Eduardo Vega Ramos

Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
713/2022
Año
2022
Actuaciones
19
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Vega Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual, se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución emitida por el treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.

  2. Principal

    En treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al secretario encargado del despacho con el estado procesal de los autos y con la certificación secretarial que antecede. Conste. Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista personal ordenada mediante acuerdo de trece de julio del actual, en relación con el oficio allegado por el delegado de las autoridades responsables Directora de Cobranza y, Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos del Municipio de Ahome, Sinaloa, inherentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, no obstante que tal determinación se le notificó a la parte quejosa de manera electrónica el diecinueve de los corrientes. Por tanto, procede analizar si se otorgó el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". En ese sentido, se precisa que por resolución de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se concedió al quejoso Eduardo Vega Ramos, la protección constitucional, para que las responsables realizaran lo siguiente: ( ''Octavo. Efectos de la protección constitucional. En términos de los artículos 74, fracción V y 77, fracción I de la Ley de Amparo, en cumplimiento a esta sentencia, el Director de Cobranzas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dentro del procedimiento administrativo de ejecución identificado con número de folio CI2022.DCOB.EP.04483, deberá: ( Dejar sin efecto las diligencias de emplazamiento practicadas el veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veinte. ( Como consecuencia natural de lo anterior, deje insubsistente todos la consecuencias y efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra la parte quejosa, incluyendo el mandamiento de ejecución y su notificación, así como todos los actos subsecuentes (embargo sobre el inmueble) restituyendo las cosas en el estado que guardaban''. Resolución que causó ejecutoria el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, al no ser recurrida por las partes. Por su parte, mediante oficio presentado el once de los corrientes, el delegado de las responsables, informó que se dejó sin efecto legal alguno el procedimiento administrativo de ejecución C12022.DCOB.EP.04483, de uno de noviembre de dos mil veintidós, mediante folio IPU-LM-2020-00160, incluyendo el mandamiento de ejecución número MAN-EJE-IPU-LM-2021-01-00176 y su notificación, al igual que los actos subsecuentes (embargo sobre el inmueble), restituyendo las cosas en el estado que guardaban respecto al bien con clave catastral 003-000-001-117-022-001, propiedad del quejoso. Por tanto, mediante auto de trece de julio de dos mil veintitrés, se dio vista al promovente del amparo con tal oficio allegado por el delegado de las autoridades, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; en el entendido de que, el amparista no se pronunció al respecto, aun cuando fue debidamente notificado. En consecuencia, si la concesión del amparo fue para el efecto de que las autoridades responsables dentro del procedimiento administrativo de ejecución CI2022.DCOB.EP.04483, dejaran sin efecto las diligencias de emplazamiento practicadas el veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veinte, así como la consecuencias y efectos jurídicos que se materializaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra la parte quejosa, incluyendo el mandamiento de ejecución y su notificación, así como todos los actos subsecuentes (embargo sobre el inmueble) restituyendo las cosas en el estado que guardaban, lo cual ya aconteció; por ende es claro que la ejecutoria de amparo ya se cumplió y se ha restituido al quejoso en el pleno goce de sus derechos humanos violados, en términos de los numerales 77 y 196, ambos de la Ley de Amparo, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos, declarándose, por tanto, cumplida esa ejecutoria.

  3. Principal

    Auto. Los Mochis, Sinaloa, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio suscrito por el delegado de las autoridades responsables, a través del cual informa sobre el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo; agréguese a los autos. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el delegado de las autoridades responsables Directora de Cobranza y Verificador, Notificador y Ejecutor adscrito a la Tesorería, ambos del Municipio de Ahome, Sinaloa, mediante el cual solicita una prórroga a fin de estar en aptitud de dar cabal cumplimiento a la ejecutoria dictada; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la ley de la materia, infórmesele que se amplía el plazo por una sola vez, otorgándosele un término de diez días, contado a partir de la legal notificación de este acuerdo, a fin de que las responsables en cita den cumplimiento a la ejecutoria dictada. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato". En el entendido de que, se apercibe a las citadas autoridades responsables, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria dentro del plazo indicado, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano