Eduardo Tapia Peñaloza

Expediente 707/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 13 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
707/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Eduardo Tapia Peñaloza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinte de diciembre de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte, que se omitió notificar a las autoridades responsables la resolución de veintiocho de noviembre del año en curso, mediante la cual se sobreseyó el presente juicio. En tal virtud, con copia certificada de dicha resolución y a fin de evitar dilaciones procesales se ordena girar oficio a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese mismo sentido, vista la certificación de cuenta de la que se desprende que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio amparo promovido por Eduardo Tapia Peñaloza. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y, en su oportunidad, archívese el presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/6310/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y doy fe.

  2. Principal

    ...veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve... ..Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto IX-707/2019; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO...SEGUNDO.... C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito resulta competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, así como los diversos artículos 48, en relación con el 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Punto Cuarto, fracción XI, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por tener ejecución material dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, el acto reclamado por el quejoso es la omisión de las autoridades responsables de dar respuesta a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó que se le entregara en depositaría el vehículo de su propiedad Focus, Marca Ford, modelo 2012, color gris, con serie 1FAHP3E27CL103631 y placas de circulación A13APB de esta Entidad Federativa. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Del análisis de los informes justificados rendido por las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Michoacán y Titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, ambos con sede en esta ciudad, se obtiene que negaron la existencia de los actos que les atribuye la parte quejosa. Pese a lo manifestado por las autoridades responsables de referencia, la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, ni objetó la autenticidad de los informes mencionados. Por tanto, lo que procede es SOBRESEER en el presente juicio de garantías en relación con los actos reclamados a dichas autoridades, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez." Máxime, que ante la negativa de las autoridades responsables, a la parte quejosa correspondía la carga de la prueba, a efecto de acreditar la existencia de los actos reclamados; sin embargo, no se satisfizo tal extremo con prueba certera y eficiente. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis cuyos datos de identificación, rubro y texto son del tenor siguiente: "Tesis: VI.2o.A.4 K Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 187728 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Febrero de 2002 Página 903 Tesis Aislada (Común) PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo. Amparo en revisión 41/2001. José Ricardo Picen Coyotl. 15 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Rosa Iliana Noriega Pérez." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al momento de rendir su informe justificado manifestó lo siguiente. "ES PARCIALMENTE CIERTO EL ACTO QUE SE RECLAMA A ESTA PARTE. Pero única y exclusivamente en que no se había pronunciado esta autoridad ministerial sobre el oficio número FAEDAI/3544/2019, recibido en la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos el día 07 de junio del año 2019. Por tal motivo, esta autoridad consideró necesario dar respuesta al citado oficio de manera, fundada, motivada y congruente con lo solicitado por el peticionario. Documento que se anexa al presente, en copia certificada así como la totalidad de las actuaciones que integran la constancia de hechos número 26873/UATA/MOR/2017, misma que actualmente corresponde a la carpeta de investigación número MOR/053/23697/2017." De lo anterior, se obtiene que es cierto el acto reclamado a dicha autoridad, toda vez a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no había dado respuesta a la solicitud del quejoso. QUINTO: CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo, es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora bien, en el presente asunto, la parte quejosa reclama omisión de la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de dar respuesta a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, en la que solicitó que se le entregara en depositaría el vehículo de su propiedad Focus, Marca Ford, modelo 2012, color gris, con serie 1FAHP3E27CL103631 y placas de circulación A13APB de esta Entidad Federativa. Empero, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular de las constancias que la citada autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, se obtiene que mediante acuerdo de veintitrés de octubre del año en curso, dio respuesta a la solicitud del quejoso Eduardo Tapia Peñaloza, en el sentido de que se le entregara el vehículo de referencia. Dicho acuerdo en lo conducente dice: "PRIMERO: Dígasele al gestionante que NO HA LUGAR a devolver el vehículo que solicita, lo anterior, toda vez que es necesario colmar las exigencias establecidas en el artículo 246 del Código Nacional de Procedimientos Penales; las establecidas en el Manual de Operaciones en Materia de Vehículos Robados en su Tema II, número 1; así como con el Acuerdo 20/2014, de fecha 15 de septiembre del año 2014, específicamente en el Acuerdo TERCERO." En tal virtud, al haberse dado respuesta a la solicitud del quejoso, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable al haberse pronunciado al respecto destruyó los efectos de la omisión que se le reclama en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio en relación con el acto reclamado a la Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. Cabe precisar que en el caso no se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si era su deseo ampliar la demanda de amparo en relación con el auto de veintitrés de octubre del año en curso, en el que la fiscal responsable dio respuesta a su solicitud, toda vez que si bien la agente responsable es una autoridad administrativa la carpeta de investigación de donde emanan los actos reclamados en de naturaleza penal. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la tesis que a continuación se transcribe: "Época: Décima Época Registro: 2013083 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II Materia(s): Constitucional, Administrativa, Común Tesis: 2a. CXV/2016 (10a.) Página: 1550 ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMPLEMENTE EL ACTO RECLAMADO EN EL INFORME JUSTIFICADO EN EL CASO AHÍ PREVISTO, NO ES CONTRARIO A LOS DERECHOS HUMANOS A LA LEGALIDAD Y A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Al señalar el precepto citado que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, por excepción, la autoridad debe complementar dichos aspectos, también dispuso las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión, particularmente para la quejosa, pues impone el deber de que se le dé a conocer el contenido del informe que complemente el acto en sus aspectos formales, se le conceda un plazo razonable para que formule la ampliación de la demanda, se corra traslado a las demás partes, y que con todo y la complementación del acto por parte de la autoridad, prevalezca la excepción al principio de definitividad aplicable a actos administrativos carentes de fundamentación, además de impedir que la excepción aludida dé lugar a la improcedencia del juicio. Esto es así, pues su alcance se encuentra claramente acotado en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, caso en el cual las autoridades, como excepción, deberán complementar en el curso del procedimiento de amparo los aspectos relativos a la fundamentación y motivación del acto reclamado en su informe justificado, lo que en sí mismo no es inconstitucional, pues no se permite la existencia de actos carentes de fundamento legal y motivos de hecho adecuados a la norma, sino en todo caso, se exige que esos aspectos queden acreditados en el curso del procedimiento e innegablemente si esto no ocurre, sobrevendrá la declaración de inconstitucionalidad del acto, la cual se basará en la consideración de que se trata de un vicio de fondo (y no de mera forma), que impide a la autoridad reiterarlo, lo que revela, aún más, la intención del legislador de lograr una solución de fondo y final a la controversia. De ahí que el artículo 117, párrafo final, de la Ley de Amparo no es contrario a los derechos humanos a la legalidad y a la seguridad jurídica reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que lejos de permitir la existencia de actos que no consten por escrito y no se encuentren fundados y motivados asegura, previo al dictado de la sentencia, que el acto reclamado cumpla con esos requisitos, considerados garantías instrumentales del derecho a la seguridad jurídica. Queja 6/2016. Roberto Rodríguez Garza y otra. 17 de agosto de 2016. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras. Esta tesis se publicó el viernes 18 de noviembre de 2016 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación." Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea el peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Tapia Peñaloza, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. SE RECIBE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes, agréguese a los autos el oficio de cuanta, a través del cual la agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Especializada en Robo de Vehículos, de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, rinde informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza la documental que la fiscal responsable remite en apoyo de su informe justificado, consistente en copia certificada de expediente 26873/UATA/MOR/2017, sin perjuicio de hacer relación de la misma en audiencia constitucional. SE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe justificado que se recibe y manifiesten lo que a su interés convenga, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo; se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. SE AMPLÍA DEMANDA DE AMPARO Agréguense a los autos el escrito de cuenta, que suscribe el quejoso Eduardo Tapia Peñaloza, a través del cual cumple con el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de cuatro de septiembre actual, y al efecto manifiesta que amplía su demanda de amparo y señala como autoridad responsable a la Fiscalía Especializada de Robo de Vehículos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. SE REQUIERE INFORME JUSTIFICADO. En consideración a lo anterior, emplácese a juicio a dicha autoridad responsable, corriéndoles traslado con copia simple de la demanda de amparo, del auto de veinte de junio del año en curso, del escrito aclaratorio de demanda, del auto de admisión y del escrito de ampliación de demanda de amparo. Pídase informe justificado a la responsable, de conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la ley de la materia. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se remita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informe si la parte quejosa ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. DE DIFIERE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy fe.ROVE

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