Eduardo Saenz Herrera

Expediente 392/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 15 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
392/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
24/12/2018

Partes del expediente

  • Eduardo Saenz Herrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial con que se da cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Luego tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio de amparo; motivo por el cual, deberá conservarse la demanda y resolución inherentes al presente juicio de amparo, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, de conformidad con la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, motivo por el cual, deberá conservarse el proveído de veintisiete de julio y la interlocutoria de tres de agosto, ambas de dos mil dieciocho, por los que respectivamente se concedió la suspensión provisional y definitiva, respecto de todos los actos reclamados, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha veintiséis de julio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda, de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y del proveído de siete de abril de dos mil diecisiete, por la que se concedió la suspensión provisional, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Finalmente, teniendo en consideración que el presente asunto se encuentra total y definitivamente concluido, por lo que resulta innecesario conservar las constancias enviadas por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de la Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito y Magistrado de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, ambos con sede en esta ciudad; por tanto, devuélvanse a las citadas autoridades las documentales de referencia, para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo, de las constancias remitidas por las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las consecuencias Jurídicas del Delito y Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, inherentes al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las citadas autoridades. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En primer lugar debe indicarse que en el presente juicio de amparo por sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la justicia federal, para los siguientes efectos: "Que la Juez Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa: a). deje sin efecto la orden de reaprehensión librada el dieciocho de junio del año en curso, en la causa penal número 425/2017 (expediente de origen 670/2017) en contra del sentenciado ahora quejoso Eduardo Sáenz Herrera. Que el Magistrado de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad: a). Deje sin efecto la interlocutoria de diez de julio de dos mil dieciocho, dictada en el toca número 106/2018-P, donde no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictada por la Juez Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente número 425/2017, que declaró improcedente el incidente de sustitución de la pena de prisión por tratamiento de libertad, promovido por el sentenciado ahora quejoso; y, b). Admita a trámite el citado recurso de apelación.". Al respecto, las autoridades responsables Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las consecuencias Jurídicas del Delito, con domicilio en esta ciudad a través de su oficio 2654/2018 recibido en este juzgado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, comunicó que dejo sin efecto la orden de reaprehensión librada el dieciocho de junio del año en curso, en la causa penal número 425/2017 (expediente de origen 670/2017) en contra del sentenciado ahora quejoso Eduardo Sáenz Herrera y ordeno girar oficio al Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado para efectos de que llevara a cabo la cancelación de la orden de reaprehensión que fuera librada por dicho juzgado, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y que le fue enviada con oficio número 1463/2018; por su parte la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, por oficios recibidos el veintitrés y treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, comunicó que por auto de veintidós de octubre del presente año, dejo sin efecto el auto de fecha cuatro de julio de dos mil dieciocho emitido en el toca penal 106/2018-P y admitió a tramite el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado ahora quejoso, en contra de la sentencia interlocutoria de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, en los autos del expediente 425/2017 por la Juez Segunda de Primera Instancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito del Distrito Judicial de Ahome, mediante el cual declaro improcedente el incidente de sustitución de la pena de prisión por tratamiento de libertad, en contra del sentenciado aquí quejoso, asimismo el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, resolvió dicho recurso de apelación, decretando la reposición del procedimiento en relación al incidente no especificado, el cual culminó con el auto de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, dictado por la Juez Segunda de Primera Instancia de Vigilancia de la Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, del Distrito Judicial de Ahome, Sinaloa, en el expediente número 425/2017; que es precisamente en lo que se traduce la concesión del amparo y protección de Justicia de la Unión solicitado, por tal razón, se declara que la sentencia de amparo ha quedado cumplida, sin exceso o defecto alguno.

  3. Principal

    Vistos los oficios de cuenta, signados por la Juez Segundo de Primera Instancia de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito, la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado y, Comandante Policía de Investigación del Estado, Zona Norte, con domicilio en esta ciudad, mediante los cuales vienen dando cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos de la Sala de Circuito Zona Norte del Poder Judicial del Estado, con domicilio en esta ciudad, mediante el manifiesta los tramites que esta realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y solicita prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de cinco días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para dar trámite a la ejecutoria de amparo. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.".

Quedan 11 actuaciones en este expediente

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