Eduardo Zamora Carranza

Expediente 1370/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1370/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
23/12/2016

Partes del expediente

  • Eduardo Zamora Carranza

Actuaciones

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de ocho de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Por otra parte, aun cuando el documento exhibido por la parte quejosa en su demanda de amparo, no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjese a su disposición, el cual podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibida que de no hacerlo así, dicho documento será destruido junto con el expediente.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del ocho de diciembre de dos mil dieciséis, que en la parte que intresa dice: Vista la demanda de amparo que promueve Eduardo Zamora Carranza, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, de quien reclama el auto dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis dentro del proceso número 37/2016 del índice del juez responsable y notificado el diecisiete de noviembre del presente año. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1370/2016-VIII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." Asimismo, con la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo deriva del hecho que la parte quejosa no cumplió con el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, en virtud que no agotó el recurso de revocación que prevé la legislación adjetiva penal de la materia, en virtud de que el acto que reclama consiste en el auto dictado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis en el proceso penal 37/2016 del índice del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en el que el juez responsable, después de analizar el estado procesal que guardan las actuaciones de la causa penal de mérito, señala de oficio fecha y hora para el desahogo de la diligencia de careos procesales entre el quejoso, el denunciante y testigos de cargo, el cual es revocable. Ahora, para corroborar la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, debe tenerse en cuenta el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, entre otros actos, contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa legal dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente, salvo que se afecten a personas terceras extrañas a juicio, o bien en el supuesto que el acto reclamado consista en aquellas que afecten la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, o cuando importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes, así como de actos que afectan la libertad personal, y la proposición en exclusiva de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, debe decirse que los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que el afectado los haga valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses legales, tiene la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Con base en lo expuesto, contra los actos que reclama el quejoso, es procedente el recurso de revocación conforme a lo previsto en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales en relación con el diverso 267 del mismo ordenamiento, que establecen: "Artículo 261.- Solamente los autos contra los cuales no se concede por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el juez que los dictó: (.) Artículo 267.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario: I.- Las sentencias de primera instancia; II.- Los autos que nieguen o decreten el sobreseimiento en el caso de la fracción III del artículo 242; III.- Los autos de falta de elementos para procesar; IV.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución; V.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos; VI.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado. VII.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria; VIII.- Las demás resoluciones que señale la ley.; (.)". En efecto, de los preceptos legales transcritos, se desprende que el recurso de revocación es procedente contra los autos que expresamente el Código en referencia no los contemple como apelables. Así, dado que en contra del auto que admite careos en términos de los artículos 183 a 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, no se establece expresamente la procedencia del recurso de apelación, conforme al ya invocado numeral 267 del mismo cuerpo de normas; luego, resulta aplicable la disposición contenida en el ordinal 261 del ordenamiento legal en cita, que prevé la procedencia del recurso de revocación. De ahí, que al quejoso le correspondía, previo acudir al juicio de amparo, agotar el principio de definitividad, con la interposición del recurso de revocación en contra del acto que reclama, por lo que al no haberlo hecho así, torna el presente juicio en improcedente, por actualizarse la causa antes invocada. Es cierto que existen supuestos de excepción al principio de definitividad como los contemplados en el artículo 107, fracciones III, inciso c) (contra actos que afectan a personas extrañas al juicio), IV (los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución) y XII (los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal) y en el diverso 61 de la Ley de Amparo, fracciones XIV (amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación), XVII (los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o cuando se trate de persona extraña al procedimiento) y XX (los administrativos que carezcan de fundamentación, se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el medio de defensa esté previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia) de la Ley de Amparo, además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, habida cuenta que es parte en el procedimiento de origen como lo señala el propio quejoso, por lo que no tiene el carácter de persona extraña; aunado al hecho de que, el quejoso no manifestó que se encuentre privado de la libertad, por lo que es evidente que la determinación combatida no afecta su libertad; consecuentemente, estaba obligado a agotar el recurso de revocación, puesto que la procedencia del juicio de amparo está sujeta a que previamente se agoten los recursos ordinarios que al efecto prevé la legislación de la materia. En suma, al resultar evidente que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el recurso de revocación en contra del acto que reclama; por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado. Por otro lado, en términos del artículo 12 de la ley de la materia se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, el que señala para tales efectos, teniéndose como autorizadas en términos amplios del citado numeral, a las personas que indica, atento a la naturaleza del acto que se reclama. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio.

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