Eduardo Vega Ramos
Expediente 712/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 25 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Eduardo Vega Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202, en relación con el diverso 201, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad contra el acuerdo de veintidós de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo auto, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En esa virtud, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se precisa que este asunto es susceptible de conservación, dado que en resolución constitucional de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, por una parte se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno Electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. Original incidente de suspensión Por otra parte, en razón de que se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En consecuencia, de conformidad con el numeral 17, fracción III, inciso b) del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el incidente de suspensión es susceptible de conservación; por ende, se ordena agregar al expediente. En el entendido, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la orden de archivo, con apoyo en los artículos 26, 27 y 28 del Acuerdo General citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al depósito documental que sea designado por el Área Coordinadora de Archivos, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que elabore el Área Coordinadora de Archivos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de los autos; este juzgado proveerá sí o no se encuentra cumplida la sentencia de amparo. En principio, hay que destacar que por sentencia firme de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se sobreseyó y también se concedió la protección constitucional al quejoso Eduardo Vega Ramos, para el efecto: "De que el Director de Cobranzas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, dentro del procedimiento administrativo de ejecución identificado con número de folio IPU-LM-2020-0016 deberá: Dejar sin efecto las diligencias de emplazamiento practicadas el veintiséis y veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Como consecuencia natural de lo anterior, deje insubsistente todos la consecuencias y efectos jurídicos que se realizaron con motivo del procedimiento administrativo que se instauró contra la parte quejosa, incluyendo el mandamiento de ejecución y su notificación, así como todos los actos subsecuentes (embargo sobre el inmueble) restituyendo las cosas en el estado que guardaban.". Ahora bien, a través del oficio registrado en el libro de correspondencia de este Juzgado con el número 6245 el licenciado Víctor Inés Báes Gill en su carácter de Delegado de las autoridades Tesorero Municipal y Directora de Cobranzas ambos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, hizo del conocimiento de este Juzgado que la Directora de Cobranza informó al Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, que dejó sin efecto legal alguno el procedimiento administrativo de ejecución identificado con número de folio IPU-LM-2020-00161, de fecha veinte de noviembre de 2020, mediante el cual se determinó el crédito fiscal al quejoso, por concepto de impuesto predial urbano correspondiente a los ejercicios fiscales 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, respecto de la clave catastral 003-000-001- 117-022-001, asimismo, que se giró oficio al Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Ahome, a fin de que procediera a la cancelación de embargo registrado bajo inscripción número 73, Libro 1,067, Sección Segunda a favor de la Tesorería Municipal del ayuntamiento de Ahome. Para demostrar lo anterior, anexó las constancias correspondientes. Por tanto, es evidente que con lo anterior se colman sin excesos ni defectos los efectos para los que se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, por lo que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, así se declara para todos los efectos legales.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda el oficio que suscribe el licenciado Víctor Inés Báes Gill en su carácter de Delegado de las autoridades Tesorero Municipal y Directora de Cobranzas ambos del H. Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo pronunciada por este órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo en el lapso indicado, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, uno de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, suscrito por el oficio que suscribe el licenciado Víctor Inés Báez Gill en su carácter de Delegado del Municipio de Ahome, Sinaloa, así como en representación del Tesorero Municipal, Directora de Cobranza y Jesús Roberto Reyes Ayala, verificador, notificador y ejecutor adscrito a la Tesorería Municipal, todos del H. Ayuntamiento de Ahome, mediante el cual solicita prórroga con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento por parte de este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de diez días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para dar trámite a la ejecutoria de amparo. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.".
Quedan 21 actuaciones en este expediente
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