de febrero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
66/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/02/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Sergio Zárate Ochoa

Actuaciones

  1. Principal

    ...dado que la parte quejosa no impugnó el proveído de once de febrero de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demandad de amparo...dentro del plazo...se declara que dicho auto queda firme...archívese este expediente como asunto totalmente concluido...este asunto carece de relevancia documental...transcurridos más de cinco años...es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    Por recibida la demanda de amparo promovida por María del Carmen Cortés Gómez apoderada legal de Eduardo Sergio Zarate Ochoa, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad, con sede en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, y del Superintendente de la Comisión Federal de Electricidad Zona I Huatulco; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 66/2016 que le corresponde. Antes de proveer respecto a la admisión de la demanda es necesario verificar que no exista motivo manifiesto e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, tal como lo ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo. El acto reclamado se hizo consistir en: "IV.- De la autoridad señalada como responsable ordenadora reclamo la orden de cancelación del servicio público de energía eléctrica que se sirvió ejecutar en mi contra, sin que mediara el procedimiento o juicio administrativo correspondiente, desconociendo las razones o motivos que tuvo para hacerlo, traduciéndose en la privación de mi derecho al uso del servicio público de energía eléctrica, causándome con ello perjuicios irreparables." En el caso, el suscrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, relacionado con los diversos 1, párrafo primero, y 5 fracción II del mismo ordenamiento, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley..Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:...II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales citados así como de la naturaleza y fines del juicio de amparo, se establece que no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Federal, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, para que el juicio de amparo sea procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de una autoridad. En vinculación con lo anterior, se advierte que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada, a que los actos que se reclamen se consideren como de autoridad, entendiéndose por tal, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, el concepto actual de autoridad para efectos del juicio de amparo, refiere a aquellas a quienes la norma legal faculta para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales, esto es, acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es el emitido en ejercicio de facultades decisorias que le están atribuidas al emisor en la ley y que, por ende, constituyen una potestad del Estado, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser su fuente de naturaleza pública, lo que permite concluir que el concepto de autoridad por regla general excluye a los actos de particulares. Lo anterior con independencia de la naturaleza formal del ente emisor, pues incluso la propia Ley de Amparo, precisa que tendrán la calidad de autoridad para efectos del juicio, los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos ya citados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Hechas las precisiones anotadas, a juicio de este juzgador, se evidencia que no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia que señala el artículo 1° de la Ley de amparo, ya que lo reclamado, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio constitucional ni uno que se le pueda equiparar, por lo que en su caso, deben impugnarse ante la potestad judicial ordinaria. Es conveniente establecer, que si bien las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, e incluso los fideicomisos públicos (verbigracia, la Comisión Federal de Electricidad), que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad; por lo que en la actualidad, un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo es aquel que emite un servidor público o un particular de manera unilateral, con fundamento en una norma legal, a través del cual crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, y que pueden exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Sin embargo, la circunstancia de que la Comisión Federal de Electricidad haya ordenado la cancelación del servicio público de energía eléctrica contra el directo quejoso; no es razón suficiente para que tal proceder deba considerarse un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, o uno de particular que se le equipare, por derivar precisamente del contrato de prestación de servicios correlativo, el cual tiene naturaleza mercantil. Ello, toda vez que las obligaciones derivadas de la contratación, como lo relativo a facturación, prepago de energía eléctrica, medición, contenido del aviso-recibo, periodos de consumo y demás conceptos relacionados con la venta de energía eléctrica; y los aspectos relacionados con la tarifa aplicable, garantías de duración de contrato, fecha límite de pago, horario de suministro, casos de suspensión, requisitos para la reanudación del servicio, responsabilidades del suministrador por interrupción del servicio, causas de modificación o terminación del contrato, y la autorización expresa del usuario para que se realicen revisiones y verificaciones, constituyen condiciones del contrato que derivan. Asimismo, de la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio, tales cuestiones derivadas del suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares, son de naturaleza comercial y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro respectivo o con motivo de éste, como acontece en el caso de corte o suspensión del servicio, deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos..Luego, es posible advertir que el acto reclamado es consecuencia de una relación contractual mercantil, en donde la empresa oficial no actúa con carácter de autoridad, de modo que la defensa de algún derecho controvertido, en su caso, se encuentra sujeta a la potestad ordinaria en que debe hacer valer sus prerrogativas respecto del contrato de suministro de energía eléctrica, y sujetarse a los principios constitucionales de audiencia, legalidad, debido procedimiento y tutela jurisdiccional efectiva. Por tanto, no obstante que se trata de un ente público no por ello las relaciones contractuales que tengan que ver con su objeto las puede decidir de manera unilateral, imperativa y con coercitividad, por lo que en el caso, la parte quejosa esta en aptitud legal de acudir ante los Tribunales ordinarios a fin de demandar de su proveedor el cumplimiento del contrato comercial con ellos celebrado en su calidad de consumidor; lo que permite vislumbrar, de manera notoria, manifiesta e indudable que los reclamados no constituyen actos de autoridad impugnables a través del juicio de amparo. En tales condiciones, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Por otra parte, como el quejoso señala las listas que se publican en los estrados de este Juzgado para recibir notificaciones, y el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, regula las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado, por consiguiente, como lo pide el quejoso, las notificaciones que le correspondan en este asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos; asimismo, se tienen por autorizados para oír notificaciones, recibir acuerdos e imponerse de autos, a las personas que nombra, porque en esos términos lo solicita. Finalmente, hágase saber a las partes que la sentencia ejecutoria y demás resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 4,618 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano