Eduardo Valencia Reyes

Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Eduardo Valencia Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de julio de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del trece de julio de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por María Juana Ortiz Arzola y Eduardo Valencia Reyes, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.V.O, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Valoración del expediente. Destruible. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, toda vez que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO. Sin relevancia documental. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal como el cuaderno original del incidente de suspensión por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Destrucción de expediente. Destrúyase dentro de los treinta días siguientes a que se haya cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, debiéndose remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Se ordena devolución de documentos Devolución de documentos. Por otra parte, tomando en consideración que se encuentran en resguardo en la secretaria de este órgano jurisdiccional los documentos aportados por la parte quejosa, con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezcan a recogerlos en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo, los referidos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Se ordena glosar documentos. Ahora, toda vez que se encuentran en resguardo los documentos que la parte quejosa acompañó a su escrito de demanda, en la secretaria de este órgano jurisdiccional, glósense los mismos al expediente en que se actúa, toda vez que el presente asunto se encuentra concluido. A fin de llevar a cabo la práctica de la referida diligencia y dadas las condiciones de contingencia sanitaria que persisten, se ponen a disposición de la parte quejosa, los datos de contacto del funcionario judicial que podrá intervenir en el desahogo de dicha actuación, siendo el siguiente: Nombre del funcionario Cargo Datos de contacto Librado Antonio Gómez Morales Secretario Teléfono celular: 241 193 4271 De conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, corre a cargo del quejoso el que, a través del Portal de Servicios en Línea, agende una cita previa, con el fin de que pueda comparecer a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, a fin de que le sean entregadas debidamente certificadas las constancias antes referidas. Por lo que deberá informar previa y oportunamente a este juzgado, sobre el día y hora que el sistema del Portal de Servicios en Línea le hubiera generado, a fin de que el personal que se encuentra laborando presencialmente en el juzgado -cuyo número es limitado- tenga la oportunidad de preparar la documentación solicitada y la atención presencial sea rápida y expedita. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Licenciada Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Encargada del Despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, comunicado a este órgano jurisdiccional mediante oficio CCJ/ST/1620/2021 de la misma fecha, con las facultades derivadas de la interpretación que del citado artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 14/2010, consultable en la página 716, tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", quien actúa asistida del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de julio de dos mil veintiuno. Radicación de demanda Vista la demanda de amparo que promueven María Juana Ortiz Arzola y Eduardo Valencia Reyes, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.V.O, contra actos del Juez Séptimo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras y Especializado en Justicia para Adolescentes. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 589/2021-8. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Ahora bien, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII de la Ley de Amparo. Al respecto, la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de las reformas publicadas el seis de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". En concordancia, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". De esta manera, de la interpretación armónica de los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, principio que reglamentan los artículos 5º, fracción I y 6° de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que el juicio puede promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, siempre que esa violación produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la misma forma, tratándose de resoluciones provenientes de tribunales administrativos, la quejosa deberá aducir tener un interés jurídico para la procedencia del juicio de garantías; entendido, como el derecho subjetivo derivado de una norma objetiva, que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad o terceros. En el primer caso, las características que permiten identificar al "interés legítimo" son: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, de la redacción de la fracción I, del artículo 107, de la Constitución Federal, se advierte qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: a) Aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; b) Alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; c) Demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, d) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. De lo que se colige que el "interés legítimo individual o colectivo", precisa que exista una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión de la promovente (jurídico o legítimo), a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico. Esto es, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que requiere la demostración de que la quejosa pertenece a ella. Mientras que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la ley de la materia exige que la quejosa sea titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; en otras palabras, que cuente con el interés jurídico necesario para incoar el juicio de amparo. Apoya lo considerado, la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.), del Pleno del Máximo Tribunal del país, impresa en la página 60, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro: 2007921, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).". Ahora, en el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado, en esencia, el citatorio a efecto de que comparezca el menor de iniciales J.D.V.O, en compañía de su progenitor Eduardo Valencia Reyes, a la audiencia inicial dentro de la causa judicial 13/2021-ADOL, del índice de la responsable. Ahora bien, tratándose de procedimientos judiciales en donde se encuentren involucrado menores de edad, la Ley que rige es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la cual, regula la audiencia inicial en los siguientes términos: CAPÍTULO ÚNICO AUDIENCIA INICIAL Artículo 129. Detención en flagrancia Cuando una persona adolescente sea sorprendida en la comisión de una conducta que las leyes señalen como delito, podrá ser detenida sin orden judicial y deberá ser puesta a disposición inmediata de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud lo pondrá a disposición del Ministerio Público competente. El primer respondiente deberá hacer el registro inmediato de la detención. Al tener a su disposición a la persona adolescente, el Ministerio Público evaluará si procede decretar la libertad, dictar un criterio de oportunidad o remitir al adolescente a un programa educativo. Si ello no fuera posible, deberá determinar si, a su juicio, existe la necesidad de la imposición de una medida cautelar y su tipo, lo que deberá informar a la brevedad a la defensa de la persona adolescente. Asimismo, deberá considerar ponerlo a disposición del Juez de Control sin agotar el plazo de treinta y seis horas al que se refiere el artículo siguiente. Artículo 130. Audiencia inicial En los casos de personas adolescentes detenidos en flagrancia, en términos de la Constitución y el Código Nacional, el Ministerio Público deberá ponerlos a disposición del Juez en un plazo que no podrá exceder de treinta y seis horas, salvo que el Ministerio Público requiera agotar el plazo constitucional por las características propias de la investigación que así lo justifique. En casos de cumplimiento de orden de aprehensión o comparecencia serán puestos de inmediato a disposición del Juez de Control. Artículo 131. Plazo para la investigación complementaria Antes de concluir la audiencia inicial, el Ministerio Público deberá solicitar el plazo para el cierre de la investigación complementaria y deberá justificar su solicitud. El Juez fijará un plazo para que el Ministerio Público cierre dicha investigación que no podrá ser mayor a tres meses, contados en días naturales, a partir del auto de vinculación a proceso, tomando en consideración la complejidad de los hechos atribuidos a la persona adolescente y la complejidad de los mismos. El Juez en audiencia fijará la fecha del cierre del plazo, o en su caso, de la prórroga del mismo. Artículo 132. Cierre del plazo de la investigación complementaria Transcurrido el plazo fijado para el cierre de la investigación, esta se dará por cerrada, salvo que las partes soliciten la prórroga al Juez, antes de cumplirse el plazo fijado y de forma justificada, el cual no podrá ser mayor a un mes. Artículo 133. Consecuencias de la conclusión del plazo del cierre de la investigación complementaria Cerrada la investigación complementaria, si el Ministerio Público, dentro de los cinco días naturales siguientes, no solicita el sobreseimiento, la suspensión del proceso, o formula acusación, el Juez de Control pondrá el hecho en conocimiento del Titular del Ministerio Público respectivo para que se pronuncie en el plazo de tres días naturales. Transcurrido este plazo, sin que dicho titular se haya pronunciado, el Juez dictará el sobreseimiento." Asimismo, en su artículo 10, dicho ordenamiento jurídico dispone lo siguiente: "Artículo 10. Supletoriedad Sólo en lo no previsto por esta Ley deberán aplicarse supletoriamente las leyes penales, el Código Nacional, la Ley de Mecanismos Alternativos, la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley General de Víctimas, siempre que sus normas no se opongan a los principios rectores del sistema y sean en beneficio de la persona sujeta a la presente Ley. Solo serán aplicables las normas procesales en materia de delincuencia organizada y de protección a personas que intervienen en el procedimiento penal, que impliquen un beneficio para la persona adolescente." En este sentido, la citación para la audiencia inicial en el procedimiento judicial del sistema de justicia para adolescentes, tiene los mismos efectos que los establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así pues, al respecto, se debe atender a lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció respecto a la citación a la audiencia inicial, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materias(s): Común, Penal, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, Registro digital 2018828, del siguiente rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." Como se advierte, la superioridad consideró que la citación a la audiencia inicial, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser sometido a una investigación complementaria. En este sentido, el citatorio por sí mismo no les causa un agravio a los quejosos, por lo que, se estima, que resulta improcedente el juicio de amparo por falta de interés jurídico. Por tanto, toda vez que la parte quejosa no resiente afectación alguna con el acto reclamado, ni lo resentirá por la sola emisión del mismo, al no existir una afectación directa a sus derechos públicos subjetivos, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por María Juana Ortiz Arzola y Eduardo Valencia Reyes, en representación de su menor hijo de iniciales J.D.V.O, en atención a las razones expuestas. Resguardo de documento Ahora, por cuanto hace al documento que anexan los quejosos a su escrito de demanda, se ordena su resguardo, previa copia certificada que se obtenga para que obren en autos. Domicilio para oír y recibir notificaciones Por otra parte, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones personales a la parte quejosa por lista de acuerdos, por así solicitarlo expresamente, ya que señala los estrados de este juzgado, lo que propiamente no constituye un domicilio para realizar notificaciones personales; sin embargo, de esa forma lo señaló. Autorizados Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a María de los Ángeles Domínguez Cabrera, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a María de los Ángeles Salamanca Domínguez, por así solicitarlo expresamente. Se tiene señalado correo electrónico y número telefónico. Ahora bien, se toma nota del correo electrónico y número telefónico que proporcionan, para la comunicación no procesal, dado que la ley de la materia no prevé la realización de las notificaciones a través de estos dos últimos medios. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafo sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese; y personalmente a la parte promovente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido del licenciado Librado Antonio Gómez Morales, Secretario que autoriza y da fe.

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