Eduardo Trinidad Paz Oliva
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Trinidad Paz Oliva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la autoridad en cita, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de abril del año en curso, en el cuaderno de queja 68/2023, en la que la Superioridad declaró infundado dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, de acuerdo al siguiente punto resolutivo: ".ÚNICO. Es infundado el recurso de queja.". Asimismo, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, diligencia por practicar, ni documentos originales que devolver a las partes; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción y no se formaron cuadernos incidentales; lo anterior, de conformidad con el artículo 21 fracción I, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, tres de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la perito precisada en supra líneas; asimismo, en atención a su contenido, se le tiene por informado que se fijaron las doce horas del veinticinco de abril del presente año, para recibir el documento cuestionado en autos, en las instalaciones del Laboratorio de Documentos Cuestionados de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta Ciudad, para ser sometido a estudio y análisis dentro del equipo especializado con que cuenta dicha Institución, mismo que será devuelto en aproximadamente tres horas; en tal virtud, se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que el día y hora señalados, efectúe el traslado del documento de mérito y una vez realizados los estudios en comento, lo devuelva a este Juzgado, para ser glosado al juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de catorce de marzo de dos mil veintitrés... Como de la certificación y constancia secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término legal concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lapso en el cual hizo manifestación al respecto; por tanto, el suscrito procede a realizar el examen de las constancias del juicio, a fin de resolver lo conducente con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, de la Novena Época, sustentada por la Segunda Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, visible a página doscientos cuarenta y tres, con el rubro que a la letra versa: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).". Ahora, la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".La sentencia dictada dentro del toca penal número -, que modificó la resolución dictada dentro del proceso penal número -.". De autos se advierte que mediante sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso -. Inconforme con dicho fallo, el quejoso interpuso recurso de revisión, mismo que correspondió conocer al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, superioridad que mediante ejecutoria de quince de diciembre de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 995/2021, por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a -, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Magistrada de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, consistente en la resolución de -, emitida en el incidente de reconocimiento de inocencia -, por las razones expuestas en el considerando sexto de esta ejecutoria y para los efectos indicados en el último considerando de la misma." Efectos que son los siguientes: "a) Deje insubsistente el acto reclamado; y, b) En su lugar emita una nueva determinación en la que, purgando los vicios de fundamentación y motivación expuestos en esta sentencia, con libertad de jurisdicción, se pronuncie nuevamente respecto de la solicitud de reconocimiento de inocencia que realizó el quejoso." En auto de trece de enero pasado, se acordó la llegada de autos de la referida Superioridad, y por tanto, se requirió a la autoridad responsable Magistrado de la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, el cabal cumplimiento del fallo. Mediante oficios remitidos por la Sala responsable, y recibidos en este tribunal el veinte de enero y nueve de febrero de la presente anualidad, en acatamiento a la ejecutoria de amparo, informó y resolvió respectivamente, lo siguiente: ".Se deja insubsistente la resolución de fecha 15 quince de junio de 2021 dos mil veintiuno emitida en esta Alzada.". (.) ". PUNTOS RESOLUTIVOS: PRIMERO.- En acatamiento a la ejecutoria de amparo que cumplimenta, con fecha diecinueve de enero del año en curso, se dejó sin efectos la resolución emitida en el presente reconocimiento de inocencia, del quince de junio de dos mil veintiuno; y, siguiendo sus lineamientos, se dictó la presente. SEGUNDO.- Resultó fundada la solicitud de reconocimiento de inocencia planteada por el sentenciado -. TERCERO.- Consecuentemente, SE ANULA solo por lo que a - se refiere, la sentencia del veinte de febrero de dos mil doce, pronunciada por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca -, formado con motivo del recurso de apelación, interpuesto por - y otra, sus defensores y el Ministerio Público, en contra de la sentencia condenatoria, dictada por la entonces Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Penal, de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal -, instruido contra el referido sentenciado y otros, por el delito de Secuestro, en agravio de -, actualmente radicado en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal de este Distrito Judicial, dentro del proceso penal número -. CUARTO.- Emítase la boleta de libertad correspondiente, solo por lo que se refiere a la causa penal relacionada con el presente incidente y en exclusiva a favor de -; y, requiérase a la autoridad penitenciaria para que haga cesar todos los efectos de la sentencia anulada . QUINTO.- Se fija como indemnización subsidiaria a favor de -, la suma de cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento tres pesos, con doce centavos; lo que deberá notificarse a Ia Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que reconozca el citado -, el carácter de víctima y proceda, en consecuencia, al pago de la ~ indemnización, del Fondo establecido para ello. SEXTO.- Notifíquese al juez de ejecución para la rehabilitación de derechos de -y para el seguimiento a la indemnización ordenada. SÉPTIMO.- Dese aviso al tribunal de la causa para que se hagan las anotaciones correspondientes en la sentencia. OCTAVO.- Se ordena publicar una síntesis del presente fallo en los estrados del Tribunal. NOVENO. Infórmese al Juzgado Segundo de Distrito en Estado, con residencia en esta ciudad, del cumplimiento de la ejecutoria de amparo en revisión número 271/2022, relacionado con el amparo indirecto del índice de ese juzgado número VI995/2021-II, remitiendo copia autorizada del presente fallo.". Por tanto, se concluye que la ejecutoria de que se trata quedó cumplida en lo esencial, habiéndose restituido así a la parte agraviada en el pleno goce de las garantías violadas, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 301, del rubro siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO.". Además, en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo no se advierte de forma objetiva, que la autoridad responsable en acatamiento a lo ordenado haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento. Ahora bien, como según constancia secretarial de cuenta, se advierte que no existe certificado de depósito que devolver a las partes, ni acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN, dado que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14, 18, fracción I, inciso a), 20, fracción II, inciso a) y 21, inciso a) c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: I. En los Juzgados de Distrito: a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; (.) Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de seis meses. Los expedientes auxiliares y judiciales de las siguientes series documentales deberán ser destruidos, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos: (.) II. Expedientes judiciales: Duplicados, siempre que se cuente con el original; y (.) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (.) c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general en cita ni este juzgador, atendiendo a la importancia del asunto, lo considera de trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Notifiquese; y personalmente al quejoso y a las víctimas aquí terceros interesados... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
con esta fecha se notifica por lista al quejoso... el proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés... Vista la demanda de amparo promovida por -, por propio derecho, contra el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número VI-296/2023-1. Ahora del análisis a la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: IV. ACTO RECLAMADO: ".LA FALTA DE FUNDAMENTACION y MOTIVACION en el requerimiento urgente, que se me hiciera mediante oficio de fecha 7 siete de marzo del año 2023, por parte licenciada -, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Morelia, dentro del carpeta de investigación número: -, en el cual se me requiere para que en 24 horas, manifieste si cuento con la factura original del vehículo de las siguientes características: marca - del estado de México, y que en caso de ser positivo proporcione copia cotejada de dicha factura, de igual forma para que informe el domicilio en el que se encuentra físicamente el vehículo antes señalado." Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo. El citado artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto legal, autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla, encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable, debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable (por identidad) la Jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Por su parte, los preceptos 61, fracción XXIII y 6 del mismo ordenamiento legal, textualmente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." De la interpretación sistemática de la fracción XXIII del artículo 61, y del diverso numeral 6° ambos de la ley de la materia, se destaca como requisito de procedencia del juicio de garantías, que la parte quejosa acredite el perjuicio o afectación que de manera personal y directa sufra en su esfera jurídica, lo cual es exigido con el objeto de justificar plenamente la facultad del accionante de garantías, para acudir ante el órgano jurisdiccional federal competente, a demandar la tutela del derecho que afirma se encuentra afectado, lo que se traduce en un presupuesto o condición esencial indispensable, porque implica que quien ejerza la acción constitucional, debe resentir un perjuicio o menoscabo en su esfera jurídica, por la emisión del acto reclamado. Lo anterior, porque un acto de autoridad puede engendrar una situación jurídica concreta, en beneficio o en perjuicio de una o varias personas, en relación con la formación, modificación o extinción, de una relación de derecho; por lo tanto, cuando afecta a uno o varios individuos en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y por el contrario, cuando no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, porque la demanda únicamente puede promoverse por la parte a quien cause perjuicio el acto reclamado, en términos del artículo 6° de la ley de la materia. En conclusión, la esfera jurídica de la parte quejosa, sólo se advierte afectada cuando con la emisión del acto reclamado son alterados parcial o totalmente el cúmulo de derechos y obligaciones que posee. Al respecto cabe precisar que la función de la institución del Ministerio Público es precisamente averiguar los delitos y el artículo 21 Constitucional dispone que éste se encuentra facultado para llevar a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los probables hechos que se consideran delictuosos, integrando en su caso la carpeta de investigación respectiva, de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración no causan daño o perjuicio a la parte quejosa por ser de orden público, como lo establece nuestra Constitución y como consecuencia de ello, el amparo contra dicha investigación es improcedente. Máxime, que el perjuicio a la parte quejosa se materializaría hasta que el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el pedimento del representante social, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, la cual sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; pues estimar lo contrario equivaldría a entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público. Asimismo, la jurisprudencia visible en la página 448, Octava Época, Tomo II, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA.". Así como la tesis en materia penal, visible en la página 264, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Enero de 1996, relativa a los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo rubro es: "AVERIGUACIÓN PREVIA, CONTRA LAS DILIGENCIAS TENDENTES A INTEGRARLA, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO.". De igual forma, la tesis visible en la página 351, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2004 de rubro siguiente: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. En tales condiciones, el acto reclamado en mención, no causa agravio al inconforme, pues con los solos actos de investigación por parte del ministerio público no se agravia al quejoso, pues su determinación final podría ser en su caso, la que pudiera perjudicarle, además de que no existe disposición legal alguna que permita al gobernado oponerse a la labor ministerial. Por lo anterior, de acuerdo con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación el artículo 21 Constitucional y el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata, por las razones expuestas. Háganse las anotaciones del caso, en el libro de gobierno de este Tribunal Federal, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. De acuerdo con el artículo 21, párrafo tercero, de la propia ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general aun en días y horas inhábiles. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene a la promovente como domicilio señalado para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la certificación que antecede, tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las diversas personas que indica, todas vez que no cuentan con el registro en dicho sistema. Notifíquese personalmente... LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO.
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