Eduardo Ravelo Rodriguez
Expediente 682/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 682/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Ravelo Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, a dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Como se advierte de la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo promovido por -; por tanto, con fundamento en los artículos 2° y 86 de la ley en cita, en relación con los diversos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de las autoridades responsables, en virtud de que no están legitimadas para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que a la letra dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por otra parte, como del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar, en consecuencia y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación de que el juicio en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN, dado que se sobreseyó en el juicio, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y lineamientos especificados en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diez de diciembre de dos mil doce; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Además, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Notifíquese.
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VISTOS PARA RESOLVER LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 682/2018; SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE... SEGUNDO. EN CUMPLIMIENTO...
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.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA POR MEDIO DE LISTA LA PARTE QUEJOSA.. DEL AUTO DE ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:" Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que el quejoso señaló como autoridades responsables a los Jueces Décimo Quinto y Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México; sin embargo, atendiendo al Acuerdo General 29/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de fecha diecisiete de junio de dos mil quince, en sus artículos 1 y 2, donde se acordó que a partir del veinticuatro de junio de dos mil quince, concluye funciones el Juzgado Décimo Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con residencia en el Reclusorio Norte y en el artículo 2, se acordó que a partir del veinticuatro de junio de dos mil quince, los juzgados Cuarto y Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, con residencia en los Reclusorios Oriente y Sur, se transformaran en juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal y concluyeran con sus funciones anteriores. Por tanto y ante la inexistencia de las autoridades señaladas, dése vista al peticionario de amparo por el término de tres días, para que manifieste lo que su interés convenga y agréguese a sus autos copia del acuerdo mencionado, para que obre como legalmente corresponda.";.LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, a doce de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio de cuenta que remite vía (SISE) Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el Juez Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, por medio del cual informa que ya se rindieron los informes solicitados por este juzgado, en relación a la suspensión de plano decretada en autos y justificado; como dichos informes ya obran en autos, al haberse recibido en este juzgado el treinta y uno de agosto último y con los cuales se dio vista a las partes en proveído de la misma data, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, únicamente para que obre como legamente corresponda. Cúmplase.
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