Eduardo Ventura Castillejos y Otros.
Expediente 434/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 434/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eduardo Ventura Castillejos y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, y dado que la parte quejosa, no impugnó el proveído de diez de octubre de dos mil diecinueve (fojas 56 a 60), mediante el cual se desechó de plano su demanda de garantías, dentro del plazo que para tal efecto establece el artículo 98 de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para los efectos legales consiguientes. Como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que en el presente expediente se desechó la demanda de amparo, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados ni existen documentos ofrecidos por la parte quejosa, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del citado Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción, por ubicarse en el supuesto de la fracción I del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Conforme al punto Décimo, fracción 1, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de Agustín René Gómez Velázquez, autorizado legal de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el que solicita se le expida copia simple de todo lo actuado en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, en su atención, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad lo que solicita, toda vez que el presente juicio de amparo no cuenta con incidente de suspensión, en razón que por auto de diez de octubre del año en curso, se desechó de plano la demanda de amparo promovida por los quejosos Eduardo Ventura Castillejos y Catalina Castillejos Martínez.
- Principal
Por recibida la demanda de amparo promovida por Eduardo Ventura Castillejos y Catalina Castillejos Martínez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, y otra autoridad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo, y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Por otra parte, atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y cumpliendo con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, del Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, específicamente a lo previsto en sus artículos 90 y 92, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración. En el entendido que se instruye al Secretario (a) de Juzgado, al oficial administrativo, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Cabe destacar que, no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del acuerdo mencionado, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la misma resulta improcedente, por actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.)" Es así, toda vez que la parte quejosa se duele sustancialmente, de la diligencia de emplazamiento de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, llevada a cabo por la actuaria adscrita al juzgado Mixto de Primera Instancia de Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca, bajo el argumento de que la misma, no se llevó a cabo cumpliendo con lo establecido en el Código Local de Procedimientos Civiles (sic). Ahora, de las documentales que anexa la parte quejosa a su demanda de amparo, se advierte que el juicio de origen, es un juicio ejecutivo mercantil, 527/2019, el cual se ventila ante el Juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia Mérida. También se desprende, que en dicho juicio ejecutivo mercantil no se ha dictado la sentencia, puesto que precisamente se ordenó emplazar a la parte demandada, por parte del juez Mixto responsable. En tales condiciones, es dable concluir, que los peticionarios de amparo no son personas extrañas al juicio, porque ya se ostentan sabedores del juicio de origen; además, de que no se ostentan con tal carácter. Consecuentemente, al ser los quejosos parte en el juicio de origen (demandada), de considerar que la diligencia de emplazamiento se llevó a cabo en contravención al Código de Comercio (que es la legislación aplicable, por tratarse de un juicio ejecutivo mercantil instado ante un juez de Distrito, y por ser en la que se apoyó la actuaria para llevar a cabo la diligencia), y al ostentarse sabedores del juicio de marras antes del dictado de la sentencia, tienen el deber de agotar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, porque nada les impide promover el incidente respectivo. En esa virtud, cabe precisar que el emplazamiento efectuado en el juicio ejecutivo mercantil de donde deriva el acto que por esta vía se combate, es impugnable en vía incidental dentro del procedimiento judicial de origen, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1414 del Código de Comercio, pues mediante el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente, cuando el afectado estime que la actuación de emplazamiento no se ajustó a lo previsto por la ley, se puede lograr su revocación, modificación o nulidad, así como sus consecuencias; de ahí que es inconcuso que no se agotó el principio de definitividad para la procedencia del juicio de amparo. En efecto, los artículos 1414, 1349, 1350, 1351, 1353, 1354 y 1357, del Código de Comercio, establecen: "Artículo 1,414. Cualquier incidente o cuestión que se suscite en los Juicios Ejecutivos Mercantiles será resuelto por el juez con apoyo en las disposiciones respectivas de este Título; y en su defecto, en lo relativo a los incidentes en los Juicios Ordinarios Mercantiles; y a falta de uno u otro, a lo que disponga el Código Federal de Procedimientos Civiles, o en su defecto la ley procesal de la Entidad Federativa correspondiente, procurando la mayor equidad entre las partes sin perjuicio para ninguna de ellas. "Artículo 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano. "Artículo 1,350. Los incidentes se substanciarán en la misma pieza de autos, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal. "Artículo 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos. "Artículo 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten. "Artículo 1,354. En la audiencia incidental se recibirán las pruebas y acto seguido los alegatos que podrán ser verbales citando para dictar la interlocutoria que proceda la que se pronunciará y notificará a las partes dentro de los ocho días siguientes. "Artículo 1,357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su clase." Tales preceptos prevén la posibilidad de tramitar de manera incidental las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, estableciendo la forma de su substanciación. Se impone dicha obligación además, porque se reitera, nada impide a los peticionarios de amparo, acudir al juicio ejecutivo mercantil 527/2019, del índice del juzgado de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y hacer valer el incidente de nulidad si consideran que la diligencia de emplazamiento, se llevó en contravención a la ley. Entonces, como se dijo, siendo partes en el juicio ejecutivo de referencia, y haberse enterado de la tramitación del mismo antes del dictado de la sentencia, se colige que estuvieron en aptitud de hacer valer el medio de impugnación a que se alude, en este caso, el incidente de nulidad de emplazamiento, pues con dicho incidente pudo ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado destacado; esto es, cualquier vicio contenido en el emplazamiento, puede ser nulificado por el juez ante el que se tramita el juicio mercantil, a través del incidente de nulidad respectivo, y al no hacerlo, este órgano de control constitucional estima que no se agotó el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, motivo por el cual se surte de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página 1041, que literalmente expresa: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de nulidad de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere". Asimismo, se cita la jurisprudencia número P./J. 11/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, que literalmente dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." De tal manera, se estima que los aquí quejosos no agotaron el principio de definitividad para hacer procedente el juicio de amparo, ya que al ser parte en el juicio de origen, estuvieron en aptitud de hacer valer los medios de defensa ordinarios que se aluden, y con ellos obtener la revocación, modificación o nulificación de los actos reclamados; y si no los agotaron antes de acudir al amparo, dichos actos carecen de definitividad, motivo por el cual surte la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Máxime, que no se surte ningún supuesto de excepción que prevé la citada fracción para no agotar el mencionado principio, porque en el caso, los actos reclamados no son de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, tampoco consisten en órdenes de aprehensión o reaprehensión o auto de vinculación a proceso, ni emanan de un procedimiento penal, además la quejosa no es tercera extraña al procedimiento, ni la procedencia del recurso se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarlo. Por consiguiente, al no agotar los quejosos el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el diverso numeral 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de protección de derechos fundamentales. Como la parte quejosa señala los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones, y los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, regulan las notificaciones por lista que se publican en los estrados del Juzgado; por consiguiente, por ser esa la voluntad de la quejosa y estar ajustadas a derecho, como lo pide, las notificaciones que le correspondan en el presente asunto, aún las de carácter personal, hágansele mediante lista de acuerdos. Asimismo, se tiene por autorizado con las amplias facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Agustín René Gómez Velázquez, quien justifica estar legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, dado que se encuentra registrados en el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red de Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación; y únicamente para imponerse de autos a José Ramón Cruz Blas, porque en esos términos lo solicita. Como lo solicitan los promoventes, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a Eduardo Ventura Castillejos, como representante común de la parte quejosa. Hágase saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, de acuerdo al procedimiento de acceso a la información y tomando en cuenta lo previsto en el artículo 8, primer párrafo, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Consejo de la Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que dice: "Si las partes ejercen en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley para oponerse a la publicación de sus datos personales, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos, tomando en cuenta, si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley; de ser así, a la versión pública de la sentencia ejecutoria, de las demás resoluciones públicas y, en su caso, de los documentos contenidos en el expediente que no sean reservados o confidenciales, se suprimirán los datos personales de las partes, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el respectivo órgano jurisdiccional."; por tanto, las partes pueden ejercer en cualquier instancia seguida ante la Suprema Corte, el Consejo o los órganos jurisdiccionales, el derecho que les confiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para oponerse a que se publiquen sus datos personales, cuando se presente solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, para que sea tomado en consideración por la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo, y en su caso, determine si tal oposición puede o no surtir efectos. En la inteligencia que, aun cuando las partes no ejerzan la oposición a que se refiere el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para que se hagan públicas las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión de datos no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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