Eduardo Ravelo Rodriguez
Expediente 970/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 970/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Ravelo Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Juez Décimo Segundo de Distrito de Procesos Peales Federales en la Ciudad de México y Agente del Ministerio Público de la Federación, en ausencia del Subdelegado Sustantivo en funciones de Fiscal de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional y el Encargado de la Policía Federal Ministerial de la Subsede, ambos residentes en Uruapan, Michoacán, por rendido su INFORME JUSTIFICADO; con ellos dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo se tiene a los dos primeras autoridades responsables por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en autos, el que igualmente se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Primero, Segundo Tercero, Cuarto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Octavo y Juez Octavo de Distrito de Procesos Penales Federales en Guadalajara, Jalisco por rendido el INFORME JUSTIFICADO; con ellos dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, se tiene a las autoridades responsables mencionadas, por rendido el informe justificado en relación a la suspensión de plano decretada en autos, el que igualmente se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, quince de noviembre de dos mil dieciocho. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene al Director del Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", residente en Charo, Michoacán, por rendido el INFORME JUSTIFICADO; con él dése vista a las partes por el término de ocho días para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su interés convenga; asimismo, se tiene a dicha autoridad por rendido el informe en relación a la suspensión de plano decretada en autos, el que igualmente se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, a trece de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida en línea por -, contra actos del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, con fundamento en los artículos 5, 37, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite, por los actos que hace consistir en: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS: De los Jueces señalados como autoridades responsables, les reclamo: las supuestas o posibles ordenes de traslado hacia cualquier penal diverso al que me encuentro recluido, sea con fines de extradición o cualquier otra finalidad, dictadas en mi contra -. De las autoridades ejecutoras, les reclamo: la materialización que hicieren, de manera ilegal, de las ordenes de traslado de reclusorio reclamadas en primer término, ya sea que hubieran actuado por si o a través de sus subordinados." Ahora, toda vez que el propio quejoso firma la demanda de mérito de manera electrónica, no se ordena la ratificación de la misma, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número IV-970/2018-1, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, no obstante que lo solicita el impetrante de amparo, virtud a que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, procede la suspensión de oficio y de plano de éste, de conformidad con lo que dispone el artículo 126 de la ley de la materia. Lo anterior, tiene sustento en lo que el promovente manifiesta, que se encuentra recluido en el Centro Penal de Mil Cubres y que le informaron que estaban cambiando del penal a los detenidos y que posiblemente lo iban a trasladar a otro penal o bien lo iban a llevar a la ciudad de México o Guadalajara, debido a que se instruye en su contra un proceso de extradición; y, en cumplimiento a la Tesis publicada por la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 20|8, Tomo III, página 2401, que a la letra dice: "ACTOS DE EXTRAORDINARIA AFECTACIÓN A DERECHOS HUMANOS. REGLAS PROCESALES DIFERENCIADAS QUE PARA ÉSTOS PREVÉ LA LEY DE AMPARO, EN ARAS DE REMOVER OBSTÁCULOS PARA LOGRAR UNA EFECTIVA Y OPORTUNA PROTECCIÓN JUDICIAL. La Ley de Amparo establece reglas procesales específicas o diferenciadas aplicables a los casos en que se acuda al juicio aduciendo: peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, e incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En efecto, para estas hipótesis se prevé que el juicio pueda ser promovido: (i) por cualquier persona, aunque sea menor de edad, en nombre de quien esté en cualquiera de dichas circunstancias (artículo 15); (ii) en cualquier tiempo (no hay plazo perentorio ni preclusión del derecho a pedir protección judicial) (artículo 17, fracción IV); (iii) por escrito, comparecencia o vía electrónica, en cualquier día y horario (artículo 20); asimismo que, en estos casos: (iv) cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes, a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido (artículo 20); (v) la suspensión se concederá de oficio y de plano, debiendo decretarse en el auto de admisión de la demanda y comunicarse sin demora a la autoridad responsable por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento (artículo 126) e, incluso, se establecen sanciones específicas para aquellos que, en estos casos, no acuerden suspender (artículos 265, fracción I y 266, fracción I); (vi) se actualiza la procedencia inmediata del juicio, por inoponibilidad del principio de definitividad (artículo 61, fracción XVIII, inciso a); (vii) también se señalan reglas específicas en la tramitación de las declaratorias de incompetencia que quieran formular los Jueces (artículo 48), en las cuales se privilegia que, antes de ello, se admitan las demandas y se provea sobre la suspensión; (viii) existe la posibilidad de que el quejoso alegue oralmente en las audiencias (artículo 124); también que: (ix) de no haber en el sitio un Juez de amparo, los Jueces del fuero común actúen en auxilio de la Justicia Federal para recibir las demandas de amparo contra este tipo de actos y acuerden de plano sobre la suspensión de oficio (artículo 159); (x) el recurso de inconformidad puede presentarse en cualquier tiempo (artículo 202); y, (xi) la inaplicabilidad de las multas previstas por conductas procesales (artículos 239, 248 y 261, fracción I). Estas reglas diferenciadas, aplicables a actos que bien vale referir como de extraordinaria afectación a derechos humanos, se explican por sí mismas, en tanto que basta ver las hipótesis normativas que cubren para advertir que se trata de situaciones en las que está de por medio la vida, la libertad, la integridad personal y/o la permanencia en el territorio nacional; bienes jurídicos que son derechos humanos altamente preciados y que requieren, ante dichas situaciones de riesgo, la protección judicial más accesible que pueda darse y que, precisamente por ello, no se allanan con la exigencia de reglas procesales que en otras hipótesis sin apremios tienen su razón de ser y resulta justificado exigir. Ante el peligro en que pudieran encontrarse los derechos humanos amenazados y en aras de remover obstáculos para lograr una efectiva y oportuna protección judicial, la Ley de Amparo diferenció expresamente estos casos, lo cual puede entenderse como una manifestación tangible de cumplimiento del deber de adaptar, tomar medidas y remover obstáculos que el derecho internacional exige a los Estados realizar para que los derechos humanos que se han comprometido a observar puedan ser efectivos (artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)". Con fundamento en el citado numeral 126 de la Ley de la Materia, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSION DE LOS ACTOS RECLAMADOS, para que no se realice el traslado del quejoso Eduardo Ravelo Rodríguez, del lugar donde actualmente se encuentra recluido a uno diverso; siempre y cuando, esto a la fecha no haya acontecido, quedando a disposición de este Juez de Distrito que conoce del juicio de amparo, únicamente en cuanto a su libertad personal se refiere, en el lugar donde actualmente guarde reclusión y a disposición de la autoridad competente, por cuanto hace al procedimiento de donde deriva el acto reclamado. Se apercibe a las autoridades señaladas como responsables, para que dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que tengan conocimiento de este proveído, informen a este órgano jurisdiccional sobre el cumplimento que hayan dado a la suspensión otorgada, en el entendido que esta orden, deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de las referidas autoridades responsables, con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se procederá a tramitar el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209, en relación con las fracciones III y IV, del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 117 de la Ley en cita, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, sus respectivos informes justificados, los que deberán rendir dentro del término de quince días contado a partir del que reciban el oficio en el que se le solicita, el que podrá hacerlo por escrito, y en el cual deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de su acto; asimismo, deberán acompañar las constancias en que se basaron para emitir el acto, o copia certificada de las mismas, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOICHO. En el entendido de que los hechos que narra el quejoso en su demanda, son bajo protesta de decir verdad, y por tanto, en el caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, podría ser constitutivo de un delito de conformidad al artículo 261 de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En términos de los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento que se actualice alguna causa notoria de sobreseimiento, lo hagan saber a éste Juzgado, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien días de la unidad de medida y actualización, en términos del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en Materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, en términos de los artículos 28, fracción I y 30 fracción I, de la Ley en cita, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables, y a las que en su caso les revista el carácter de terceros interesados, que las determinaciones que se emitan en el presente juicio y que por su trascendencia se estime necesario su puntual conocimiento, les serán notificadas a través de oficio, en tanto que los acuerdos de trámite y menor trascendencia, se notificarán por lista; en la inteligencia que, de manera enunciativa, más no limitativa, se comunicarán por oficio, en su caso, las resoluciones concernientes a los siguientes aspectos: a) admisión de demanda; b) suspensión provisional o definitiva; c) admisión y desahogo de pruebas; d) sentencia de fondo; e) admisión de recursos de revisión y queja; y, f) las qué a criterio del suscrito se estimen relevantes. En apoyo a lo anterior, es de invocar por similitud, la jurisprudencia 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, del Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, consultable en la página 1253, del rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción 1, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar". Hágase del conocimiento de las partes que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos, y para su difusión, no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este Órgano Jurisdiccional. Se hace del conocimiento de las partes, que en caso de que deseen recibir notificaciones vía electrónica, es necesario que primeramente realicen el trámite correspondiente en la página de internet http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx/ a efecto de que se les otorgue el nombre de usuario respectivo y una vez hecho lo anterior, deberán proporcionar a este juzgado dicho dato, a fin de que se pueda autorizar la consulta respectiva, ello de conformidad con el artículo 94, del mismo Acuerdo General conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, pues dicha disposición establece que el otorgamiento de acceso a los expedientes electrónicos se realizará al asociar el "Nombre de Usuario" que el solicitante ingresó al registrarse en el portal respectivo. En términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo hágase del conocimiento de las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en materia de amparo se le dirijan, y que desde el momento de su recepción, la notificación surte sus efectos legales; si se niega a recibir tales oficios, se tendrá por realizada la notificación y será responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga, por lo que, en ese supuesto, el actuario de este juzgado hará constar en autos el nombre de la autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia y, en su caso, si se niega a firmarla o a recibir el oficio; todo lo anterior, sin perjuicio de imponer la multa correspondiente al dictar sentencia a la autoridad responsable que por sí, o por conducto de alguno de sus empleados, se niegue a recibir el oficio respectivo, lo anterior en estricto acatamiento a lo previsto en el artículo 245 de la Ley de Amparo. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. Asimismo, hágase saber a las autoridades responsables que, para rendir su informe, deberán hacerlo por una sola vía, es decir, si lo rinde vía fax o telegrama, ya no es necesario rendirlo vía postal (salvo el caso de remisión de constancias que hayan servido de sustento para la emisión del acto reclamado), y en ese caso, podrá hacerlo al número telefónico 01 (443) 3 22 69 60, extensión 1192; asimismo, no es indispensable que acusen recibo de los autos que se les notifiquen, salvo manifestación expresa de este Órgano Jurisdiccional. Y, para el caso de que las autoridades responsables lo consideren conveniente, proporcionen su correo electrónico oficial a fin de que les sean remitidas las notificaciones que sean de naturaleza urgente inherentes al presente asunto, de igual manera se proporciona el correo oficial de este Órgano Jurisdiccional para que en esos casos remitan los acuses de notificación respectivas (el cual es 2jdo11cto@correo.cjf.gob.mx), ello sin perjuicio de hacerlo por la vía postal. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. ". Como lo pide el impetrante de amparo, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele a su costa las copias certificadas a que alude, previo recibo que se deje en autos. Como de la demanda en estudio se aprecia que el promovente señaló como autoridades responsables a los Jueces Décimo Quinto y Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; sin embargo, atendiendo al Acuerdo General 29/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, en sus artículos 1 y 2, donde se acordó que a partir del veinticuatro de junio de dos mil quince, concluye funciones el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con residencia en el Reclusorio Norte y en el artículo 2, se acordó que a partir del veinticuatro de junio de dos mil quince, los juzgados Cuarto y Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con residencia en los Reclusorios Oriente y Sur, se transformaran en juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y concluyeran con sus funciones anteriores; por tanto, no ha lugar a tenerlas con ese carácter. Finalmente, se le tiene por autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que indica, toda vez que no cumple con los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, dado que como se desprende de la certificación que antecede no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, como lo pide el promovente, se ordena a la Analista Jurídico (SISE) darlo de alta con su nombre de usuario -, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a fin de que por este medio se le realicen las notificaciones y tenga acceso al expediente electrónico; asimismo, se le tiene oponiéndose a la publicación de sus datos personales. Notifíquese.
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