Eduardo Salazar Ceja
Expediente 695/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 695/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Eduardo Salazar Ceja
- Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en Zamora, Mich y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán- adjuntó a su informe. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-905779 y N-908187 valiosos por las cantidades de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) y $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.) expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., mismos que fueron exhibidos por la parte quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y la definitiva; hágase de su conocimiento que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho auto, podrá solicitar la devolución del billete de depósito antes aludidos; en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirán a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. SE RECONOCE EL CARÁCTER QUE OSTENTAN. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Alma Rosa Salazar Ceja, quien se ostenta apoderada de la tercero interesada Susana Salazar Ceja, atento a su contenido, y con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de poder general, que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a por Alma Rosa Salazar Ceja, el carácter de apoderada de Susana Salazar Ceja, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional, asimismo, dígasele que en torno a su petición en el sentido de que se declare firme la sentencia emitida, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, para los efectos legales a que haya lugar. SE REVOCA NOMBRAMIENTO DE AURIZADO. Asimismo, se tiene a los promoventes revocando el nombramiento del autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a cualquier autorizado en autos así como el domicilio que se hubiere señalado. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADO. Finalmente, se tiene a la promovente señalando como nuevo domicilio el mencionado en su ocurso de cuenta y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona indicada en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, uno de julio de dos mil veintidós. CAUSA EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente asunto, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Hágase devolución del cuaderno de pruebas que la autoridad responsable -Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán- adjuntó a su informe. ARCHIVO Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En consideración a lo anterior, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. DESTINO DE INCIDENTES Por su parte, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese sólo el original del incidente de suspensión y transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. HÁGASE LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN DE BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo los billetes de depósito números N-905779 y N-908187 valiosos por las cantidades de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M. N.) y $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M. N.) expedidos por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, S.N.C., mismos que fueron exhibidos por la parte quejosa a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional y la definitiva; hágase de su conocimiento que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de dicho auto, podrá solicitar la devolución del billete de depósito antes aludidos; en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirán a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. SE RECONOCE EL CARÁCTER QUE OSTENTAN. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por Alma Rosa Salazar Ceja, quien se ostenta apoderada de la tercero interesada Susana Salazar Ceja, atento a su contenido, y con apoyo en el artículo 10 de la Ley de la Materia y en términos de poder general, que se anexa a la demanda de amparo, se reconoce a por Alma Rosa Salazar Ceja, el carácter de apoderada de Susana Salazar Ceja, con el que comparece a gestionar en esta instancia constitucional, asimismo, dígasele que en torno a su petición en el sentido de que se declare firme la sentencia emitida, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes, para los efectos legales a que haya lugar. SE REVOCA NOMBRAMIENTO DE AURIZADO. Asimismo, se tiene a los promoventes revocando el nombramiento del autorizado en términos del artículo 12 de la ley de la materia a cualquier autorizado en autos así como el domicilio que se hubiere señalado. SE SEÑALA DOMICILIO Y AUTORIZADO. Finalmente, se tiene a la promovente señalando como nuevo domicilio el mencionado en su ocurso de cuenta y autorizando únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona indicada en el mismo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de mayo de dos mil veintidós. DEVUELVEN DESPACHO, SIN MAYOR PROVEER. Agréguense a los autos para que obre como corresponde el oficio de cuenta signado por el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán; en atención a su contenido, téngasele devolviendo debidamente diligenciado el despacho número 888/2021-477.D, mismo que fue remitido para que en auxilio de este juzgado emplazara a juicio a la tercero interesado Susana Salazar Ceja, sin que haya lugar a mayor proveer; lo anterior, toda vez que el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, se apersonó en el presente juicio la tercero en cita, además de que el veintiuno de abril del dos mil veintidós se dictó sentencia dentro del presente juicio. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.mmg
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo II-695/2021, promovido por Eduardo Salazar Ceja, por propio derecho contra actos del: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, que fue remitido a este órgano jurisdiccional ese mismo día, por razón de turno, Eduardo Salazar Ceja, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto e, inicialmente, respecto de las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. Señalo como tales a: A).- A la Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. B).- El Ciudadano Secretario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. C).- El Actuario del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. (.) IV. ACTOS RECLAMADOS: De la Ciudadana Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, le reclamo el ilegal auto de fecha 31 de Mayo del presente año 2021 pronunciado en el juicio sumario civil número 532/2018, que promueve la señalada TERCERA INTERESADA, frente a BERNARDO SALAZAR CEJA, resolución en la cual se ordena llevar a cabo una diligencia de lanzamiento respecto del inmueble que adquirí el suscrito mediante contrato de compraventa por escrito que celebre el promovente y el aludido vendedor BERNARDO SALAZAR CEJA, precisamente el día 29 de Enero del año 2016 dos mil dieciséis, realizado ante el Comisariado Ejidal de la Comunidad Agraria de Chaparaco, perteneciente a la ciudad de Zamora, Michoacán, quien incluso firmo y sello el multialudido para constancia el referido contrato de compraventa en el que se especifica que el suscrito adquiero en calidad de comprador del vendedor BERNARDO SALAZAR CEJA, EL LOTE MARCADO CON EL NÚMERO CATORCE CON FRENTE A LA CALLE SIN NOMBRE DE LA MANZANA "D" UBICADO EN LA COMUNIDAD CHAPARACO, MUNICIPIO DE ZAMORA, MICHOACÁN, en el precio de la cantidad de $370,000.00 trescientos setenta y mil pesos 00/100 moneda nacional los cuales pague en tiempo y forma y además cubrí una cuota de recuperación en favor del ejido de Chaparaco, por la suma de $30,000.00 treinta mil pesos, celebrándose dicho contrato ante el Comisariado Ejidal de Chaparaco, de nombre JUAN RIOS, puesto que dicho lote tiene la calidad de TERRENO EJIDAL DE DICHA COMUNIDAD AGRARIA, y además se encuentra dentro de la circunscripción territorial de dicho núcleo de población y como consecuencia legal tuve que celebrar dicho contrato de compraventa ante dicha autoridad ejidal para su aprobación, es por lo que reclamo la inminente orden de desalojo mediante el uso de la fuerza pública de la finca antes descrita, actualmente ocupada por el suscrito Quejoso, orden de lanzamiento que es completamente ilegal e inconstitucional, violatoria de los artículos que más adelante mencionaré en los conceptos de violación, ya que se me pretende privar del bien inmueble señalado, sin que para ello se me hubiere oído y vencido en juicio, por lo que no se han cumplido las formalidades esenciales del procedimiento para que se dé tal desposeimiento en mi perjuicio como se verá en el transcurso de la presente demanda(.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Mediante proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, se ordenó formar el expediente II-695/2021; y, previo cumplimiento de prevención, se tuvo por aclarada la demanda para ahora tener al quejoso señalando como autoridad responsable únicamente al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán. En auto de veintinueve de ese mismo mes y año, se admitió a trámite los referidos ocursos; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación; y, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, misma que se celebró el tres de marzo de dos mil veintidós, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; además de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del mismo órgano colegiado, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, modificado por su similar 1/2022 del propio Pleno. Lo anterior porque se combate la afectación del inmueble de su propiedad ubicado en Zamora, Michoacán, dentro de un juicio civil. Lugar y materia sobre las que este juzgado constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa del acto reclamado, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que como tercero extraño típico, el quejoso promovió el amparo contra los actos reclamados a la autoridad responsable siguiente: a) Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán: La orden de lanzamiento emitida dentro del juicio sumario civil 532/2018, promovido por Susana Salazar Ceja contra Bernardo Salazar Ceja, respecto del lote marcado con el número catorce, con frente a la calle sin nombre, de la manzana "D", de la población de Chaparaco, municipio de Zamora, Michoacán, sin haber sido oído y vencido en dicho juicio; y, que en el decir del promovente del amparo, es de su propiedad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable aceptó la existencia del acto que le atribuye. Tales afirmaciones se corroboran con las constancias consistentes en copias certificadas del juicio sumario civil 532/2018, de la estadística del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, respecto del bien inmueble aludido en este juicio, que la referida autoridad acompañó a su informe justificado. Medio de convicción que merece valor probatorio pleno, en términos de lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por lo tanto, se tiene por probada la existencia de los actos que en esta vía constitucional son reclamados a las autoridades responsables. CUARTO. Existencia de causal de improcedencia. Dilucidado lo anterior, procede analizar la procedencia del juicio de amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. En ese orden de ideas, no se actualiza la causal de improcedencia que hace valer la tercero interesada Susana Salazar Ceja, cuando esgrime que el presente juicio resulta improcedente porque deriva de la ejecución de la sentencia de amparo directo 321/2019, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, con sede en esta ciudad. Para dilucidar lo anterior se estima viable traer a colación el contenido del artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.)." Como se observa, todo lo que se actúe dentro de un diverso juicio de amparo no puede ser reclamado mediante otro juicio de control constitucional, pues ello implicaría la tramitación de juicios de amparo contra actos dictados en otros de la misma naturaleza, entendiéndose por esto contra de actos vinculados a su trámite, o bien, en ejecución de los mismos. Lo anterior se evidencia de mejor forma si se tiene en cuenta que compete a los jueces de Distrito ejercer la facultad de control constitucional a través del juicio de garantías y, de proceder dicho medio de impugnación extraordinario en contra de actos o resoluciones dictadas en otro juicio de igual naturaleza, implicaría ejercer un control sobre otro control constitucional, lo que no es admisible si se tiene en cuenta que la ley de la materia establece los recursos y medios de impugnación que proceden ante alguna irregularidad en el trámite o resolución de un juicio de garantías, son esos medios de impugnación los que han de hacerse valer. En ese contexto, para que se actualice la causal que hace valer la tercera interesada se requiere que el acto reclamado sea materia de la concesión de uno anterior. En el caso, de las copias certificadas de la ejecutoria emitida en el Amparo Directo 321/2019, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito Judicial, con sede en esta ciudad, se desprende que el cinco de septiembre de dos mil diecinueve concedió la Protección de la Justicia de la Unión a la actora, ahora tercero con interés, respecto de los actos que atribuyó a la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, en el toca I-49/2019; y, su ejecución atribuida al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Zamora, Michoacán en el juicio sumario civil 532/2018 de su índice. Esto es, la protección concedida fue para el efecto de que la responsable ordenadora dejara insubsistente la sentencia de segundo grado y, en su lugar, emitiera otra en la que, con base en las consideraciones sostenidas en dicha ejecutoria, analizara de forma congruente la litis planteada y, resolviera lo que conforme a derecho corresponda. Lo anterior motivó que se revocara la sentencia de primer grado y se emitiera sentencia condenatoria en contra de Bernardo Salazar Ceja. De ahí que pueda afirmarse que el acto que ahora se reclama no depende del cumplimiento de dicha resolución constitucional, donde la materia de análisis fue la sentencia definitiva emitida en el juicio natural. Incluso, ya que lo que aquí se combate es la orden de lanzamiento emitida dentro de la fase de ejecución del juicio sumario civil 532/2018, respecto del lote marcado con el número catorce, con frente a la calle sin nombre, de la manzana "D", de la población de Chaparaco, municipio de Zamora, Michoacán; y, que en el decir del promovente del amparo es de su propiedad. En otro contexto, sí se actualiza la diversa causa de improcedencia que hace ver la aludida tercero interesada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por los motivos que se exponen a continuación. En principio, conviene mencionar que los artículos 5°, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, son del tenor siguiente: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De las porciones normativas transcritas, se obtiene que los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico) o bien, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Asimismo, señalan que cuando el acto reclamado emane de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Corrobora lo anterior la tesis I.13o.C.12 C (10a.), que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO. SUS DIFERENCIAS EN MATERIA CIVIL. La doctrina concibe al interés legítimo como una institución mediante la cual se faculta a todas aquellas personas que, sin ser titulares del derecho lesionado por un acto de autoridad, es decir, sin ser titulares de un derecho subjetivo tienen, sin embargo, un interés en que un derecho fundamental, sea respetado o reparado. En otras palabras, implica el reconocimiento de la legitimación a la persona cuyo sustento no se encuentra en un derecho subjetivo otorgado por cierta norma jurídica, sino en un interés cualificado que de hecho pueda tener respecto de la legalidad de determinados actos de autoridad. La nueva Ley de Amparo diferencia claramente el interés jurídico del legítimo, pues al respecto el artículo 5o., preceptúa que el primero consiste en un derecho subjetivo y el segundo se refiere a una situación frente al orden jurídico. De hecho, uno de los principales objetivos pretendidos con ese precepto fue, precisamente permitir el acceso al amparo a aquellas personas no afectadas en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés jurídico); es decir, ampliar el número de personas que pudieran acceder a la Justicia Federal en defensa de intereses, difusos y colectivos. Es así que no resulta factible equiparar ambas clases de interés -jurídico y legítimo-, pues la doctrina, la jurisprudencia y el órgano legislativo que expidió la Ley de Amparo así lo han estimado al señalar que mientras el interés jurídico requiere ser tutelado por una norma de derecho objetivo o, en otras palabras, precisa de la afectación a un derecho subjetivo; en cambio, el interés legítimo supone únicamente la existencia de un interés respecto de la legalidad de determinados actos, interés que no proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, sino directa o indirectamente de su situación particular respecto al orden jurídico. Por consecuencia, el interés jurídico en materia civil establecido en la ley de la materia tiene por fin garantizar derechos fundamentales contra actos de autoridad jurisdiccional y, por su parte, el interés legítimo se dirige a garantizar tales derechos, pero vinculados con actos atribuibles a autoridades administrativas que afecten a personas o a determinados núcleos sociales; de ahí sus evidentes diferencias." Precisado lo anterior, lo siguiente es determinar qué se entiende por interés jurídico para los efectos de la procedencia del juicio constitucional y, para tal efecto, se toma en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Esto quiere decir que para pedir amparo, el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad, y del criterio transcrito se advierte lo siguiente: Que el acto reclamado cause un perjuicio, esto es, que lesione los intereses jurídicos de una persona o su patrimonio; Que las afectaciones deben ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio; Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; y, Que los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En resumen, para efectos del juicio de amparo, existe interés jurídico cuando el peticionario acredite fehacientemente que tiene derecho subjetivo y la afectación en su persona o en sus bienes (esfera de derechos), con motivo del acto reclamado. En ese sentido, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País sostiene la Jurisprudencia 51/2019 (10a) siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." (El énfasis es añadido). Sentado lo anterior, como ya se precisó, en el caso, Eduardo Salazar Ceja instó el presente juicio de amparo como tercero extraño en estricto sentido, reclamando en forma destacada la orden de lanzamiento emitida dentro del juicio sumario civil 532/2018, sobre el lote marcado con el número catorce, con frente a la calle sin nombre, de la manzana "D", de la población de Chaparaco, municipio de Zamora, Michoacán, sin haber sido oído y vencido en dicho juicio; y, que en el decir del promovente del amparo, es de su propiedad. Luego, teniendo en cuenta que el acto reclamado se relaciona con el derecho de propiedad del bien raíz controvertido, era necesario que para la justificación del interés jurídico el peticionario de la protección constitucional acreditara la titularidad del referido derecho, tal y como lo sostiene la tesis XXI.2o.48 C: "INTERES JURIDICO. CUANDO SE REQUIERE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE UN INMUEBLE, SE DEBE APORTAR LA PRUEBA IDONEA, EN TERMINOS DE LA LEY APLICABLE. Cuando en un juicio de amparo el quejoso debe acreditar la propiedad de un inmueble a efecto de probar su interés jurídico, siendo que ante la ley civil la propiedad es un derecho que no puede apreciarse mediante los sentidos, de conformidad con lo que establecen los artículos 2249, 2250 y 2913, fracción I del código sustantivo del Estado de Guerrero, se desprende que la prueba idónea para acreditarla es el respectivo testimonio notarial o la escritura privada, en los que conste el haberse dado fe del acto que dio origen a la titularidad del derecho correspondiente, resultando, por lo tanto, inapto cualquier otro medio de convicción que al respecto se exhiba para pretender demostrar ese extremo." En ese mismo orden de ideas, debe decirse que para acreditar el interés jurídico se requiere que el derecho que se defienda en la sede constitucional conste de manera fehaciente, por ejemplo, en un instrumento probatorio de carácter documentario, esto es, lo que se conoce como documento de fecha cierta. Lo anterior con la finalidad de dar eficacia a la garantía de seguridad jurídica respecto al momento en que realmente se pueda considerar como existente el acto jurídico que en el documento se consigne y que es el derecho que se pretenda defender en la sede constitucional. En el caso se estima que no se satisface ninguno de los tres supuestos jurisprudenciales según los cuales pueda considerarse que el contrato privado de compraventa con el que pretende acreditar tal interés es apto para el fin que pretende. A mayor abundamiento, respecto del documento de fecha cierta debe decirse que si bien no existe alguna regulación en precepto normativo concreto que así lo defina, lo cierto es que el mencionado tema deriva exclusivamente de la interpretación jurisprudencial que al efecto han realizado los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir interpretación jurídica obligatoria, razón por la cual debe atenderse al contenido de los criterios que sobre el particular ha sustentado esencialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues resulta obvio que la interpretación realizada por tal órgano jurisdiccional habrá de prevalecer respecto de cualquiera otra, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Así, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito de este tema, emitió la siguiente jurisprudencia 46/99 de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO. Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales." Por su parte, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, formuló la tesis que enseguida se transcribe: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." De lo expuesto, se tiene que el Alto Tribunal ha sustentado que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se obtiene cuando se actualizan las hipótesis jurídicas siguientes: A partir del día en que el documento se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad; Desde la fecha en que el documento se presente ante un funcionario público por razón de su oficio, y finalmente; A partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Por tanto, si no se surte alguno de los supuestos listados, el documento privado no puede generar eficacia probatoria, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar certidumbre probatoria en torno a la fecha en que existe el mismo y con ello seguridad jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Lo anterior es así pues el contenido del documento privado es elaborado por las partes que intervienen, y por lo mismo no puede igualmente dar fe ni crear la convicción de la eficacia de la fecha que consta en el mismo. Por tanto al acaecer cualquiera de las eventualidades señaladas surge la presunción clara de que al menos existió en esos momentos, con lo cual ese instrumento se envuelve de un principio de prueba que necesariamente orienta esa conclusión. Para robustecer lo anterior es conveniente citar algunas de las consideraciones que tuvo en cuenta la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 14/2004, de cuya ejecutoria se advierte lo siguiente: "Con la finalidad de hacer efectivos los principios de certeza y seguridad jurídica en la materialidad del acto contenido en un documento privado a través de su fecha, la jurisprudencia acude, en los dos primeros eventos señalados con antelación, a un tercero fidedigno fuera de toda duda, como son el Registro Público de la Propiedad, o a un funcionario en razón de su oficio, y en el último a la muerte de cualquiera de los firmantes, en virtud de que su efecto material fidedigno da certidumbre de que no pudo haber sido signado en fecha posterior. --- En esa tesitura, un principio que sin duda proporciona certidumbre respecto de la buena fe del acto contenido en el documento privado es su fecha cierta, por lo que el asiento registral proporciona esa certidumbre, ya que este registro en su carácter de oficina pública, tiene como objetivo principal el dar a conocer cuál es la situación jurídica que guardan los bienes en él inscritos, principalmente, los inmuebles para que toda persona que tenga interés de efectuar una operación en relación con ellos conozca la verdadera situación que guarda el bien aludido, como lo es: saber quién es el propietario, cuál o cuáles son los gravámenes adquiridos, la superficie legal con que cuenta y se pretende adquirir y además datos de identificación que le proporcionen seguridad y plena garantía sobre la legalidad de la transacción que se pretenda efectuar. --- En nuestro sistema legal, es preciso destacar que el Registro Público de la Propiedad no genera por sí mismo la situación jurídica a la que da publicidad, esto es, no constituye el título del derecho inscrito, sino que se limita por regla general a declarar a ser un reflejo de un derecho nacido extra registralmente mediante un acto jurídico que fue celebrado con anterioridad por las partes contratantes y la causa o título del derecho generado, es lo que realmente se inscribe o se asienta en la anotación relativa con la finalidad de hacerlo del conocimiento de terceros, declarándolo así para que sean conocidos por quienes acudan a consultar sus folios y adquieran certeza jurídica del estado que guardan los bienes sobre los que muestran interés. --- Por tanto, se tendrá como fecha cierta de un documento privado aquella que se tiene a partir del día en que se incorpore o se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, que es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. --- Asimismo, el presentar un documento privado ante un fedatario público da certidumbre sobre la fecha en que fue elaborado, pues es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce, así, a garantizar la certeza de la fecha, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. --- Igualmente, proporciona total certidumbre sobre la fecha en que un documento privado fue suscrito cuando se acredita el fallecimiento de alguno de los contratantes que intervino en dicho negocio, porque ésta lleva a entender que no pudo plasmar su firma después de su deceso. --- Las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, por lo que no deben exigirse mayores formalidades en la fe pública de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, porque cuando interviene está investido de esa fe para hacer constar que existió el documento que le fue presentado. --- En razón de lo expuesto, el documento privado adquiere certeza de su contenido a partir del día en que fue presentado ante el notario, en virtud de que éste está investido de fe pública y facultades para autenticar, así como para dar forma en los términos que disponga la ley a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos que se le presenten, por lo cual su intervención conduce a otorgar certidumbre de la fecha de su ratificación, por ser quien certificó la autenticidad de las firmas de los interesados, así como que en su presencia reconocieron el contenido de tales documentos, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no a las formalidades del mismo, pues no es dable pensar que ese instrumento se haya elaborado en fecha posterior a la que en él aparece; de ahí que el solo hecho de que se presente un documento privado ante la presencia de un notario público y que éste certifique las firmas que en el instrumento se plasmaron, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo." Las razones expuestas dieron motivo a la conformación de la Jurisprudencia que enseguida se reproduce: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la fecha cierta de un documento privado es aquella que se tiene a partir del día en que tal instrumento se inscriba en un Registro Público de la Propiedad, desde la fecha en que se presente ante un fedatario público, y a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. De no darse estos supuestos, no puede otorgársele valor probatorio al instrumento privado con relación a terceros, pues tales acontecimientos tienen como finalidad dar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica. Esto es, las hipótesis citadas tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Por tanto, el solo hecho de que se presente un instrumento privado ante un fedatario público y que éste certifique las firmas plasmadas en él, es suficiente para que produzca certeza sobre la fecha en la que se realizó su cotejo, ya que tal evento atiende a la materialidad del acto jurídico a través de su fecha y no de sus formalidades. Ahora, luego de examinar las constancias que integran el expediente que se resuelve, es factible concluir que el documento exhibido por el peticionario de la protección constitucional (foja 12 del juicio de amparo), carece de la eficacia suficiente para demostrar su interés jurídico, porque no tiene fecha cierta. Se afirma lo anterior, porque si bien la quejosa pretende acreditar la propiedad que reclama y aduce adquirió en fecha cierta desde el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en que celebró dicho pacto de voluntades ante el comisariado ejidal del núcleo de Chaparacho, municipio de Zamora, Michoacán, del cual forma parte el inmueble objeto de la compraventa. Empero, no menos exacto es que tal autoridad no puede ser considerada como un funcionario público por razón de su oficio que, para tal efecto, pueda dar fe sobre el momento a partir del cual debe estimarse como de fecha cierta tal consenso. Para evidenciarlo basta con tener presente el contenido de los artículos 21, 32 y 33 de la Ley Agraria, los cuales establecen la figura del comisariado ejidal, sus facultades y obligaciones, precisando al efecto que éste es un órgano del ejido encargado de la ejecución de los acuerdos de la asamblea, así como la representación y administración de aquél. Lo anterior patentiza que se trata de un órgano cuyas funciones están encaminadas hacia el óptimo funcionamiento del ejido. Por su parte, el diverso precepto 27 del ordenamiento en cita, dispone que las resoluciones de la asamblea se tomaran válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes; en caso de empate el presidente del comisariado tendrá voto de calidad. De lo expuesto se desprende que, por una parte, las facultades del comisariado se limitan a las de ejecución, representación y administración de bienes comunes del núcleo; facultades que, de acuerdo al mencionado artículo 33, son equivalentes a las de un apoderado general para actos de administración, pleitos y cobranzas. En esas condiciones, no es factible considerar que el comisariado ejidal constituye un ente dotado de fe pública, toda vez que, en tal hipótesis, el comisariado ejidal no actúa como autoridad dotada fe pública, sino como un particular que actúa por efecto de las obligaciones contraídas en el mismo nivel que la aquí parte quejosa, lo cual conduce a concluir que el documento privado celebrado ante su presencia no es de fecha cierta para efectos de este amparo, pues no se encuentra en alguna de las tres hipótesis previstas por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cierto, en modo alguno, la compraventa privada es suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, ya que su celebración ante el comisariado ejidal únicamente da fe de la existencia del documento que se presentó ante dicho representante ejidal, pero no otorga certeza sobre la fecha a partir de la cual pueda estimarse que tiene fecha cierta. Máxime que, de ser el caso, el documento referido únicamente fue firmado por las partes vendedora, compradora y por quien firmó a nombre del "Comisariado Ejidal", así como obra un sello que supuestamente corresponde al citado ente agrario. Pero, no consta el carácter de quien firma, ni las otras dos firmas de los integrantes del Comisariado Ejidal; y, mucho menos, alguna determinación de la Asamblea de Ejidatarios donde hubieran ordenado al Comisariado algún acto en relación al predio afecto. En ese orden de ideas, tampoco resulta relevante la información proporcionada por el comisariado ejidal en el sentido de que el bien inmueble sí forma parte del núcleo que representa, ya que ello en lo individual o adminiculado con el resto de las constancias que integran el sumario de este juicio, no es suficiente para demostrar que el quejoso tiene una propiedad tutelable jurídicamente del inmueble de mérito. Por tanto, este juzgador federal no puede llegar a la conclusión de que el documento de mérito tiene el alcance probatorio suficiente para tener por acreditado indubitablemente el interés jurídico del justiciable en relación con el derecho relativo al bien raíz que pretende defender en esta sede constitucional, ello con base en las consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes. Circunstancia que impide que este órgano de control constitucional arribe a la convicción necesaria para considerar acreditado el interés jurídico del quejoso. En suma, no obstante que el quejoso aduce ser propietario del inmueble a que se refiere en la demanda, tal circunstancia no fue debidamente acreditada fehacientemente. Por ende, al no haberse acreditado el interés jurídico del peticionario del amparo, en términos de los artículos 61, fracción XII, y 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en los autos del juicio. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, tendentes a demostrar la violación de sus derechos, por los actos reclamados a la autoridad responsable. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Cabe señalar que la determinación adoptada por este órgano de control constitucional no genera alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que el mencionado derecho no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que enseguida se transcribe: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.." Finalmente, como dato importante, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado en el artículo 73, 74, fracciones IV y VI, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Eduardo Salazar Ceja, por propio derecho contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil en el Estado en el Estado, con sede en Zamora, Michoacán, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en la ciudad de Morelia, asistido de Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria del propio juzgado que autoriza y da fe, hoy veintiuno de abril de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.
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