Eduardo Ramirez Alcántar

Expediente 842/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 18 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
842/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Eduardo Ramirez Alcántar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia dictada con fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente juicio de amparo. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Consecuentemente, se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación secretarial, se advierte que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. DESTINO DE INCIDENTE. Con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo referido, el cuaderno incidental es conservable, ya que fue concedida la suspensión definitiva. SE ORDENA DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias consistentes en un legajo de copias certificadas, mismas que adjunto a su informe justificado, por ser innecesaria su retención. PARTE QUEJOSA SOLICITA COPIAS CERTIFICADAS. Finalmente, visto el escrito de cuenta que suscribe el tercero interesado ********************, mediante el cual solicita, por una parte, se declare ejecutoriada la resolución dictada en el presente juicio, al respecto, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores. Por otro lado, en lo referente a su solicitud de copias certificadas de las constancias a que alude; atento a lo anterior, se realizan las siguientes consideraciones: 1. Dicha expedición se encuentra autorizada desde el auto de radicación del juicio, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo; 2. Sin embargo, por el momento no se cuenta con un centro de fotocopiado en funcionamiento para el público general dentro del Edificio Sede donde se ubica este órgano jurisdiccional, para que puedan obtener las copias que solicita. 3. Por lo que, de contar con usuario y autorización para la consulta del expediente electrónico, puede obtener las copias de dicho expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y una vez que la parte solicitante obtenga las copias simples, deberá acudir ante este juzgado con las mismas a fin de que se lleve la certificación correspondiente 4. En caso de insistir en obtener copias del expediente, la parte solicitante, cuenta con la opción de hacer uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por lo cual, puede comparecer a hacer uso de medios digitales para obtener las constancias que requiera. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo IX-842/2023 promovido por ********************, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio se reconoció el carácter de terceros interesados a Abel Severiano Linares, Adriana Alcantar Valdés y Ricardo Ramírez Alcantar quienes fueron legalmente emplazados a juicio. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Maravatío, Michoacán; y Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Maravatío de Ocampo, Michoacán, en su denominación correcta. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. EL JUEZ: Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos la documental que la parte quejosa adjuntó a su libelo constitucional; asimismo, aquellas que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán adjuntó a su informe justificado; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza. De igual manera, se hace constar que en su escrito inicial de demanda, la parte quejosa ofreció como medio de prueba de su parte, la testimonial a cargo de Laura Casimiro Mondragón y Ricardo Ramírez Alcancar; respecto de la cual, en proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, este juzgado se reservó proveer hasta en tanto obraran los informes justificados de las autoridades responsables y se lograra el emplazamiento de los terceros interesados, lo que en la especie ya aconteció según lo asentado en párrafos anteriores. EL JUEZ: Respecto de la prueba testimonial a cargo de Laura Casimiro Mondragón y Ricardo Ramírez Alcancar, no ha lugar a su admisión; ello al no haber acompañado el quejoso a su escrito de ofrecimiento, el interrogatorio original al cual debían sujetarse los testigos de que se trata. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia que se cita a continuación. "Registro digital: 2017133 Instancia: Pleno Décima Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 15 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas." Con independencia de lo anterior, cabe mencionar que la testimonial no resulta ser el medio idóneo para demostrar la fecha cierta de la celebración del contrato de arrendamiento que el quejoso acompañó a su escrito de demanda y con el cual pretende demostrar el interés jurídico que pudiere asistirle para acceder a la protección constitucional solicitada, pues el dicho de los atestes no puede, por sí mismo, dar fe ni crear convicción de la eficacia de la fecha que consta en el documento; aunado a que de éste no se advierte que se hubiere celebrado con la presencia de testigos. Cobra aplicación en lo conducente, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "Registro digital: 189894 Instancia: Pleno Novena Época Materia(s): Común Tesis: P./J. 41/2001 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XIII, Abril de 2001, página 157 Tipo: Jurisprudencia PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De acuerdo a lo que disponen los artículos 150, 151, 152, 153, 154 y 155 de la Ley de Amparo; así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria a los juicios de garantías, por disposición expresa del artículo 2o. de la citada ley, en el amparo indirecto debe admitirse cualquier medio de prueba que esté reconocido por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, esa facultad de que goza el quejoso para ofrecer pruebas no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la ley de referencia, sí se contempla en el artículo 79 del código adjetivo invocado, que resulta aplicable supletoriamente a los juicios de garantías. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 150 y 79, sino que desde su anuncio, según se trate de alguno de los medios de convicción de los que requieran previa preparación, como la testimonial, la pericial o la inspección ocular, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. También resulta aplicable el criterio aislado que se cita a continuación: "Registro digital: 168144 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: XXVI.8 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2688 Tipo: Aislada DOCUMENTOS, FECHA CIERTA DE LOS. NO SE DEMUESTRA CON LA PRUEBA TESTIMONIAL. En el criterio jurisprudencial 697, publicado en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, página 1160, de rubro: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.", la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los documentos privados adquieren fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio o bien, cuando fallece cualquiera de los firmantes; tales circunstancias otorgan plena certeza de la autenticidad del documento atendiendo básicamente a que la inscripción en el registro público genera seguridad pues es una institución pública que tiene como finalidad dar a conocer la existencia de los derechos en él inscritos; la presentación del documento ante un fedatario público, proporciona certeza de la existencia del acto ahí consignado, dada la fe y facultades con las que se encuentra investido, asimismo, el fallecimiento de uno de los firmantes, permite determinar la fecha cierta de un documento privado, porque se entiende que no pudo plasmar su firma después de su muerte. Por lo contrario, el dicho de los testigos no puede dar fe ni crear convicción de la eficacia de la fecha que consta en el documento, pues aunque se aduzca que se presenció la celebración del acto jurídico ahí consignado, de manera alguna permite establecer un conocimiento indudable de que el acto existió en una fecha determinada, ya que tal aseveración es susceptible de alteración o de falsedad, lo que difícilmente ocurriría en los supuestos antes mencionados." Establecido lo anterior y al no existir diversas pruebas ofertadas ni pendientes de desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción mediante pedimento 522/2023, presentado el siete de julio de dos mil veintitrés. Asimismo, el tercero interesado Abel Severiano Linares, mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés. EL JUEZ: Con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por reproducidos dichos alegatos; en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a dictar la correspondiente resolución. VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo IX-842/2023, promovido por Eduardo Ramírez Alcancar, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad y turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, Eduardo Ramírez Alcancar, por propio derecho, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán y otra autoridad; ocurso en el que el quejoso narró los antecedentes del caso, señaló los preceptos constitucionales que consideró vulnerados y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En proveído de tres de julio de dos mil veintitrés se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha y hora para el desahogo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe con justificación a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, y se reconoció el carácter de terceros interesados a Abel Severiano Linares, Adriana Alcantar Valdés y Ricardo Ramírez Alcantar quienes fueron legalmente emplazados a juicio. Seguido el juicio por sus trámites, el día de hoy tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Lo anterior toda vez que como tercero extraño típico, el quejoso reclama actos emanados de un juicio civil cuya ejecución habrá de verificarse dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano federal ejerce jurisdicción y competencia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo cual es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior la siguiente tesis: "Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera resulta ilustrativa la tesis que a continuación se inserta: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que los actos reclamados por la parte quejosa a las autoridades responsables consisten en: La orden de desocupación y entrega decretadas en acuerdos de ocho y veintinueve de junio de dos mil veintitrés respecto del inmueble ubicado en la calle Privada Niños Héroes número 30, de la colonia San Antonio, Tenencia de San Miguel Curahuango, municipio de Maravatío, Michoacán, a favor de la parte actora, dentro del juicio ordinario civil sobre reivindicación número 1358/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera instancia en materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán; del que refiere ser poseedor virtud del contrato de arrendamiento celebrado el seis de enero de dos mil veintitrés. La ejecución. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Maravatío de Ocampo, Michoacán, en su denominación correcta, negó la existencia del acto reclamado por el quejoso, bajo el argumento de que en la dependencia bajo su cargo no se cuenta con ningún tipo de orden tendente a privarlo de la posesión del inmueble ubicado en la calle Privada Niños Héroes, colonia San Antonio, en aquella ciudad, ni diversa de otro tipo. Sin que el solicitante del amparo haya aportado prueba alguna tendente a desvirtuar la negativa por parte de dicha autoridad señalada como responsable ejecutora. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y contenido siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/20 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 227634 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Página 627 Jurisprudencia (Común) "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En tales condiciones, y como lo alegó la representante social de la Federación adscrita a este juzgado a través de su pedimento 522/2023; de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, quien resuelve determina que debe sobreseerse en este juicio de amparo, ante la evidente inexistencia del acto materia de estudio en el presente considerando, reclamado al Director de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Maravatío de Ocampo, Michoacán. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Contra lo afirmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita en su pedimento, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, aceptó la existencia de los actos reclamados; certeza que se evidencia de la documental que adjuntó a su informe justificado, consistente en copia certificada del juicio ordinario civil 1358/2021. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Cobran aplicación las jurisprudencias emitidas por el Pleno del Máximo Tribunal del país que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. Examinada la certeza de los actos reclamados, se analizará la procedencia del juicio de amparo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. En el caso, este juzgador -de oficio- advierte, que se actualiza una causal de improcedencia del juicio, en atención a que el quejoso no acredita su interés jurídico, en la medida en que no demostró tener una causa originadora de la posesión que aduce tener respecto del bien inmueble de fecha cierta. Razón por la cual se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". Por su parte, la fracción I, del artículo 5° de la Ley de la materia establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De acuerdo con los artículos invocados, el juicio de amparo constituye un medio idóneo para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y se sigue sólo a instancia de parte agraviada, es decir, únicamente puede promoverlo la parte a quien perjudique el acto de autoridad. Consecuentemente, cuando se acude en demanda de amparo el quejoso debe acreditar fehaciente que el acto reclamado a la autoridad responsable vulnera algún derecho subjetivo protegido por la norma jurídica, es decir, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo; de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio resultará improcedente. En ese sentido el juicio de amparo constituye un medio de control constitucional que tiene por efecto resolver, entre otros supuestos, las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Mexicana, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sin embargo, no cualquier persona puede promover dicho medio de defensa, pues el quejoso debe cumplir con ciertos requisitos, a saber: a) Acreditar su interés jurídico, y b) Que se agravie o afecte ese interés. Dichos elementos derivan del artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]". De acuerdo con esos numerales, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, por la persona que invoca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. De lo que deriva que, de acuerdo a este principio, el juicio de amparo debe promoverlo aquella persona que, en su concepto, sufre un perjuicio en sus derechos humanos provocado por un acto de autoridad. No obstante, de conformidad con el precepto constitucional invocado, no basta con que una persona se ostente como agraviado, es decir, que aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, sino que es necesario que demuestre plenamente que ese acto afecta su esfera jurídica, es decir, acredite su interés. De manera que para acreditar el interés jurídico, el quejoso debe demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Con esas bases, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos de autoridad judicial que afecten un bien inmueble respecto del cual el quejoso se ostenta como arrendatario, para acreditar su interés jurídico dicho promovente deberá demostrar con justo título la causa generadora de su posesión y la identidad entre el bien inmueble que se ha visto afectado y del cual es arrendatario. A más de que dicho título debe tener fecha cierta anterior a la emisión del acto, sea que se hubiera pasado ante la fe de un fedatario público o autoridad, inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, muerto alguno de los contratantes o los testigos que signaron el convenio relativo. En el caso, el quejoso reclama la orden de desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle Privada Niños Héroes número 30, de la colonia San Antonio, Tenencia de San Miguel Curahuango, municipio de Maravatío, Michoacán, cuya posesión aduce detenta virtud del contrato de arrendamiento que al efecto acompañó a su demanda de garantías (foja 6), a favor de la parte actora dentro del juicio ordinario civil 1358/2021, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán. De igual manera, acompaña a su demanda copia simple de la credencial para votar con número de clave de elector RMALED94080416, expedida a su favor por el entonces Instituto Federal Electoral, de la que se desprende que proporcionó como su domicilio ante la autoridad electoral, el ubicado en calle Privada Niños Héroes número 30, de la colonia San Antonio, municipio de Maravatío, Michoacán. No obstante, lo cierto es que tales medios de prueba resulta insuficientes para acreditar el interés jurídico con que se ostenta la parte solicitante de garantías, habida cuenta que la figura jurídica del arrendamiento, es un contrato traslativo de uso, previsto por el Código Civil para el Estado de Michoacán, cuyos elementos son: a) la concesión del uso o goce temporal de una cosa no fungible, b) que esa concesión se otorgue por tiempo definido o indefinido y, c) que por dicha concesión el arrendatario se obligue a pagar un precio cierto. Ahora, como ya se dijo, a fin de acreditar su interés jurídico, el peticionario del amparo exhibió el original del contrato de arrendamiento, en el cual se aprecian las firmas autógrafas de los suscriptores, documento que entraña un acto traslativo de uso a título oneroso, de conformidad con lo dispuesto por la ley sustantiva civil; contrato de arrendamiento en el cual se hace manifiesta la voluntad del arrendador de conceder el uso y disfrute del mencionado bien inmueble a cambio de un precio cierto y por tiempo determinado. Bajo ese contexto, el derecho de posesión que dice ejercer el ahora quejoso sobre el bien inmueble y que trata de demostrar con el contrato de arrendamiento, debe cumplir con los requisitos que a continuación se precisan: Que por ser documentos de naturaleza privada, a fin de concederles valor probatorio, requieren no ser objetados por la contraparte de quien los ofrece; Que dichos documentos sean de fecha cierta. De lo hasta aquí expuesto, quedó establecido que sólo podrán considerarse de fecha cierta los documentos privados, cuando éstos hayan sido presentados a un registro público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Ahora bien, este órgano jurisdiccional constitucional considera pertinente señalar que el contrato de arrendamiento carece de la legitimación que de su firma y contenido debe observar a fin de considerarse eficaz para efectos del presente juicio de amparo; esto se considera así, porque las firmas no fueron estampadas ante la fe de un notario público, ni han sido ratificadas ante éste; tampoco fue tal arrendamiento inscrito en las oficinas registrales correspondientes, ni mucho menos hay prueba de que se haya producido la muerte de alguno de sus suscriptores; incluso, no fue firmado por testigo alguno; todo ello para estar en aptitud de considerarlo como de fecha cierta; por tanto, no puede corroborarse la veracidad de la fecha del contrato privado aludido. Por otra parte, es oportuno puntualizar que los contratos privados que carecen de los requisitos antes mencionados para poder considerarlos como de fecha cierta para efectos legales, también pueden adquirir tal carácter a través de su comprobación con otros medios de convicción aportados por sus suscriptores, los cuales deben ser bastantes e idóneos para demostrar los extremos requeridos, a efecto de producir la certeza de la fecha de su celebración y que lo que en dicho contrato se consigna es cierto, como lo dispone el numeral 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin embargo, como se advierte de las constancias que integran el juicio de amparo que se analiza, la parte peticionaria del amparo no ofreció oportunamente y con las formalidades de ley, medio de convicción idóneo a efecto de demostrar la fecha cierta del pacto por el que tiene la posesión del inmueble como producto del contrato de arrendamiento. Consecuentemente, no puede reconocerse la calidad de fecha cierta al contrato de arrendamiento exhibido, y por ello no es eficaz para demostrar plenamente el interés jurídico para acudir en reclamo de la protección de la justicia federal. Cabe mencionar en el juicio de origen se ordenó la desocupación y entrega del inmueble ubicado en calle Privada Niños Héroes número 30, de la colonia San Antonio, Tenencia de San Miguel Curahuango, municipio de Maravatío, Michoacán; mientras que el contrato de arrendamiento alude al bien raíz situado en calle Privada Niños Héroes, colonia San Antonio, en la ciudad de Maravatío, Michoacán, sin especificar el número. De ahí que era menester que también se acreditara a través de elementos de prueba idóneos la identidad del bien raíz, esto es, que se trata del mismo inmueble afectado. Bajo ese contexto, el contrato de arrendamiento exhibido en autos resulta insuficiente para demostrar que el quejoso es poseedor jurídico y debidamente tutelado del inmueble en comento, si se toma en consideración que en términos del artículo 76 del Código Civil del Estado de Michoacán, es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho. De manera que es incuestionable que la prueba reseñada no demuestra fehacientemente que el quejoso ejerza un poder de hecho sobre el inmueble que pretende defender de la intromisión reclamada. Por otro lado, respecto de la copia de la credencial para votar con fotografía que acompaña el quejoso a su demanda; tal documental, al ser copia simple, carece de valor probatorio pleno y sólo generan una presunción de la existencia del documento que reproduce. Es aplicable la jurisprudencia 3ª, visible en la página 379, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, Materia Común, Registro 207434, Octava Época, Del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Incluso, aún y cuando dicha copia hubiese sido cotejada por funcionario embestido de fe pública, resulta ineficaz para acreditar que el quejoso cuenta con un derecho jurídicamente reconocido con respecto al inmueble cuya posesión defiende a través del juicio que ahora se resuelve, pues en todo caso probaría indiciariamente que fue dado de alta ante el extinto Instituto Federal Electoral en el inmueble; lo que incluso resulta cuestionable, toda vez que del propio documento se desprende que este fue expedido en el año de dos mil trece, esto es, hace aproximadamente diez años. Al respecto, cobra aplicación el criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: "Registro digital: 176204 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materia(s): Civil Tesis: IV.2o.C.42 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2438 Tipo: Aislada POSESIÓN. LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO ES APTA PARA DEMOSTRARLA. El solo hecho de que en la credencial de elector aparezca el domicilio del bien inmueble del que una persona se ostenta poseedor, no tiene el alcance de probar que el titular de ella sea poseedor del domicilio que en esa tarjeta se asienta, sino, a lo más, que habita en él, lo que es insuficiente para demostrar que tiene una posesión jurídica." En conclusión, no obstante que es al quejoso a quien corresponde demostrar que los actos reclamados afectan su interés jurídico, en el presente asunto no acreditó tal extremo, ya que si bien exhibió el contrato de arrendamiento respecto del inmueble cuya desocupación y entrega se ordenó en el juicio de origen, como ya se dijo, dicho documento al no ser de fecha cierta es insuficiente para el fin pretendido; en tanto que la copia simple de su credencial para votar resultó ineficaz para demostrar tal interés. Apoya lo expuesto, a contrario sentido, la tesis que se cita a continuación: "Registro digital: 2020978 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Civil, Común Tesis: 1a./J. 62/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo I, página 329 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO COMO TERCERO EXTRAÑO A JUICIO CONTRA LA ORDEN DE DESPOSESIÓN DE UN BIEN INMUEBLE. PARA DEMOSTRARLO ES SUFICIENTE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE FECHA CIERTA ANTERIOR A DICHA ORDEN. La posesión protegida por el artículo 14 constitucional no es otra que la definida por el derecho común, conforme al cual es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, sin embargo, para efectos del juicio de amparo, ese derecho debe tener origen en alguna de las figuras establecidas en la ley. Así, el contrato de arrendamiento, al ser un título que se sustenta en una figura jurídica que genera el derecho a poseer, constituye una base objetiva, que fundada y razonablemente produce la convicción de que el arrendatario tiene derecho a poseer el bien de que se trate. En consecuencia, para demostrar el interés jurídico e instar el juicio de amparo indirecto contra una orden de desposesión de un bien inmueble, resulta suficiente el contrato de arrendamiento de fecha cierta anterior a la misma, esto debido a que tal característica hace que produzca efectos frente a terceros ajenos a su suscripción, y dota al quejoso del interés jurídico aludido. En el entendido de que las decisiones que el órgano de control de constitucionalidad tome en relación con la eficacia del título, tienen consecuencias exclusivas en el juicio de amparo, pues no deciden sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, lo que deberá dilucidarse ante la potestad común." De tal modo que al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, se impone sobreseer en el juicio, acorde con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Dado el sentido del presente fallo resulta innecesario pronunciarse que este juzgado se pronuncie sobre las causales de improcedencia que el tercero interesado a través de su escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, aduce se actualizan en la especie, conforme a lo dispuesto en las fracciones V, IX, XI y XII, del artículo 73 (sic) de la Ley de Amparo anterior, al haberse actualizado una de ellas, esto es, la prevista en la fracción citada en primer término y que actualmente se encuentra prevista en la fracción XII de su texto vigente. No se soslaya que la parte quejosa rindió los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Eduardo Ramírez Alcancar, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que precisadas quedaron, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza. Doy fe.-

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. DEVUELVE DESPACHO DILIGENCIADO. Agréguese a los autos para que obre como corresponde, el oficio de cuenta signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Maravatío, Michoacán, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho número 625/2023-395.D, enviado para que en auxilio de este juzgado emplazara a los terceros interesados Adriana Alcantar Valdés y Ricardo Ramírez Alcantar. En tal virtud, dése de baja la comunicación oficial devuelta en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo suscribe rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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