Eduardo Torres castro

Expediente 727/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
727/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Eduardo Torres castro

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de diciembre de dos mil veinte. Se recibe despacho sin diligenciar. Agréguense a los presentes autos el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, a través del cual devuelve sin diligenciar el exhorto 610/2020-132.E; en tal virtud, dese de baja dicha comunicación oficial y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno relativo a las comunicaciones oficiales recibidas. Ahora, en atención a que el propio Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, se avocó al conocimiento del presente asunto, previa copia que se deje para constancia en el cuaderno de antecedentes en que se actúa, se ordena remitir el aludido exhorto a fin de que provea lo que en derecho corresponda; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Informa avocamiento; se remiten constancias. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, a través del cual acusa de recibo del oficio 8865, por medio del cual se remitió el cuaderno de amparo V-727/2020, formado con motivo de la demanda promovida por Eduardo Torres Castro, así como los anexos que se acompañaron; además, de tal oficio se obtiene que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. Vista con estado de autos; se ordena archivo. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. Se ordena archivo físico y valoración del expediente. En consideración a lo anterior y toda vez que de la certificación que antecede se desprende que dentro de los presentes autos no existe documento en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con los mismos, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez que transcurran seis meses a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el propio acuerdo. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Alfredo Montoya Revilla Secretario que autoriza y da fe.Dva

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veinte. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. INCOMPETENCIA LEGAL. Vista la demanda de amparo promovida por Eduardo Torres Castro, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, en la que reclama la falta de atención médica por parte del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán, se provee lo siguiente. En términos de lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de que se trata, y se estima que debe remitirse al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno, pues los actos omisivos que reclama el promovente tienen efectos positivos sobre la salud del quejoso, con ejecución material en el centro carcelario donde guarda reclusión, lugar en donde no ejerce jurisdicción este tribunal federal, como se justifica a continuación. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, se desprende que el precepto legal transcrito, establece tres hipótesis para que se surta la competencia en favor de los Juzgados de Distrito, la primera, se refiere a la competencia que tiene el Juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; la segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, la tercera, contempla que es competente el Juez de Distrito donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Ahora, en el caso, se considera que si bien la queja estriba en: "LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA" y, por regla general, este tipo de actos suelen considerarse como negativos, la realidad es que debe considerarse como negativos con efectos positivos, porque sus efectos se materializan en la salud del quejoso, es decir, donde éste se encuentra, en la especie, en el citado centro de reinserción social; motivo por el cual, en la especie, resulta factible concluir que se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute el acto reclamado, conforme a la cual, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno. De hecho, al resolver la contradicción de tesis 343/2019, la Primera Sala del Máximo Tribunal del País determinó precisamente, que la omisión de proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad genera consecuencias en el mundo fáctico (materiales); de modo que el órgano jurisdiccional competente para conocer de este tipo de asuntos será aquél que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro de reclusión. Tales consideraciones dieron génesis a la tesis que se inserta en seguida: "Época: Décima Época Registro: 2021191 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 86/2019 (10a.) Página: 254 OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo. Contradicción de tesis 343/2019. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 16 de octubre de 2019. Cinco votos de los Ministros Norma Lucía Piña Hernández, quien manifestó que está con el sentido, pero por consideraciones distintas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ponente: Juan Luis González Alcántara Carrancá. Secretaria: Ana Marcela Zatarain Barrett. Tesis y/o criterios contendientes: El emitido por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 4/2018, que dio origen a la tesis jurisprudencial PC.XVI.P. J/3 P (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A LOS INTERNOS EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR AL QUE CORRESPONDA EL DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS."; publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 15 de marzo de 2019 a las 10:18 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 64, Tomo III, marzo de 2019, página 2124, con número de registro digital: 2019492; y, El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el recurso de queja 127/2019, en el que estimó que cuando se reclama la omisión por parte de las autoridades penitenciarias de proporcionar a los internos atención médica, al ser actos de naturaleza omisiva carecían de ejecución material, por lo que la competencia se surtía a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se hubiera presentado la demanda, ello de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Tesis de jurisprudencia 86/2019 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de seis de noviembre de dos mil diecinueve. Esta tesis se publicó el viernes 06 de diciembre de 2019 a las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." Cabe señalar, que la incompetencia se estima de esta manera, porque el indicado centro de detención se encuentra en Buenavista, Tomatlán; y conforme a lo establecido por el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado en sesión ordinaria de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero del propio año, en dicho territorio ejercen jurisdicción los juzgados federales con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal, por razón de territorio, para conocer de la demanda de amparo que promueve Eduardo Torres Castro, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, por lo que, con fundamento en el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin proveer sobre la admisión de la demanda de garantías que se analiza, previa copia que se obtenga de la totalidad constancias que integran el cuaderno de amparo en que se actúa, remítase el escrito de demanda al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, en turno; a quien se le hace la atenta solicitud de que se sirva acusar el recibo de estilo correspondiente e informar lo que provea al respecto. SUSPENSIÓN DE PLANO No obstante, teniendo en consideración que en el caso se reclaman actos que pudieran trascender en el estado de salud del quejoso directo, como pudiera ser la omisión de proporcionar atención médica, quien actualmente se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, acto que se considera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional, al ubicarse en los rubros de malos tratos y tormento; se provee lo siguiente. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, SE SUSPENDEN DE PLANO los actos omisivos que impliquen la falta de atención médica y el derecho a la salud; en consecuencia, para la protección de su salud y que no se ponga en riesgo la vida del agraviado, las autoridades responsables, conforme a su ámbito de competencia y posibilidades materiales, deberán: a) Proporcionar la atención médica necesaria que garantice el mayor nivel posible de salud del promovente; esto es, deberán proporcionarle atención medica profesional, medicamento y los aparatos adecuados disponibles e idóneos para el tratamiento del padecimiento del quejoso; b) En caso de ser necesario, atendiendo al estado de salud que presente el quejoso, de considerarse necesario, se deberán realizar los estudios respectivos para determinar su estado de salud actual, para que se determine si es necesaria alguna intervención con el especialista adecuado, y en su caso alguna intervención quirúrgica; lo anterior, dadas las manifestaciones que vierte el peticionario; y, c) Deberán informar de manera inmediata el tratamiento dado a la medida cautelar que ahora se emite a favor de Eduardo Torres Castro, así como proporcionar el reporte médico y la situación física en la cual se encuentre. En ese orden de ideas, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen a través de oficio acerca de la forma y términos que hayan dado al cumplimiento de esta medida suspensional, quienes deberán agregar copia certificada y legible de las constancias correspondientes, además se les hace de su conocimiento que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, así como 215 del Código Penal Federal; además, que en caso de que no cumplir con este mandato, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Por las razones que contienen, sirven de apoyo a lo anterior los criterios de contenido siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2020430 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 69, Agosto de 2019, Tomo II Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 55/2019 (10a.) Página: 1270 "SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE CONCEDERSE CUANDO UN INTERNO RECLAMA DE LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS LA OMISIÓN DE BRINDARLE ATENCIÓN MÉDICA, SI SE ADVIERTE QUE ESA SITUACIÓN COMPROMETE GRAVEMENTE SU DIGNIDAD E INTEGRIDAD PERSONAL, AL GRADO DE EQUIPARARSE A UN TORMENTO. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la suspensión de oficio y de plano obedece a la necesidad de tutelar derechos fundamentales de especial relevancia de ataques que consumarían irreparablemente la violación en perjuicio del quejoso, haciendo imposible su restitución a través del juicio de amparo, como son los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, entre los que se encuentra el tormento de cualquier tipo, el cual se refiere a aquellos actos y omisiones que afectan gravemente a la dignidad e integridad personales (como pueden ser los actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes). Ahora bien, la omisión de proporcionar atención médica es un acto que recorre una amplia gama no reducible a un solo supuesto, pues puede abarcar desde los casos en que se pide en relación con actividades preventivas, que no colocan al quejoso en una situación en la que su dignidad e integridad personal se encuentren gravemente comprometidas, hasta aquellos que obedecen a actividades curativas, de rehabilitación, o bien, de urgencia médica, cuya falta de atención oportuna somete al quejoso a cierto dolor físico y/o estado patológico que, incluso, pudiera tener consecuencias irreversibles en su salud o la pérdida de su vida, por lo que sí es factible que lo ubiquen en la situación apuntada. Por lo tanto, el juez de amparo deberá conceder la suspensión de oficio y de plano, en los casos en que un interno reclame dicha omisión, si a partir de un juicio valorativo en el que pondere las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo, advierte que la falta de atención médica que se reclama, compromete gravemente su dignidad e integridad personal, al grado de equipararse tal situación a un tormento." Contradicción de tesis 42/2018. Entre las sustentadas por el Pleno en Materia Penal del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito. 7 de noviembre de 2018. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Ricardo Monterrosas Castorena". "Época: Décima Época Registro: 2018519 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III Materia(s): Común Tesis: XXV.3o.2 K (10a.) Página: 2585 "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA U OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA A LOS INTERNOS EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS PROVISIONALES. De la doctrina constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que, originariamente, la suspensión en el juicio de amparo se concibió como una medida cautelar que ordenaba la paralización de actos positivos; sin embargo, derivado de la reforma constitucional de 6 de julio de 2011, es que el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los actos reclamados mediante el juicio constitucional, siempre que su naturaleza así lo permita, pueden ser objeto de suspensión en los casos y condiciones que determine la Ley de Amparo, situación reconocida explícitamente por su artículo 147, al señalar que sus efectos pueden ser restitutorios provisionales, si se cumplen los requisitos del diverso numeral 128 de esa ley, al haber realizado el juzgador un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Lo anterior originó una evolución evidente en la jurisprudencia 1a./J. 35/2018 (10a.), que establece la procedencia de la suspensión de plano y de oficio tratándose de la omisión de la autoridad penitenciaria de proveer a los internos en los centros de reclusión ropa y calzado en buen estado, ya que la omisión en cuestión compromete la dignidad e integridad personales. En ese sentido, si se trata de la falta u omisión de brindar atención médica adecuada, a pesar de que es una omisión atribuida a la autoridad y no cuenta con un principio de ejecución, ello no implica que de concederse la medida cautelar con efectos restitutorios provisionales quede sin materia el amparo, amén de que dichos efectos son temporales hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el juicio principal, pues lo que se busca no es la paralización de un acto positivo, sino la restitución provisional de los efectos que causa la omisión reclamada, esto es, que cese el deterioro a la salud que se encuentra sufriendo el incidentista; sin que ello implique constituir derechos que el quejoso no tuviera antes de solicitar la medida cautelar, por el contrario, preservar el estado óptimo de salud de las personas es una obligación del Estado Mexicano, acorde con el artículo 4o. constitucional, por lo que, de no salvaguardarse éste y no concederse la suspensión para que se brinde la atención médica necesaria de modo inmediato, esa prerrogativa fundamental se transgrediría de manera sucesiva. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 49/2018. 30 de agosto de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Álvarez Bibiano. Secretario: Eduardo Alfredo Herreman Ávalos". SE GIRA EXHORTO. Por otro lado, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II y 116, todos de la Ley de Amparo, gírese atento exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito en el Estado, con residencia en Uruapan, en turno, a efecto de que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quién corresponda se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista, Tomatlán, y proceda a realizar lo siguiente: a) Notificarle al quejoso Eduardo Torres Castro la presente determinación; y, Hecho lo anterior, de inmediato deberá enviar a este juzgado las constancias respectivas que acrediten lo encomendado. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE CONTINGENCIA SANITARIA. Se reitera a los fedatarios de la adscripción que deberán notificar las determinaciones que lo ameriten, tomando en consideración las recomendaciones de prevención respecto al brote de la enfermedad COVID-19, difundidas por el Gobierno de México, así como por la Organización Mundial de la Salud, consultables en sus respectivos sitios de Internet. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Y GENERACIÓN DE CITAS PARA CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve con quince minutos a las quince horas con quince minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. De la misma forma, se reitera a las partes que en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes o comparecencias, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante "Consejo"), así como las listas para sesión y de acuerdos. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. Lo anterior, hasta en tanto continúe el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.

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