Eduardo Tlilayatzi Esquivel

Expediente 651/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
651/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Ángel Alejandro Azcarraga Atempa, apoderado legal
  • Eduardo Tlilayatzi Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se ordena archivo Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente Se establece que el juicio de amparo es destruible, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veintisiete de septiembre dos mil veinte, por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15 del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En consecuencia, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos Finalmente, no ha lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no obran en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Se ordena notificar por lista a parte quejosa. Vista la razón actuarial de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado; en atención a su contenido, téngasele manifestando la imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de veintisiete de septiembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fura de audiencia, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el citado proveído, así como el presente, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista, hasta en tanto señale domicilio diverso para tal efecto. Notifíquese y por lista a la quejosa el auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que Ángel Alejandro Azcárraga Atempa, en su carácter de apoderado legal de Eduardo Tlilayatzi Esquivel, promovió el presente juicio contra actos de los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que se tuvieron como actos reclamados: La omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. La omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral. En ese sentido, del informe justificado rendido por la Secretaria General de mayor antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mismo que se tuvo por recibido en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que refirió que el acto reclamado no es cierto; sin embargo, precisó que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo conducente al escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno y que mediante oficio 131/2021 SAI, solicitó a la Fiscalía General de la República, proporcionara perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia, toda vez que en audiencia de doce de julio del año en curso, se señaló fecha para el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos, como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora -quejoso-, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dos de agosto de dos mil veintiuno- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombrara perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Cobra aplicación por analogía al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. A continuación se procede a determinar la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombrara perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral. De la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama dichos actos, a los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo conducente el escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno y que mediante oficio 131/2021 SAI, solicitó a la Fiscalía General de la República, proporcionará perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia, toda vez que en audiencia de doce de julio del año en curso, se señaló fecha para el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos, como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora -quejoso-,remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Dicho auto fue notificado a las partes, a través de cédula el diecinueve de agosto dos mil veintiuno. De esa manera, si la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -dos de agosto de dos mil veintiuno -, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Se decreta sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de autos, se advierte que Ángel Alejandro Azcárraga Atempa, en su carácter de apoderado legal de Eduardo Tlilayatzi Esquivel, promovió el presente juicio contra actos de los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el que se tuvieron como actos reclamados: La omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. La omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral. En ese sentido, del informe justificado rendido por la Secretaria General de mayor antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, mismo que se tuvo por recibido en proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que refirió que el acto reclamado no es cierto; sin embargo, precisó que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo conducente al escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno y que mediante oficio 131/2021 SAI, solicitó a la Fiscalía General de la República, proporcionara perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia, toda vez que en audiencia de doce de julio del año en curso, se señaló fecha para el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos, como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora -quejoso-, remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Lo anterior pone de manifiesto que al momento de la presentación de la demanda de amparo -dos de agosto de dos mil veintiuno- no existía el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombrara perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral; de ahí que no se puede considerar que la responsable ha sido omisa en su emisión. Resulta pertinente destacar que la interpretación sistemática de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV, y 75 de la Ley de Amparo, revela que el juicio de garantías es procedente contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, por lo que antes de estudiar otras cuestiones, el juzgador de amparo debe analizar el acervo probatorio y determinar oficiosamente si con él se acredita o no la existencia de los actos reclamados, pues sólo en caso de que así sea, podrá proceder al estudio de las causas de improcedencia respecto del caso concreto y, eventualmente, del fondo del asunto, tal como lo corrobora la tesis aislada CXLVII/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 439 del tomo XXVI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a octubre de 2007 de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE AMPARO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EXISTENCIA, DEBE REPARARLA OFICIOSAMENTE EL TRIBUNAL REVISOR. De los artículos 74, fracción IV, 77, fracciones I y II, y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, se advierte que es obligación del juzgador de garantías apreciar las pruebas que obren en el juicio al dictar la sentencia relativa para tener por acreditada o no la existencia de los actos reclamados en la demanda, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese tenor, ante la omisión de realizar ese pronunciamiento en la sentencia recurrida, el tribunal revisor debe subsanarla -aun cuando no exista agravio alguno en tal sentido- y emitir una determinación al respecto, porque no sería jurídicamente congruente abordar en sede de revisión causas de improcedencia o el fondo del asunto si no está probada la existencia de los actos reclamados en el juicio de amparo." Con el propósito de comprobar tal aserto, es conveniente señalar, ante todo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en reiteradas ocasiones el criterio de que tratándose de una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable y que, por ende, no deja lugar a dudas, no hay razón que justifique esperarse hasta la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, ya que las pruebas que aporte eventualmente el quejoso, no podrán hacer que desaparezca la posibilidad de que se sobresea en el amparo. Cobra aplicación por analogía al razonamiento expuesto, la jurisprudencia 10/2003 sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente a Marzo de 2003, Novena Época, cuyo contenido se reproduce a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Como puede verse, el sobreseimiento en el juicio de amparo debe decretarse desde que aparezca actualizada, de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia respectiva, pues a ningún fin práctico conduce tramitarlo si, atendiendo a la naturaleza propia del impedimento relativo, no es posible formarse una convicción diversa al dictarse la sentencia constitucional. A continuación se procede a determinar la existencia del acto reclamado consistente en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombrara perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral. De la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama dichos actos, a los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala. Sin embargo, del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se advierte que el dieciocho de mayo de dos mil veintiuno, proveyó lo conducente el escrito de fecha dos de marzo de dos mil veintiuno y que mediante oficio 131/2021 SAI, solicitó a la Fiscalía General de la República, proporcionará perito en caligrafía, grafoscopia y documentoscopia, toda vez que en audiencia de doce de julio del año en curso, se señaló fecha para el desahogo de la diligencia de ejercicios caligráficos, como consecuencia de la incomparecencia de la parte actora -quejoso-,remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredita dicha circunstancia, documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Dicho auto fue notificado a las partes, a través de cédula el diecinueve de agosto dos mil veintiuno. De esa manera, si la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral constituyen los actos reclamados en la presente instancia constitucional, es evidente que la omisión reclamada es inexistente pues a la fecha de presentación de la demanda de amparo relativa -dos de agosto de dos mil veintiuno -, no existía la referida omisión reclamada, circunstancia que resulta suficiente para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por inexistencia del acto reclamado, ya que la existencia del acto debe acreditarse respecto a la fecha de presentación de la demanda. Corrobora lo anterior la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." En tal virtud, al haberse acreditado la inexistencia de los actos reclamados consistentes en la omisión de girar oficio a la Fiscalía General de la República, Delegación Tlaxcala, para que nombre perito en materia de documentoscopía, caligrafía y grafoscopía, a favor de la parte actora Eduardo Tlilayatzi Esquivel, en el juicio laboral C.D.T. 125/2018-9, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, y la omisión de acordar la promoción presentada por el actor Eduardo Tlilayatzi Esquivel, el tres de marzo de dos mil veintiuno, a las doce horas con cuarenta y tres minutos, identificada con el número PR-96/21, dentro del referido juicio laboral, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo establecido en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, al haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo a través del presente proveído, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada para las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO; por tanto, dese de alta este proveído en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de gobierno y de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria General de mayor antigüedad, sustituyendo de manera temporal a la Presidente y Representante de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista a las partes Con el contenido del informe de cuenta, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas de las autoridades responsables, las cuáles serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Alegatos. Ahora, con relación al sobreseimiento que alega la autoridad oficiante con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, téngaseles realizando las manifestaciones que realiza a manera de alegatos, las que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, dada la vista otorgada en párrafos que anteceden, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo.

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